Luis Josué Castro Solís

Expediente 765/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
765/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Luis Josué Castro Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado, el cuatro de agosto del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la documental que remitió en apoyo a su informe con justificación, toda vez que resulta innecesaria su retención en el presente juicio. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable, personalmente al quejoso y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué.

  2. Principal

    Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo y por emplazado al tercero interesado AT&T Comunicaciones Digitales Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda consistente en la resolución interlocutoria de diecinueve de mayo del año en curso, dictada por la responsable dentro del expediente laboral 826-1245/II/2014, así como con las remitidas por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en apoyo a su informe con justificación consistentes en la copia certificada del expediente laboral 826/II/2014 de su índice; las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio y se pasa a la etapa de alegatos. En el período de alegatos, se hace contar que ninguna de las partes los formuló; luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos se declara cerrada la presente etapa. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente, Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 765/2015-4; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En catorce de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el juicio de amparo indirecto 765/2015-4, promovido por Luis Josué Castro Solís, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que hizo constar en: La resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral número 826-1245/2014. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14,16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y en proveído de dieciséis de junio del año en curso, se asumió el conocimiento del asunto, se admitió a trámite la citada demanda, y se registró bajo el número de expediente 765/2016-4; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral número 826-1245/2014, a través de la cual se determinó declarar procedente el incidente de competencia interpuesto por la parte aquí tercero interesada. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia certificada del juicio laboral 823/II/2014 que remitió la Junta responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, resulta innecesario analizar y transcribir los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante de amparo en su escrito inicial de demanda, pues en el presente juicio de control constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrar tal afirmación, en primer lugar, se debe acudir al contenido del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Conforme al invocado precepto, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. La inhibitoria y declinatoria constituyen formas de plantear las cuestiones de competencia: la primera se intenta ante el órgano que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos; mientras que la segunda se propone ante el que se estima incompetente, solicitándole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. En ambos casos, la cuestión de competencia constituye un acto jurídico complejo que se compone de dos decisiones de órganos de distinta jurisdicción, que son complementarias en la medida en que converge la voluntad de uno de ellos de no conocer del asunto y la del otro que acepta dicho conocimiento. Convergencia que condiciona la "determinación" de la cuestión competencial, pues cuando el órgano requerido acepta inhibirse o continuar el conocimiento del asunto, según corresponda, se define tal aspecto, ya que de otro modo, surge un conflicto competencial. Así, se estima que la procedencia del amparo contra actos de autoridad que "determinan" inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se circunscribe al supuesto que define la cuestión competencial, en los términos antes reseñados; esto es, cuando el órgano requerido acepta inhibirse o avocarse al conocimiento del negocio, pues entonces se materializa el perjuicio que supone la decisión del asunto en una jurisdicción distinta. Cuestión que, además de atender a la naturaleza del juicio de amparo y las cuestiones de competencia, se corrobora en la medida en que el vocablo "determinar", conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa "tomar resolución" o "hacer tomar una resolución", lo cual únicamente puede entenderse realizado cuando se define en forma cierta el conocimiento del asunto, ante la voluntad concurrente de los órganos requirente y requerido; esto es, será aquélla resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Máxime que la regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio, impone que los mismos sean de imposible reparación, como se advierte del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo cual, armonizando tal disposición con la fracción VIII del propio precepto, debe entenderse que la mera declaración de incompetencia de la autoridad que inicialmente conoce de un negocio y ordena remitir los autos a la que estima competente, no tiene esa irreparabilidad, pues no sabe si esta última aceptará o no el conocimiento de asunto. De ahí que no pueda considerarse como una "determinación", como tal, pues para que la declaración de incompetencia, surta sus efectos, es indispensable el pronunciamiento de aceptación de diversa autoridad, pues de lo contrario surgirá un conflicto competencial. Ciertamente, sostener lo contrario y admitir la procedencia del amparo cuando la cuestión competencial no está determinada, porque solo existía la voluntad del órgano que solicita la inhibitoria o que declina el conocimiento del negocio, permitiría que durante el trámite del juicio constitucional surgiera un conflicto competencial, así como la existencia de sentencias contradictorias sobre el tópico, lo que resulta jurídicamente inadmisible. En el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente 826/II/2014, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y, a la vez, declinó su competencia a favor de la Junta Especial Número cincuenta y tres (53) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta Ciudad. Pronunciamiento que aún no define la cuestión competencial, pues como se estableció anteriormente, se trata de un acto jurídico complejo que está compuesto de dos decisiones que son complementarias, pues si bien la autoridad responsable consideró declinar su competencia a la Junta Especial Número cincuenta y tres (53) de la Federal de Conciliación y Arbitraje, esa declaración está sujeta a que ésta última la acepte, por lo que será hasta este momento en el que podrá estimarse que existe verdaderamente una "determinación" sobre la declinación de competencia. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA CONCLUYE CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS (ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DETERMINEN" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la disposición citada, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Ahora bien, el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, puesto que su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial". Así como la tesis que establece: "INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE REQUIERE QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SEA DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA. La extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a. 16, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 333, de rubro: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.", determinó que la declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y remite los autos a la autoridad que estima competente, todavía requiere que esta última acepte la competencia para que el justiciable pueda acudir al juicio de amparo, en virtud de que, mientras esto último no acontezca, no se tiene certeza de que la competencia declinada sea aceptada o no por la segunda autoridad. Así las cosas, el Juez de Distrito, al momento de aplicar el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir de 3 de abril de 2013, el cual dispone que el amparo indirecto procede contra la resolución que determine declinar o inhibir la competencia o conocimiento de un asunto, deberá atender que esa determinación debe ser definitiva en los términos señalados. Lo anterior es así, porque la sola existencia del auto del órgano declinante que se declara incompetente no tiene el carácter de definitivo, ya que por su naturaleza sólo constituye un acto cuyo objetivo o propósito es remitir los autos que conforman el juicio natural a la autoridad que se considera competente, pendiente de aceptarse; de ahí que hasta que se acepta la competencia por la autoridad declinada, se puede acudir al juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, si la resolución incidental reclamada no determina la cuestión competencial; es decir, no implica que el asunto indefectiblemente se resuelva en una jurisdicción diversa de la planteada en un inicio, no puede estimarse que el juicio sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, en sentido contrario, y el diverso 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 2015 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Josué Castro Solís, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Josué

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el presidente, representante obrero, representante patronal y secretaria, todos en representación de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la documentación complementaria de su informe justificado; ahora con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como pruebas de la mencionada responsable las documentales consistentes en la copia certificada del expediente laboral 826/II/2014, la cual dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogadas; dese vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a sus intereses convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el momento procesal oportuno; ahora dado el volumen de las citadas constancias, fórmese por separado el cuadernos de prueba respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el oficio de cuenta signado por el presidente, representante obrero, representante patronal y secretaria, todos en representación de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la documentación complementaria de su informe justificado; ahora con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como pruebas de la mencionada responsable las documentales consistentes en la copia certificada del expediente laboral 826/II/2014, la cual dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogadas; dese vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a sus intereses convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el momento procesal oportuno; ahora dado el volumen de las citadas constancias, fórmese por separado el cuadernos de prueba respectivo."

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