Luis Javier Salazar Reyna

Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Javier Salazar Reyna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin embargo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. En consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN por ubicarse en la hipótesis establecida en la fracción I inciso b), del artículo 18 del referido acuerdo, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo, debiéndose conservar únicamente la determinación que concedió la suspensión de plano y, en su caso, aquellas relativas a su violación. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado Acuerdo General, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, se da cuenta con el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe Investigador del Ministerio Publico de la Fiscalía Vigésima Cuarta, con sede en Motul, Yucatán, lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento en razón de lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo formado con el disco en formato DVD remitido por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. Notifíquese.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con quince minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Ulises Flores Luna, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que se encuentran pendientes de acordar las promociones con registros 5689 y 6168, signadas por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la admisión de la demanda de amparo, así como el informe justificado. Asimismo, cabe destacar que en acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se determinó que existió tercero interesado. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Asimismo, agréguense las promociones de cuenta, y en atención a su contenido, se tienen por rendidos los informes solicitados, sin que resulte necesario diferir la presente audiencia, dado que en atención al artículo 17 constitucional, se considera que se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto. Asimismo, no es obstáculo que hasta el momento sólo se cuente con los informes de suspensión de plano, esto es, que no se hayan rendido todos los informes con justificación, pues del contenido de los primeros informes aludidos se advierte que existe información suficiente para resolver el fondo del asunto. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez que la parte quejosa no ofreció pruebas de su parte. Por su parte, las responsables ofrecieron las documentales que anexaron a sus informes justificados. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: En atención a la relación secretarial, se cierra la etapa de alegatos. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1058/2023-III, promovido por ***** contra actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El tres de abril de dos mil veintitrés, el secretario de guardia de este Juzgado recibió demanda de amparo promovida por **** en favor de ********, sucesivamente parte quejosa, contra actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerarlas violatorias de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previa ratificación realizada en cumplimiento al acuerdo de tres de abril pasado, en el que se se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1058/2023-III; se tuvo por presentada la demanda y se concedió la suspensión de plano, el cuatro de abril posterior, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, finalmente la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos en materia penal los cuales surten sus efectos dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisan los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hacen consistir en: AUTORIDADES RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Fiscal General del Estado de Yucatán Director de la Policía Estatal de Investigación Fiscal en Turno de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios, de la Fiscalía General del Estado Comandante de Cuartel en Turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado Comandante del Área de Homicidios de la Policía Estatal de Investigación Comandante de la Policía Estatal de Investigación, con sede en Motul, Yucatán Fiscal en Turno de la Unidad de Atención y Determinación con sede en Motul, Yucatán de la Fiscalía General del Estado La detención, incomunicación y malos tratos. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, consistente en la la incomunicación y malos tratos. Al rendir sus informes las autoridades responsables negaron la existencia de la incomunicación y malos tratos, sin que exista prueba en contrario. Ello, a pesar de que la parte quejosa haya referido que sí sufrió malos tratos, pues su mera afirmación no es suficiente para desvirtuar la negativa de la parte quejosa. Máxime que el propio actuario de la Adscripción hizo constar al requerirle la ratificación de la demanda que estaba en buen estado físico, mental y de salud y que el directo quejoso se lo corroboró. Sin que con lo anterior se vulnere algún derecho de la parte quejosa pues si bien su manifestación es insuficiente para acreditar el acto reclamado, no menos cierto es que desde el cuatro de abril pasado se dio vista para que se investigue al respecto. Por ende, debe considerarse inexistente la incomunicación y malos tratos reclamados; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de dichos actos atribuidos a las responsables ya precisadas, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado consistente en la detención. Al rendir sus informes las autoridades responsables aceptaron la existencia de la detención. Lo anterior, a pesar de que el Fiscal General del Estado de Yucatán haya negado parcialmente los actos reclamados, pues de su propia argumentación reconoció la existencia de la detención reclamada. En suma, sus propias manifestaciones constituyen una confesión en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que obran en autos así como de la certificación de cuenta, este juzgador considera la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Se dice lo anterior, ya que si bien es cierto que el directo quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y, posteriormente, puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, específicamente de la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, proveniente de la carpeta de investigación D1/97/2023, también lo es que fue puesto a disposición del Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán el cuatro de abril de dos mil veintitrés, según el informe rendido por el citado juez. En esas condiciones, resulta incuestionable que en el presente caso ha operado un cambio de situación jurídica, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, al resultar notorio que respecto del acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, debido a que fue puesto a disposición de una autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas respecto de la detención, por no poder decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistan las violaciones que se aduce. En mérito de lo expuesto y fundado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******, contra los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la detención, incomunicación y malos tratos, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    V. Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido.********************Demanda de amparo********************El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************contra los actos y autoridades siguientes:********************De la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, lo siguiente:******************** El primer acto de aplicación en su esfera jurídica de la Circular********************de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en las que se establecen las "Políticas para el registro de probables deudos" a las que se refiere el oficio******************** de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual se determinó que no procede su solicitud de pensión por viudez (derivada de un concubinato).********************II. Sentencia y efectos de la protección constitucional********************Luego, por sentencia de uno de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su único punto resolutivo otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que las autoridades señaladas como responsables, realizaran lo siguiente:********************"a) Deje insubsistente el oficio reclamado********************, de diecisiete de octubre de dos mil veintidós.********************b) Emita un nuevo acto, en el cual resuelva la solicitud de la quejosa por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, en el cual pidió el pago de la pensión de viudez, como concubina supérstite del pensionado******************** quien disfrutada de la pensión********************.********************c) Al emitir ese nuevo acto, prescinda del criterio de que el derecho a solicitar la pensión prescribe conforme al punto tres de la circular********************, relativa a las Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador y Pensionado Directo Finado."********************III. Análisis del cumplimiento al fallo protector********************En proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de veintiocho de marzo siguiente se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por si y en representación de la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Yucatán del mencionado Instituto en el que informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga.********************Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexos que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que mediante oficio ISS100.31.300.1.658.03.2023 de diecisiete de marzo del año en curso, se dictó una resolución en la que se dejó insubsistente el oficio reclamado********************, de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, y en la que resolvió otorgarle a la parte quejosa el benefició de una pensión por viudez a consecuencia del concubinato que existió con******************** e inaplico las Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador y Pensionado Directo Finado.********************En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento.********************Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. ********************Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. ********************Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. ********************NOTIFÍQUESE.[...]

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la cuenta que antecede, se advierte que en auto de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como definitivamente concluido, al igual que se devolvió el legajo que se formó en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, con las constancias remitidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solicitándole el acuse correspondiente, sin que hasta la presente fecha se haya recibido el acuse requerido a la citada autoridad, en consecuencia, requiérase al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado, con sede en esta ciudad; el acuse de recibido respecto al legajo remitido en auto de treinta y uno de enero del año en curso mediante oficio 2008/2023, para los efectos legales correspondientes. CUMPLASÉ. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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