Luis Miguel Suárez Hoyos

Expediente 1137/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1137/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Miguel Suárez Hoyos

Actuaciones

  1. Principal

    ... causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 1137/2019. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso *** reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, el auto de no acumulación de la causa penal 342/2018 a la 242/2016, dictado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Como cuestión previa se destaca que el promovente *** manifiesta , bajo protesta de decir verdad, que es parte formal en las causas penales 242/2016 y 342/2018, ya que en ambas se le vinculó a proceso por el delito de rendir con falsedad al Registro Federal de Contribuyentes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado, ilícito previsto y sancionado por el Artículo 110, fracción II del Código Fiscal de la Federación; por ello resulta indudable que el promovente es parte formal en ambos procesos penales. Ahora bien, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indrecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos ue afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de un "acto u omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro de la causa penal en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, ya que el acto que reclama no trastoca derechos fundamentales de defensa, equidad procesal, legalidad y debido proceso. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia previamente precisada, sin que sea aplicable el criterio al que hace alusión en su escrito de demanda: Época: Décima Época Registro: 2020155 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XVII.1o.P.A.89 P (10a.) Página: 5106 ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA DECRETARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE PUDIERA CAUSAR UNA AFECTACIÓN MATERIAL A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL IMPUTADO. Cuando en el juicio de amparo el acto reclamado consiste en la resolución del Juez de control que niega al imputado la acumulación de diversas causas instauradas en su contra, y éste manifiesta que enfrenta el proceso en prisión preventiva, por habérsele impuesto dicha medida cautelar, sostenida, entre otras razones, en la existencia de diversos procesos en su contra, no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de dicho juicio. Lo anterior, pues de la figura jurídica de la acumulación y la normativa que la regula, en conjunción con la naturaleza del proceso penal, el cual reviste particularidades respecto del resto de los juicios previstos en el orden jurídico nacional, se advierte que la decisión de acumular o no diversos procesos penales, puede causar una afectación material al derecho humano a la libertad en relación con la procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto, de ser procedente, originaría la tramitación de una sola causa penal; además, el Juez o tribunal de enjuiciamiento debería, en su caso, pronunciarse sobre la figura del concurso de delitos para la imposición de la pena de prisión. Incluso, la negativa de acumular las causas penales podría producir una afectación material sustantiva sostenida en la transgresión del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, al afectar sustancialmente el debido desarrollo del proceso y el principio de concentración e incidir en la fijación definitiva de la litis, pues acorde con la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la materia penal, el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral, para la plena operatividad del principio de continuidad, previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide el proceso cumpla su función a cabalidad y, una vez agotada, se avance a la siguiente sin la posibilidad de regresar a la anterior, razón por la cual, las partes se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente pues, de lo contrario, se entiende, por regla general, agotado su derecho a inconformarse. Por ende, contra la determinación que niega decretar la acumulación de diversos procesos penales procede el amparo indirecto, al constituir un acto que pudiera causar una afectación material a los derechos sustantivos del imputado. Toda vez que la tesis transcrita refiere que la instancia constitucional es procedente (cuando se reclame la negativa de acumular causas) cuando el imputado enfrenta el proceso en prisión preventiva, lo que en el caso no acontece, pues el quejoso no lo precisó así. Además, en el presente caso, el promovente reclama la determinación de no acumulación de causas penales 242/2016 y 342/2018 y aduciendo que en la primera de ellas fue vinculado a proceso con el carácter de administrador único de la moral denominada CORPORAMEX S.A. de C.V., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de rendir con falsedad al Registro Federal de Contribuyentes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado, ilícito previsto y sancionado por el Artículo 110, fracción II del Código Fiscal de la Federación; y, por otra parte, en segunda de dichas causas penales fue vinculado a proceso con el carácter de administrador único de la moral denominada GRUPO ENVIMEX S.A de C.V. por su probable responsabilidad en la comisión del delito de rendir con falsedad al Registro Federal de Contribuyentes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado, ilícito previsto y sancionado por el Artículo 110, fracción II del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, si bien en ambas causas penales tiene el carácter de imputado, y se le vinculó a proceso por delitos de la misma naturaleza, tales ilícitos no son conexos; ya que si bien poseen idéntica clasificación jurídica estos no son derivados de la misma acción ilícita, ya que como lo narra, el quejoso tenía el carácter de administrador único de dos personas morales distintas; por tanto, no sería procedente en su caso el concurso de delitos que refiere en el criterio invocado. De lo cual, debe concluirse que con el auto de no acumulación de causas penales reclamado, el quejoso no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA demanda de amparo QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, se ordena pasar los autos a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda de amparo para tal efecto.

  3. Principal

    En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA demanda de amparo QUE SE PROVEE

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