Luis Manuel Ramírez Fernández

Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1132/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Manuel Ramírez Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Por lo que se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto del cuaderno relativo al incidente de suspensión, el mismo es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en atención a que se negó la suspensión definitiva; acorde con el artículo 20, fracción III, del acuerdo en cita. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1132/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; RESULTANDO. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, ********************, por propio derecho, interpuso demanda de amparo contra las autoridades y acto reclamado que a continuación se mencionan: Autoridades Responsables: 1. Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad. 2. Agente del Ministerio Público, o Fiscal, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ciudad. 3. Comandante de la Policía Ministerial de la Zona de Tijuana, Baja California, ciudad. (Autoridad inexistente) Acto reclamado: "La privación de la libertad fuera de procedimiento, consistente en la ilegal orden verbal o escrita, de que se me detenga y la ejecución de dicha orden de detención o aprehensión, detención, arraigo domiciliario, arresto, o presentación ante cualquier tipo de autoridad administrativa o judicial, fuera de todo procedimiento, sin ser oída y vencida en juicio, permitiéndome especificarlos de la siguiente manera: De todas y cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES se les reclama, LA ORDEN DE APREHENSIÓN, O DETENCIÓN dictada en contra mía, para privarme de mi libertad, sin que se haya seguido el juicio correspondiente ante los Tribunales legalmente establecidos, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento aplicable, y en consecuencia, todos los actos tendientes a dar cumplimiento material a la orden de privarme de mi libertad fuera de procedimiento. Las órdenes de PRESENTACIÓN, LOCALIZACIÓN O ARRESTO, que pretenden ejecutar para detenerme, sin que exista causa legal alguna, que funde y motive tal medida en mi contra". Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagra los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda de garantías en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1132/2023, y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le compete, se citó a las partes a la audiencia constitucional. Cuarto. En la audiencia constitucional de esta propia fecha, se tuvo por inexistente la autoridad que el quejoso señaló como "Comandante de la Policía Ministerial de la Zona de Tijuana, Baja California", con sede en esta ciudad, por lo que en la sentencia que se dicte, no se analizará el acto a ella reclamado. Quinto. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes, al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado no tiene ejecución material al tratarse de una omisión y la demanda se interpuso en esta localidad. Segundo. Precisión de actos reclamados. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La privación de la libertad fuera de procedimiento, consistente en la orden de detención, aprehensión, detención, arraigo domiciliario, arresto o presentación. Tercero. Análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, en su denominación correcta, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado; sin que en el caso, el quejoso haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar la negativa de dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual forma, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En cumplimiento al último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1132/2023-E, promovido por ********************, de propio derecho, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, por propio derecho demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: Acto reclamado: "La privación de la libertad fuera de procedimiento, consistente en la ilegal orden verbal o escrita, de que se me detenga y la ejecución de dicha orden de detención o aprehensión, detención, arraigo domiciliario, arresto, o presentación ante cualquier tipo de autoridad administrativa o judicial, fuera de todo procedimiento, sin ser oída y vencida en juicio, permitiéndome especificarlos de la siguiente manera: De todas y cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES se les reclama, LA ORDEN DE APREHENSIÓN, O DETENCIÓN dictada en contra mía, para privarme de mi libertad, sin que se haya seguido el juicio correspondiente ante los Tribunales legalmente establecidos, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento aplicable, y en consecuencia, todos los actos tendientes a dar cumplimiento material a la orden de privarme de mi libertad fuera de procedimiento. Las órdenes de PRESENTACIÓN, LOCALIZACIÓN O ARRESTO, que pretenden ejecutar para detenerme, sin que exista causa legal alguna, que funde y motive tal medida en mi contra". Autoridades Responsables: 1. Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad. 2. Agente del Ministerio Público, o Fiscal, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ciudad. 3. Comandante de la Policía Ministerial de la Zona de Tijuana, Baja California, ciudad. Por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Se admitió a trámite la demanda, ordenando formar el incidente de suspensión, en el que se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. En la audiencia incidental de esta propia fecha, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como "Comandante de la Policía Ministerial de la Zona de Tijuana, Baja California", por lo que en la resolución que se dicte, no se analizará el acto a ella reclamado. Por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: La privación de la libertad fuera de procedimiento, consistente en la orden de detención, aprehensión, detención, arraigo domiciliario, arresto o presentación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, en su denominación correcta, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dicha negativa procede negar la suspensión definitiva solicitada por lo que hace a las autoridades responsables antes mencionadas, ya que no existe materia sobre la cual decretarla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 133, julio de 1995, tomo II, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva, en contra de los actos de las autoridades responsables precisadas, en términos del considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia incidental; asimismo, de autos se advierte que se encuentra transcurriendo la vista dada a la parte quejosa en el presente juicio, mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, señalándose como nueva fecha para su celebración, las diez horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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