Luis Octavio Torres Fernández

Expediente 211/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
211/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Octavio Torres Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, requiérase a la parte promovente para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, ASÍ COMO A LAS RESTANTES PARTES, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo del año en curso, se previno a la parte quejosa para que exhibiera una copia más de su escrito de demanda; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se provee lo conducente, dado que no cumplió con la prevención formulada. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, POR CUANTO QUE DEROGA EL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 30, QUE CONTENIA LA REFERIDA LEY, HASTA ENTES DE que se emitiera EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 2 DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; Y EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EN EFECTO, EL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, TEXTUALMENTE SEÑALABA "4. ADICIONALMENTE EL INSTITUTO CONTARÁ CON PERSONAL ADSCRITO A UNA RAMA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES, QUE SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO A QUE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO ANTERIOR". Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso refiere, bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones: "(.) a la fecha ocupo el puesto de Técnico de Depuración al Padrón en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz. "(.) formo parte del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, con el cargo o puesto de TECNICO DE DEPURACIÓN AL PADRON, CON UNA PLAZA DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, DERECHO HUMANO protegido por la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (.)." De igual forma, en sus conceptos de violación refiere que se están vulnerando sus derechos laborales adquiridos; dado que, con la referida reforma, desaparece la plaza que ocupa en el Instituto Nacional Electoral. Precisado lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)" Dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; de ahí que, deba desecharse de plano la demanda de amparo intentada. En ese sentido, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese aspecto, ha establecido que para la actualización de dicha causa de improcedencia del juicio de amparo es necesario, que se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, pues en dichos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad, si se trata de normas generales, o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente, en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. Por tanto, en el caso, se torna evidente que se actualiza la causa de improcedencia referida, porque los temas que fueron objeto de reforma y adición son: 1. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los temas tratados fueron: Los cargos de elección popular en las entidades federativas, de la participación de la ciudadanía en las elecciones y consultas, de la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos y alcaldías, disposiciones generales para la elección de cargos de elección popular, de los cargos de elección popular en las entidades federativas, entre otros. 2. Ley General de Partidos Políticos los temas tratados fueron: La distribución de competencias en materia de partidos políticos de la constitución y registro de los partidos políticos, de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, entre otros. 3. Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, los temas tratados fueron: Los medios de impugnación, de los plazos y de los términos, de los requisitos del medio de impugnación, del recuento de votos y de las nulidades, de la nulidad de las elecciones federales, de la nulidad de la votación recibida en casilla, entre otros. En consecuencia, se estima, que este juicio de amparo es improcedente, debido a que los actos reclamados, por su naturaleza y carácter procesal, no pueden ser impugnados por esta vía constitucional; lo anterior, pues, si bien se atribuyen entre otros, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión, lo cierto es que, su naturaleza es en materia electoral, ajena a la competencia de los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Asimismo, la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, Novena Época, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Sin que pase inadvertido que la parte quejosa argumenta que el Decreto reclamado afecta sus derechos laborales como Técnico de Depuración al Padrón en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, en razón de que ese tópico versa también sobre la materia electoral regulada por el citado Decreto, en concreto, sobre la integración de las autoridades electorales; de ahí que, aun considerando que pudieran verse vulnerados esos derechos, el tema medular de la reforma, se insiste, es materialmente electoral, lo que torna improcedente esta instancia constitucional. Es aplicable, por su sentido jurídico, la tesis aislada 2a. LXXI/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 527, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; en ese contexto, el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si los actos reclamados versan sobre la integración de autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, pues forman parte de la materia electoral; aunado a que, conforme a la reforma al artículo 79, punto 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, el juicio para la protección de los derechos político-electorales procede para impugnar actos y resoluciones por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas." Aunado a lo expuesto, es un hecho notorio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma, ante la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, en atención a que la parte promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad y, por ende, practíquense las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes en cumplimiento a lo ordenado en este proveído.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.

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