Luis Manuel Torres Manricker

Expediente 178/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
178/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Manuel Torres Manricker

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Oficio de cuenta. Acúsese recibo del oficio número 2468/2021, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de abril del presente año, relativa a la queja administrativa número 32/2021, que en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja, promovido por Luis Manuel Torres Manricker, en contra del auto dictado el doce de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo registrado con el número de expediente 178/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán." Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. Valoración de cuaderno. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documentos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, pues no fueron presentados en el juicio de amparo que nos ocupa, ya que tal sumario fue promovido de manera electrónica mediante la modalidad de "juicio en línea", de modo que, las documentales adjuntas a la demanda fueron constancias escaneadas de las que obran físicamente, de ahí la reiteración por la denegación del retorno de documentos originales. Integración y anotaciones. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Reenvío de comunicadoVisto el sobre cerrado que devuelve la Administradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 26477 dirigido al Presidente de la República por conducto del Director General de Control de Juicios de Amparo de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, el cual se remitió a fin de hacerle de su conocimiento la sentencia dictada en autos, por los motivos que indica, a saber, cambio de domicilio. Por tanto, para que dicha autoridad quede notificada de la aludida determinación y para evitar mayores dilaciones, reenvíese dicho comunicado al domicilio correcto y actual, ubicado en la Avenida Insurgentes número 20, colonia Roma norte, alcandía Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México. Sin perjuicio de lo anterior, remítase a la autoridad aludida el comunicado devuelto, vía correo correo electrónico, a la dirección siguiente: guardia.dgcja@pgr.gob.mx. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente proveído y agréguese al expediente físico.

  3. Principal

    de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Análisis de la improcedencia actualizada. Expuesto el marco legal de la causa de improcedencia examinada, este órgano jurisdiccional explicará porqué se estima actualizada y, para ello, conviene traer a consideración los siguientes razonamientos. Como se anunció con anterioridad, el promovente del amparo señaló como autoridades responsables a la (1) Directora de Servicio Social y (2) Coordinador de Servicio Social correspondiente a la carrera de Medicina, ambos adscritos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bajo ese orden, a fin de obtener mayores elementos para arribar a la conclusión del asunto, resulta conveniente partir por definir cuál es la naturaleza de dicha institución, a la cual están adscritos la Directora y Coordinador que el quejoso señaló como responsables, de esa manera se estará en mayor condiciones de saber si son o no autoridades para el juicio de amparo. Así, conforme a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en sus numerales 1o y 2o, establecen que es una institución de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios y, que gozará de autonomía. En ese tenor, respecto a la autonomía que refiere, en principio, es menester acudir al contenido del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal que, en la parte que interesa, establece: "Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria (.)""VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere." En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 153/2010, destacó que la autonomía de las universidades públicas deriva directamente de la Constitución Federal y que esa autonomía las dota de capacidad, entre otras, para establecer los planes y programas de estudio, evaluaciones, inscripción de los alumnos, entre otras. Así, el Máximo Tribunal de la Nación, al interpretar el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello involucre, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cuestiones, evaluar a sus educandos y expedir los documentos en el que se contengan tales evaluaciones, como parte de la prestación del servicio educativo. Criterio que dio origen a la jurisprudencia número 1a./J. 20/201011, Registro 164877, de rubro y texto siguientes "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Las competencias que derivan de la facultad de autogobierno de las universidades públicas son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario." En este contexto, el Máximo Tribunal de la Nación ha emitido diversos criterios en los que ha sido coincidente en que las universidades públicas tienen autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, gozan de independencia para determinar por sí solas, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que presten, para lo cual podrán emitir todas las disposiciones normativas necesarias para regular su funcionamiento. De ahí que cuando un alumno ingresa a una universidad pública, se incorpora a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones, por lo que debe cumplir con la legislación universitaria para mantener su permanencia, pues está incorporado a los programas académicos de la universidad, entre los que se incluyen los lineamientos y métodos para la liberación del servicio social; por ende, contrario a lo que afirma el quejoso, no pueden considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo a la Directora y Coordinador que refiere. Ahora, conviene referir que si bien existen supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser consideradas como responsables para los efectos del amparo, -resoluciones que constituyan una expulsión o suspensión por tiempo indefinido- ello no acontece en la especie, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos que se le reclaman y que consisten, en 1) la omisión de dar contestación al escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno; 2) como consecuencia de lo anterior, la omisión de cumplir con lo establecido en la fracción XIX del artículo 37 del Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, por consiguiente con lo decretado en los artículos 30 y 31 la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo9; y, 3) La omisión de cumplir con lo establecido en la fracción XVII del artículo 37 del Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, por consiguiente, con lo decretado en los artículos 30 y 31 la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo10. Se llega a la conclusión de que aquéllos órganos, a través de tales actos, no ejercen un poder público basado 9 Consistente en que se le autorice su reincorporación a otro programa de servicio social. 10 Consistente en que se le dé oportunidad de ser escuchado en su defensa, de los conflictos que ha tenido en el lugar que prestaba su servicio social. ???en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso. Habida cuenta que, con los mismos no se ve afectada la permanencia del quejoso en dicha institución y que pudiera verse afectado su derecho a la educación, como la expulsión o suspensión a que se hacía referencia, de tal suerte que el inconforme para esos efectos sólo guarda el carácter de integrante de dicha institución que aspira a cursar la licenciatura, pero no de gobernado que pudiera verse afectado, con la expulsión o suspensión por tiempo indefinido. Por tal motivo, las omisiones que reclama versan sobre cuestiones que involucran autodeterminación de la universidad, y que en sí mismas no constituyen un acto de autoridad para efectos del amparo, pues no ejerce el poder público frente al alumno de esa casa de estudios; por ello, no puede resultarle afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 12/2002 de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO."; toda vez que la materia en contradicción que dio origen a la citada tesis versó en determinar si el juicio de amparo resulta procedente contra las resoluciones emitidas por las universidades públicas que constituya una expulsión de alumnos universitarios o la suspensión por tiempo indefinido en los derechos de uno de éstos, lo que no sucede en el caso estudio, el acto reclamado no deriva de una resolución que determine la expulsión al impetrante o suspensión de estudios de licenciatura, sino de cuestiones a la forma evaluar un examen y su metodología, aspectos que como se dijo son referentes a cuestiones de legislación universitaria, programas académicos y lineamientos de evaluación. En ese tenor, toda vez que las omisiones reclamadas tienen consecuencias jurídicas, únicamente, al interior de la Universidad, y no se está en presencia de un acto de autoridad, no pueden ser combatidas en el juicio amparo. Es aplicable por identidad jurídica al caso la tesis IX.1o.3 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada a página 1409, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 2, junio de dos mil trece, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO. De las consideraciones que sustentan la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.", se colige que de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza. En virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están facultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artículo constitucional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, referentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad que desarrollan. Consecuentemente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge del imperio que corresponde a la mencionada institución como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado y, por tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada a informar de ellas en términos del artículo 8o. constitucional". Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCENCIA". Así como la jurisprudencia J/2311, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.)13, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". 11 Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, tomo XXIV, junio de 2006, página 921. 12 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 487. 13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, página 1641. Habilitación de correo electrónico para la recepción de notificaciones. Asimismo, en virtud de que la promovente señaló correo electrónico para oír y recibir notificaciones en el escrito inicial de demanda; se tiene por señalado dicho el correo electrónico 12345.lt@gmail.com. para tal efecto, ello en virtud de que si bien, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, el único medio para recibir notificaciones electrónicamente, lo es, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, S.I.S.E. haciendo uso del Certificado de Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación (FIREL); la circular SECNO/12/2020 que interpreta el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la necesidad de encontrar soluciones creativas dentro del marco de la ley aplicable para sostener los nuevos retos que supone el trabajo a distancia, en el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, por lo que resulta factible ordenar la habilitación del correo electrónico proporcionado. Máxime que, en el ocurso aclaratorio de cuenta proporcionó un número telefónico, a saber 4431234350, a fin de que el actuario de la adscripción confirme la recepción de las notificaciones electrónicas que, en su caso, se llegaran a practicar por medio del correo electrónico proporcionado por los ocursantes. Capturas en el SISE. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Arturo García Hernández, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, último párrafo, de la ley en la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De las constancias que integran el presente juicio se aprecia que se otorgó la protección constitucional al quejoso Arturo García Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia Zamora, Michoacán, para los efectos siguientes: ? Emita de inmediato el auto en el que acuerde las pruebas ofrecidas por las partes, sin que ello implique inobservar a las reglas del procedimiento, respetando los plazos y términos legales para su realización, lo que deberá hacer dentro del juicio laboral 520/2017. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 195 de la vigente ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días hábiles, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2581, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores 1 "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid- 19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse al expediente electrónico.

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