Luis Pablo Jiménez Méndez

Expediente 457/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
457/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Pablo Jiménez Méndez
  • LUIS PABLO JIMÉNEZ MÉNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... Agréguese sin mayor proveído el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mismo que fue recibido de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 107/2023, con número de orden 403/2023 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ******************** y ********************, lo anterior toda vez que en resolución de doce de junio del año en curso se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, sin que en la especie haya a lugar acusar el recibo de estilo correspondiente, pues el trámite de la comunicación oficial en línea es visible para ambos órganos jurisdiccionales en el apartado de "Consulta de Expedientes Electrónicos relacionados" Notifíquese...

  2. Principal

    ... Agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa por conducto de su autorizado en término amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley de Amparo, Félix Javier Rojas Corona; visto su contenido, y toda vez que se advierte la intención del quejoso Luis Pablo Jiménez Méndez de desistirse del presente juicio de amparo, para el efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente respecto del desistimiento que se plantea y toda vez que el mismo se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, túrnese los autos a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado a fin de que se constituya en las instalaciones del citado Centro de Reinserción Social y realice lo siguiente: Notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa Luis Pablo Jiménez Méndez. Requiera a la parte quejosa, para que en el momento de la notificación manifieste si ratifica el contenido del escrito de desistimiento que se atiende, en la inteligencia que deberá ponerle a la vista copia de su escrito, el cual fue registrado con folio 8290. Lo aperciba que de no hacer pronunciamiento a lo anterior, se continuara con la tramitación del presente juicio de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.119/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 295 del Tomo XXIV Agosto de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 147 del Tomo XI abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido y rubro son del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Así mismo, se le hace saber el alcance que tiene el desistimiento es de tenerlo por conforme con los actos reclamados en este juicio, es decir, se le tendrán por consentidos los actos reclamados, pues la ratificación consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios".

  3. Principal

    ... Agréguese el escrito del quejoso Luis Pablo Jiménez Méndez, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el pasado ocho de mayo del año en curso, subsana las omisiones advertidas en la demanda. En ese sentido, visto el contenido de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, se provee: DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta y del contenido del escrito aclaratorio de la misma, la parte promovente reclama, entre otras cosas, del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, sustancialmente lo siguiente: La falta de acuerdo sobre la solicitud de terminación anticipada solicitada. Lo que se corrobora con el contenido del escrito que anexó a la demanda, dirigido a tal autoridad, del cual se advierte que le solicitó formalmente otorgar el procedimiento abreviado; de manera que el acto que le reclama se contrae a la omisión a pronunciarse sobre su petición de procedimiento abreviado. En ese sentido, respecto del citado acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, mismos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.) Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:7 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ahí que la omisión reclamada en esta vía, antes precisada, concerniente a la omisión o falta de pronunciamiento del agente responsable sobre el procedimiento abreviado que solicitó, no se advierte reclamada un ente que pueda considerase autoridad para efectos del juicio de amparo, pues su actuación carece de la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; pues dicha Institución tiene, a través del agente del Ministerio Público que interviene en la causa, la calidad de sujetoparte del proceso penal acusatorio y oral, más no tiene la calidad de autoridad instructora del proceso. Por ende, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. Esto, porque tal omisión no deviene propiamente de actuaciones que estén obligadas a llevar a cabo la autoridad indicada, sino que están relacionados con la actuación del fiscal que intervienen en el proceso de origen, en el cual únicamente tiene la calidad de parte procesal. Esto, pues desde el momento en que surge el procedimiento abreviado, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso que debe ser solicitada una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la omisión reclamada, relacionada con esa forma de terminación anticipada del procedimiento penal, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de control constitucional, porque el citado fiscal tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado y, adicionalmente, el Juez de Control debe verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su procedencia y que no se vulneren los derechos humanos de las partes. Por lo tanto, tal omisión no constituye un acto de autoridad (en amplio sentido) para efectos del juicio de amparo, lo que constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable; porque no va a variar en el trámite del juicio de protección constitucional, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que es factible desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tales consideraciones tienen sustento, por analogía, en la contradicción de tesis 82/2019, de la cual derivó la jurisprudencia con datos de localización y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022071 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 34/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se desecha parcialmente la demanda de derechos fundamentales. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda y escrito aclaratorio de la misma, únicamente respecto de los actos atribuidos al juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistentes en: La omisión de señalar día y hora para la celebración de audiencia de revisión de medida cautelar. Se siga con la secuela procesal dentro de la presente causa. Dé trámite a la queja presentada con fecha siete de marzo del dos mil veintitrés NO SE APERTURA INCIDENTE No se ordena tramitar el expediente único de tal incidente, porque la parte quejosa no lo solicitó expresamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibida la autoridad antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado En el entendido que de no hacerlo de esta manera, también le serán recibidos de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, sito: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables foráneas que pueden remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar con celeridad en esa forma el presente expediente. La dirección de correo electrónico es la siguiente: Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción al teléfono Directo: 01(222) 2 37 7660, en un horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado federal. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión a las autoridades responsables con residencia fuera de la ciudad de Puebla, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlo por correo certificado. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dése la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ********************, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario ********************, y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado federal, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. PARTE TERCERA INTERESADA Ahora, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, téngase con el carácter de terceros interesados a: a) ********************y******************** con domicilio en: ********************. b) ********************, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EMPLAZAMIENTO VÍA OFICIO Entonces, con relación a ********************, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, se ordena emplazarla mediante oficio que al efecto se gire con inserción de este acuerdo y con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; a fin de que esté en aptitud de intervenir en lo que a su representación competa. EMPLAZAMIENTO VÍA EXHORTO Ahora, tomando en consideración que ********************y******************** tienen su domicilio fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 310, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, gírese atento exhorto, vía electrónica, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva emplazar a la citada parte tercera interesada en el domicilio precisado en el apartado que antecede, debiendo correrle traslado con copia de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y del presente proveído; haciéndole saber la fecha en la que tendrá verificativo la audiencia constitucional, esto es, a las nueve horas con treinta y seis minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, misma que se diferirá hasta lograr su emplazamiento al presente juicio de amparo, así como que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, deberá señalar domicilio en esta ciudad de Puebla para oír y recibir sus notificaciones personales, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal; lo anterior, conforme el arábigo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. También deberá informarle la actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes a cargo del Poder Judicial de la Federación y la facultad de los juzgadores para exhortar a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le designe llevarla a cabo, deberá practicar los emplazamientos ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo, particularmente los artículos 24 y 27, por lo cual éstas deben efectuarse de inmediato; y una vez practicadas las mismas, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial con la misma prontitud o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar los emplazamientos que nos ocupan, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles, sin que sea obstáculo para llevar a cabo el emplazamiento encomendado el hecho de que al momento de recibir la respectiva comunicación, haya transcurrido la fecha de la audiencia constitucional, ya que con independencia de que la misma pueda diferirse, lo que importa es que sea debidamente emplazado. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de toma de fotografías y otros medios electrónicos en virtud de que el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO exhorta a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y así solicitar el acceso al expediente electrónico, lo que les permitirá consultar y descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el mismo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. .

  4. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. DIRECTOR INDICA DESTINO DE MEDICAMENTO Agréguese el oficio del Director del Centro Federal de Readaptación Social "14 CPS Durango", por conducto de su representante, recibido vía correo electrónico, mediante el cual, en atención a lo requerido el doce de abril pasado, reiterado el veintiséis siguiente, refiere que son falsas las manifestaciones del agraviado en el sentido de que no se le proporcionan los tratamientos que su abogada hace llegar o ese centro federal de reclusión y al efecto remite diversas constancias que lo justifican. De lo que se tiene conocimiento. SE REQUIERE A LOS PERITOS OFICIALES EMISIÓN DE DICTAMEN Por otra parte, agréguese el oficio de la perita oficial designada por este órgano jurisdiccional Lizbeth Hernández Guerrero, mediante el cual, indica que, con la finalidad de integrar en forma adecuada y completa la evaluación del quejoso Eukid Castañón Herrera, estima necesario que se practique una evaluación psiquiátrica. Ahora, es importante precisar que el Protocolo de Estambul se integra por el dictamen de tres especialidades que son: médica, psicológica y fotográfica, lo que no involucra una diversa rama de la medicina. Circunstancia anterior que impide al suscrito esperar para realizar una diversa valoración a las autorizadas previamente y, como consecuencia, la emisión del dictamen correspondiente. En ese sentido, requiérase a los expertos Lizbeth Hernández Guerrero y Pedro Fernández Soto, para que dentro del término de diez días, contado a partir de que queden notificados del contenido de este acuerdo, remitan su respectivo dictamen en la especialidad en la que fueron propuestos. En la inteligencia de que una vez que obren sus dictámenes, se les indicará la logística que implementará este juzgado para que ratifiquen su contenido. SE NOTIFICA A LOS PERITOS OFICIALES Finalmente, se requiere al Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Maestro David Zepeda Jones y al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Coahuila, Ing. Marcelino Quintanar Hernández, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentren notificados del presente acuerdo, notifiquen a los peritos oficiales Lizbeth Hernández Guerrero, así como Pedro Fernández Soto, respectivamente, el presente auto. Con el apercibimiento que de incumplir a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se les impondrá, a cada una, una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en términos con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

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