Luis Marcelo Amaya Rivero
Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Marcelo Amaya Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las once horas con quince minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 247/2023-II; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 11) y los diversos que la aclaran (fojas 13 y 24); el auto admisorio de treinta de diciembre de dos mil veintidós (fojas agregado el expediente electrónico); los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 49 y 50); el emplazamiento de los terceros interesados0 y con el resto de las actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales exhibidas por la parte quejosa (fojas 25 a 29) y las remitidas por la junta responsable (fojas 51 a 55 y 65 a 111). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 247/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por L++++++++++++++++++++, contra el acto de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la Junta, así como del Actuario de su adscripción. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dos de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por Luis Marcelo Amaya Rivero, por su propio derecho y como representante de Homero Díaz Jaime, contra el acto de la la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la Junta, así como del Actuario de su adscripción. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, por providencia de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó su alegato ministerial. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veintitrés de enero de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia 28. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto de una autoridad jurisdiccional, emitido en la etapa de ejecución correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III. Inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 29. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido.6 30. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."7 TERCERO. Inexistencia del acto reclamado 32. No es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como al Actuario de su adscripción, pues así lo señalaron el rendir sus informes justificados (fojas 49 y 50), sin que la parte quejosa desvirtuara dichas manifestaciones. 33. En efecto, la parte quejosa reclamó de dichas responsables la resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral +++++++; sin embargo, del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo , se advierte que corresponde a la Presidenta de la Junta responsable, todo los actos relacionados con la ejecución del laudo. 34. De modo que, al no contar, las responsables, con la facultar para emitir actos dentro del procedimiento de ejecución, el acto que se les atribuye deviene inexistente. Sin que se les reclame de manera destacada algún acto diverso al analizado. 35. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Existencia del acto reclamado 36. Es cierto el acto atribuido a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe justificado haya negado la existencia de éste, a continuación realiza manifestaciones de las que se evidencia la existencia de la resolución reclamada (foja 50). 37. Manifestaciones que desvirtúan su negativa y, por ende, se tienen por ciertos los indicados actos. 38. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 39. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió la indicada responsable; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. QUINTO. Causales de improcedencia 40. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes.9 41. En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo10, por los motivos que a continuación se exponen. 42. De la transcripción anterior se desprende que la indicada porción normativa regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. 43. Existiendo dichos medios ordinarios de impugnación, sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente, ya que el juicio de amparo es una vía extraordinaria para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. 44. Esto, porque en caso de existir la posibilidad de entablar un recurso o medio ordinario de defensa y el juicio de amparo, simultáneamente, para impugnar un acto de autoridad, evidentemente se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa. 45. En el caso, el acto reclamado a la responsable se hizo consistir en la resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral ++++++, por medio de la cual declaró que no procede la prescripción de la acción para ejecutar el laudo ahí dictado. 46. Sin embargo, contra esa determinación procedía el recurso de revisión a que hace referencia el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." 47. En efecto, el acto reclamado se trata de una resolución dictada por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual declaró que no procede la prescripción de la acción para ejecutar el laudo ahí dictado. Así, el ordinal 849 de la legislación federal del trabajo, dispone expresamente que contra actos de los presidentes de las Juntas, emitidos en ejecución de los laudos procede el recurso de revisión. 48. De lo anterior se aprecia que era necesario que antes de acudir a la presente acción constitucional, la parte quejosa hubiera agotado el indicado recurso, sin que lo haya hecho. Esto, porque dicho recurso tiene por objetivo revocar, modificar o anular tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. 49. Lo anterior, pues los beneficios de tal medio de defensa, no pueden entenderse restrictivamente sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. 50. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 374, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." 51. Sin que en el presente caso se actualice alguna causa de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado a) no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) la parte quejosa no se ostenta como persona extraña al procedimiento; d) el acto reclamado no se trata de un auto de vinculación a proceso; y e) la procedencia del recurso no se encuentra sujeta a interpretación adicional. 52. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. 53. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 54. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por++++++++++++++++++ por su propio derecho y como representante de Homero Díaz Jaime, contra el acto de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la Junta, así como del Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por Luis Marcelo Amaya Rivero, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados para tales efectos, medios de contacto y un usuario para la consulta electrónica del presente juicio. Ahora bien, respecto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, autorizados para tales efectos y medios de contacto que refiere, dígasele que se esté en lo acordado en proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el cual se acordó lo legalmente conducente. Por otra parte, como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario "ESPIROD" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Glósese a estos autos el escrito del tercero interesado José Gerardo Ramayo Marrufo, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio con el carácter de tercero interesado. Atento a su contenido, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Ahora bien, respecto su petición de tenerle como representante común de los diversos terceros interesados Miguel Ángel Maldonado Rivera, Ramón Eduardo Rodríguez Argáez, Roberto Ángel Tejeda Morales y Eugenia Alejandra Pech Poot, no ha lugar a acordar favorablemente, toda vez que dichos terceros no suscriben el escrito de cuenta, por lo que no se tiene la certeza de que efectivamente nombren al ocursante como su representante común. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante determinación de veintitrés de enero de este año, este juzgado se reservó a proveer sobre el emplazamiento de las personas a las que les recayera el carácter de terceros interesados, hasta en tanto las responsables rindieran sus informes justificados. Por tanto, virtud a que ello ya ocurrió, se levanta la reserva antes indicada y se provee: Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a ********************, con el carácter de terceros interesados para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se comisiona a la persona Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el predio marcado con el número ***************** (el cual se advierte de las constancias remitidas por las responsables, foja 102) y emplace a los citados terceros interesados, por sí o por quien legalmente los represente, entregándoles copia simple de la demanda de amparo, los escritos que la aclaran, así como copia autorizada del auto admisorio de treinta de diciembre de dos mil veintidós, del presente acuerdo y de los diversos de treinta de enero y siete de febrero de este año, en los que se tuvieron rendidos los informes y se recibieron las constancias requeridas, haciéndoles saber que pueden apersonarse a este juicio con tal carácter, si así les conviniere a sus intereses. Además, les prevenga para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, sin necesidad de acuerdo previo, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las once horas con quince minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes
- Luis Ivan Carrillo Rosado1142/2023
- Luis Javier Salazar Reyna1058/2023
- LUIS MANUEL ABAN CUTZ y Otros.226/2023
- Luis Manuel Gómez Felix447/2023
- Luis Manuel Martin Rodriguez1577/2023
- Luis Manuel Martin Rodriguez1874/2023
- Luis Maya Ancona2312/2023
- Luis Maya Ancona2387/2023
- Luis Miguel Cabrera Solis1396/2023
- Luis Moises Gonzalez Ojeda571/2023
- Luis Reynaldo de Regil Martinez de Arredondo125/2023
- Luis Roberto Cardenas Rodriguez949/2023