Luis Ramírez Ramírez

Expediente 515/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
515/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Ramírez Ramírez
  • Juez de Partido de Sistema Penal Acusatorio Y Juez de lo Penal En San Luis de la Paz,Gto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Incorpórese a este expediente sin efecto legal alguno el oficio y anexo de cuenta, toda vez que ya fue acordado lo conducente. No ha lugar a acusar recibo, en virtud de que también ya se hizo lo propio vía electrónica. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al expediente el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato; en el que se transcribe el proveído de siete de los actuales, dictado en el juicio de amparo 867/2021, del que se advierte, entre otras cosas, que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo que le fue remitido. Sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que la promoción que se acuerda, fue recibida vía electrónica, por lo que el sistema genera la evidencia respectiva. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, al transcurrir el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído, sin que obren en el citado expediente documentos susceptibles de devolución. Además, dicha destrucción deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 515/2021-I, se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal por parte de este juzgado, y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con dos anexos que acompaña; y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la ejecutoria de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada por el citado Tribunal, en el conflicto competencial número 05/2021. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resolvió que este circuito es competente para seguir conociendo del presente juicio de amparo promovido por Luis Ramírez Ramírez, únicamente por lo que se refiere a los actos restrictivos de libertad. Ahora bien, tomando en consideración que del estudio integral de la demanda de amparo, así como de la ejecutoria relativa al conflicto competencial, se advierte que se reclaman actos de distinta naturaleza, unos dirigidos a la restricción de la libertad personal de Luis Ramírez Ramírez y otros, reclamados por la diversa quejosa Celia Ramírez, consistentes en la entrega material y jurídica de dos inmuebles localizados en el estado de Guanajuato. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima escindir la demanda de amparo dando origen a un nuevo juicio, en el caso, este juzgado se pronunciara respecto a los actos correspondientes de la entrega material y jurídica de dos inmuebles ubicados en el estado de Guanajuato y se formará un nuevo juicio del cual se remitirán copias certificadas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a efecto de que se continúe conociendo respecto de los actos restrictivos de la libertad del quejoso Luis Ramírez Ramírez, atribuidos al Juez de Partido del Sistema Penal Acusatorio o Juez de lo Penal en San Luis de la Paz, Guanajuato; agente del Ministerio Público o Fiscal Investigador en San Luis de la Paz, Guanajuato; y Director de la Policía Municipal de Tepoztlán, Estado de México, el cual deberá ser turnado al juzgado que por orden aleatorio corresponda, dado que no se encuentra relación entre unos actos y los otros. Establecido lo anterior, tomando en consideración que los actos relativos a la materia civil, correspondientes a la entrega material y jurídica de dos inmuebles ubicados en el Estado de Guanajuato y toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de cuál Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que los lotes donde se pretende llevar a cabo el desalojo, se encuentran ubicados en la congregación "Los Remedios", municipio de Victoria, Guanajuato, de los cuales es titular la quejosa Celia Ramírez Rincón, por lo tanto la ejecución del acto será dentro del Estado de Guanajuato, ya que es el lugar en donde se encuentran ubicados los lotes materia del presente juicio de amparo. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la entrega material y jurídica a una tercera persona, de dos lotes de su propiedad, ubicados en la congregación "Los Remedios", municipio de Victoria, Guanajuato; por lo tanto, la ejecución, consumación o cumplimiento del acto reclamado, en su caso, será en el Estado de Guanajuato, en razón de que es el lugar en donde se materializará la orden de desalojo reclamada; por lo que se concluye que este juzgado no es competente por territorio, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción de ese Juzgado de Distrito. En consecuencia, el acto que reclama la promovente se encuentra fuera de la esfera competencial que corresponde a este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, el juicio de amparo 515/2021-I, así como las copias de la demanda de amparo, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, pues se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Se solicita al juzgado correspondiente que de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa en atención a la Jurisprudencia P.J. 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y por separado, fórmese cuaderno de antecedentes, con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de garantías, del presente proveído y demás constancias que se estimen conducentes, a fin de que en su oportunidad se archive como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

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