Luis Loredo Vargas
Expediente 573/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Loredo Vargas
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Téngase por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 221/2019, así como un tomo de pruebas; acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "Primero. Es infundado el presente recurso de queja 221/2019. Segundo. Se confirma el auto de seis de junio de dos mil nueve, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria." Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de queja de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Devuélvase al Juez Primero Mercantil en esta ciudad, el cuaderno de pruebas que remitió como anexo a su informe con justificación. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el seis de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo, y toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en ejecutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, declaró infundado el recurso de queja interpuesto; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el mismo obren documentos que por sus características deban ser devueltos. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
TRIBUNAL COLEGIADO INFORMA ADMISIÓN DE RECURSO DE QUEJA
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Luis Loredo Vargas, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto que este Juzgado dictó un proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo antes referida, lo cual aconteció el seis de junio de dos mil diecinueve, y para justificar lo anterior, al efecto se le remiten las constancias correspondientes. En ese tenor, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, remítase a la superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, así como un cuaderno de pruebas que remitió el Juez responsable; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, envíese el original del escrito a través del cual se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios correspondientes, así como copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Sin que haya lugar a proveer de conformidad con la solicitud del quejoso en el sentido de que se tramite incidente de suspensión en el presente asunto, en razón de que la tramitación de dicha medida cautelar se encuentra condicionada a la admisión a trámite del juicio de amparo en lo principal, por lo que al haberse desechado la demanda mediante auto de seis de junio de dos mil diecinueve, no es posible proveer sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, puesto que sus efectos consisten en interrumpir transitoriamente la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.4º.C.7 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2321, que dispone: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PRONUNCIAMIENTO ESTÁ CONDICIONADO A LA VIDA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si bien es verdad que del texto del artículo 113 de la Ley de Amparo, en contraste con el diverso numeral 145 de la ley abrogada, se advierte que el legislador suprimió la parte final de este último, donde señalaba que cuando del examen al escrito de demanda se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debía desecharse de plano: "...sin suspender el acto reclamado"; sin embargo, dicha supresión en su redacción actual, no significa permisión en cuanto a que al desechar de plano la demanda, sea factible proveer sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, ya que no debe soslayarse que la figura de la suspensión en el juicio de amparo se ha concebido como una cuestión accesoria de aquél, esto es, la medida cautelar tiene como conditio sine qua non, la admisión a trámite de la solicitud de amparo, puesto que sus efectos consisten en interrumpir transitoriamente la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. De lo anterior se concluye que aunque la determinación de desechamiento de una demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable, se encuentre sub júdice, en su caso, por virtud de su impugnación mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley citada, ello no implica que en tanto se resuelve este último, el Juez de Distrito deba proveer sobre la suspensión del acto reclamado, puesto que esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo cual no se actualiza cuando la demanda fue desechada de plano". Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el que transcribe el acuerdo de incompetencia dictado dentro del amparo directo civil 297/2019, al que acompaña el oficio 1108/2019, signado por el Juez Primero Mercantil en esta ciudad (antes Juez Cuarto Civil en esta ciudad), por medio del cual rinde informe justificado; original con certificación y una copia de la demanda de amparo promovida por Luis Loredo Vargas; diversas constancias de notificación; así como el expediente 1076/2016 en un solo tomo que obra por separado. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 573/2019-V, y fórmese el expediente respectivo. Con fundamento en los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo referido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el anexo remitido fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y anexo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Sobre tales bases, se advierte que la parte quejosa reclama la interlocutoria dictada el veinte de marzo del año en curso, por el Juez Primero del Ramo Mercantil en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 1076/2016, a través de la cual se adjudicó libre de gravamen el bien inmueble sacado a remate a Sergio Omar Saldaña Galván; se determinó que una vez que ésta causara ejecutoria, se harían efectivos los billetes de depósito agregados por el postor, a efecto de cubrir el precio que ofertó por dicha finca; hecho lo anterior se requeriría a la demandada para que dentro del plazo de tres días otorgara la escritura correspondiente, y se ordenó liquidar a los acreedores hasta donde alcanzara con el precio que se pagó por el aludido remate. Se corrobora lo anterior con la transcripción de los puntos resolutivos de la interlocutoria de veinte de marzo del año en curso, la cual realizó bajo protesta de decir verdad la quejosa en el ocurso aclaratorio, la cual es del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se declara aprobada la adjudicación solicitada por SERGIO OMAR SALDAÑA GALVÁN, y por ende se adjudica libre del gravamen correspondiente, el inmueble sacado a remate, cuyas características de acuerdo con el certificado de libertad de gravamen, son las siguientes: "...Lote número 38-B, manzana 5 cinco, ubicado en Circuito Manzanas número 274 doscientos setenta y cuatro, del Fraccionamiento Villas de Jacarandas, del estado de San Luis Potosí, del municipio de San Luis Potosí, con una superficie de 90.000 m2, noventa metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al NOROESTE: 6.000m seis metros, linda con la calle Circuito Manzanas; al SUROESTE: 6.000m seis metros, linda con lote número 16-A, al SURESTE 15.000m quince metros, linda con lote 39-A; y, al NOROESTE: 15.000 quince metros, linda con lote 38-A.", adjudicación que se aprueba en la cantidad de $453,000.00 (cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional). SEGUNDO.- Una vez que la presente resolución cause ejecutoria, hágase efectivos los billetes de depósitos agregados por el postor, mismos que cubren el precio que ofreció por la finca materia del remate. TERCERO.- Una vez Hecho lo señalado en el resolutivo anterior, requiérase a la demandada para que dentro del término de tres días otorgue la escritura a favor de SERGIO OMAR SALDAÑA GALVAN, apercibida que de no hacerlo, éste Juzgado lo hará en su rebeldía. CUARTO.- Por otro lado, y toda vez que existe un crédito preferente, en favor del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, con el importe producto del remate, y una vez que dicha institución acreedora, acredite la cantidad exigible con un crédito plenamente reconocido, hágase pago en primer término a dicha institución, hasta donde alcance, y posteriormente, con el excedente páguese al ejecutante la cantidad reconocida en autos en la medida de lo posible, y en caso de existir remanente entréguese a la demandada; por lo que, la cantidad obtenida con motivo del remate deberá quedar en resguardo de este tribunal, hasta en tanto no se dé cumplimiento con lo establecido respecto de la pretensión arriba decretada, es decir, hasta en tanto la institución acreedora preferente, acredite plenamente su crédito reconocido y exigible. QUINTO.- Notifíquese por lista a las partes; y personalmente al diverso acreedor INSTITUTO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES". Por las razones expuestas a continuación, se considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva indistintamente ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Tal aspecto es tratado en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Por otra parte, como ya se dijo, el análisis integral del escrito de demanda permite establecer que el acto reclamado en esta vía consiste en la interlocutoria dictada el veinte de marzo del año en curso, por el Juez Primero de lo Mercantil en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 1076/2016, por la que: 1. Se aprobó la adjudicación solicitada por Sergio Omar Saldaña Galván, y se adjudicó a su favor libre de gravamen el inmueble sacado a remate, por la cantidad de $453,000.00 (cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. Se ordenó que una vez causara ejecutoria dicha resolución, se harían efectivos los billetes de depósito agregados por el postor. 3. Y hecho lo anterior, se requeriría a la demandada para que el término de tres días otorgue la escritura a favor de Sergio Omar Saldaña Galván, apercibida de no hacerlo, dicho juzgado lo haría en su rebeldía. De lo cual, se concluye que tal determinación no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes rematados, pues para que acontezca esto es necesario: 1) Se hagan efectivos los billetes de depósito agregados por el postor, mismos que cubren el precio que ofreció por la finca materia del remate. 2) Acontecido lo anterior, el juez ordene a la parte demandada otorgue la escritura respectiva en favor de Sergio Omar Saldaña Galván. Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en los procedimientos de remate, contra la última resolución pronunciada, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones el acto que aquí se reclama, pues más bien se trata de providencias intermedias, se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en el procedimiento de remate, pudiéndose reclamar en éste las probables infracciones formales que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que es del texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, la orden que se pretende controvertir en este juicio constitucional, tiende a ejecutar la sentencia dictada en el controvertido de origen, pues -como ha quedado de relieve- tiene como objetivo la adjudicación del bien rematado, y con la cantidad obtenida de éste se pague al acreedor preferente y después al ejecutante, ya que así se desprende del punto resolutivo séptimo de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete. En cuyo caso se actualiza el criterio que informa a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 1a./J. 28/2010, en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así como la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la quejosa no haya figurado como actora o demandada en el juicio de origen, ya que del tomo de constancias que obra por separado, relativo al juicio ejecutivo mercantil 1076/2016, se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, previo al dictado de la interlocutoria reclamada, el Juez responsable le reconoció al aquí quejoso el carácter de acreedor de la parte demandada, lo previno para que exhibiera copia autorizada de la sentencia de la cual hacia valer los derechos que refería le asistían; lo tuvo haciéndose sabedor de la fecha y hora señalada para la segunda almoneda de remate y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados de su parte. Ante lo cual no debe soslayarse que su intervención como acreedor, en términos de los artículos 472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, a fin de tramitar la ejecución en un procedimiento de remate, conlleva reconocimiento legal de su derecho incluyéndolo a dicha etapa procesal, tan es así que le permite interponer los mismos recursos que las partes principales, pues el objeto de citar al tercero acreedor al procedimiento de ejecución es el respetarle la garantía de audiencia. De ahí que el acreedor aquí quejoso al ser parte procesal formal en el procedimiento de remate del controvertido génesis del acto reclamado, le aplican las mismas reglas que a las demás partes para reclamar en el amparo biinstancial las actuaciones en dicha etapa. Norma el criterio anterior, la tesis IX.1o.70 C sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 1674, de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN EN JUICIO MERCANTIL. PUEDE INTERPONER ESE RECURSO EL TERCERO QUE APARECE COMO ACREEDOR EN EL CERTIFICADO DE GRAVÁMENES EXPEDIDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN REMATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). Conforme al artículo 1337 del Código de Comercio pueden apelar una sentencia, el litigante condenado, si creyere haber recibido algún agravio y el vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de los frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de las costas. Por otra parte, de los diversos artículos 1065 y 1066 del código adjetivo civil para el Estado de San Luis Potosí, aplicados supletoriamente a aquél, se desprende la intervención forzosa de los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes, expedido a fin de tramitar la ejecución en un procedimiento de remate, en los juicios en que no son parte; por ende, debe estimarse reconocido legalmente su derecho para interponer los mismos recursos que las partes principales, pues el objeto de citar al tercero acreedor al procedimiento de ejecución es el respetarle la garantía de audiencia, que implica el derecho de defensa que comprende, entre otras, la facultad de interponer los recursos que la ley concede". No pasa inadvertido para quien resuelve que el quejoso refiera que el acto reclamado es de imposible reparación, atendiendo a que en éste se ordena que el bien inmueble rematado pase libre de gravamen, lo cual conlleva que se elimine el que tiene inscrito a su favor. Lo anterior, porque de conformidad con los artículos 1412 Bis1 del Código de Comercio y 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cancelación de los gravámenes cuando derivan de un remate celebrado en un juicio ejecutivo mercantil, acontece cuando el Juez emite la orden para que se realice la escritura, y ante esto el Notario Público correspondiente protocolizará el acto y dicha hijuela será la que se mande inscribir en el registro referido. De ahí que la afectación aducida por el promovente del amparo, en el presente caso se encuentra supeditada a que se hagan efectivos los billetes de depósito agregados por el postor, y el Juez Primero del Ramo Mercantil en esta ciudad, ordene al demandado otorgue la escritura en favor del adjudicatario, y luego se remitan los autos al Notario Público para que lleve a cabo dicha escritura, y posteriormente ésta se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Enrique Batres Esquivel y Armando Ramírez Rodríguez, quienes cuentan con cédulas profesionales 1821441 y 2552343, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgado de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada
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