Luis Martin Vidaurre Lima
Expediente 1257/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Luis Martin Vidaurre Lima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en este Juzgado el cinco de octubre de dos mil veintitrés,********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************y ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos y autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Violencia Familiar Zona Centro, con residencia en esta ciudad Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California Encargado del Despacho de la Coordinación, Supervisión de Medidas y Beneficios Judiciales Zona Tijuana, (Autoridad inexistente) Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro (Autoridad inexistente) Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, (Autoridad inexistente) Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, Zona Tijuana (Autoridad inexistente) Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana (Autoridad inexistente) Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana y Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana (Autoridad inexistente) "I.- LOS ACTOS RECLAMADOS: La ÓRDEN DE INTERNAMIENTO en el Centro Penitenciario del Estado de Baja California con residencia en Tijuana, en el plazo de TRES HORAS contadas a partir de las 13:30 horas del día de hoy 04 de octubre del año 2023, en que la autoridad responsable dictó resolución, al final de la audiencia de fecha 04 de octubre del año 2023, en autos de la causa penal número 3570/2022, con número único de caso 0204-2022-16464, seguida en contra del suscrito en mi calidad de imputado. La ORDEN DE APREHENSIÓN girada en mi contra y su ejecución, dictada por la autoridad responsable en audiencia privada de fecha 04 de octubre del año 2023, autos de la causa penal número 3570/2022, con número único de caso 0204-2022-16464, seguida en contra del suscrito en mi calidad de imputado. La ORDEN DE INTERNAMIENTO FORZOSA de mis hijos los niños de nombres ********************y ******************** el primer de 7 años de edad y el segundo de 3 años de edad a un albergue del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad de Tijuana, Baja California (DIF), Y su EJECUCIÓN en un plazo que no exceda de DOCE HORAS, contadas a partir de las 13:30 horas del día de hoy 04 de octubre del año 2023, en que la autoridad responsable dictó resolución, al final de la audiencia fecha 04 de octubre del año 2023, seguida en contra del suscrito en mi calidad de imputado." Luego, del escrito aclaratorio precisa como acto reclamado el siguiente: "1.- La AUDIENCIA DE REVISIÓN, SUSTITUCIÓN o MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES celebrada el cuatro del octubre del año 2023, en autos de la causa penal número 3570/2022, con numero único de caso 0204-2022-16464, que se sigue en mi calidad de imputado por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de la señora MARICRUZ CORDOVA SOLANO, en calidad de víctima, en la que la autoridad responsable resolvió modificar las medidas cautelares previamente impuestas al suscrito, imponiéndome la medida de PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA y sus consecuencia consistentes en: La ÓRDEN DE INTERNAMIENTO del suscrito en el Centro Penitenciario del Estado de Baja California con residencia en Tijuana, en el plazo de TRES HORAS contadas a partir de las 13:30 horas del día 04 de octubre del año 2023. La ORDEN DE INTERNAMIENTO FORZOSA de mis hijos los niños de nombres ********************y ******************** el primero de 7 años de edad y el segundo de 3 años de edad a un albergue del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad de Tijuana, Baja California (DIF), por conducto del C. Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Zona Centro, Lic. Verónica Vanessa Bernal Sánchez, en un plazo que no exceda de DOCE HORAS, contadas a partir de las 13:30 horas del día 04 de octubre del año 2023, quedando a disposición del ciado Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hasta en tanto se resuelva, respecto a la custodia de los mismos por la C. Juez Quinto de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que tengo conocimiento ya fue ejecutada el mismo día 04 de octubre del año 2023, y actualmente mis hijos se encuentran internados en un albergue de dicha autoridad. La ORDEN DE APREHENSIÓN dictada en mi contra por la autoridad responsable en autos de la causa penal número 3570/2022, con número único de caso 0204-2022-16464, que se sigue en mi calidad de imputado por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de la señora MARICRUZ CORDOVA SOLANO en calidad de víctima, en audiencia privada de fecha posterior a las 16:30 horas del día 04 de octubre del año 2023, de la que desconozco su contenido." (sic) Segundo. Trámite. En proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó abrir en original del presente cuaderno incidental, se solicitaron los informes previos, se proveyó en relación a la suspensión provisional solicitada, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos se desarrolló al tenor del acta que antecede. Tercero. Ahora, toda vez que en el auto de veintidós de noviembre de este año, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables que el quejoso denominó como Encargado del Despacho de la Coordinación, Supervisión de Medidas y Beneficios Judiciales Zona Tijuana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, Zona Tijuana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana, Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana y Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana; es por tal motivo que esta resolución únicamente se ocupará de los actos reclamados a las restantes autoridades señaladas como responsables. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 1257/2023-C, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en La medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal de origen 03470/2022. La orden de aprehensión girada en contra del quejoso en la referida causa penal. La orden de internamiento de los menores quejosos de iniciales ********************y ********************, en un albergue del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad. La orden de internamiento del quejoso en el Centro Penitenciario del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Tercero. No es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California, consistente en la orden de aprehensión que reclama el quejoso********************, dentro de la causa penal 3470/2022, ya que al rendir su informe previo, negó su existencia, sin que el promovente del amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia para concederla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 133, julio de 1995, tomo II, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Cuarto. Son ciertos restantes actos reclamados al Juez de Control del Partido Judicial del Estado de Baja California, ya que al rendir su informe previo, manifestó que el cuatro de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 3470/2022, que se instruye al quejoso********************, en audiencia de revisión, sustitución o modificación de medidas cautelares, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conminando al quejoso que se internara en el centro penitenciario de esta ciudad, además instruyó al fiscal para que en el término de doce horas recogiera a los menores y los pusiera a disposición del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Violencia Familiar Zona Centro y Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, ya que fueron omisas en rendir su informe previo, aunado a que la ordenadora aceptó la existencia de éstos, por lo que al revestirles el carácter de ejecutoras es inconcuso la existencia de los actos a ellas atribuidos. Quinto. Ahora, no obstante la certeza de los actos reclamados atribuidos al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Violencia Familiar Zona Centro y Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, consistentes en la ejecución de la orden de internamiento de los menores quejosos de iniciales ********************y ********************, en un albergue del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad, se niega la suspensión definitiva solicitada, ya que de las constancias que remitió la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, anexas a su oficio con número de registro 16326, se desprende que conforme a lo ordenado dentro del expediente ********************, del índice de la Juez Quinto de lo Familiar, los menores quejosos de iniciales ********************y ********************, fueron entregados a la madre ******************** (aquí tercero interesada) Por tanto, es evidente que al no haber materia sobre la cual decretar la suspensión del acto a ésta atribuido, debe negarse la medida cautelar solicitada. Sexto. Ahora, respecto a la medida cautelar de prisión preventiva y la orden de internamiento del quejoso se provee lo siguiente. En principio, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión, a saber: ".Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.". Así, esta juzgadora considera que se cumple con los requisitos del dispositivo legal antes transcrito, puesto que la suspensión la solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social y tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional. Sin embargo, es necesario establecer que el citado artículo también prevé: ".Que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.". Por su parte, el artículo 147 de la misma Ley, prevé que: "En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Así, aun cuando el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares. Sin embargo, en dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares dictadas en el procedimiento penal por autoridad judicial, dado que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que dijo que el juzgador de amparo debe determinar, en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Lo anterior, aunado a lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Cobra aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social." Sin embargo, esta juzgadora considera que en el caso no es procedente conceder la suspensión provisional en los términos solicitados, para arribar a esta conclusión es necesario traer a colación la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De la propia ejecutoria emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en resolución de sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, donde se resolvió la contradicción de criterios número 36/2023, determinó: "De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." De lo anterior, se obtiene que si bien la suspensión provisional podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, o como en el caso que no se interne en el centro penitenciario correspondiente, también lo es que ello procede siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva) no cumple con los requisitos siguientes: 1. Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y 2. La relación del quejoso con ese hecho. 3. Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5. Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6. Que resulte estrictamente proporcional. 7. Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, para que proceda la suspensión es necesario que no existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas); no exista relación del quejoso con ese hecho; la finalidad de la medida que prive la libertad no sea compatible con la Convención Americana; que la medida adoptada no sea idónea, para cumplir con el fin perseguido; que no sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; que no resulte estrictamente proporcional; que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Ahora bien, en el caso concreto, por el momento, no se tienen elementos objetivos suficientes para poder determinar si dichos requisitos se cumplen o no. Esto pese a la narración bajo protesta de decir verdad que realiza la parte quejosa de los antecedente del acto reclamado y la prueba de la audiencia de cuatro de octubre pasado ofrecida mediante dispositivo de almacenamiento (USB), en el que se desprende la audiencia de modificación de medidas cautelares. Por lo tanto, la narración hecha por la parte quejosa no se puede tener como hechos razonables y verosímiles, que deban tomarse en cuenta para que esta juzgadora pueda establecer si se cumplen o no los requisitos establecidos por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, para la procedencia de la suspensión provisional con efectos restitutorios, para determina que es procedente por el momento que el Juez responsable deje sin efecto dicha medida, toda vez que dicho análisis será motivo de estudio en el expediente principal del cual deriva este incidente de suspensión, en base al informe justificado y las pruebas que para tal efecto allegue el Juez responsable. En consecuencia, conforme con los artículos 125, 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la suspensión definitiva para los efectos solicitados (dejar sin efecto la medida de prisión preventiva); lo anterior, es comprensible desde una perspectiva lógica jurídica, habida cuenta que la determinación de un juez penal que impone, confirma o deja subsistente (propio de la resolución de revisión de medidas cautelares) la prisión preventiva, necesariamente supone que ha sido sometida a control y escrutinio judicial estricto, dentro del proceso penal correspondiente (instancia natural), en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167, con relación al 161 y 163, estos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo del análisis que dicha autoridad realice de las circunstancias particulares del caso y los riesgos que se pretenda paralizar, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, como fines legítimos de la prisión preventiva. Por tanto, con fundamento en el numeral 166, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el delito de violencia familiar, por el que se instruye la causa penal de origen, en contra del quejoso, no amerita prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales así como del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que el quejoso se encuentra en libertad, se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso únicamente en relación con los efectos de dicha medida, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y el quejoso por el momento, no sea privado de su libertad personal, ni obligado a internarse en el Centro de reclusión, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa penal, para la continuación del procedimiento respectivo, siempre y cuando cumpla con las medidas cautelares anteriormente otorgadas en cuanto a la restricción de acercarse o molestar a la víctima, toda vez que esta Juzgadora debe ponderar la seguridad de ésta ante la concesión de la suspensión otorgada, lo anterior hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en el presente asunto. La presente medida cautelar no surtirá efectos si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito, o en caso urgente o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo o en virtud de un delito considerado como grave o de prisión preventiva oficiosa; de igual manera, dicha medida cautelar no surtirá efectos si la orden privativa de libertad fue emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que de presentarse alguna de las circunstancias antes citadas, el Juez de la causa podrá conminar al hoy quejoso a que cumpla con su internación o bien proveer lo que legalmente proceda en relación con la medida cautelar combatida. Luego, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no cumple dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con los siguientes requisitos: Otorgar garantía por la cantidad de ******************** en billete de depósito que deberá exhibir a su nombre o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, ante y a satisfacción de este juzgado. En el entendido de que si el solicitante de amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 fracción II, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en él deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 1257/2023-C, promovido por********************." En el entendido de que la medida suspensional que se concede con antelación, dejará de surtir efectos si no cumple con las medidas decretadas para ese efecto; a saber, la restricción de acercarse o molestar a la víctima, la garantía como medida de efectividad y la comparecencia ante el Juez de la causa como medida de aseguramiento. Por lo expuesto, se R e s u e l v e Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************y ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto, por los motivos ahí expuestos. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************y ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que informara la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló como Encargado del Despacho de la Coordinación, Supervisión de Medidas y Beneficios Judiciales Zona Tijuana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, Zona Tijuana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana, Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana y Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana, sin que lo hubiera hecho, no obstante de estar notificado para ello el catorce de noviembre del año en curso. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de diez de noviembre anterior y se tienen por inexistentes dichas autoridades, debiéndose suspender toda comunicación con las mismas. De igual forma, en el auto de requerimiento referido, se requirió a la parte quejosa para que informara si conoce diverso domicilio donde pueda ser emplazada a juicio la tercero interesada ********************, sin que a la fecha haya hecho lo propio. Ahora, tomando en consideración que dentro del incidente de suspensión relativo a este asunto, el ocho de noviembre del año en curso, se tuvo a la Subrocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, informando la imposibilidad que tuvo para acatar la suspensión provisional ya que en cumplimiento a lo proveído por el Juez Quinto de lo Familiar, los menores fueron entregados a la aquí tercero interesada ******************** Por lo tanto, previo a agotar medios de localización de la tercero interesada, requiérase al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y a la Subrocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados, informen si cuentan con algún domicilio actual donde pueda ser localizada la tercero interesada en comento o bien, informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, a la omisa se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $******************** (********************pesos, moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $******************** (******************** moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que dentro del cuaderno principal del que deriva la presente incidencia se declararon inexistentes las autoridades responsables que señaló el quejoso como Encargado del Despacho de la Coordinación, Supervisión de Medidas y Beneficios Judiciales Zona Tijuana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar Zona Centro, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, Zona Tijuana, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación Ministerial adscrito a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana, Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana y Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones, Tijuana, motivo por el cual se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Notifíquese.
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