Luis Javier Hernández Diosdado
Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 45 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 11/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Luis Javier Hernández Diosdado
- María Quetzaly Hernández Guillén
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
El once de julio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado bajo el folio 9486. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el comunicado de cuenta firmado por el Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido mediante oficio derivado del presente proveído, hágase del conocimiento de la aludida autoridad que el quejoso Luis Javier Hernández Diosdado, en su escrito de demanda promovida por su propio derecho y a nombre de su menor hija María Quetzaly Hernández Guillén, señaló como autorizado de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Armando de la Rosa Rivera dentro del juicio de amparo 128/2016; no obstante este juzgado omitió hacer pronunciamiento alguno al respecto, por lo que dicha manifestación de voluntad en el sentido de conferir un mandato a favor de su autorizado, de conformidad con el numeral citado, es suficiente por sí sola para surtir efectos de inmediato; además, se le informa que la cédula profesional de éste se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que la acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho (lo que se acredita con la constancia impresa de dicha plataforma y que en copia certificada se le envía); y finalmente, el juicio en que se actúa, se encuentra concluido en cuanto a su tramitación, ya que por auto de treinta de diciembre del año pasado, se ordenó su archivo definitivo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
treinta de diciembre de dos mil dieciséis El treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: a) Que del diecinueve al veintiuno del mes y año en curso, transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hubiere hecho. b) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. c) De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. En la misma fecha, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que el quejoso no desahogó la vista que se le otorgó respecto del cumplimiento realizado por la autoridad responsable de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, (fojas 112 a 125), se concedió al quejoso Luis Javier Hernández Diosdado, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que: ".en atención a que los argumentos examinados que han sido suplidos en su deficiencia y que han resultado fundados para determinar la ilegalidad del proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, puesto que de manera carente de motivación se decretó la medida cautelar de guarda y custodia de la Menor María Quetzaly Hernández Guillén a favor de Xóchitl Guillén Báez, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Luis Javier Hernández Diosdado para el efecto de que la Juez de Primera instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, deje insubsistente dicho acuerdo y emita uno nuevo en que se pronuncie sobre la gurda y custodia de la infante tomando en cuenta lo siguiente: Deberá considerar, aunque no de manera textual, lo prescrito por el ordinal 373 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas en que fundamentó su actuar y al cual se hizo alusión en el cuerpo de la presente sentencia. Deberá atender en todo momento al interés superior de la menor. La decisión judicial de guarda y custodia deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para la infante, así también deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para la niña. Deberá considerar que la menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad. Deberá evaluar la posibilidad de escuchar la opinión de la menor previamente a emitir la medida cautelar de guarda y custodia, y deberá ponderar ésta con las circunstancias especiales del caso y con ello arribar a una determinación teniendo como eje recto el interés superior de la infante. Enseguida, en proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria la referida resolución (foja 163 a 164), donde se requirió al juez responsable por su cumplimiento. Luego, por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la copia certificada del proveído de quince del mes y año en cita, dictado en el juicio civil ordinario (divorcio necesario) 26/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, con lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 173). De igual manera, en el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 178), se recibió la constancia mencionada en el párrafo anterior, se analizó si la sentencia estaba cumplida, de lo que se obtuvo que la responsable dejó insubsistente el auto reclamado, en lo concerniente a la guarda y custodia determinada y, en su lugar, en concreto, determinó que a efecto de resolver atendiendo al interés superior de la menor de edad involucrada, previo a resolver, debería practicarse a dicha infante un estudio psicológico infantil, a efecto de obtener la opinión libre de ésta sobre la medina, para lo cual ordenó girar oficio a la Dirección del DIF estatal para que se designara un experto en la materia de psicología infantil a fin de que llevara a cabo el referido estudio psicológico, en resumen se reservó pronunciarse sobre la guarda y custodia hasta en tanto se recibiera el estudio de mérito; por lo que dada la complejidad del cumplimiento, se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de diez días informara sobre el estado en el que se encontrara el acatamiento de la ejecutoria del presente amparo. Por autos de dieciocho, veintiséis y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 192, 205 y 217), se acordó la recepción de los oficios registrados con los números 14442 y 14917 mediante los cuales la responsable informó sobre los avances logrados a efecto de cumplir con el fallo protector de garantías, por lo que, en el primero se le requirió nuevamente para que cumpliera con el mismo. Asimismo, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió al juez responsable por el cumplimiento de la sentencia protectora de garantías (fojas 221). En autos de veintiuno, veintisiete de septiembre, cuatro, catorce y veintiuno de octubre del año en curso, (fojas 226, 232, 237, 241, 247), la responsable informó que continuaba efectuando las diligencias necesarias para estar en aptitud de dar cabal cumplimiento al fallo, volviéndose a requerir por el cumplimiento. Por otra parte, en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 259), se recibió el oficio registrado con el folio 18429 por medio del cual la juez responsable adjuntó copia certificada de la resolución de veintisiete de octubre del año en curso, con lo cual se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su interés conviniera Así, en auto de veintidós de noviembre del año en curso, se analizó si la sentencia protectora se encontraba cumplida, en el que en esencia se determinó que no se cumplió con todos los requisitos para los que fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y se requirió a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, para que dentro del término de tres días diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de este juicio, es decir, dejara insubsistente la resolución emitida en cumplimiento de la referida ejecutoria y, en su lugar, emitiera otra en la que resolviera sobre la guarda y custodia provisional materia de la litis, de manera fundada y motivada, siguiendo los lineamientos que se determinaron en dicha sentencia (fojas 263 a 267). Ahora bien, en proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió el oficio registrado con el folio 20463 al que la juez responsable adjuntó copia certificada de la resolución de uno del mes y año en cita, con lo que se mandó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que si era su deseo hiciera alguna manifestación, sin que hubiera hecho ninguna. De la copia certificada de la resolución citada, se advierte que la Juez responsable dejó insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis y en su lugar procedió a determinar en relación a la guarda y custodia provisional solicitada por el aquí quejoso, considerando lo establecido por las leyes y convenciones aplicables y a efecto de determinar en forma equitativa lo conducente de forma que se perjudique lo menos posible a la menor de edad aquí involucrada, a quien se escuchó por dos ocasiones y se le practicaron exámenes psicológicos tanto a ésta como a los padres y abuelos maternos y paternos, atendiendo sobre todo al resultado del estudio psicológico infantil practicado a la menor María Quetzaly Hernández Guillén por el psicólogo Álvaro Velázquez Reyes en relación con el resultado de los dictámenes psicológicos practicados a los padres, donde el profesional se pronuncia sobre el impacto que sobre la menor pudiera generar el que se otorgue su custodia a su padre o a su madre y se manifiesta la conveniencia de que en forma provisional la menor continúe bajo la guarda y custodia del padre. Asimismo, la juez responsable manifiesta que después del resultado que arrojaron las entrevistas llevadas a cabo con la menor María Quetzaly Hernández Guillén ante la presencia de la representación social, donde la menor fue clara al manifestar que prefiere seguir viviendo al lado de su papá, negándose rotundamente a regresar con su mamá, no obstante manifiesta que si quiere convivir con ésta, por lo que en relación al resultado que arrojaron los exámenes psicológicos practicados en la procuraduría del DIF estatal y atendiendo igualmente al resultado de los practicados por los psicólogos designados tanto por la parte demandada, como por la actora, dicha resolutora determinó otorgar la guarda y custodia provisional de la menor María Quetzaly Hernández Guillén al padre Javier Hernández Diosdado, durante el trámite del procedimiento, sin perjuicio que la guarda y custodia de la citada menor pueda ser modificada al dictar sentencia, ello a resultas de los elementos de convicción que se alleguen al procedimiento a efecto de perfeccionar los dictámenes psicológicos que obran en autos del juicio natural. De lo que se obtiene que la juez responsable al emitir la resolución correspondiente debidamente fundado y motivado, dejando insubsistente el auto de veintisiete de octubre del año en curso; por tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo, se DECLARA CUMPLIDA, la sentencia citada en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el presente expediente como el original del incidente de suspensión relativo SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Comuníquese lo anterior al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. María del Carmen* 49185 y 49186
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "El treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: a) Que del diecinueve al veintiuno del mes y año en curso, transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hubiere hecho. b) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. c) De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. En la misma fecha, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que el quejoso no desahogó la vista que se le otorgó respecto del cumplimiento realizado por la autoridad responsable de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, (fojas 112 a 125), se concedió al quejoso Luis Javier Hernández Diosdado, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que: ".en atención a que los argumentos examinados que han sido suplidos en su deficiencia y que han resultado fundados para determinar la ilegalidad del proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, puesto que de manera carente de motivación se decretó la medida cautelar de guarda y custodia de la Menor María Quetzaly Hernández Guillén a favor de Xóchitl Guillén Báez, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Luis Javier Hernández Diosdado para el efecto de que la Juez de Primera instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, deje insubsistente dicho acuerdo y emita uno nuevo en que se pronuncie sobre la gurda y custodia de la infante tomando en cuenta lo siguiente: Deberá considerar, aunque no de manera textual, lo prescrito por el ordinal 373 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas en que fundamentó su actuar y al cual se hizo alusión en el cuerpo de la presente sentencia. Deberá atender en todo momento al interés superior de la menor. La decisión judicial de guarda y custodia deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para la infante, así también deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para la niña. Deberá considerar que la menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad. Deberá evaluar la posibilidad de escuchar la opinión de la menor previamente a emitir la medida cautelar de guarda y custodia, y deberá ponderar ésta con las circunstancias especiales del caso y con ello arribar a una determinación teniendo como eje recto el interés superior de la infante. Enseguida, en proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria la referida resolución (foja 163 a 164), donde se requirió al juez responsable por su cumplimiento. Luego, por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la copia certificada del proveído de quince del mes y año en cita, dictado en el juicio civil ordinario (divorcio necesario) 26/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, con lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 173). De igual manera, en el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 178), se recibió la constancia mencionada en el párrafo anterior, se analizó si la sentencia estaba cumplida, de lo que se obtuvo que la responsable dejó insubsistente el auto reclamado, en lo concerniente a la guarda y custodia determinada y, en su lugar, en concreto, determinó que a efecto de resolver atendiendo al interés superior de la menor de edad involucrada, previo a resolver, debería practicarse a dicha infante un estudio psicológico infantil, a efecto de obtener la opinión libre de ésta sobre la medina, para lo cual ordenó girar oficio a la Dirección del DIF estatal para que se designara un experto en la materia de psicología infantil a fin de que llevara a cabo el referido estudio psicológico, en resumen se reservó pronunciarse sobre la guarda y custodia hasta en tanto se recibiera el estudio de mérito; por lo que dada la complejidad del cumplimiento, se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de diez días informara sobre el estado en el que se encontrara el acatamiento de la ejecutoria del presente amparo. Por autos de dieciocho, veintiséis y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 192, 205 y 217), se acordó la recepción de los oficios registrados con los números 14442 y 14917 mediante los cuales la responsable informó sobre los avances logrados a efecto de cumplir con el fallo protector de garantías, por lo que, en el primero se le requirió nuevamente para que cumpliera con el mismo. Asimismo, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió al juez responsable por el cumplimiento de la sentencia protectora de garantías (fojas 221). En autos de veintiuno, veintisiete de septiembre, cuatro, catorce y veintiuno de octubre del año en curso, (fojas 226, 232, 237, 241, 247), la responsable informó que continuaba efectuando las diligencias necesarias para estar en aptitud de dar cabal cumplimiento al fallo, volviéndose a requerir por el cumplimiento. Por otra parte, en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 259), se recibió el oficio registrado con el folio 18429 por medio del cual la juez responsable adjuntó copia certificada de la resolución de veintisiete de octubre del año en curso, con lo cual se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su interés conviniera Así, en auto de veintidós de noviembre del año en curso, se analizó si la sentencia protectora se encontraba cumplida, en el que en esencia se determinó que no se cumplió con todos los requisitos para los que fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y se requirió a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, para que dentro del término de tres días diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de este juicio, es decir, dejara insubsistente la resolución emitida en cumplimiento de la referida ejecutoria y, en su lugar, emitiera otra en la que resolviera sobre la guarda y custodia provisional materia de la litis, de manera fundada y motivada, siguiendo los lineamientos que se determinaron en dicha sentencia (fojas 263 a 267). Ahora bien, en proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió el oficio registrado con el folio 20463 al que la juez responsable adjuntó copia certificada de la resolución de uno del mes y año en cita, con lo que se mandó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que si era su deseo hiciera alguna manifestación, sin que hubiera hecho ninguna. De la copia certificada de la resolución citada, se advierte que la Juez responsable dejó insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis y en su lugar procedió a determinar en relación a la guarda y custodia provisional solicitada por el aquí quejoso, considerando lo establecido por las leyes y convenciones aplicables y a efecto de determinar en forma equitativa lo conducente de forma que se perjudique lo menos posible a la menor de edad aquí involucrada, a quien se escuchó por dos ocasiones y se le practicaron exámenes psicológicos tanto a ésta como a los padres y abuelos maternos y paternos, atendiendo sobre todo al resultado del estudio psicológico infantil practicado a la menor María Quetzaly Hernández Guillén por el psicólogo Álvaro Velázquez Reyes en relación con el resultado de los dictámenes psicológicos practicados a los padres, donde el profesional se pronuncia sobre el impacto que sobre la menor pudiera generar el que se otorgue su custodia a su padre o a su madre y se manifiesta la conveniencia de que en forma provisional la menor continúe bajo la guarda y custodia del padre. Asimismo, la juez responsable manifiesta que después del resultado que arrojaron las entrevistas llevadas a cabo con la menor María Quetzaly Hernández Guillén ante la presencia de la representación social, donde la menor fue clara al manifestar que prefiere seguir viviendo al lado de su papá, negándose rotundamente a regresar con su mamá, no obstante manifiesta que si quiere convivir con ésta, por lo que en relación al resultado que arrojaron los exámenes psicológicos practicados en la procuraduría del DIF estatal y atendiendo igualmente al resultado de los practicados por los psicólogos designados tanto por la parte demandada, como por la actora, dicha resolutora determinó otorgar la guarda y custodia provisional de la menor María Quetzaly Hernández Guillén al padre Javier Hernández Diosdado, durante el trámite del procedimiento, sin perjuicio que la guarda y custodia de la citada menor pueda ser modificada al dictar sentencia, ello a resultas de los elementos de convicción que se alleguen al procedimiento a efecto de perfeccionar los dictámenes psicológicos que obran en autos del juicio natural. De lo que se obtiene que la juez responsable al emitir la resolución correspondiente debidamente fundado y motivado, dejando insubsistente el auto de veintisiete de octubre del año en curso; por tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo, se DECLARA CUMPLIDA, la sentencia citada en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el presente expediente como el original del incidente de suspensión relativo SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Comuníquese lo anterior al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. "
- Principal
El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el número 20463 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio y anexos de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por medio del cual remite copia certificada del auto de uno de diciembre de la presente anualidad, con las que informa da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dicho cumplimiento, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. JESSY*
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