Luis Pablo Jiménez Mendes
Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Pablo Jiménez Mendes
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés por el que se DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente. NOTIFÍQUESE y ELECTRONICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Luis Pablo Jiménez Mendes, contra los actos del Juez de Control con sede en Ciudad de Puebla, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 166/2023. DESECHAMIENTO Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte promovente reclama del Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla, la omisión de dar contestación a su escrito recepcionado el veinte de enero del año en curso, a través del cual solicita: señalar día y hora para que lleve a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, ello dentro de los autos de la causa penal 1462/2018 de su índice; y, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, la falta de acuerdo sobre la solicitud de terminación anticipada contenida en el escrito de cinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 15141/2018 que dio origen a la causa penal 1462/2018. RESPECTO DE LA OMISIÓN RECLAMADA AL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE Respecto de dicho acto consistente en la omisión de dar contestación a su escrito recepcionado el veinte de enero del año en curso, a través del cual solicita: señalar día y hora para que lleve a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, ello dentro de los autos de la causa penal 1462/2018, reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desechar la demanda de amparo de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: ... De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, los artículos 134, fracción IV y 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: ... De lo transcrito se advierte que contra la omisión de atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal procede el recurso de queja; por lo que si en el caso concreto se controvierte la omisión de dar contestación a su escrito de veinte de enero del año en curso, a través del cual solicita se fije día y hora para que lleve a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, ello dentro de los autos de la causa penal 1462/2018 de su índice, esta abstención procesal es impugnable a través del recurso previsto en los artículos 134, fracción IV, y 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener subsanar la omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida, del acto que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: ... Así, se advierte que la parte inconforme no satisfacen el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver la promovente del amparo. RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA FALTA DE ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SOLICITADA POR EL SUSCRITO Por otra parte, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, consistente en la falta de acuerdo sobre la solicitud de terminación anticipada contenida en el escrito de cinco de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 15141/2018 que dio origen a la causa penal 1462/2018, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, del primero de los numerales citados se advierte que la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 5, fracción II, citado, se determina que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, para los fines de la materia de amparo, la palabra autoridad tiene el matiz de poder o fuerza consubstancial tanto a entidades como a funcionarios para hacer cumplir sus determinaciones; por ello, la autoridad se entiende como el órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que está obligada a rendir el informe justificado correspondiente y a quien corresponde defender la constitucionalidad de dicha ley o acto. Además, las características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo, son: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Entonces, cuando se señala como responsable a un sujeto procesal que funge como parte en el proceso penal de origen, cuyos actos u omisiones atribuidos carecen de las características apuntadas, es indudable que a tal sujeto no pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/2019, cuya ejecutoria dio origen a la jurisprudencia con el rango de aplicación obligatoria a partir del siete de septiembre de dos mil veinte, con número de registro digital 2022071 y rubro ... resolvió que la actuación de los agentes del Ministerio Público, entendida como parte de una misma unidad, como sujetos del proceso penal acusatorio y oral, se verifica en calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en el artículo 105, fracción V, y último párrafo del mencionado Código Nacional, se dispone textualmente que el Ministerio Público es sujeto del procedimiento penal, y tiene calidad de parte en los procedimientos previstos en dicho cuerpo legislativo. Esto, al establecer expresamente lo que sigue: ... Por ello, desde el momento procesal en que surge el procedimiento abreviado, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso que debe ser solicitada una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, es la ley adjetiva citada la que otorga categóricamente al fiscal la facultad de solicitar la apertura del procedimiento abreviado; esto, en su calidad de sujeto parte en el procedimiento respectivo, como dispone el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, en aquél caso, la omisión del Ministerio Público para atender la solicitud de terminación anticipada -que reclama el quejoso- no es un acto de autoridad para efectos del juicio de control constitucional, porque en sí es un acto que deriva de un acuerdo entre Representante Social y el imputado, auxiliado de su defensa, pública o particular; tan es así que éste tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado y, adicionalmente, el Juez de Control debe verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su procedencia y que no se vulneren los derechos humanos de las partes. Ello en la medida de que quien lo emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como tal; particularmente, porque el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; pero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez de Control, mientras que el Ministerio Público actúa como parte en los términos referidos. En el caso, el acto aquí reclamado sí deriva del protocolo de autorización del procedimiento abreviado dentro de una carpeta de investigación ya judicializada, en el que la facultad del fiscal para solicitar esa medida de terminación anticipada es exclusiva, tal como se impone en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello se insiste que la actuación del Ministerio Público en el procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada del proceso, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional; en síntesis, por los motivos siguientes: a) Se trata de un acto de disposición de la acción penal por parte del Ministerio Público como su titular. Esto es, el titular de la acción puede decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales. b) Se trata también de un acto entre partes, pues se emite en una etapa judicializada del procedimiento penal, donde el Ministerio Público e imputado son partes y el Juez la autoridad que rige el proceso penal. c) No es un acto unilateral ni obligatorio, puesto que deriva de un acuerdo entre Ministerio Público e imputado, tan es así que el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado. Además, se señala que la posibilidad de terminar el proceso de forma anticipada a través del procedimiento abreviado, no constituye un derecho del imputado, que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, tal como lo resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 294/2018, cuya ejecutoria sirve de apoyo al caso concreto y dio origen a la tesis aislada con datos de identificación, rubro y texto siguientes: ... Por lo expuesto, se hace patente que el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, consistente en la falta de acuerdo a la solicitud de procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación 15141/2018, que dio origen a la causa penal 1462/2018, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de control constitucional, ya que es una actuación derivada del procedimiento abreviado en el que la agente del Ministerio Público tiene la calidad de parte dentro de la carpeta de investigación ya judicializada en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que tal acto no requiere de la satisfacción de los requisitos de fundamentación y motivación que exige todo acto de autoridad, como lo pretende hacer valer el quejoso. En consecuencia, respecto del primero de los actos reclamados, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de queja aludido por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo: y respecto del segundo de los actos reclamados, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último interpretado a contrario sentido; circunstancias que obligan a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "rojascorona", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Se autoriza que las notificaciones que deban ser personales se realicen vía electrónica a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la ley de la materia. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el inmueble y el correo electrónico que indica la parte peticionaria de amparo en su escrito de cuenta, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. QUEJOSO RECLUIDO. Ahora bien, toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena notificarle de manera electrónica en el usuario proporcionado todos los acuerdos pronunciados en este asunto que deban ser personales. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS ... TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ... Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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