Luis Miguel Albiter Espinoza
Expediente 1195/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2016
Partes del expediente
- Luis Miguel Albiter Espinoza
Actuaciones
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación precedente, se advierte que el quejoso Luis Miguel Albiter Espinoza no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de diez de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, si bien es cierto que la notificación del presente proveído debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) (AUTO DE 10/08/2016). Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Miguel Albiter Espinoza, contra actos de la Juez Ejecutora de Sentencias de Tenancingo, Estado de México; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 1195/2016-Vll. Prevención. Ahora, los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Lo transcrito evidencia que el precepto 114 de la Ley de Amparo, no limita las facultades del juzgado federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que lo hace, como lo confirma la fracción I del primer artículo aquí citado. En otras palabras, la facultad de requerir aclaración de demanda no se constriñe a la carencia en tal libelo, de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni a los que de manera ejemplificativa pero, desde luego, no limitativa, se exponen en las fracciones II a V del precepto 114 de la Ley de Amparo. En torno a tal requerimiento aclaratorio, el penúltimo párrafo del artículo 114 referido dispone, que si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Además, la parte final de dicho precepto (114) menciona que en caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley; la omisión de exhibirlas para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Por ende, una vez analizada la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima pertinente requerir al promovente, por el plazo de cinco días legalmente computado, para que por escrito, con copias necesarias de éste, "bajo protesta de decir verdad", y entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán en razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según sea el caso, de manera conjunta o distinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Realice lo siguiente: 1. Precise el acto reclamado, ya que por una parte reclama la resolución de veintisiete de junio del año en curso, que atribuye a la autoridad señalada como responsable Juez Ejecutora de Sentencias de Tenancingo, Estado de México; sin embargo, más adelante precisa que dicha resolución fue emitida como consecuencia del seguimiento del tratamiento preliberacional dentro del expediente 29/2014, por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, sin que dicha autoridad administrativa se encuentre señalada como responsable, lo que crea incertidumbre respecto del acto que pretende reclamar en la presente instancia, así como la autoridad que lo emitió. Se justifica lo anterior, en razón que de conformidad con los principios del juicio de garantías, es indispensable que el quejoso señale con claridad y precisión el acto que en concreto le atribuye a la autoridad responsable, para que se encuentre en aptitud de defenderlo, porque a través del mismo se podrá juzgar sobre su legalidad en los términos en como se hace la reclamación, lo que en el caso no acontece y contraviene lo establecido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XX.57 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 1996, Novena Época, con número de registro 202853, que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." 2. De conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, "bajo protesta de decir verdad", deberá manifestar la fecha exacta de conocimiento de la resolución que tilda de inconstitucional. Lo anterior es así, se considera una irregularidad en la demanda que es suficiente para ordenar su aclaración, en razón de que el incumplimiento de ese requisito queda comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 114 de la Ley de Amparo, que confiere facultades expresas al juez de Distrito, para prevenir al promovente, y fijar la litis en el presente juicio. Se estima aplicable en lo conducente, la tesis 212552, visible en la página 427 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, mayo de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuales son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin . ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado". Ello, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sobre el particular se invoca la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. En atención a que el quejoso Luis Miguel Albiter Espinoza, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Barranca Seca, número ciento nueve (109), colonia Centro, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, remitase exhorto al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, realice lo siguiente: - Comisione a personal de su adscripción para que se constituya en el domicilio de referencia y notifique al quejoso, el presente proveído. Se requiere al juez de referencia para que acuse recibo vía telegráfica y ordene la diligenciación de la presente encomienda dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo y hecho lo anterior, remita las constancias respectivas dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, realícese a la parte quejosa las notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista de este órgano de control constitucional, ello en virtud de que el señalado en el proemio de la demanda, se encuentra fuera de la residencia del este Juzgado de Distrito. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese personalmente a la quejosa en la forma antes precisada. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AUTO DE 05/09/2016. Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 895/2016, del índice estadístico de este juzgado; a través del cual se solicitó notificara al quejoso Luis Miguel Albiter Espinoza; acúsese el recibo correspondiente. Ahora, de la razón suscrita por el actuario judicial del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de diez de agosto pasado, por los motivos allí expuestos. A las aseveraciones insertas en la razón de cuenta se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°., porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 202, del Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Por tanto, con apoyo en el artículo 26, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, realícese a la parte quejosa la notificación del auto de mérito y las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de lista de este órgano de control constitucional. Por similitud jurídica se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con la clave 1a./J. 20/2008 en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, cuyo contenido es: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles". Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1111/2015-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de julio del dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México (f. 2), el quejoso Héctor González García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y los actos siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Se señala como autoridad responsable a la siguiente: C. Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México. 4.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable 1).- LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN DICTADA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 901/12, DEL JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO, A BIENES DE ASCENCIO RAMOS CANALES, EN EL CUAL SE ADJUDICA A BONIFACIO RAMOS CANALES EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARGARITAS, ESQUINA ALCATRACES, NÚMERO 28, IZCALLI CUAUHTÉMOC II, METEPEC, PROPIEDAD DEL QUEJOSO HÉCTOR GONZÁLEZ GARCÍA." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Segundo de Distrito, la cual se registró como amparo indirecto 1111/2015-I; previa aclaración, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, se admitió; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado sucesión intestamentaria a bienes de Ascencio Ramos Canles, a través del representante legal Bonifacio Ramos Canales, y se fijó día y hora para la audiencia constitucional (f. 46-47). Acontecido lo anterior y previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia de ley en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro de la jurisdicción en que este Juzgado ejerce competencia y la parte quejosa se ostenta tercera extraña. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La promoción del presente juicio es oportuna, de conformidad con lo siguiente. El quejoso comparece a juicio como tercero extraño al procedimiento civil del cual emana el acto reclamado y señaló bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de julio de dos mil quince, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la propia Ley, comenzó a correr al día siguiente en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es, del diecisiete de julio al seis de agosto de dos mil quince, sin contar del dieciocho, diecinueve, diecinueve, veinticinco y veintiséis de julio, así como uno y dos de agosto de la misma anualidad, por ser inhábiles conforme a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de julio de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es de concluirse que fue promovida oportunamente. TERCERO. Fijación del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama: Todo lo actuado en el juicio 901/2012, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el cual se adjudicó el inmueble ubicado en calle Margaritas, esquina Alcatraces, número veintiocho, Izcalli Cuauhtémoc, en el Municipio de Metepec, Estado de México, con una superficie aproximada de 123.20 metros cuadrados, que el quejoso defiende en propiedad con motivo de un contrato de compraventa celebrado con Luis Francisco Torres Vera. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, en el ámbito de sus facultades (f. 49-51) y remitió copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ascencio Ramos Canales denunciado por Bonifacio Ramos Canales con número de registro 901/2012; constancias a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al precepto 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se le atribuyen. Sustenta lo anterior, la tesis XVII.2°J/10, con registro 212775, consultable en Octava Época, Semanario Judicial de la Federación 76, abril de 1994m página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Bonifacio Ramos Canales, por su propio derecho, denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ascencio Ramos Canales, el cual fue radicado el dieciséis de octubre de dos mil doce. 2. Seguido el trámite del juicio, precluyeron los derechos de Manuela y Macimino de apellidos Ramos Canales (hermanos del de cujus); se aprobaron la segunda, tercera y cuarta sección denominadas "inventarios y avalúos", "administración y rendición de cuentas", así como "proyecto de partición". 3. Mediante resolución de catorce de agosto de dos mil catorce, se adjudicaron los bienes de la masa hereditaria en favor de Bonifacio Ramos Canales, entre los cuales se encuentra el inmueble materia de la Litis, con la descripción siguiente: ".SEGUNDO: Lote número (11) once, de la manzana (3) tres del fraccionamiento denominado Izcalli Cuauhtémoc, sección segunda, Metepec, Estado de México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al norte.-17.50 metros y LINDA CON LOTE NÚMEOR 10; Al sur.- 17.50 metros y LINDA CON AVENIDA ALCATRACES; Al Este.- 7.00 metros con LOTE NÚMERO 12; Al Oeste.- 7.00 metros con LOTE NÚMERO 12. Con una superficie de 122.50 metros cuadrados, con clave catastral 1030696413." 4. Dicha sentencia, adquirió firmeza procesal mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil catorce. Siendo éste el estado procesal que guardan los autos del juicio de origen, del cual emana el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este juzgador considera El ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" El numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos "del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de "la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de "aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Por otra parte, los normativos 5º fracción I y 6º de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un "derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre "que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos "previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una "afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en "virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona "física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en "términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá "hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por "cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De la interpretación de los numerales de referencia, se advierte, que puede acudir al juicio de amparo indirecto quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo. A efecto de distinguir tales conceptos, la Suprema Corte de Justicia de la nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, se deberá acreditar que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. De lo anterior, se distingue que el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, porque éste pertenece al grupo que sufre un agravio, mientras que el interés jurídico implica la titularidad particular del quejoso sobre un derecho subjetivo que se dice vulnerado. Tal criterio se encuentra contenido en la Tesis Aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, registro 2004501, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS "CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO "DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN "I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS "MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo "indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal "carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo "individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, "desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés "jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la "persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar "la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado "y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe "acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para "ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos "constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del "derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad "afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su "parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una "norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en "beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda "ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el "promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés "legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su "pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se "aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que "los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la "ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea "improcedente." Luego, el interés jurídico a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5 de la ley de amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto proveniente de autoridades, que el quejoso estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho; por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse de manera coercitiva a otro sujeto, esto es, cuando no haya poder de exigencia imperativa, pues, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. Conviene apuntar que, el interés jurídico, se vincula de manera estrecha con el concepto de perjuicio, porque este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la propia ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de esa transgresión, es decir, el perjuicio se debe entender como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afectan de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, o procesales en grado predominante o superior, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Además, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, pues, se debe acreditar en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de 2008, tomo XXVII, página 225, registro 170500, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS "CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la "procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un "perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre "cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su "patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de "la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a "bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser "susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un "perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en "forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la "naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el "perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda "hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una "persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes "jurídicamente amparados." En el caso a estudio se aprecia que el agraviado, lo que defiende ante esta instancia constitucional es un interés jurídico respecto del inmueble ubicado en calle Margaritas, esquina Alcatraces, número veintiocho, Izcalli Cuauhtémoc, en el Municipio de Metepec, Estado de México, con una superficie aproximada de 123.20 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: 17.60 metros, colindando con Lote 10. Al sur: 17.60 metros, colindando con Avenida Alcatraces. Al Oriente. 7.00 metros, colindando con calle Margaritas. Al Poniente: 7.00 metros, colindando con Lote 12. En consecuencia, para acreditar el interés jurídico se requiere demostrar los siguientes elementos: La existencia de un derecho subjetivo; La titularidad de ese derecho subjetivo; y La afectación a ese derecho por virtud del acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esa norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, conocidos como garantías de audiencia o de debido proceso. Según lo dispuesto en el aludido numeral, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad o posesión que resulte afectado sin respetar las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones. En ese sentido, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera irrebatible, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues, es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Es criterio generalmente aceptado por los tribunales federales, que la posesión susceptible de ser respetada en el juicio de amparo, por dar el interés jurídico capaz de ser afectado por un acto de autoridad, no es otra que la originaria, que se tiene en concepto de dueño, o la de carácter derivado, que se alcanza por virtud de un acto jurídico como el arrendamiento, depósito, etcétera; por tanto, no basta con la mera tenencia de la cosa, sin causa o título jurídico alguno, para determinar que el detentador tenga un interés protegible para los efectos del amparo. De otra manera, se correría el peligro de volver inefectivas las sentencias dictadas en juicios contradictorios acerca de la propiedad o posesión, pues, no faltaría cualquier miembro de la familia del demandado o incluso doméstico a su servicio, que acudiera al amparo en calidad de tercero extraño ostentándose poseedor, para exigir que se siguiera juicio previo en su contra, y aún en este evento podría surgir un tercero que de forma posterior hiciera igual reclamación, invocando que no había tenido conocimiento del segundo procedimiento, y así de manera indefinida, volviendo interminables los litigios. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2002, cuyo tenor es: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE "OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, "DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN "TÍTULOSUSTENTADO EN ALGUNAFIGURAJURÍDICAO PRECEPTO DE "LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de "los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o "elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la "que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de "aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista "en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material "de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de "posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e "interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa "institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como "atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que "en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión "protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida "por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo "dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar "al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una "cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal "poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la "manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, "que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las "legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de "protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se "ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de "un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que "genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base "objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que "tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la "causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones "del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, "tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el "derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien "relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad "común." Al respecto, el quejoso afirma que se transgreden en su perjuicio, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 constitucionales y, sostiene, que el inmueble ubicado en calle Margaritas, esquina Alcatraces, número veintiocho, Izcalli Cuauhtémoc, en el Municipio de Metepec, Estado de México, fue adquirido por Luis Francisco Torres Vera (comprador), quien suscribió contrato de compraventa con Ascencio Refugio Ramos Canales (vendedor), el cinco de enero de dos mil tres. Documento que refiere fue presentado ante el Notario Público Número Quince, en Toluca, Estado de México, quien el diecisiete de diciembre de dos mil doce, certificó dicha copia, lo cual quedó registrada con el asiento número 29,756, volumen 26, pasada en el libro de cotejos. Y, posteriormente Héctor González García -comprador y aquí quejoso-, adquirió de Luis Francisco Torres Vera, el inmueble ubicado en calle Margaritas, esquina Alcatraces, número veintiocho, Izcalli Cuauhtémoc, en el Municipio de Metepec, Estado de México, mediante contrato privado de compraventa celebrado el siete de enero de dos mil ocho. Documento que también refiere fue presentado ante el Notario Público Número Cincuenta en Lerma, Estado de México, quien el veintinueve de julio de dos mil trece, certificó dicha copia, lo cual quedó constatado en el acta número 20,488, del libro de cotejos. Y, exhibió con el escrito inicial de demanda, los medios de convicción siguientes: Recibo de pago de veintisiete de enero de dos mil quince, emitido por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, con número de folio 0609940000007741P y contrato 60994, relativo al periodo BIM 6 2013-BIM 6 2014, del inmueble ubicado en Margaritas 28, esquina Alcatraces, fraccionamiento Izcalli II. Formato de Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Metepec, para la Declaración del Impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles, sin sello de la autoridad correspondiente. No obstante, los citados medios de prueba, son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, el cual, sólo es susceptible de demostrar mediante elementos de convicción directos y conducentes; en el entendido que, para la procedencia del juicio de amparo se requiere probar, ese interés en forma indubitable. Resulta aplicable, la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 242 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE "FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés "jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en "presunciones." En efecto, el análisis realizado a las probanzas de mérito permite establecer que el peticionario de garantías no acreditó que el acto reclamado afecte su interés jurídico, requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional. Ello es así, porque si bien es cierto el primer contrato de compraventa celebrado el cinco de enero de dos mil tres, entre Luis Francisco Torres Vera (comprador) y Ascencio Refugio Ramos Canales (vendedor), adquirió fecha cierta con motivo del fallecimiento de uno de sus contratantes - vendedor-, lo que quedó acreditado con las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario del cual deriva el acto reclamado; cierto es también que el contrato privado de compraventa del cual deriva el derecho que defiende Héctor González García, no es aquel de fecha cierta, sino el diverso celebrado por éste y Luis Francisco Torres Vera, mismo que adquirió certeza en cuanto a la fecha de su elaboración, a partir del veintinueve de julio de dos mil trece, en que fue presentado al Notario Público Número Cincuenta en Lerma, Estado de México, para su certificación. El concepto de fecha cierta tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en el juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho (en su caso, un derecho real como la propiedad), derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se demuestre que ese derecho existió con anterioridad al acto reclamado. En torno de los referidos documentos de fecha cierta, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en criterios jurisprudenciales algunas reglas que esencialmente coinciden con las previstas en el artículo 2034, fracción III, del Código Civil Federal. Respecto a ese tema, este Alto Tribunal básicamente ha establecido, que los documentos de fecha cierta son aquellos que han sido incorporados o inscritos en un registro público, los que se han presentado ante algún funcionario público, por razón de su oficio y que también se consideran de fecha cierta los documentos a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Es ilustrativa la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo LXXXVIII, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto señalan: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. "Tratándose de documentos privados que no han sido presentados ante "ningún funcionario público, ni inscritos en algún registro oficial, debe "considerarse que no existe fecha cierta de los mismos, de conformidad con "lo previsto por el artículo 2034 fracción III del Código Civil del Distrito "Federal, el cual previene que la cesión de créditos que no sean a la orden o "al portador, no produce efectos contra terceros sino desde que su fecha "deba tenerse por cierta, esto es, si se trata de un documento privado desde "el día en que se incorpore o inscriba en un registro público, o desde la fecha "en que se entregue a un funcionario público en razón de su oficio. Dicho "precepto es aplicable, a toda clase de negocios privados.". Luego, cuando los documentos carezcan de fecha cierta, ello imposibilita determinar si el reclamo que se hace a la autoridad responsable se deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho o crédito litigioso, de manera que no son aptos para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que con la figura de la fecha cierta se garantiza la legalidad y certeza jurídica a las que se deben sujetar las operaciones jurídicas como la cesión de créditos y, por analogía, los actos jurídicos traslativos de dominio. En el caso, el contrato de compraventa fue presentado ante el Notario Público para obtener una certificación, lo cual, dota al documento de certeza en cuanto a la fecha de su existencia, pues, cuando un fedatario realiza la compulsa de un documento, para determinar que la copia es reproducción fiel de éste, da fe de que en determinada fecha tuvo a la vista el documento. Si esto es así, y toda vez que se trata de un funcionario investido de fe pública, tal certificación constituye prueba plena de que el documento que tuvo a la vista, existía. De manera que, desde ese preciso momento, tal documento es de fecha cierta, porque hay certidumbre de que existía en la fecha en que fue presentado ante dicho fedatario. Esto es, la certificación descrita no tiene como consecuencia que se deba tener por cierta la fecha señalada en el propio documento, sino la fecha en la que el Notario dio fe de haber tenido el documento a la vista. Las anteriores consideraciones fueron emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivo la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, consultable en la página 259, del Tomo XXXI, Abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra indica: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO "TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN "FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, "POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO "EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código "Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba "plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por "ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de "dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el "interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por "la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben "ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o "inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus "firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario "público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que "contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un "notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de "éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su "compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no "deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo "a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, "la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la "presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real "de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, "valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, "pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz "que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho "subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a "la autoridad responsable." Además, en la ejecutoria de mérito, de forma puntual se concluyó: "Por tanto, mediante la copia certificada de un documento emitida "en estos términos por un notario público, deberá considerarse demostrado "que el documento existió en la fecha en que el notario lo tuvo a la vista, "y si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada es "un documento de fecha cierta para efectos de la demostración del "interés jurídico en el juicio de amparo (.)" De igual manera, es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a. /J. 66/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Página 592, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El indicado documento es apto para acreditar el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio de origen, donde reclama el embargo llevado a cabo sobre el inmueble en cuestión y sus consecuencias, pues al pasar dicho documento ante la fe del Notario Público adquiere valor probatorio pleno, y demuestra que, por lo menos en la fecha en que se ratificó, ya se había llevado a cabo la transacción, dotando así de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica y garantizando que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio de un juicio y se dataron en una fecha anterior. De acuerdo con ello, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario es suficiente para acreditar que las firmas que obran son las de los contratantes y demostrar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del inmueble motivo del embargo que se reclame, se dio antes de éste, lo que prueba la existencia de un agravio contra el comprador ante la posible afectación a su propiedad." En el caso, se advierte que el Notario Público Número Cincuenta en Lerma, Estado de México, certificó el veintinueve de julio de dos mil trece, el contrato de compraventa celebrado entre Luis Francisco Torres Vera, como parte vendedora, y el quejoso Héctor González García, como comprador, el día siete de enero de dos mil ocho, respecto del inmueble ubicado en calle Margaritas, esquina Alcatraces, número veintiocho, Izcalli Cuauhtémoc, en el Municipio de Metepec, Estado de México; fecha posterior a los actos reclamados en el juico de origen. Lo anterior es así, tomando en consideración que el juicio sucesorio intestamentario del que derivan los actos reclamados fue admitido a trámite el dieciséis de octubre de dos mil doce, y en el mismo se dictó sentencia definitiva el catorce de agosto de dos mil catorce, misma que causó ejecutoria el día veintiocho de agosto de dos mil catorce. En ese sentido, es innegable que el procedimiento en que inició la restitución de los inmuebles pertenecientes al de cujus, es un acto anterior a la data en que adquirió fecha cierta el documento exhibido por el quejoso, por lo que con este no acredita su interés jurídico. Por otro lado, respecto a las pruebas que exhibió el peticionario del amparo, consistentes en el recibo de pago de veintisiete de enero de dos mil quince, emitido por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, con número de folio 0609940000007741P y contrato 60994, relativo al periodo BIM 6 2013-BIM 6 2014, del inmueble ubicado en Margaritas 28, esquina Alcatraces, fraccionamiento Izcalli II y, el formato de Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Metepec, para la Declaración del Impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles; únicamente acredita -con el primero- la existencia de dicho contrato, pero de ninguna manera la titularidad del bien inmueble del que el solicitante del amparo se conduce como dueño y, respecto de la diversa documental, únicamente avala el inicio de un procedimiento de traslación de dominio, sin embargo, al carecer del sello de la autoridad correspondiente, no adquiere mayor validez que la de un simple formato. En esta medida, las documentales en estudio son insuficientes para acreditar el interés jurídico del promovente del amparo, en el entendido que se debe demostrar de manera indubitable, tal y como se explicó con antelación. Luego, como el quejoso no acreditó tener algún derecho legalmente reconocido respecto del inmueble que por esta vía pretende defender, se debe estimar que en el caso no se acreditó que los actos reclamados afecten un interés jurídico tutelado en su beneficio por la ley. En esa virtud, se materializa la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente litigio constitucional, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 340, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 288 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE "DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL "JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL "AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS "JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, "CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA "FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, "constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V "de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se "seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente "implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la "procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés "jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa "corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el "acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de "desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal "reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho "medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a "sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección "constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de "desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige "no pertenece a su esfera jurídica.". Aunado a lo anterior, el quejoso reclama la ejecución de la adjudicación del inmueble ubicado en calle Margaritas, esquina Alcatraces, número veintiocho, Izcalli Cuauhtémoc, en el Municipio de Metepec, Estado de México, con una superficie aproximada de 123.20 metros cuadrados, que aduce ser de su propiedad; sin embargo, la sentencia emitida en el juicio sucesorio intestamentario de origen, se refiere al domicilio: lote número (11) once, de la manzana (3) tres del fraccionamiento denominado Izcalli Cuauhtémoc, sección segunda, Metepec, Estado de México, con una superficie de 122.50 metros cuadrados; sin que la parte quejos haya exhibido prueba alguna que permita evidenciar la identidad en el inmueble que se defiende. Por lo que si el quejoso no acreditó su dicho con otros medios de prueba que adminiculados unos con otros, crearan en este juzgador la convicción suficiente para tener por acreditado su interés, ya que por sí solas las probanzas exhibidas son insuficientes para probar el derecho de propiedad o posesión respecto del inmueble mencionado, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Héctor González García, en relación al acto reclamado que quedó precisado en el considerando tercero, respecto de la autoridad responsable mencionada en el diverso cuarto y en los términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente al quejoso y tercero interesado. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy diez de agosto de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado así lo permitieron, asistido de la Secretaria Maria Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe. Jnmr.´.
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