Luis Manuel Cossio López

Expediente 750/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
750/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Manuel Cossio López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El cinco de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el ocho de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir seis de julio de dos mil veinticinco. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Juez Cuarto Penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de uno de abril del año en curso, adjunta las constancias solicitadas. Ahora, visto el estado que guardan los presentes, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de dar contestación y resolver en sus términos legales el incidente de traslado presentado en catorce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 175/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; y, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación y resolver en sus términos legales el incidente de traslado presentado en catorce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 175/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Así, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal, con sede en esta ciudad, a efecto de sustentar su informe justificado, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintitrés de febrero pasado, se advierte que dentro de la causa penal 175/2021, de su índice, el veintiuno del citado mes y año, dictó resolución interlocutoria en la que resolvió el incidente de traslado promovido por el aquí quejoso Luis Manuel Cossio López; asimismo, de las constancias que adjuntó dicha autoridad al oficio de cuenta, se desprende que en siete de marzo de la presente anualidad, dicho quejoso quedó notificado de la resolución en comento. Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? presentación de la demanda de amparo -veinte de octubre de dos mil veintiuno-, el acto reclamado subsistía, también lo es que con posterioridad, es decir, el veintiuno de febrero del año en curso, en la causa penal 175/2021, se dictó resolución interlocutoria en la que se resolvió el incidente de traslado que promovió ante el Juez natural, misma que se le notificó personalmente el siete de marzo siguiente; de ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARSGERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en la omisión de no dar contestación y no resolver en sus términos legales el incidente de traslado presentado en catorce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 175/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. De igual forma, se hace constar que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se agregó a los autos las copias certificadas de la causa penal 175/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, de las que se advierte que en veintiuno de febrero del año en curso, se dictó resolución interlocutoria en la que se resolvió el incidente de traslado promovido por el aquí quejoso Luis Manuel Cossio López; sin que en el caso hubiere adjuntado la constancia de notificación de este último. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de la constancia de notificación personal del aquí quejoso Luis Manuel Cossio López, de la que se desprenda que se le hizo del conocimiento el contenido de la GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? resolución interlocutoria dictada en veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 175/2021, de su índice, o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que tiene para ello; lo anterior, por estimarse necesaria para resolver este juicio, y en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el numeral precitado y la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del cinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; en ese sentido, a fin de dar oportunidad a que se lleven a cabo las gestiones necesarias para integrar GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 debidamente el presente juicio, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARSCoV- 2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual aclara que por un error involuntario, en el último oficio enviado por esa dependencia, mismo que quedó registrado con folio 2305, no se especificó claramente el nombramiento de asesor jurídico del quejoso Luis Manuel Cossio López; siendo que los asignados para asistir al directamente agraviado, son los defensores públicos Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina. En virtud de ello, con fundamento en los artículos 1º y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Por consiguiente, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que se sirva correr traslado con copia de la totalidad de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, a los referidos defensores adscritos a la Coordinación de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, de esta ciudad; asimismo, se le tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. De igual manera, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déseles vista por un término de ocho días, con el informe justificado que obra en autos y las constancias que se remitieron en alcance, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus asesores jurídicos.

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