Luis Villalobos Domínguez
Expediente 874/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Villalobos Domínguez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el informe rendido por el Encargado de la Dirección Administrativa de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruíz Cortines" en Veracruz, Veracruz, del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en Veracruz, Veracruz; fue puesto a vista de las partes mediante proveído de seis de octubre del año en curso, notificado a las partes por lista de acuerdos el nueve del mes y año en curso, el cual surtió efectos el diez siguiente; por tanto, es evidente que dicho informe no se remitió con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional como lo establece el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fija como hora y fecha para su verificativo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio 5359/2023, recibido en línea, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso por conducto de su autorizado, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cual se registró con el toca número 415/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.
- Principal
Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Sección de Amparo. Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por ********************por propio derecho, contra actos del Delegado Regional del Instituto Mexicano Seguro Social en el Estado de Veracruz (IMSS), en Veracruz, Veracruz y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 874/2023-IV, que es el que le correspondió, y se ADMITE la demanda de amparo en sus términos. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer lugar, el suscrito juzgador federal estima necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión de plano solicitada. Ahora, en el presente asunto, el quejoso reclama lo siguiente: "La negativa de ministrar el medicamento necesario para atender mi enfermedad que padezco, consistente en Maraviroc de 150 mg, por supuesto desabasto de ésta medicina en particular. Así como la desatención a su tratamiento y la posible negativa de otros fármacos programados para suministrar en lo subsecuente para combatir la patología que sufro, por supuestos desabastos" Lo anterior, pues manifiesta que padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH), y requiere control médico estricto y permanente, lo que implica consumir los medicamentos adecuados y de manera oportuna para mantener a salvo su salud y evitar poner en riesgo su vida, lo cual ha realizado a través del Instituto Mexicano Seguro Social, al ser derechohabiente y persona de bajos recursos; sin embargo, el dos de agosto del año en curso, su médico le recetó Maraviroc de 150 mg, para tomar una cada doce horas, por lo que, le dijeron que regresara a los días, porque por el momento no había, pero que sí se lo proporcionaría, y seis días después le indicaron lo mismo. Posteriormente, el pasado dieciséis de agosto del año que transcurre, ante la insistencia de que le suministraran el medicamento para mantener a salvo su salud y su vida y dada su imposibilidad económica para adquirirlo por su cuenta, una empleada de la autoridad responsable UMAE 14, le manifestó que definitivamente no se lo proporcionarían, debido a su desabasto, por lo que le recomendó conseguirlo por sus propios medios. Por lo que, señala que le resulta imposible pagar los costos del medicamento Maraviroc de 15 mg, de manera particular, el cual es indispensable para mantener controlada la enfermedad, porque de no otorgárselo se pone en peligro su salud y su vida, ya que se trata de una enfermedad delicada y grave. En consecuencia, toda vez que se actualizan los supuestos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de la omisión reclamada para el efecto de que de inmediato sean implementados las medidas urgentes y necesarias a fin de que de inmediato se le suministre al quejoso ******************** el medicamento denominado Maraviroc de 150 mg, que requiere para tratar su enfermedad de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH), toda vez que la consumación del acto reclamado de carácter omisivo, podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud en que se encuentra el directo quejoso, amén de que el Estado y sus instituciones de salud pública se encuentran obligadas a resguardar y proteger el derecho a la salud y a la vida, como una garantía fundamental e indispensable tutelada en el artículo 4° Constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.18o.A.19 K, del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1571, Libro 56, julio de 2018, Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido integral siguiente: "PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, A LA LUZ DE SUS FINES, LLEVA A QUE CIERTOS RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD PUEDAN CONSIDERARSE COMO UN RIESGO DE VIDA QUE ACTUALIZA LA POSIBILIDAD DE QUE EL AMPARO PUEDA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. La fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, literalmente establece que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado implique "peligro de vida". Este precepto no admite solamente una interpretación literal conforme a la cual "el peligro de vida" se actualice sólo en casos en que haya una persecución letal o una pena de muerte o casos como los que, en otras épocas históricas, eran esperables entender que quedaban referidos en tal expresión, en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Una interpretación de tal expresión, sensible a las problemáticas actuales y a la protección de los derechos humanos, lleva a considerar que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplicable un plazo perentorio para instar el amparo". Así como la diversa tesis 1.7o.A.316 A sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1880, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público" Es menester destacar que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, las autoridades responsables supeditadas a informar el resultado de la encomienda, incurren en responsabilidades, conforme a lo dispuesto por el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, deberán hacer del conocimiento de este juzgado en el término de veinticuatro horas las medidas tomadas para el cumplimiento de la suspensión de plano concedida; apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Infórmese a las autoridades que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 263 de la Ley de Amparo, ilícito que, de llegar a consumarse, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De no cumplirse con la medida suspensional en el término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, que podrá incrementarse dependiendo del actuar de la autoridad requerida. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado, además de que, en el presente acuerdo ha sido decretada la suspensión de plano respecto del acto reclamado, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el numeral 117 de la ley de la materia, solicítese informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días; apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor diario, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 260 fracción II en relación con los diversos 237 y 238 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, significándoles, con fundamento en el dispositivo 75 de la Ley de Amparo, que deberán acompañar copia certificada de todas y cada una de las constancias que tengan relación con el acto que se les reclama. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Hágase del conocimiento de las partes que, con fundamento en los numerales 61, fracciones XVII y XXI, y 64 de la invocada ley, en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, pues de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización en su valor diario, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 237 y 251 de la supracitada ley. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde, notifíquesele personalmente la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa al escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, consistentes en copias simples de: 1. Copia de credencial para votar a nombre de ********************expedida por el Instituto Nacional Electoral. 2. Copia de la caratula del carnet a nombre del quejoso, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con número de derechohabiente ********************. 3. Copia de receta médica de dos de agosto de dos mil veintitrés, firmada por el médico de medicina interna, doctor ******************** 4. Formato de Referencia-Contrareferencia con fecha de solicitud de envío de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, del aquí quejoso ********************que contiene el resumen clínico que describe mis padecimientos. 5. Historia Clínica de ********************de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Así como, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; lo anterior, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones la vía electrónica para las que tengan el carácter de personal, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/), con el usuario: "********************", en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, ténganse como sus autorizados en términos amplios del numeral 12 de la invocada ley a los Asesores Jurídicos Federales del Instituto Federal de Defensoría Pública, ********************así como para oír y recibir notificaciones a ******************** INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el precepto 5° fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tienen como autoridades responsables las que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; con el apercibimiento que en caso de no ser las denominaciones correctas, se tendrán por inexistentes, previa razón de devolución del oficio que se les dirija y que obren en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del Juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. EXHORTO A LAS PARTES Con fundamento en los artículos 257, fracción I y 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionados en el punto tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicio en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como número telefónico o correo electrónico, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, se autoriza a los Secretarios del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo.
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