Luis Meriño Acosta

Expediente 1204/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1204/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Meriño Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el diez de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el diez de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del original del incidente. En virtud de que en el presente asunto se tramito´ incidente de suspensio´n del acto reclamado, archi´vese el cuaderno incidental por separado toda vez que en éste se concedio´ la suspensión definitiva; en consecuencia, el cuaderno del incidente de suspensio´n, es susceptible de depuracio´n. Lo sen~alado con anterioridad, debera´ efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres an~os conforme a lo previsto en el arti´culo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual debera´ realizarse dentro de los noventa di´as siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres an~os): conserva´ndose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensio´n, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violacio´n y el provei´do en que se acuerde su archivo como asunto concluido; asi´ como, de ser el caso, los dema´s documentos que se consideren necesarios, justificacio´n de esto u´ltimo que debera´ hacerse constar en el acuerdo de desincorporacio´n respectivo. Sin que en el caso en dicho cuaderno obre algu´n documento original presentado por las partes que por sus caracteri´sticas deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuracio´n, solici´tese la transferencia del aludido expediente a los depo´sitos documentales dependientes de la Direccio´n General de Archivo y Documentacio´n. Valoración del duplicado del incidente. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en el cuaderno incidental que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. En otro orden, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el presente caso la parte quejosa reclama de diversas autoridades pertenecientes a la Oficina de Representación del Instituto Nación de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación: ".a. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en la Av. Pról. Muñoz 362, Fraccionamiento Muñoz, C.P. 78165, San Luis, S.L.P. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 15 días, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Av. Pról. Muñoz 362, Fraccionamiento Muñoz, 1 era sección C.P. 78165 San Luis Potosí S.L.P. sin que a la fecha se le haya resuelto su situación migratoria y sin que a la fecha se le indique la causa de su detención. c. La inminente resolución de deportación del suscrito a su país de origen.". Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte: Que a través del oficio EMSLP/2488/XI/2021, signado por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, el aquí quejoso Luis Meriño Acosta, el veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, se le notificó el acuerdo de salida de la referida estación migratoria, habiendo salido a las quince horas con veinticinco minutos, según se desprende del contenido éste. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada del acuerdo dictado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente 3997, a través del cual declaró que el extranjero Luis Meriño Acosta (aquí quejoso), se tuvo por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido al citado. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que Luis Meriño Acosta, quedó en libertad el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y en virtud de que el treinta de diciembre del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio 3997, seguido a dicho quejoso, un acuerdo en el que se determinó tener concluido tal procedimiento. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento administrativo migratorio 3997, por lo que debe considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el siete de febrero de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el siete de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. En otro orden, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el presente caso la parte quejosa reclama de diversas autoridades pertenecientes a la Oficina de Representación del Instituto Nación de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación: ".a. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en la Av. Pról. Muñoz 362, Fraccionamiento Muñoz, C.P. 78165, San Luis, S.L.P. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 15 días, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Av. Pról. Muñoz 362, Fraccionamiento Muñoz, 1 era sección C.P. 78165 San Luis Potosí S.L.P. sin que a la fecha se le haya resuelto su situación migratoria y sin que a la fecha se le indique la causa de su detención. c. La inminente resolución de deportación del suscrito a su país de origen.". Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte: Que a través del oficio EMSLP/2488/XI/2021, signado por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, el aquí quejoso Luis Meriño Acosta, el veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, se le notificó el acuerdo de salida de la referida estación migratoria, habiendo salido a las quince horas con veinticinco minutos, según se desprende del contenido éste. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada del acuerdo dictado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente 3997, a través del cual declaró que el extranjero Luis Meriño Acosta (aquí quejoso), se tuvo por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido al citado. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que Luis Meriño Acosta, quedó en libertad el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y en virtud de que el treinta de diciembre del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio 3997, seguido a dicho quejoso, un acuerdo en el que se determinó tener concluido tal procedimiento. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento administrativo migratorio 3997, por lo que debe considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el siete de febrero de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el siete de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexo al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, téngase al oficiante informando las denominaciones correctas de las autoridades responsables. A efecto de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional programada para el doce de enero de dos mi veintidós, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo a misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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