Luis Martín Mercado Santiago

Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
171/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Martín Mercado Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID 19, se provee lo siguiente: 1. Desahogo de requerimiento. Visto lo de cuenta, se tiene al juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, remitiendo el oficio DNAGN/3487/2021 y anexos, en cumplimiento al requerimiento hecho en acuerdo de doce de enero de dos mi veintidós, esto es, las escrituras de propiedad que la directora del Notariado y Archivo General de Notarías en el Estado, le remitió a dicho juez a través del citado oficio de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 1.1. Vista a la parte quejosa. Dado que dichas constancias fueron requeridas en copia certificada a petición del quejoso, para que éste se impusiera de su contenido y toda vez que el juez manifiesta que no es posible obtener copia legible de las mismas por lo que las remite en original y solicita su devolución una vez que el quejoso se imponga de ellas; por tanto, se ordena dar vista con el oficio de cuenta y anexos a la parte quejosa, para que a la brevedad genere la cita correspondiente a fin ingresar al juzgado y consultarlas; hecho lo cual, devuélvanse al oficiante. 2. Estado de autos. Del estado de autos se observa que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se certificó que en esa fecha vía telefónica Patricia Cuevas Becerril quien dijo ser secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán informó que el despacho 34/2022 (orden 53/2022) enviado en cumplimiento al acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, con la finalidad de emplazar a la tercera interesada Notaria Pública número 57, licenciada Karen Tenorio Estefan, se encontraba radicado en ese tribunal y agendado para realizar la diligencia encomendada al día siguiente, esto es, el veintidós de febrero del año en curso, fecha que ha transcurrido. 2.1. Requerimiento a juez auxiliar. Por tanto, gírese atento oficio vía correo electrónico al Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, a fin de que a la brevedad devuelva el aludido despacho y adjunte las constancias que acrediten su cumplimentación o, bien, informe el impedimento legal que tenga para hacerlo.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Autoridad acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; por acusando recibo del ofició por el cual se hizo de su conocimiento que causó ejecutoria la sentencia emitida en autos.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informe sobre suspensión de plano. Visto el oficio que remite el Fiscal General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, a través de quien la representa, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano concedida a Luis Martín Mercado Santiago, en auto de dieciocho de febrero del año en curso. Sin embargo, ya que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto que nos ocupa, una vez que se cuente con el acuse de recibo de la autoridad a quien haya tocado conocer por cuestión de turno, remítase la promoción en comento, a fin de que tenga a bien proveer lo conducente. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  4. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo en la que Luis Andrey Mercado Vega en favor de su padre Luis Martín Mercado Santiago, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juez de Control Ciro Martínez Munguía, con residencia en Almoloya de Juárez. Juez de Ejecución Aracely Mata Juárez, con residencia en Almoloya de Juárez. Procurador General Fiscal del Estado de México. Agente del Ministerio Público Hugo Hinojosa Contreras, adscrito a la Fiscalía de Homicidios de Lerma, Estado de México. Agente del Ministerio Público Filiberto Chicho Catarino, adscrito a la Fiscalía de Homicidios de Lerma, Estado de México. Agente del Ministerio Público Héctor Miguel Cruz Guadarrama, adscrito a la Fiscalía de Homicidios de Lerma, Estado de México. Perito en la época de los hechos Gerardo Molina Ordoñez, encargado de la custodia de los cuchillos que se encontraron sin huellas dactilares. Médico adscrito a la clínica del CPRS Rabin Granat Martínez Prado. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 171/2022, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 1.2. Incompetencia para conocer del presente asunto. Conviene destacar que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: Incomunicación, tratos crueles e inhumanos. Falta de atención médica. En el caso, este juzgado estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en esa ciudad, por lo que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se encuentra recluido el quejoso directo Luis Martín Mercado Santiago. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, ejercer jurisdicción, entre otros, en Almoloya de Juárez, lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, ello atendiendo a que el quejoso directo se encuentra recluido en un centro penitenciario con domicilio en la referida ciudad. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Alomoloya de Juárez, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios de Amparo en el Estado de México, con sede en Toluca. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Y la tesis número II.2o.P.16 K (10a.), del segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2093, libro 32, tomo III, julio de 2016, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. 1.3. Suspensión de plano. Con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tratos crueles e inhumanos, para el efecto de que de inmediato cesen los mismos, de igual forma, se abstengan de llevar a cabo cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del quejoso y no se aplique en su perjuicio cualquier acto cruel, inhumano o degradantre, ello de una interpretación conforme del artículo 1° constitucional y en aplicación al principio pro persona, de conformidad con la Convención de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Asimismo, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, para el efecto de que se le proporcione la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, además deberán realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que necesite. Lo anterior, atendiendo a que de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se observa que pese a haberlo solicitado con anterioridad, no ha recibido el respectivo tratamiento; lo que permite establecer, con base en una ponderación de la apariencia del derecho y el peligro en la demora, que la falta de atención médica reclamada compromete gravemente la integridad personal del quejoso. 1.3.1. Condiciones de la suspensión. Esta suspensión surtirá sus efectos desde luego, respecto de los actos que el promovente atribuye a las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda o, en su caso, también contra aquellas autoridades que tengan a su disposición al quejoso. 1.3.1. Requerimiento de informes en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables a quienes se reclama la incomunicación y la falta de seguridad, quienes deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 158, en relación con el diverso 236, ambos de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en el entendido de que dichos informes deberán ser enviados al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, que asuma el conocimiento del presente asunto. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad según dispone el artículo 206, en relación con el 237, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. 1.4. Notificación al quejoso. Ahora, toda vez que el quejoso Luis Martín Mercado Santiago, se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, con fundamento en los artículos 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo; gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en el aludido centro de reclusión y notifique al quejoso este acuerdo. Asimismo, para que haga entrega de los oficios a las autoridades señaladas como responsables y remita los acuses respectivos. Se faculta al juez exhortado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al juez auxiliar que devuelva la comunicación oficial con las constancias que acrediten su diligenciación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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