Luis Josué Castro Solis

Expediente 990/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
990/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Josué Castro Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El uno de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: a) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dieciséis al veintinueve de mayo del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. b) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. c) Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. d) Que no existe tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este juzgado el once de mayo del año en curso, la que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración; con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, por lo cual, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con cuarenta minutos del once de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 990/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo (fojas 3 a 5), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 16); así como, a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al Juez con la documental que en copia certificada adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, (fojas 17 a 22). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los que la autoridad responsable formuló en su informe justificado. A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta respectiva, y a continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 990/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Luis Josué Castro Solís, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 247/2016. Acto que consideró violatorio del derecho fundamental contenido el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 6 a 9), se registró el juicio con el expediente 990/2018, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 247/2016, promovido por el quejoso contra Comunicaciones Nextel de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Zacatecas, aceptó la existencia de la omisión reclamada (foja 16). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió, copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 247/2016; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, tomando como referencia las copias certificadas que al efecto allegó la autoridad responsable, se tienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, Luis Josué Castro Solís presentó demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, en la que demandó a Comunicaciones Nextel de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, la reinstalación en el trabajo, así como el pago de diversas prestaciones con motivo del despido injustificado que dice fue objeto (foja 3). 2. La citada demanda laboral fue radicada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, ordenándose emplazar a la mencionada persona moral demandada, asimismo se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que se llevó a cabo el dieciocho siguiente, habiendo comparecido la demandada, oponiendo excepciones y defensas, asimismo, dicha parte promovió incidente de competencia y le ofreció el trabajo al ahora quejoso, por lo que se llevó a cabo su reinstalación el veintiocho de noviembre del año en cita (fojas 3 y 4). 3. El uno de diciembre de dos mil catorce, el impetrante del amparo presentó una segunda demanda laboral en contra de Comunicaciones Nextel de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamando su reinstalación y pago de salarios vencidos, ante el despido injustificado que sufrió el veintiocho de noviembre de ese año, la cual fue admitida y radicada bajo el expediente 1245/V/2014, mismo que quedó acumulado al diverso 826/II/2014, por lo que, en este último expediente se tuvo al patrón demandado por contestada la demanda en sentido afirmativo (foja 4). 4. Posteriormente, el once de marzo de dos mil dieciséis, la empresa AT&T Comunicaciones Digitales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, compareció al juicio laboral y mencionó que la demandada cambió su denominación de Comunicaciones Nextel de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la antes mencionada; promovió incidente de nulidad del emplazamiento realizado en el expediente laboral 1245/V/2014, al que le dio trámite la autoridad laboral por acuerdo de la misma fecha, citando a las partes a la audiencia incidental, la que tuvo lugar el siete de abril de dos mil dieciséis, habiéndose dictado la interlocutoria respectiva por medio de la cual, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resolvió que era incompetente (foja 4). 5. En atención a lo anterior, el expediente laboral fue turnado a la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora responsable, donde fue radicada la demanda bajo el expediente 247/2016, citando a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que el compareciente por parte de la demandada no acreditó su personalidad (foja 4). 6. Luego, se agotaron las audiencias de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como desahogo de las que así lo requerían; y, por escrito de trece de noviembre de dos mil diecisiete, el aquí quejoso solicitó se concediera término común a las partes para formular alegatos, a cuya promoción, según aduce, recayó acuerdo de seis de marzo del año en curso, por el cual, la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje declaró cerrada la instrucción, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiera pronunciado el laudo a que se refieren los artículos 840 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, con lo que considera, se ha dilatado de manera injustificada la impartición de la justicia (foja 4). La omisión de dictar el laudo correspondiente constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que el suscrito la advierta de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación resultan ineficaces, como se argumentará a continuación. El quejoso sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente, dentro del contradictorio laboral de origen. Al respecto, se tiene que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior se funda, en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Del enunciado normativo anterior, se deduce que una de las características esenciales del juicio laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, pues en éste rigen los principios de concentración, inmediatez y economía procesal. Por tanto, la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, debe tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por la mencionada Ley Federal del Trabajo. A efecto de verificar si el procedimiento se ha desarrollado de manera normal y oportuna, es necesario, acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública. Así, los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley en cita disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De los referidos preceptos legales se advierte que, en lo que aquí interesa, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los magistrados de la Junta y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de ese órgano podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje o, en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente de dicha Junta citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes de la Junta que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De lo narrado destaca que para que la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas pueda dictar el laudo definitivo, es presupuesto indispensable que se haya decretado el cierre de instrucción. En el caso, del informe justificado y las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de abril de dos mil dieciocho), no se había cerrado la instrucción como lo aduce el impetrante del amparo, pues si bien, el trece de noviembre de dos mil diecisiete, por conducto de su apoderado, presentó escrito por el que solicitó término para formular alegatos, tal petición no fue acordada de conformidad, como se aprecia del proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho que al efecto recayó, ya que la Junta responsable indicó, que el oficio solicitado a diversa institución bancaria, presentado como prueba por la parte actora, no había sido debidamente contestado, por lo que aún quedaban pruebas pendientes de desahogar. De ahí que, la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 247/2016, como lo sostiene la parte quejosa, pues además, en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, dictado con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, la mencionada autoridad responsable requirió a la Institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a fin de que dentro del término de tres días que le fue concedido, rindiera el informe solicitado por la parte actora en su escrito de pruebas, apercibiéndola que de no cumplir se le aplicaría la primera medida de apremio que establece el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la omisión de la responsable de dictar el laudo definitivo dentro del juicio de origen, no es violatoria de garantías en sí misma, por lo que es necesario que el impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega no se ha dictado el laudo, a pesar de estar en estado procesal para ello, es decir, se hubiere decretado el cierre de la instrucción y esté pendiente el dictado de la resolución correspondiente, habiendo transcurrido los plazos que la ley establece para dictar el laudo, situación que, se reitera, en la especie no aconteció, ya que a la presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción, por no existir pruebas pendientes por desahogar. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral incurrió en demora al omitir dictar el laudo definitivo en el juicio laboral 247/2016, mucho menos que el expediente se encuentre en estado de resolución y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad laboral de dictar el laudo, está justificada desde el momento en que se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en el estado procesal que refiere el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Josué Castro Solís, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Zacatecas, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 247/2016; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El treinta de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con folio 9197. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de la Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Zacatecas; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la mencionada autoridad responsable las copias certificadas del procedimiento laboral 247/2016 que adjunta a su informe justificado, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas sin perjuicio de hacer su relación en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  4. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con una promoción registrada con el folio 7097 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable LXII Legislatura del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (a través del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos); con dicho ocurso dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo previsto por el ordinal 9 de la ley de la materia invocada, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su comunicado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada responsable la que adjunta a su comunicado, consistente en un CD, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del informe justificado rendido por la citada responsable, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

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