Luis Melgoza Heredia

Expediente 436/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
436/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Melgoza Heredia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Sobre cerrado. Visto el sobre cerrado que devuelve la Administradora Local de Correos, que contiene el oficio 2926/2021, dirigido al "Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Región Zamora, Michoacán", por los motivos ahí señalados "cambio de domicilio"; en obvio de dilaciones innecesarias reenvíese dicho comunicado a su domicilio correcto, el cual deberá ser investigado por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso a), fracción I, del artículo 18 del referido Acuerdo General, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Por otro lado, el estado que guardan los autos revela que no obra constancia de notificación de la sentencia dictada en el presente asunto al Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, en consecuencia, se ordena insertar copia autorizada de dicha resolución en el oficio que se giré con motivo del presente proveído, ello con la finalidad de que dicha autoridad se encuentre debidamente enterada de su contenido. Reserva de comunicaciones. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus SARS-CoV-2, por ello, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-436/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido al día siguiente hábil en este juzgado, Luis Melgoza Hereida, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLEJUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, REGIÓN ZAMORA FISCAL REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA ZONA REGIONAL DE ZAMORA, MICHOACÁN DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ZAMORA, MICHOACÁN PRIMER COMANDANTE DE ZAMORA, MICHOACÁN POLICÍA INVESTIGADORA DE ALTO IMPACTO DE ZAMORA, MICHOACÁN POLICÍA INVESTIGADORA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE ZAMORA, MICHOACÁN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS AUXILIAR DE ZAMORA, MICHOACÁN POLICÍA INVESTIGADORA DE HOMICIDIOS, UNIDAD ESPECIALIZADA EN ESCENA DEL CRIMEN DE ZAMORA, MICHOACÁN FISCAL DE ATENCIÓN TEMPRANA MESAS I, II, II, IV Y V DE ZAMORA, MICHOACÁN FISCAL DE ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO DE ZAMORA, MICHOACÁN Y por los actos que medularmente hizo consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se dio vista a la parte quejosa para señalara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, sin que lo haya hecho y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y TERCERO. Inexistencia de Autoridades. Las autoridades señaladas por el quejoso como: 8355/2020 FISCAL DE ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO DE ZAMORA, MICHOACÁN. 8349/2020 PRIMER COMANDANTE DE ZAMORA, MICHOACÁN. 8350/2020 POLICÍA INVESTIGADORA DE ALTO IMPACTO DE ZAMORA, MICHOACÁN. 8351/2020 POLICÍA INVESTIGADORA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE ZAMORA, MICHOACÁN. 8353/2020 POLICÍA INVESTIGADORA DE HOMICIDIOS, UNIDAD ESPECIALIZADA EN ESCENA DEL CRIMEN DE ZAMORA, MICHOACÁN. 8354/2020 FISCAL DE ATENCIÓN TEMPRANA MESAS I, II, II, IV Y V DE ZAMORA, MICHOACÁN". Se tuvieron por inexistentes tal como se advierte del proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis veinte, por tanto, no procede decretar el sobreseimiento respecto de dichas autoridades por el acto que se les atribuye, al haber quedado fuera de la contienda que nos ocupa. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número, 1a. /J. 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, tomo XXIX, marzo de 2009, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que los actos reclamados inciden en la libertad personal del quejoso y se atribuyen a autoridades que radican dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por las autoridades responsables, se advierte que los actos reclamados por esta vía constitucional, consisten en: La orden de aprehensión y su ejecución, fuera de procedimiento judicial, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y oral, Región Zamora, Michoacán, negó la existencia de los actos reclamados. En efecto, dicha autoridad señaló que al hacer una minuciosa revisión en su sistema, no se encontró registro de alguna causa penal de la cual se hubiera librado aluna orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación y/o localización, ni ningún otro acto tendiente a privar de su libertad a Luis Melgoza Heredia. Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio prueba tendente a desvirtuar dicha negativa; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto a dicha autoridad. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable oficiante refirió que ".si encontró el registro de una causa penal 117/2016, que se instruye a Luis Melgoza N., por un hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, en agravio de Sara N. N.; en el que se encuentra vigente una orden de aprehensión en su contra dictada el 10 de octubre de 2016 por un juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral de la región Zamora."; empero, el nombre de la persona buscada no coincide en su totalidad con el nombre del peticionario de amparo, ya que, aparentemente, el segundo apellido es distinto. Circunstancia que se corrobora con el contenido del disco versátil que anexó dicho Juez a su informe de ley, el cual contiene la digitalización de la causa penal 117/2019, la cual se sigue en contra de Luis Melgoza N y otro, medio de convicción que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. No obstante ello, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, este órgano de control constitucional, en auto de trece de octubre de dos mil veinte, dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la orden de aprehensión dictada el diez de octubre de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 117/2016, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, la cual se sigue en contra de Luis Melgoza N. por la posible comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Saraí N.N, sin embargo, la parte quejosa fue omisa en formular su ampliación de demanda dentro del término otorgado para ello. De ahí que se estime la inexistencia de actos respecto al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y oral, Región Zamora, Michoacán. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, debe decirse que al rendir su informe justificado las autoridades siguientes lo realizaron en los términos siguientes: AUTORIDAD Auto en el que se tuvo por recibidos SENTIDO Fiscal Regional de Zamora, Michoacán. 04/09/2020 Cierto Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, en atención al oficio girado al "Director de Investigación y Análisis de Zamora Michoacán" 02/09/2020 Cierto Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, en atención al oficio girado al "Director de Investigación y Análisis Auxiliar de Zamora Michoacán" En efecto, al rendir su informe justificado el Director de la Policía de investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, señalaron que era cierto el acto que se les reclama, ello toda vez que dentro de sus registros existe una orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Melgoza Heredia, por el delito "contra la ecología" en agravio de la sociedad, la cual fue dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, el veintiocho de diciembre de dos mil quince, dentro del proceso penal 142/2014 de su índice, autoridad que no fue señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. De ahí que este juzgador tenga por acreditada la existencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en la tabla que antecede. QUINTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo es una institución dentro del juicio que le otorga la característica de medio extraordinario de defensa de los derechos humanos de las personas, pues a través de ella se garantiza que a este proceso sólo se pueda acudir si se satisfacen ciertos requisitos, los cuales son acordes al sistema de protección adoptado por el Estado Mexicano, como así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de la Segunda Sala 2a. XCI/2015 que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo". Ahora bien, en el caso concreto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; en virtud de la omisión de señalar a la autoridad participante en el acto reclamado. Los artículos en comento estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". (Énfasis añadido). De los preceptos transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de derechos fundamentales puede colegirse de causales contempladas en alguna disposición diversa al numeral 61 de la ley de la materia, es decir, el señalamiento que de ellas hace este artículo es enunciativo, no limitativo, por lo cual confiere la posibilidad de que la referida figura derive de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia legislación de amparo. Asimismo, disponen que el peticionario tiene la carga de señalar las autoridades responsables que tengan injerencia en los actos reclamados. Al respecto, se cita el criterio del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Por tanto, el amparo es improcedente cuando el quejoso omita señalar las autoridades responsables con injerencia en los actos reclamados, esto es, las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutarlos. Lo anterior, por cuanto es requisito llamar a la autoridad participante en el acto reclamado al amparo para que comparezca a demostrar la legalidad y constitucionalidad de la determinación reclamada, incluso para hacer valer causales de improcedencia o alegar su inexistencia; lo cual no es factible cuando se omite señalarla como responsable, pues se correría el riesgo de declarar la irregularidad del acto a pesar de negarle el derecho de acudir al juicio en su defensa. En el caso que nos ocupa, a fin de sustentar la improcedencia del juicio de amparo resulta necesario precisar que del estudio integral del escrito de demanda de amparo, analizado como un todo, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Actos que reclamó expresamente a las autoridades siguientes: Dirección de Investigación y Análisis Auxiliar de Zamora, Michoacán. Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Región Zamora. Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, y; Director de Investigación y Análisis de Zamora, Michoacán. Asimismo, que al rendir su informe justificado el Director de la Policía de investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, señalaron que era cierto el acto que se les reclama, ello toda vez que dentro de sus registros existe una orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Melgoza Hereida, por el delito "contra la ecología" en agravio de la sociedad, la cual fue dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, el veintiocho de diciembre de dos mil quince, dentro del proceso penal 142/2014 de su índice, autoridad que no fue señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. Motivo por el cual en auto de trece de octubre de dos mil veinte, se requirió al promovente del amparo para que en el plazo de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de este acuerdo, indicara si era su deseo ampliar su demanda por lo que hace a la orden de aprehensión dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, el veintiocho de diciembre de dos mil quince, dentro del proceso penal 142/2014 de su índice, ello bajo el apercibimiento que de no hacerlo se seguiría el presente juicio por las autoridades y los actos reclamados que había referido en su escrito inicial de demanda de amparo. Así, dicho proveído fue notificado a la parte quejosa por medio de lista el veintiuno de octubre de dos mil veinte, pues el dieciséis de octubre de dos mil veinte, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional se apersonó al domicilio señalado en autos para notificar de forma personal el auto de trece del mismo mes y año; sin embargo, dicho domicilio se encontraba cerrado, por lo que dejó aviso fijado en la puerta para que acudieran a notificarse en el término de dos días al juzgado, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, tal como se advierte de la diligencia de notificación que se encuentra digitalizada en el expediente electrónico correspondiente al presente asunto, el cual obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y que a continuación se inserta: Por ello, el plazo concedido en el auto de trece de octubre de dos mil veinte, transcurrió del veintitrés de octubre pasado al trece de los actuales, sin que lo haya hecho, tal como se hizo constar en la audiencia constitucional que antecede y como se desprende del calendario siguiente: OCTUBRE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVIEMBRE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En consecuencia, ante la omisión de la parte quejosa, no obstante de su legal notificación, en la audiencia que antecede se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el multicitado auto de trece de octubre de dos mil veinte, es decir, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tuvo por precluido el derecho para ampliar demanda, lo que generó que la presente sentencia únicamente se pronuncie con relación a los términos planteados originalmente en el escrito inicial de demanda, en la cual no fue señalado como responsable el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal. Por ende, dicho Juez no fue vinculado a la relación jurídica procesal de este juicio de derechos humanos, pues no fue señalado como autoridad responsable, pese a que, aparentemente, la orden de aprehensión que pretende combatir la parte quejosa, fue dictada por dicho órgano jurisdiccional. En efecto, lo expuesto permite advertir que en el caso en concreto, el acto de autoridad materia de reclamo -orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución- la cual, aparentemente fue dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, el veintiocho de diciembre de dos mil quince, dentro del proceso penal 142/2014 de su índice, autoridad que originalmente no fue señalada como responsable, pese a la vista otorgada a la parte quejosa. En ese sentido, se aprecia que le resulta la calidad de autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, autoridad jurisdiccional que dictó la orden de aprehensión reclamada en la presente instancia constitucional, entonces, si virtud a que este juzgado dio vista a la quejosa para que ampliara su demanda de amparo respecto a dicha autoridad y acto reclamado y éste fue omiso en formularla, es inconcuso que dicho acto -orden de aprehensión dictada el veintiocho de diciembre de dos mil quince, dentro del proceso penal 142/2014- no puede ser examinado en este juicio constitucional, pues para hacerlo era indispensable que se llamara como autoridad responsable al referido Juez, dado que la técnica y procedimiento imperante en el juicio de amparo exige como condición que para el análisis de los actos reclamados debe estar precedido por el llamamiento de las autoridades que los dictaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutarlo. Por lo anterior, es insuficiente que la parte quejosa señale sólo como autoridades responsables al: Dirección de Investigación y Análisis Auxiliar de Zamora, Michoacán. Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, y; Director de Investigación y Análisis de Zamora, Michoacán. Pues aun cuando a dichas autoridades corresponde la ejecución de la orden dictada por el Juez referido, lo cierto es que para efectos del juicio de amparo resulta necesario el llamamiento de la autoridad que dictó dicha orden de aprehensión a efecto de examinar su constitucionalidad. Además, es oportuno señalar que resulta un requisito esencial de la demanda de amparo indicar con precisión a las autoridades que participaron en el acto que se tilda de inconstitucional, señalamiento que no puede suplirse por parte del juzgador de amparo, pues constituye la carga procesal que tiene la parte quejosa de precisar la autoridad responsable a la cual le atribuye los actos controvertidos, en atención al principio de instancia de parte que impide al Juzgador Constitucional investigar a qué autoridades se les imputa los actos reclamados y traerlas al juicio. Por tanto, en el caso de que la parte quejosa no cumpla con este requisito, el juicio de amparo será improcedente, ya que al no haberse señalado como responsable a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, no se podría examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Apoya lo anterior el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis 3a. LXXXIII/91, visible en la página 45, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISION DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de esa legislación, procede sobreseer en este juicio. Apoya lo expresado la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Del mismo modo se cita, por identidad analogía jurídica, la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 194684, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Luis Melgoza Hereida, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en el referido tercero y diverso quinto.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA JULIA ADELINA LEMUS MEDINA, el siguiente acuerdo: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la quejosa María Julia Adelina Lemus Medina; en atención a su contenido, como lo solicita y dado que, como se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido el plazo de seis meses que dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a su disposición el billete de depósito número 726246, valioso por la cantidad de $3000,00 (tres mil pesos 00/100 N.M.), debidamente endosado a la quejosa. Ahora, a fin de estar en condiciones de llevar a cabo la devolución del billete de depósito que se identifica a la quejosa María Julia Adelina Lemus Medina, dígasele que será necesario, en primer término, agendar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ" en el horario autorizado, a fin de comparecer al edificio en el que se encuentra ubicado este juzgado federal sito en: Avenida Camelinas número 3550 tres mil quinientos cincuenta, colonia Club Campestre, código postal 58270 cincuenta y ocho mil doscientos setenta, en Morelia, Michoacán. En la data de la cita, deberá llevar una identificación oficial y una copia de la misma, a fin de que sea entregada al personal del juzgado, quien procederá a informarle el tiempo aproximado en que deberá generar una segunda cita con el objeto de recoger el certificado; lo anterior, dadas las circunstancias siguientes: 1. Derivado de la restricción de actividades presenciales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se cuenta con una planilla de personal y un horario limitados para atender la totalidad de actividades relativas a las funciones de este juzgado federal, de modo que atender las diligencias presenciales requieren una organización previa que no desatienda los restantes asuntos. 2. Es menester realizar la extracción del documento del seguro de este juzgado, así como las anotaciones pertinentes a ello, en atención a los lineamientos fijados para tal efecto por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que requiere un tiempo de preparación que puede ser realizado de forma previa a la presencia física de la parte beneficiaria que le evitará estar dentro de las instalaciones del juzgado mayor tiempo del necesario, en atención a las disposiciones de concentración de personas que debe acatar este juzgado federal. 3. Al punto inmediato se suma, que el protocolo precedente requiere las firmas autógrafas del personal único autorizado para el efecto de la trasferencia del precitado certificado; y es el caso que en el presente mes, a dicho personal, le corresponde gozar de su período vacacional, en diferentes lapsos. Resta agregar que, para el acceso al local de este juzgado federal, la parte beneficiaria deberá acatar las medidas relativas la protección sanitaria de las personas que acuden a los locales que ocupan los órganos judiciales federales como este juzgado de distrito. En el entendido que el incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Hágase saber a la solicitante, que de no acudir por el citado certificado en el plazo de dos años contado a partir de la legal notificación de este auto, prescribirá en favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para su ingreso en beneficio de la administración de justicia. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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