Luis Ramon Mendoza Gonzalez
Expediente 912/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Ramon Mendoza Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, examinada la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. El citado numeral expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado lo constituye el oficio 2877/2020 emitido por el Subdelegado Estatal de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debido a la omisión de realizar el pago retroactivo de la pensión por viudez número 330266 a favor de la pensionada Ma. Concepción Rocha Hernández. Efectivamente, de los antecedentes narrados por el quejoso, se tiene que el diecinueve de enero de dos mil diecinueve, peticionó ante la responsable el pago de una pensión por viudez respecto al fallecimiento de su esposa Ma. Concepción Rocha Hernández, siendo que la misma le fue negada en diverso oficio de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por lo cual promovió diverso juicio de amparo ante este mismo juzgado de distrito, en el que se le concedió la protección constitucional. Así, en acatamiento a ese fallo, el siete de abril del presente año, se emitió un oficio 24.5.4J/0856/2020 en el que se ordenó dejar sin efectos el reclamado, así como proceder a otorgarle el beneficio pensionario de viudez por el fallecimiento de su esposa. En ese sentido, señala que la pensión por viudez se encuentra debidamente autorizada, empero que la autoridad omitió deliberadamente realizar el cálculo de pago de la pensión con efectos retroactivos tal y como lo solicitó el mes de enero de dos mil diecinueve. Siendo que lo anterior se evidencia con el contenido del diverso oficio 2877/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, con el que se dio final cumplimiento a la sentencia de amparo referida, doliéndose de igual forma la parte quejosa, del hecho de que en ese oficio no se le informó la cuota diaria que se le asignó, así como el ajuste que el cálculo de la misma aplicaba. Señalando que se autorizó el pago de la primera parte del aguinaldo, así como el pago de la pensión por viudez correspondiente al mes de diciembre del presente año. Resultando que del escrito aclaratorio, el quejoso se duele del contenido de ese último oficio, en el que se desprende que se concedió la pensión por viudez que fue solicitada. Lo anterior pues si bien destaca también como acto reclamado la omisión de realizar el pago retroactivo de la misma, lo cierto es que ésta no puede tenerse como un acto autónomo, al encontrarse relacionada dicha omisión con la solicitud de pago que derivó en la emisión del oficio en el que se concede dicho beneficio pensionario. Consecuentemente, respecto del acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en contra de la determinación contenida en el oficio reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones directas y de legalidad, cuando es procedente un medio ordinario de defensa que no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, produce la improcedencia del juicio constitucional en términos del artículo 61, fracción XX, del ordenamiento citado, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, publicada en la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página doscientos noventa y ocho, cuyo rubro indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". En consecuencia, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Finalmente, se le tiene por señalando número telefónico, a fin de entablar comunicación no procesal y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda promovida por LUIS RAMÓN MENDOZA GONZÁLEZ por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, examinada la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. El citado numeral expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado lo constituye el oficio 2877/2020 emitido por el Subdelegado Estatal de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debido a la omisión de realizar el pago retroactivo de la pensión por viudez número 330266 a favor de la pensionada Ma. Concepción Rocha Hernández. Efectivamente, de los antecedentes narrados por el quejoso, se tiene que el diecinueve de enero de dos mil diecinueve, peticionó ante la responsable el pago de una pensión por viudez respecto al fallecimiento de su esposa Ma. Concepción Rocha Hernández, siendo que la misma le fue negada en diverso oficio de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por lo cual promovió diverso juicio de amparo ante este mismo juzgado de distrito, en el que se le concedió la protección constitucional. Así, en acatamiento a ese fallo, el siete de abril del presente año, se emitió un oficio 24.5.4J/0856/2020 en el que se ordenó dejar sin efectos el reclamado, así como proceder a otorgarle el beneficio pensionario de viudez por el fallecimiento de su esposa. En ese sentido, señala que la pensión por viudez se encuentra debidamente autorizada, empero que la autoridad omitió deliberadamente realizar el cálculo de pago de la pensión con efectos retroactivos tal y como lo solicitó el mes de enero de dos mil diecinueve. Siendo que lo anterior se evidencia con el contenido del diverso oficio 2877/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, con el que se dio final cumplimiento a la sentencia de amparo referida, doliéndose de igual forma la parte quejosa, del hecho de que en ese oficio no se le informó la cuota diaria que se le asignó, así como el ajuste que el cálculo de la misma aplicaba. Señalando que se autorizó el pago de la primera parte del aguinaldo, así como el pago de la pensión por viudez correspondiente al mes de diciembre del presente año. Resultando que del escrito aclaratorio, el quejoso se duele del contenido de ese último oficio, en el que se desprende que se concedió la pensión por viudez que fue solicitada. Lo anterior pues si bien destaca también como acto reclamado la omisión de realizar el pago retroactivo de la misma, lo cierto es que ésta no puede tenerse como un acto autónomo, al encontrarse relacionada dicha omisión con la solicitud de pago que derivó en la emisión del oficio en el que se concede dicho beneficio pensionario. Consecuentemente, respecto del acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en contra de la determinación contenida en el oficio reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En tal virtud, la expresión conjunta de violaciones directas y de legalidad, cuando es procedente un medio ordinario de defensa que no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión que los consagrados en la Ley de Amparo, produce la improcedencia del juicio constitucional en términos del artículo 61, fracción XX, del ordenamiento citado, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada a contrario sensu, publicada en la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página doscientos noventa y ocho, cuyo rubro indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". En consecuencia, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Finalmente, se le tiene por señalando número telefónico, a fin de entablar comunicación no procesal y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda promovida por LUIS RAMÓN MENDOZA GONZÁLEZ por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve LUIS RAMÓN MENDOZA GONZÁLEZ contra actos del SUBDELEGADO ESTATAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 912/2020-IV. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114 en relación con el 108, fracciones IV y V, así como el 110 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con cuatro copias del ocurso aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable; dos para los incidentes de suspensión que solicita y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, aclare su demanda a fin de que cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Precise el o los actos que reclama en el presente juicio, puesto que si bien aduce en el apartado relativo, que se duele de la omisión del pago retroactivo de la pensión por viudez a favor del promovente, de igual modo hace alusión al oficio 2877/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, emitido en cumplimiento a diversa ejecutoria de amparo, de modo que a efecto de integrar debidamente la litis en el presente juicio, debe clarificar si reclama una omisión lisa y llana respecto del pago referido, o bien, el contenido del oficio citado, o cualquier otro acto que se relacione con lo anterior, con la única salvedad de que quede debidamente delimitado. De ahí que, a fin de concretizar cuál es la pretensión del quejoso con la promoción del presente juicio, deberá precisar el o los actos que reclame a la autoridad. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del referido artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En otro orden de ideas, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en el proemio de su demanda; y como autorizados en términos restringidos a las personas que señala toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil, tanto propio como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
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