Luis Miguel Garces Sánchez

Expediente 893/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
893/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Luis Miguel Garces Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y en términos de lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, glósense a los autos para los efectos legales correspondientes, los escritos signados primeramente por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, a través del cual acusa recibo del oficio 41043/2016, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como anexo a su informe justificado para substanciar el presente asunto. Atento a lo anterior, déjese sin efectos el apercibimiento respectivo inserto en el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. En otro orden, agréguese a los autos sin mayor proveído el segundo de los oficios de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, atento a ello, dígase al Juez oficiante que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado toda vez que no fue autoridad responsable en este asunto, por lo que, dicha solicitud deberá dirigirla al Tribunal de Alzada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito signado por Eva Georgina Sánchez Hernández, autorizada del quejoso Luis Miguel Garcés Sánchez, mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se le informe dicha determinación al Juez de Control y de Juicio Oral de Toluca, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a efecto de que continué con el juicio de origen. Atento a lo anterior, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se proveyó respecto a la firmeza procesal de la sentencia dictada en este juicio de amparo y respecto a la solicitud de que se le haga del conocimiento al juez de la causa no ha lugar acordar de conformidad toda vez que dicha autoridad no fue responsable en este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que a la parte quejosa a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; no la recurrió dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que esa sentencia ha causado estado, por lo que, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, a la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca Estado de México, devuélvase las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, consistentes en: a) Original del Toca de Apelación 104/2016, con un DVD certificado. b) Original del Carpeta administrativa 7/2016, con cuatro DVD's certificados. Solicítese a la responsable, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acuse recibo de las constancias referidas en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que es susceptible de depuración la totalidad de las constancias que integran el expediente con excepción de la demanda y sentencia respectiva, porque se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia. En el entendido que en tanto en el cuaderno principal como en los incidentales no existen documentos de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 893/2016-I, promovido por Luis Miguel Garcés Sánchez contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Luis Miguel Garcés Sánchez solicitó el amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES (En cuanto al acto) "a). Como ordenadora: El Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México." b). Como ejecutora: El C. Director del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, México..." AUTORIDADES RESPONSABLES (En cuanto a la norma) "* Los integrantes de la Cámara de Diputados del Estado de México; con domicilio en el Palacio Legislativo; * El C. Gobernador Constitucional del Estado de México; * El C. Director del Periódico Oficial: Gaceta de Gobierno del Estado de México." ACTO RECLAMADO (En cuanto al acto) "a). De la ordenadora reclamo la confirmación del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el toca de apelación 104/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso en contra del auto de vinculación a proceso de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis dictado en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, México en la carpeta administrativa 07/2016, que se sigue en mi contra por el hecho delictuoso de violación por equiparación." ACTO RECLAMADO (En cuanto a la norma general) "La iniciativa, la discusión, aprobación, promulgación y publicación del párrafo tercero del artículo 273 del vigente Código Penal del Estado de México; específicamente en la proposición prescriptiva contenida en la última hipótesis: .o cuando la víctima fuera menor de quince años." SEGUNDO. Derecho humano invocado. El quejoso señaló como derecho humano violado el contenido en el artículo 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se registró con el número 537/2016-II, por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 14). CUARTO. Incompetencia. Mediante auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 46, fracción III, párrafo Sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona y reforma el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, remitió el juicio de amparo 537/2016-II, a éste órgano jurisdiccional a fin de que continuara con el conocimiento del asunto derivado de haber conocido previamente del juicio de amparo indirecto 30/2016-V, del índice de este órgano jurisdiccional. QUINTO. Acepta competencia. Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, éste juzgado de Distrito, tuvo por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, así como su anexo consistente en el juicio de amparo 537/2016-II; en la misma fecha aceptó la competencia planteada y ordenó su registró con el número 893/2016-I; asimismo, admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y ordenó la notificación a las partes. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 51 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el quejoso reclama una ley de observancia general en materia penal con motivo de su primer acto de aplicación, que tuvo verificativo dentro de la circunscripción en que ejerce sus funciones este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 273 del Código Penal del Estado de México vigente, con motivo de su primer acto de aplicación, al emitirse el auto de vinculación a proceso por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 07/2016, y que fue confirmado por la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al resolver el toca penal 104/2016 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de México (foja 65 a 74), el Director de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México (foja 78 a 80) y el Presidente de la LVIII Legislatura del Estado de México (foja 30 a 57) al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que conforme a sus atribuciones les fueron reclamados. Por su parte, la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" (fojas 58 y 91), al hacer lo propio, aceptaron la existencia del acto de aplicación de la norma impugnada. Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con el original del toca de apelación 104/2016 y un disco certificado que contiene la diligencia respectiva, así como la carpeta administrativa 7/2016 y cuatro discos certificados con diversas actuaciones; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, éste órgano jurisdiccional no advierte oficiosamente la actualización de alguna, ni tampoco las partes las hacen valer. QUINTO. Conceptos de violación y fijación de la litis. El quejoso hizo valer, en síntesis, respecto de la norma general los conceptos de violación siguientes: La hipótesis contemplada en la última parte del párrafo tercero, del artículo 273 del Código Penal del Estado de México, es desproporcional en cuanto a su punibilidad y por tanto contraria al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La hipótesis en comento, no es proporcional al bien jurídico afectado, porque con referencia al tipo básico cuya punibilidad es igual, salta a la vista que no es lo mismo la violación típica contenida en el primer párrafo de dicho artículo, porque ésta última protege la libertad sexual del individuo, en cambio la del último párrafo protege a los menores derivado de que no tienen facultad para discernir. Respecto del acto de aplicación aduce que se transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente: La responsable no tomó en consideración las circunstancias de modo y ocasión, porque como lo establecieron los peritos a través de los dictámenes, la versión de la víctima no es creíble, y en cambio la del quejoso da lugar a duda, lo que debe favorecerlo. El quejoso refiere que debe favorecerle la insuficiencia de datos de prueba aportados por el Ministerio Público; aunado a que no se permitió a los peritos de la defensa realizar el examen ginecológico y psicológico a la menor de identidad reservada para constatar que el certificado médico fuera veraz. SEXTO. Estudio de constitucionalidad. Los conceptos de violación hechos valer resultan infundados, con base en las consideraciones siguientes: El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual aduce el quejoso se ve transgredido con motivo de la aplicación del precepto impugnado, establece lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)" El artículo transcrito previamente, consagra el principio de proporcionalidad de las penas; es decir, que la sanción impuesta a una persona por haber cometido un hecho delictuoso que la ley sanciona sea acorde con el tipo de delito, así como la penalidad que le corresponde, de acuerdo a las circunstancias en las que se realizó. Ahora bien, a fin de llegar a un mayor entendimiento de la norma constitucional y sus alcances en relación con el Código Penal para el Estado de México, en específico el artículo 273, último párrafo, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", "punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", y no en el ámbito de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen los jueces en los casos concretos. Así, la punibilidad o penalidad es la conminación de privación o restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque a éste. Es decir, el análisis de proporcionalidad que prescribe el artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las personas que sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran penas acordes con la propia graduación del marco legal. Aunado a lo anterior, cabe señalarse que el principio en comento se transgrede o infringe cuando la obra legislativa dispone de forma marcadamente desigual, distintas penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables; es decir, que reúnen los mismos elementos necesarios para que al momento de su análisis se llegue a una misma conclusión. Por otra parte, es precisó mencionar que el análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales podría tener lugar en un ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva a cabo el juzgador. Así las cosas, cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el mínimo establecido en la penalidad, entonces a fin de realizar el análisis más acertado puede eventualmente aplicar un test de proporcionalidad. Lo anterior, porque el legislador al crear las penas y el sistema para la imposición de las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es el de la proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello dependerá si su aplicación es no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es acorde a los postulados constitucionales. Ello es así, porque la proporción entre delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo, aspectos que permiten advertir la importancia que tiene el que el Poder Legislativo justifique, en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creación de la ley, cuáles son las razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas, para cuando una persona despliega una conducta considerada como delito. Por otra parte, debe precisarse que el principio de proporcionalidad en sentido amplio no es una herramienta para analizar las normas penales a la luz de los criterios ético-políticos de una determinada ideología o filosofía penal; puesto que, como instrumento de control de constitucionalidad, está orientado exclusivamente a fundamentar la validez o invalidez de una intervención en derechos fundamentales atendiendo a los límites impuestos al legislador democrático por la propia Constitución. Lo anterior se puede apreciar en diversos precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en lo que precisa que en materia penal el legislador democrático tiene un amplio margen de apreciación para diseñar el rumbo de la política criminal; es decir, que goza de un considerable margen de acción para elegir los bienes jurídicos tutelados, las conductas típicas, antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales de cada momento y lugar; por tanto, la intensidad del test de proporcionalidad para examinar una medida legislativa consistente en el aumento de una pena prevista para un determinado delito, debe corresponderse con la amplitud del poder normativo que la Constitución confiere al legislador. Por lo anterior, se considera que contrario a lo sostenido por el quejoso, el último párrafo del artículo 273 del Código Penal del Estado de México, no es violatorio de la premisa constitucional que refiere, puesto que el legislador al considerar la hipótesis que establece la violación por equiparación y por ende fijar su penalidad al actualizarse los elementos del tipo penal, tomó en consideración las necesidades sociales reales, así como el bien jurídico que debía proteger, en el caso la facultad de decisión de los menores respecto a su actividad sexual, quienes por las características propias de su edad carecen de madurez para optar por lo más conveniente a sus intereses, lo que no se advierte de las acciones de una persona mayor. Por tanto, no se aprecia transgresión de los derechos fundamentales u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que se encuentra en riesgo, el poder legislativo al crear la norma razonó su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso, y señaló la penalidad respectiva que permitiera que los individuos desistieran de la acción al ver el menoscabo que resentirían en su derecho fundamental al actualizarse cualquiera de las hipótesis. En esas condiciones, al no quedar demostrada en autos la inconstitucionalidad del precepto reclamado y resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos en su contra, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Estudio de legalidad. Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, resulta oportuno precisar que en cumplimiento a la reforma del artículo 79 de la Ley de Amparo, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y del análisis de la actuación de la Sala responsable este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia alguna por la que se deba suplir la queja a favor de Luis Miguel Garcés Sánchez, máxime que dicha autoridad al dar contestación a los agravios hechos valer en el recurso de apelación determinó lo siguiente: Los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, y que adujo el recurrente no fueron desahogados correctamente ante un tribunal oral, por la etapa en la que se ofrecieron únicamente es permitido revisarlos a fin de advertir si de los antecedentes existen datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito. Que al valorar los dictámenes en medicina legal, en materia de psicología y el diverso de criminalística, se analizaron de acuerdo a la sana crítica y máxima de la experiencia para arribar a la conclusión de que el recurrente sí había penetrado a la menor de identidad reservada, por lo que en ningún momento se traducía el hecho delictuoso de violación en grado de tentativa como lo sostuvo en su inconformidad, porque lo se respetó el principio de valoración de la prueba y el de continuidad. Que los datos de prueba de cargo expuestos por el Ministerio Público y que eran más ponderables hasta ese momento procesal oportuno, como el certificado médico de estado ginecológico, se advertía que la menor había presentado coito reciente y se establecía que había sido copulada vía vaginal por el justiciable; además de que se había obtenido la edad de la menor que era de catorce años, con lo cual se podía asegurar su minoría de edad y desarrollo, por lo que aún no estaba en posibilidad de atender las consecuencias de esa relación, aunado a que no podría haber opuesto resistencia, por lo que era lógico que presentara coito reciente. Que se debía tomar en cuenta que la desfloración significaba la ruptura de la membrana himeneal, producida por la penetración del pene por erección y excepcionalmente dicha ruptura no puede deberse a la acción de un traumatismo o a la acción de un instrumento o por penetración de los dedos. Que la entrevista de la menor no se tornaba mendaz, puesto que, precisamente su versión coincidía con el resultado del dictamen ginecológico, en donde se señalaba que tenía un himen coloriforme elástico dilatable, con datos clínicos de penetración reciente. Que el actuar del recurrente era poco creíble, respecto al desistimiento de penetrar a la menor, lo que se podía inferir del estado de ánimo en que se encontraba, es decir la ingesta de alcohol, que la menor se encontraba en su cama, la supuesta seducción de ésta hacía él, el saber que los padres de la menor y su esposa estaban también tomando bebidas embriagantes, que por la hora (una de la mañana) no se podrían percatar de la acción predeterminada que estaba llevando a cabo, y por lo tanto era el escenario perfecto para satisfacer su líbido. Que el recurrente conocía la situación puesto que se desempeñaba como licenciado en derecho y cuenta con la edad de treinta y cuatro años, no padecía enfermedad mental alguna, que en el momento que la menor lo empujó hacia atrás y le dijo que le iba a doler, pudo ser el ideal para reflexionar sobre su actuar, sin embargo, se infería que dicha manifestación fue la que lo hizo reaccionar en penetrarla, en razón de que la negativa de la víctima hacía que el actor no parara la agresión y lo impulsara a la realización del mismo. Que la imputación de la víctima se corroboraba con la intervención realizada por el médico legista y el examen ginecológico en el que se determinó la existencia de penetración reciente, así como equimosis por contusión de coloración rojiza sobre el borde del himen que se extendía a la cara vaginal de dos milímetros de diámetro, localizada en hora a las nueve en comparativo a la carátula del reloj, por lo cual no se advertía un desistimiento de la copulación de la menor, ya que el recurrente había realizado todos y cada uno de los actos encaminados para la realización del hecho contrario a la ley. Que en el momento procesal en que se encontraban la entrevista de la menor de identidad reservada era más aceptable que los datos de prueba de descargo a favor del recurrente, puesto que el dictamen en medicina legal emitido por la especialista María de la Luz Piedra Pichardo perito de la defensa, no producía convicción puesto que adujo que los indicios en el cuerpo de la víctima no correspondían a la cópula sino a maniobras de masturbación, pues no eran los signos de un acto violento en el que se apreciara llanto, dolor y caminar abierta de piernas, sin embargo, dichos signos sí los había presentado la menor, a excepción de su andar puesto que dicha situación no se podía inferir que fuera como resultado de la penetración del actor, dado que no existía medio de prueba para acreditarlo. Que el dictamen en psicología y criminalística tampoco favorecían al recurrente porque las expertas que los emitieron sólo habían emitido juicios sobre la veracidad o lo inverosímil del relato de la víctima y la imposibilidad de que haya existido cópula sexual por el tope que presentaba su ropa a la altura de la rodilla, sin embargo, dichos juicios de ponderación únicamente correspondían a la autoridad jurisdiccional, máxime que la defensa del recurrente había sido omisa en precisar bajo que aspecto de la ciencia en la que dictaminaron dichas expertas sostuvieron la posibilidad de la imposibilidad de la cópula sexual con el pantalón y pantaletas a la rodilla, por tanto, éstas únicamente habían emitido una opinión sin sustento científico que el diera validez a la hipótesis planteada. Que la pericial en psicología forense en la que se precisaba que la menor tendía a exagerar las cosas no podía tomarse como válida a favor del implicado porque el perito no había examinado a la víctima. Que no se transgredía el principio regulador de la prueba, puesto que en la audiencia de cuatro de febrero de dos mil dieciséis el A quo, refirió a las partes procesales que dada su agenda laboral tenía diversa audiencia por lo que la del recurrente se debía suspender, lo cual no había causado perjuicio alguno al momento de valorar los datos de prueba de descargo, ni que se hubiera producido una decisión apresurada en el ánimo del juzgador. Resultaba incorrecto que se hubiera modificado la declaración del recurrente, sobre todo porque no había dicho en qué consistía dicha modificación, ni como se había pretendido complementar la diversa de la víctima menor de edad, que por el contrario de su contenido se advertía una aceptación aislada sobre el hecho delictuoso porque se ubicaba en tiempo y lugar, aunque no en las circunstancias del mismo. Que el recurrente pasaba por alto, que el hecho que no existiera lesiones en la víctima no significaba que la copula con la menor no se hubiera concretado; así como que el hecho de que lograra contener sus impulsos no significaba que lo hubiera hecho en ese momento, pues aceptó haber tocado en su vagina a la menor lo que le produjo excitación, aspecto que se corroboraba con la declaración de su esposa. Que el hecho de que la testigo de descargo Luz Mercedes Butzmann Suárez hiciera manifestaciones sobre el interés económico de los padres de la menor en su contra, solo se podían tomar como afirmaciones subjetivas carentes de ser ponderadas por quien resolvía, dado el ánimo de ayudarlo en calidad de esposa, y que por el contrario dicho ateste lo ubicaba perfectamente en la recamara de ellos, e incluso se infería que pudo haber presenciado un acto diferente al narrado por ellos, dado que su molestia iba más allá al grado de patearlo enfrente de los padres de la menor. Que resultaba incorrecto que el recurrente adujera que se había adquirido por el juez de origen un criterio inquisitivo porque justificaba su actuar con datos de prueba insuficientes, porque los datos de prueba referidos por el Ministerio Público no constituían prueba aún dado que no se habían desahogado debidamente conforme a las reglas establecidas por la legislación actual instrumental para el nuevo sistema y ante un tribunal oral, destacándose que en la etapa que se encontraban sólo estaba permitido revisar los antecedentes de la investigación realizada para determinar si habían datos suficientes que establecieran que la existencia de un hecho determinado que la ley señalara como delito y que la probabilidad de que el recurrente lo había cometido, lo que en el caso sí se acreditaba. En efecto, como se destaca en párrafos precedentes los agravios hechos valer fueron contestados de manera puntual por el Tribunal de alzada, aunado a que como acertadamente precisó la responsable los datos de prueba únicamente se tomaron en consideración para determinar la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado, además de que no se advierte que de alguna forma se hubiera modificado la declaración del ahora quejoso o se complementara la de la menor de identidad reservada, y de los dictámenes de las peritos de la defensa efectivamente no se advierte que hubieran explicado el método que utilizaron para llegar a las conclusiones que emitieron en sus declaraciones; así como que contrario a lo aducido por el ahora quejoso sí se tomó en consideración la declaración de su esposa, sin embargo, no para los efectos que éste esperaba, pues como precisó la responsable se trataba de un declaración subjetiva derivado de la relación existente entre el imputado y la testigo de mérito. Por otra parte, como acertadamente lo dijo la Sala responsable no se advierte que hubiera existido afectación respecto al principio de continuidad, pues como se advierte de las constancias de autos así como de los Dvd´s allegados al juicio de amparo en que se actúa, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad emisora del acto reclamado, el juzgador de origen valoró correctamente las pruebas y no existió una actuación apresurada por su parte. Así las cosas, precisado lo atinente a la actuación de la Sala responsable se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer, los que devienen infundados por las consideraciones siguientes: El quejoso adujo en su primer concepto de violación que la responsable no tomó en cuenta las circunstancias de modo y ocasión, porque como lo establecieron los peritos de la defensa la versión de la víctima no es creíble, y en cambio la del quejoso da lugar a duda, lo que debe favorecerlo, tal aspecto resulta infundado. Lo anterior es así porque como acertadamente lo señaló la responsable la entrevista de la menor no se tornaba mendaz, ya que en el momento procesal en que se encontraban su testimonio era más aceptable pues su versión coincidía con la intervención realizada por el médico legista y el examen ginecológico que se le práctico en el que se determinó que tenía un himen coloriforme elástico dilatable, donde se apreció la existencia de penetración reciente, así como equimosis por contusión de coloración rojiza sobre el borde del himen que se extendía a la cara vaginal de dos milímetros de diámetro, localizada en hora a las nueve en comparativo a la carátula del reloj. Además, como acertadamente lo refirió la Sala responsable, los datos de prueba de descargo ofrecidos por la defensa del recurrente no resultaban suficientes para acreditar un desistimiento de la acción de copulación de la menor, pues precisamente de ellos se advertía que éste había realizado todos y cada uno de los actos encaminados para la realización del hecho contrario a la ley. De ahí que, si en el dictamen en medicina legal emitido por la especialista María de la Luz Piedra Pichardo perito de la defensa, precisó que los indicios en el cuerpo de la víctima no correspondían a la cópula sino a maniobras de masturbación, pues no eran los signos de un acto violento en el que se apreciara llanto, dolor y caminar abierta de piernas; sin embargo, dichos signos sí se habían presentado por ésta, a excepción de su andar pues dicha situación no se podía inferir que fuera como resultado de la penetración del actor, tal dato de prueba como acertadamente precisó la responsable al analizarlo no puede producir convicción. Respecto al segundo concepto de violación el quejoso refiere que debe favorecerle la insuficiencia de datos de prueba aportados por el Ministerio Público, lo que deviene infundado porque como acertadamente lo refirió la Sala responsable por la etapa en la que se ofrecieron únicamente es permitido revisarlos a fin de advertir si de los antecedentes existen datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y la posible participación del imputado; máxime que de acuerdo al procedimiento de los juicios orales tales medios de prueba deben ser ofrecidos en la etapa procesal oportuna y ante la autoridad facultada para recibirlos. Finalmente, respecto a la precisión del quejoso en la que aduce que no se permitió a los peritos nombrados por su defensa particular realizar el examen ginecológico y psicológico a la menor de identidad reservada para constatar que el certificado médico oficial fuera veraz, resulta infundado porque de las constancias que obran en autos se advierte que en la audiencia de prórroga de plazo constitucional de cuatro de febrero de dos mil dieciséis el Juez de origen ordenó a la Fiscalía se citara nuevamente a la víctima y a sus padres para que en las instalaciones de ésta última se realizaran los exámenes psicológicos y médicos solicitados por la defensa particular; es decir, en la propia fecha que se emitió el auto de vinculación a proceso y que fue materia del recurso de apelación, por lo que se considera que no se ha dejado hasta ese momento en estado de indefensión al quejoso. Por tanto, los motivos de inconformidad respecto a la actuación de la Sala responsable son infundados, pues de los datos de prueba (que hasta el momento procesal en que se encuentra el juicio de origen, únicamente se analizaron como parte de los antecedentes del acto para tal fin) se advierte la existencia del hecho delictuoso así como la probable participación del hoy quejoso. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de inconformidad expuestos respecto a la inconstitucionalidad de ley, así como del acto de aplicación, y no existir motivo para suplir deficiencia alguna, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en atención a que no se reclamaron por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1328, publicada en la página 1492, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1003207, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12, publicada en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 55, julio de 1992, octava época, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 218867, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Miguel Garcés Sánchez contra el último párrafo, del artículo 273 del Código Penal del Estado de México, por las razones expuestas en el sexto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Miguel Garcés Sánchez contra la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 104/2016, por las razones expuestas en el séptimo considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy dos de septiembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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