Luis Oscar Rodarte
Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Oscar Rodarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 36/2021. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; se precisa que este expediente es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, sin que obre en el citado expediente, algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 36/2021. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y con escrito de expresión de agravios que se acompaña, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de abril de dos mil veintiuno. Vistos los escritos aclaratorios signados por el quejoso Luis Oscar Sánchez Rodarte, y por su representante legal María Magdalena Lovato López, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, aunado a que tanto el quejoso como ella manifiestan bajo protesta de decir verdad, que tiene reconocida dicha calidad; mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de abril del año en curso. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escritos aclaratorios, la suscrita estima que la misma deviene improcedente. Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo y escritos que se proveen, permiten establecer que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La determinación de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal 169/2017, dl índice del Juzgado Octavo del Ramo Penal, mediante la cual se declaró agotada la instrucción. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que "bajo protesta de decir verdad" refiere la parte promovente, se desprende lo siguiente: 1. El dieciocho de junio de dos mil veinte, el quejoso renunció al término a que se refiere los artículos 20 Constitucional, con relación a los numerales 7°, 8° y 11 de la Ley Adjetiva Penal vigente en el momento de los hechos. Siendo que una vez que se reanudaron las actividades en los órganos jurisdiccionales, el doce de agosto siguiente, la defensa solicitó se llevara a cabo una prueba, la cual fue acordada, así como otras, que mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte se ordenaron. 2. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, debido a un desacuerdo con las coinculpadas, el Juez responsable determinó excusarse de conocer de la causa penal 169/2017, de lo cual correspondió conocer a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte dictada en la excusa 5/2020, determinó reponer el procedimiento de dicha causa penal, en razón de que no se había acordado nada respecto a un recurso de revocación. 3. Seguido el procedimiento respectivo, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte se resolvió que se continuaría la causa penal en contra del aquí quejoso. 4.- El cuatro de marzo del presente año, el Juez responsable, dictó un auto, en donde entre otras cosas determinó que se declaraba agotada la instrucción en la causa penal de origen, poniéndose los autos a la vista de las parte por el término de diez días, a fin de que ofrecieran las pruebas pertinentes. Determinación que constituye el acto reclamado conforme a lo señalado en el escrito aclaratorio. En esas condiciones, como ya se precisó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta. En concepto de esta Juzgadora la demanda de amparo evidencia causa indudable y notoria de improcedencia que conduce a su desechamiento de plano en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe precisar que la Ley de Amparo establece lo que debe entenderse por un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, a saber, aquel que afecte derechos sustantivos del justiciable tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. De tal manera que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo anterior, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados en juicio no tienen sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad, dentro de la causa penal 169/2017, en el que, de forma determinante se declaró agotada la instrucción en el proceso penal de referencia, poniéndose los autos a la vista de las partes por el término de diez días para que promovieran las pruebas que estimaran pertinentes; sin embargo, en concepto de esta Juzgadora, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación en el juicio natural, pues no afecta derechos sustantivos del quejoso para que pueda impugnarse a través del juicio de amparo "indirecto". Lo anterior es así, porque existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los tratados como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. En efecto, la determinación que constituye el acto reclamado, no puede considerarse violación que sea de imposible reparación, en tanto que no se están afectando derechos sustantivos, sino únicamente procesales, ya que únicamente conmina a las partes a la continuación del juicio en la etapa procesal correspondiente, por lo que siendo así, las posible violaciones procesales en todo caso podrán ser superadas al dictarse sentencia, pues de obtener un fallo favorable quedará superada, caso contrario podrá combatir la decisión adversa en amparo directo que al efecto se promueva en contra de la sentencia, ya que incluso el numeral 173 de la Ley de Amparo, establece que en tratándose de juicios del orden penal, se entenderán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia para el quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. De ahí que si bien de la demanda se desprende que el quejoso aduce que solicitó el desahogo de diversas pruebas, no obstante la renuncia expresada anteriormente, el Juez debe ordenar recabar las mismas para tener una debida defensa. Sin embargo, el efecto del acto reclamado, se traduce únicamente en el agote de la instrucción, y el requerimiento a las partes para que en diez días ofrezcan las pruebas pertinentes. Aunado a que el propio auto contiene una prevención para el quejoso y la defensa, a efecto de que manifiesten si insisten o no en el desahogo de diversos medios probatorios, de ahí que incluso se advierte que el juzgador está dando la posibilidad de hacer el señalamiento correspondiente a la continuación del desahogo de pruebas, por lo que no se desprende que el acto reclamado tenga algún efecto que trascienda a los derechos sustantivos del solicitante del amparo. Por tanto, la resolución aquí reclamada únicamente impacta en la sustanciación del juicio de origen, sin que el requerimiento procesal que contiene, sea considerada de momento una trasgresión a un derecho fundamental del impetrante del amparo, pues se insiste únicamente se pusieron los autos a la vista de las partes, para ofrecer pruebas dentro del periodo complementario y requirió al quejoso para que señale si insiste o no en el desahogo de pruebas. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, lo procedente es desechar de plano la demanda que promueve Luis Oscar Sánchez Rodarte, por conducto de su representante legal María Magdalena Lovato López. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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