Luis Jesus Sanchez Leija
Expediente 926/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Jesus Sanchez Leija
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Jesús Sánchez Leija, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Jesús Sánchez Leija, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que el término legal de cinco días concedido a Luis Jesús Sánchez Leija, para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, ha transcurrido, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a dicho promovente y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.-
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que el término legal de cinco días concedido a Luis Jesús Sánchez Leija, para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, ha transcurrido, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a dicho promovente y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.- "
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por LUIS JESUS SANCHEZ LEIJA, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 926/2018-IV. Ahora bien, respecto a los actos que precisa como: "[.] el temor fundado de que al detenérseme se me apliquen golpes, tormentos y hasta privarme de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no he cometido, así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional." En principio, cabe señalar que en relación con dichos actos reclamados, no ha lugar a proveer respecto de la suspensión de plano de los mismos, pues además de que ello debe hacerse en el auto admisorio de la demanda, según lo estatuye el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo cual aún no ha ocurrido; no pasa inadvertido que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no está siendo objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En efecto, de dicho análisis se desprende que el inconforme no se encuentra privado de su libertad, pues precisamente reclama la orden de captura que aduce se giró en su contra, aduciendo temer ser privado de su libertad; además, los actos por los que refiere derivan del temor que aduce tener de que "al detenérseme" sea sujeto a "golpes, tormentos y hasta privarme de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no he cometido, así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional." De lo anterior, deviene inconcuso que el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas por los artículos 15, 20 y 112, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; análisis que se realiza en observancia de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que no basta el hecho de que el quejoso manifieste que el acto reclamado se trata de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, al ser preciso examinar si efectivamente el caso está comprendido o no en tales supuestos, además de que, como se señaló con antelación, el quejoso aduce estar en libertad, pues teme ser privado de ésta y ante el temor de que "al detenérseme" ser objeto de dichos actos, lo que evidencia que se trata de actos futuros de realización incierta, y por tanto, no existe materia que sirva de base para decretar vía suspensión de plano, el cese de los mismos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1160, del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, página 794, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO. No basta para decretarla, que el quejoso afirme que se trata de un caso prohibido por el artículo 22 de la Constitución, sino que es preciso examinar si, efectivamente, el caso está comprendido o no, en dicho precepto constitucional." Asimismo, adquiere aplicación la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1902, Tomo LVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión". En diversa tesitura, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, así como el 110 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, proporcione sus domicilio particular y laboral, en donde refiere bajo protesta de decir verdad, que elementos policiacos pretenden ejecutar la orden de captura reclamada, lo cual se hace necesario a efecto de determinar la competencia por razón de territorio en el presente asunto. Hágase de su conocimiento que las exigencias que les son requeridas en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Tomo 1, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación invocada, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.
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