Luis Reynaldo Dagoberto Ramírez Altamira

Expediente 44/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
44/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Luis Reynaldo Dagoberto Ramírez Altamira

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Gustavo Mata García, a través del cual señala autorizados y solicita se le informe el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa; al respecto, no ha lugar acordar lo solicitado toda vez que de autos se advierte que el referido promovente no es parte en el presente juicio, dado que mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de Amparo promovida por Luis Reynaldo Dagoberto Ramírez Altamira y a la fecha el juicio de amparo en que se actúa se encuentra concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA LEGAL Agréguese el oficio de cuenta que remite la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en Xalapa, Veracruz, al que anexa los autos del juicio de amparo directo 8/2019 de su índice formado con la demanda de amparo promovida por Luis Reynaldo Dagoberto Ramírez Altamira, y dos tomos del expediente 1947/IX/2008 del índice de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, y otra. Ahora, tomando en consideración que mediante auto de catorce de enero de la presente anualidad, el referido órgano Colegiado remitió el indicado juicio de amparo por incompetencia a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, por tratarse de una demanda de amparo directo; en consecuencia, ESTE JUZGADO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca a su conocimiento, acúsese el recibo correspondiente. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de que se trata puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. En este contexto, después de analizar el escrito de cuenta, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Numerales que prevén la improcedencia del amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictada o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente señala en esencia como acto reclamado la resolución del recurso de revisión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la ejecución del laudo del juicio laboral número 1947/IX/2008, del índice de la Junta Especial Número nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en la que se declaró improcedente el citado medio de impugnación, interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, al considerar que el avalúo efectuado por el perito Ingeniero José Luis Reynoso Salazar, no se ajustó a las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, se advierte claramente que el acto que por esta vía se reclama es un acto dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que indudablemente no constituye la última resolución del mismo, ya que si la parte agraviada considera que tal resolución afecta sus derechos, estará en aptitud de controvertirla junto con el medio de defensa que promueva contra la última resolución que se llegue a dictar en ejecución, esto es, contra aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la referida resolución, o se declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo. Resulta aplicable, en lo conducente por analogía, la jurisprudencia I.6o.T. J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1482, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." De ahí que, a criterio del suscrito el acto que aquí se reclama dentro del expediente laboral 1947/2008, no se trata de la última resolución, momento hasta el cual el peticionario, como parte demandada -previo requisito de definitividad-, puede solicitar la protección constitucional, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tal apartado exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento, determinación que se ha interpretado jurisprudencialmente como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 214 de la Ley de Amparo, según se advierte de la jurisprudencia número P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Debe asentarse que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de cosa juzgada en un proceso, que por su naturaleza de orden público debe cumplirse mediante cualesquiera de los medios de apremio a disposición del juzgador para obtener su acatamiento material, pero la resolución que declara improcedente el recurso de revisión planteado, no se trata de la última resolución porque en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De modo que, si reclama la resolución que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada, es evidente que debe esperar hasta la última resolución firme y conclusiva de la ejecución para instar esta vía constitucional indirecta. Robustece lo anterior la jurisprudencia número número VII.2o.C. J/29, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1672, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Sin que el suscrito juzgador advierta que el acto reclamado sea autónomo al cumplimiento del laudo elevado a cosa juzgada en el juicio de origen, pues si bien la hipótesis del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V de ese precepto legal, prevén la procedencia contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación en la etapa ejecutiva del juicio, lo cierto es que en el caso tampoco tiene aplicación esta última. Es cierto que la amplitud de la fracción V da pauta para interpretar la IV, de modo que la procedencia del juicio se dará, de manera excepcional, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, o cuando sean ajenos a la cosa juzgada; sin embargo, en el presente asunto no cabe esa posibilidad, pues el acto reclamado no es autónomo o ajeno a la búsqueda del cumplimiento de la sentencia firme, pues la resolución impugnada versa sobre la ejecución del pago a que fue condenado el quejoso como parte demandada dentro del juicio de origen. De modo que tampoco se trata de persona extraña a la contienda que lo faculte a promover amparo indirecto en cualquier etapa de la ejecución del controvertido. Lo anterior se constata en la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así las cosas, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha por manifiesta e indudablemente improcedente, la demanda de amparo promovida por Luis Reynaldo Dagoberto Ramírez Altamira. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, por así haberlo señalado expresamente el quejoso en su escrito de demanda. EXPEDICIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de sus autorizados para tal fin, puedan hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.

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