Luis Miguel Estrada Mata
Expediente 1045/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/09/2016
Partes del expediente
- Luis Miguel Estrada Mata
- Luis Miguel Estrada Mata y Otros.
- Director Del Centro Preventivo Y De Readaptación Social "Santiaguito" Toluca Estado De México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente, se evidencia que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III), lo anterior pues se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados. Y al igual que el juicio principal, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito, en el libro de gobierno, háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1045/2016-l, promovido por Luis Miguel Estrada Mata y Luis Gallegos Flores, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Luis Miguel Estrada Mata y Luis Gallegos Flores, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "lll. AUTORIDADES RESPONSABLES. I.- ORDENADORAS: 1) Al C. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. 2). La C. Juez Cuarto de Procesos Penales en el Estado de México. 3). A la C. Jueza de Ejecución de Sentencias con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México." II.- EJECUTORA: 1). Al C. Jefe De Vigilancia de este mismo centro con el mismo domicilio legal" "IV.- ACTO RECLAMADO: LO CONSTITUYE EL INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS DEL TRASLADO DE LUIS MIGUEL ESTRADA MATA Y LUIS GALLEGOS FLORES EN CARÁCTER DE INTERNOS PROCESADOS DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" ALMOLOYA DE JUÁREZ, AL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE OTUMBA UBICADO EN CARRETERA A TLAMIMILOLPAN (EXHACIENDA TEPACHICO) S/N C.P. 55900, MUNICIPIO DE OTUMBA, TEPACHICO, MÉXICO, AMBOS UBICADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, REALIZADO POR LA NOCHE DEL DÍA MIÉRCOLES 16 DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, QUIEN SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL JUEZ CUARTO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, BAJO LA CAUSA PENAL 46/2015." SEGUNDO. Derechos fundamentales transgredidos. Los peticionarios de amparo argumentan en su demanda, que los actos de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitaron los respectivos informes justificados a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos cuya ejecución se llevaron a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama: - La orden de traslado de los quejoso del Centro Preventivo y Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, al diverso Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, ambos en el Estado de Médico, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez y Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos en el Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se le reclaman. Sin que los quejosos hayan ofrecido prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que a dichas autoridades se refiere. CUARTO. Certeza del acto reclamado. No obstante lo anterior, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" y Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ambos en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. QUINTO. Causas de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o las que advierta de oficio el suscrito, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en el que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o de su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Ahora, en el caso en estudio, los quejosos reclaman el traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, al diverso Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba, Tepachico, ambos en el Estado de México. Por lo que por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se previno a los quejosos para que en el término de tres días computados legalmente, manifestaran si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, en virtud de ser quien emitió el acto reclamado; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento con el que se les conminó, siguiendo la secuela procesal como fue planteada inicialmente. Por tanto, al no ser designada como autoridad responsable el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, quien emitió el acto reclamado; y por ende, al no ser llamada a juicio, es evidente que no estuvo en posibilidades de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, visible en la Página 67 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 74, febrero de 1994, Octava Época, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Así como la Jurisprudencia 93, visible en la Página 73, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio, ni fue oída." Luego, procede el sobreseimiento del presente juicio de amparo, por no haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, en los términos precisados en la demanda, ya que si los actos reclamados emanan de una autoridad que no fue designada como ordenadora y no se reclamó directamente de quién emanan, a pesar de haber requerido a los quejosos a efecto de que precisaran si señalaban a la emisora de los actos reclamados, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esas otras autoridades, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo. En lo conducente, tiene aplicación la tesis visible en la página 2572, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVIII, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al efecto versa sobre lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Procede el sobreseimiento, por no haberse acreditado la existencia del acto reclamado, en los términos precisados en la demanda, si el acto reclamado emana de una autoridad que no fue designada como ordenadora, sino como simple ejecutora, y no reclamándose directamente de quién emana, única, que pudo defenderlo, sino de la autoridad ejecutora, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esa otra autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo; por tanto, solicitada la protección federal contra autoridad distinta de la que ordenó el acto, la sentencia solamente podría ocuparse de los vicios de ejecución." Lo anterior es así, en virtud de que en el juicio de amparo se suscita una controversia entre los quejosos y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tiene que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha vulnerado algún derecho fundamental, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a las autoridades de quienes realmente han emanado los actos que se reclaman, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de ellos, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, por tanto se debe sobreseer en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Es aplicable la Tesis visible en la Página 206, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita entre el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Así como la Tesis visible en la Página 1195, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo XLVII, Quinta Época, sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por lo tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." Atento a lo asentado en líneas precedentes, se aprecia que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que haya obligación para este juzgador de aplicar la suplencia de la queja, ya que ésta sólo puede darse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en contra de la quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación el criterio sustentado en la Tesis 2a. LV/95, publicada en la Página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." En consecuencia con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo, a los actos de ejecución que se reclaman a la autoridad ejecutora, ya que decretado el sobreseimiento por lo que hace al acto dictado por la autoridad ordenadora, debe hacerse extensivo respecto del acto que se atribuye a la autoridad ejecutora, atento a los razonamientos que rigen la Jurisprudencia número 231, visible en la página 156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Miguel Estrada Mata y Luis Gallegos Flores, contra las autoridades y por los actos señalados en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaría del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a través del cual con motivo de la solicitud realizada en proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, remite un legajo de copias certificas de las constancias que integran el juicio de amparo 753/2016-III, de su índice estadístico, asimismo, hace del conocimiento a este Juzgado de Distrito que se señalaron las doce horas con quince minutos del veintitrés de agosto del año en curso a efecto de que tenga verificativo la audiencia constitucional, por lo que este toma conocimiento de lo expuesto por el Juez oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
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