Luis Raúl Enríquez Legarreta

Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 50 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
751/2021
Año
2021
Actuaciones
50
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Luis Raúl Enríquez Legarreta
  • Luis Raúl Enríquez Legarreta y Otros.
  • Martha Alicia Legarreta Olivas y Otros.
  • Comisión Nacional Bancaría y de Valores en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de emitida en el presente asunto, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 751/2021-III, y su acumulado 785/2021, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escritos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de Octubre de dos mil veintiuno, por parte de *******, así como en fecha cuatro de noviembre de misma data, por parte de *******, turnadas ambas a este Juzgado en su fecha, promovieron demanda de amparo contra actos de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 5, 13, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo presentada por *******, la cual se registró bajo el expediente 751/2021, así mismo en fecha ocho de noviembre de mismo año, se admitió la demanda de amparo presentada por *******, la cual se registró bajo el expediente 785/2021, se solicitaron informes justificados a las responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento. Posteriormente, mediante auto de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó la acumulación de los juicios señalados en el párrafo que precede, seguidos en el marcado con el 751/2021-III, del índice de este juzgado de distrito, por lo que una vez tramitado el juicio, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, atento a las constancias que remitió el Subdelegado en Ciudad Juárez del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores en el Estado de Chihuahua, en esta Ciudad, se advirtió la participación de diversas autoridades en los actos reclamados por la parte quejosa, por lo que se ordenó darle vista a fin de que manifestara si era su voluntad señalar a éstas últimas como autoridades responsables; a lo cual, la quejosa, mediante escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, amplió su demanda de amparo contra actos del Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua. De igual manera, el diez de enero de dos mil veintidós, atento a las constancias que remitió el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, con domicilio en Chihuahua capital, se advirtieron actos diversos a los reclamados anteriormente por la quejosa, por lo que se ordenó darle vista a fin de que manifestara si era su voluntad señalar estos diversos actos de la misma autoridad responsable; por lo cual, mediante escrito de fecha dos de febrero de dos mil veintidós, la quejosa amplió su demanda de amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de actos ejecutados dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen ese carácter: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con residencia en la Ciudad de México. Subdelegación de Ciudad Juárez, de la DELEGACION REGIONAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN CHIHUAHUA, con residencia en esta ciudad. Subdelegación del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Con residencia en esta ciudad fronteriza. En su calidad de EJECUTORAS; BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, con residencia en esta ciudad. BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con domicilio en esta ciudad. IV.- LEY Y/O ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. En mi calidad de tercero extraño, reclamo la orden de embargo girada por las responsables ordenadoras, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso, mismas que se encuentran en las Instituciones Bancarias señaladas como responsables. La primera en BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, de consecutivo ******* y la segunda en *******, de la institución bancaria BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE." Así mismo, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la quejosa amplió la demanda de amparo, por las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INFONAVIT EN CHIHUAHUA, con domicilio en Calle Allende 1500, Colonia Centro, C.P. 31000, en chihuahua capital. IV. LEY Y/O ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. En mi calidad de tercero extraño por equiparación, reclamo la orden de Embargo girada por dicha autoridad, contenida en el oficio *******, de fecha 19 de agosto de 2021, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso, mismas que se encuentran en las Instituciones Bancarias señaladas como responsables. La primera en BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, de consecutivo ******* y la segunda en *******, de la institución bancaria BANCO DEL BAJO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. Asimismo, le reclamo la falta de notificación de los créditos fiscales identificados con los consecutivos *******, *******, *******, *******, *******, ******* y en consecuencia, la falta de emplazamiento a los procedimientos administrativos de ejecución a través de los cuales, la referida responsable requirió el pago de los mismos y ordenó el embargo citado en el párrafo precedente. Mediante ampliación de demanda de fecha dos de febrero de dos mil veintidós, la quejosa señaló como autoridades y actos los siguientes: En AUTORIDADES RESPONSABLES. En su calidad de ORDENADORA: 1. GERENTE DE RECAUDACION FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INFONAVIT EN CHIHUAHUA, con domicilio en Calle Allende 1500, Colonia Centro, C.P. 31000, en Chihuahua capital. En su calidad de EJECUTORA; 2. EL ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INFONAVIT EN CHIHUAHUA, con residencia en esta ciudad, licenciado *******. 4. LEY YO ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA En mi calidad de tercero extraño por equiparación, reclamo de ambas responsables, la falta de notificación de las resoluciones por las que se determinaron los créditos fiscales identificados con los siguientes consecutivos: - De la responsable ejecutora reclamo además y en vía de consecuencia, la ilegal cita de espera y notificación del requerimiento de pago y embargo, de fechas 7 y 8 de mayo del 2014, derivados del mandamiento de ejecución emitido por el GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INFONAVIT EN CHIHUAHUA, el pasado 6 de mayo de ese mismo año, dentro del procedimiento administrativo de ejecución *******. - De la responsable ordenadora y derivado de esa falta de notificación de los créditos fiscales, y de esa irregular notificación del mandamiento de ejecución relatado en el párrafo precedente, y en vía de consecuencia, reclamo también la ilegal orden de embargo girada por dicha autoridad, contenida en los oficios *******, de fecha 3 de septiembre del 2014, por la cantidad de $******* y *******, de fecha 9 de junio del 2015, por un monto de $*******, así como la orden de transferencia de fondos *******, del 13 de julio del 2015, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso, mismas que se encuentran en las Instituciones Bancarias señaladas como responsables. La primera en BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, de consecutivo ******* y la segunda en *******, de la institución bancaria BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. Tercero. Inexistencia actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, Subdelegación de Ciudad Juárez, de la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores en Chihuahua, Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos últimos con residencia en esta ciudad fronteriza, negaron categóricamente el acto de ejecución que les atribuyó la parte quejosa, sin que ésta haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlos. En virtud de lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados a tales autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Cuarto. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, con domicilio en Chihuahua capital, aceptó los actos que le fueron reclamados, consistentes en los siguientes: 1.- Orden de embargo girada por dicha autoridad, contenida en los oficios *******, de fecha 3 de septiembre del 2014, por la cantidad de $******* y *******, de fecha 9 de junio del 2015, por un monto de $*******, así como la orden de transferencia de fondos *******, del 13 de julio del 2015, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso. Lo anterior derivado de los créditos fiscales bajo los números siguientes: *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******. 2.- Orden de embargo girada por dicha autoridad, contenida en el oficio *******, de fecha 19 de agosto de 2021, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso. Lo anterior derivado del procedimiento administrativo de ejecución *******, respecto de los folios fiscales *******, así como el procedimiento administrativo de ejecución *******, respecto de los folios fiscales siguientes: *******, *******, *******, *******, ******* y *******, Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó dicha responsable a su informe con justificación, de las que se desprende la existencia de Los procedimientos administrativos señalados con antelación. Las documentales concernientes a dichos procedimientos administrativos, de las que derivan los actos de los que se duele la aquí quejosa, poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, capital. Quinto. Actualización de causal de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: "1.- Orden de embargo girada por dicha autoridad, contenida en los oficios *******, de fecha 3 de septiembre del 2014, por la cantidad de $******* y *******, de fecha 9 de junio del 2015, por un monto de $*******, así como la orden de transferencia de fondos *******, del 13 de julio del 2015, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso. Lo anterior derivado de los créditos fiscales bajo los números siguientes: *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******." Respecto de dichos actos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la quejosa reclama de la autoridad administrativa señalada, las órdenes de embargo de cuenta bancaria antes apuntadas, ostentándose terceras extrañas al procedimiento de origen. Sin embargo, del oficio ******* y anexo, remitidos en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, capital, formándose cuadernillo por estar celebrada la audiencia constitucional en este expediente, se desprende que mediante resolución administrativa de fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, esa autoridad, determinó la revocación de manera administrativa los procedimientos administrativos reclamados al resolver lo siguiente: "LIC. *******, GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIHUAHUA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, con fundamento en los artículos 1º y 23 fracción I, tercer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al que represento, artículos 1º,3° fracción XXIX, 4° fracción XX,5° segundo párrafo, 6® y 24 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, y sus reformas publicadas en el mismo órgano Oficial los días 9 de octubre de 2012 y 31 de julio de 2017, vigente al dia siguiente de su publicación, mismos que otorgan la facultad a la suscrita para representar legalmente al Instituto, en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, y artículo único, fracción X, del acuerdo que reforma al similar que determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitido por el H. Consejo de Administración del INFONAVIT mediante resolución *******, tomada en su sesión ordinaria número 857 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2021, que otorga competencia territorial para actuar dentro de la circunscripción geográfica que comprende el Estado de Chihuahua, se procede conforme a lo siguiente: Por así convenir a los intereses jurídicos y patrimoniales del Instituto, y conforme al Procedimiento denominado "Revocación Administrativa y Allanamiento*, con clave de Identificación: *******, se procede a revocar de manera administrativa la Determinante de Omisiones de pago en materia de Aportaciones Patronales yo Entero de Descuentos para las Amortizaciones por Créditos para Vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, identificada con el número de folio *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y ******* correspondiente al periodo 2011-05,2011-06,2012-01,2012-02,2012-03,2012-04,2012+05, 2012-06, 2013-01 y 2013-03 , así como el procedimiento de administrativo de ejecución ******* y los oficios de inmovilización ******* de fecha 03 de septiembre de 2014, ******* de fecha 09 de junio de 2015 y el oficio de trasferencia ******* de fecha 13 de julio de 2015, relacionado con el contribuyente *******.; lo anterior, toda vez que de la revisión derivada del juicio contencioso administrativo número *******, se advierte la falta de documentos que acrediten su emisión y notificación, así como la falta de fundamentación y motivación para determinar la relación laboral de los trabajadores, con base en la jurisprudencia "LIQUIDACIONES DEL INFONAVIT.- SU DEBIDA MOTIVACIÓN REQUIERE PRECISAR EL NOMBRE DE CADA TRABAJADOR.- emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ATENTAMENTE. LIC. *******, GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIHUAHUA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" Entonces, las órdenes de embargo y aseguramiento de cuentas de la quejosa, cesaron sus efectos con la revocación administrativa antes transcrita. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, ya que se dejó sin efecto el acto reclamado por determinación de la misma autoridad que lo ordenó, se destruyeron todos los efectos del mismo, las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la aludida violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, por lo que no cabe duda la actualización de la causal de improcedencia en comento. Las constancias aludidas cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya invocados, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Sin que sea óbice que las mismas fueron recibidas en este Juzgado después de celebrada la audiencia constitucional, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2012, determinó la posibilidad de tomar en cuenta pruebas ofrecidas en dicha circunstancia; en efecto, el citado criterio es el siguiente, publicado en la página 1279, Tomo 2, Mayo de 2012, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Ahora bien, por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en: 2.- Orden de embargo girada por dicha autoridad, contenida en el oficio *******, de fecha 19 de agosto de 2021, de las cuentas bancarias de las cuales es titular el quejoso. Lo anterior derivado del procedimiento administrativo de ejecución *******, respecto de los folios fiscales *******, así como el procedimiento administrativo de ejecución *******, respecto de los folios fiscales siguientes: *******, *******, *******, *******, ******* y *******. No obstante la certeza del mismo, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III, del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, ya que la parte quejosa fue omisa en señalar como responsable a la autoridad que ejecutó el emplazamiento reclamado -y del que se hacen depender los restantes actos de autoridad. Dichos preceptos establecen: " 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio es improcedente cuando el quejoso en su demanda de derechos fundamentales no señala a la autoridad responsable que haya emitido, ordenado, ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, pues, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de su actuar, porque no se le ha llamado al juicio y, por ende, no puede ser vencida en él. Ahora bien, en el caso concreto, la parte promovente reclamó el no haber sido emplazada a los procedimientos administrativos de ejecución, seguidos bajo los números *******, respecto del folio fiscal *******, así como el procedimiento administrativo de ejecución *******, respecto de los folios fiscales *******, *******, *******, *******, ******* y *******, seguidos ante la oficina de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional, del Infonavit en Chihuahua. De este modo, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidas las constancias que dan sustento al informe justificado que emitió la autoridad administrativa señalada con antelación, advirtiendo la actuación del ministro ejecutor de dicha autoridad, pues, de dichas constancias se desprenden las notificaciones de los créditos fiscales que dieron origen a los procedimientos Administrativos reclamados. Con motivo de ello, mediante auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su voluntad señalar con el carácter de autoridad responsable al ministro ejecutor; de lo cual quedó debidamente notificada mediante notificación electrónica de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Derivado de lo anterior, mediante escrito de fecha dieciséis de diciembre de la misma anualidad, la quejosa amplió la demanda, únicamente en contra de actos del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, no así en contra del ministro ejecutor adscrito a dicha autoridad. Por tanto, no es jurídicamente factible examinar la constitucionalidad de las diligencias de notificación de los créditos señalados con antelación. Ello, porque proceder en esos términos se dejaría al ministro ejecutor adscrito a la Recaudación Fiscal de la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de defender la legalidad de su actuación, precisamente, al no habérsele llamado al presente juicio. Entonces, dado que el ministro ejecutor que, efectivamente, ejecutó el emplazamiento a los procedimientos administrativos reclamados, no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y siete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y cuatro, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, registro 213345, que señala: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, en lo conducente apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento trece, tomo IV, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194684, de contenido siguiente (énfasis añadido): DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Sobreseimiento que deberá hacerse extensivo respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional del Infonavit en Chihuahua, con sede en aquella ciudad; consistente en todo lo actuado en los procedimientos administrativos de ejecución, seguidos bajo los números *******, respecto del folio fiscal *******, así como el procedimiento administrativo de ejecución *******, respecto de los folios fiscales *******, *******, *******, *******, ******* y *******, de su índice, ya que dichos actos no se les reclama por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento antes referido. Así como del Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, y del Banco del Bajío, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, estas últimas con domicilio en esta ciudad, por ser únicamente ejecutoras de las resoluciones reclamadas. En congruencia con todo lo anterior, es que se tiene por actualizadas la causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XXI y XXIII, ésta última en relación con la fracción III, del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, por lo que, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* y *******, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obre únicamente como antecedente el oficio enviado por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores en Chihuahua, en razón de que el dos de junio del presente año, se tuvo por celebrada la audiencia constitucional. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cúmplase.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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