LUIS ISMAEL SALAZAR TEH y Otros.
Expediente 1718/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1718/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- LUIS ISMAEL SALAZAR TEH y Otros.
- Luis Ismael Salazar Teh
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo, dictado en el presente expediente, con el que se formó el toca 301/2023. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por el representante común de la parte quejosa ************, mediante el cual interponen queja contra del acuerdo dictado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Tomando en consideración que el recurso de queja se interpuso contra el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo, se estima legalmente innecesario dar vista a las partes, como lo dispone el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado sólo afecta a la parte quejosa, aunado a que no se ha dado intervención a las autoridades señaladas como responsables, ni al Ministerio Público adscrito. En consecuencia, téngase por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra del acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 101, de la Ley de Amparo, 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO POR LA RECURRENTE, toda vez que el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, este juzgado dictó un acuerdo en el que se desechó de plano la demanda promovida por Luis Ysmael Salazar Teh, Eutiquio Alvarado Chab, Raúl Yama Uicab, Miguel Ismael Chávez Ek, Hipólito Cumi Góngora, José Tránsito Salazar Uicab y Rodolfo Rodríguez Salazar, por las razones que se exponen en el mismo. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales, y mediante oficio que al efecto se gire remítase al citado Tribunal de Alzada, el escrito de interposición del recurso de mérito y en el que expresa sus agravios, al que deberá adjuntarse una copia más para correr traslado al Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. CONSIDERACIÓN PREVIA. Previo a emitir algún pronunciamiento respecto la demanda que dio origen al presente expediente, resulta pertinente precisar que constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que el veintiséis de julio del año en curso este Juzgado Federal emitió un pronunciamiento en los autos del cuaderno de varios 1/****************************************3, en el que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1133/****************************************3 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, por lo que se ordenó el envío del citado expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, a fin de que realice el turno y la compensación correspondiente. RADICACIÓN. Vista la boleta mediante la cual la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remite el oficio 19353/****************************************3 firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, que contiene la determinación de veintiuno de julio de dos mil veintitrés en la que dicho órgano jurisdiccional estimó que a quien le corresponde conocer de la demanda de amparo que dio origen al tal asunto es a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con motivo del conocimiento previo del juicio de amparo 668/****************************************3. Así como el juicio de amparo 1133/****************************************3 promovido por ******************** ********************,********************, ********************,******************** y ********************, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1718/****************************************3. SE ACUSA RECIBO. Acúsese recibo a la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, para los efectos legales conducentes. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que en su demanda de amparo los quejosos señalaron entre ellos a un representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional designa a ********************para que funja como tal. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que los promoventes reclaman lo siguiente: Del Ayuntamiento de Chapab, Yucatán: DESECHAMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación. Desechamiento respecto el acto reclamado al Ayuntamiento de Chapab, Yucatán, consistente en el oficio de once de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se da respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el uno de diciembre de dos mil veintiuno. En primer lugar, resulta necesario citar el contenido del artículo 61, fracción XX: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." De lo anterior, se obtiene que, para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, II. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. En relación a lo anterior, es menester destacar que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en sus artículos ******************** y 4, establece lo siguiente: "Artículo ********************. Objeto del tribunal El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas." "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: (.) II. Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. X.- El recurso de apelación, revisión y reclamación, y demás medios de inconformidad de su competencia, de los que conocerá en términos de la normativa que los establece, en los de esta ley y el reglamento interior del tribunal. XI.- Los medios de impugnación que establezca la ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, en caso de que los municipios no cuenten con tribunales de lo contencioso administrativo propios en términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. (.)" Atento a ello, de la interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se estima que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver juicios contenciosos administrativos contra cualquier acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos, de los definitivos de sus Jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, en agravio de personas físicas o morales. Así, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente, porque la ley concede a la parte quejosa, un recurso o medio de defensa legal, como en el presente caso, es el juicio contencioso, a fin de que el acto dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades administrativas del Estado de Yucatán, en agravio de personas físicas o morales, pueda ser modificado, revocado o nulificado, antes de acudir al juicio de amparo, por lo tanto, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado por la quejosa, lo constituye el oficio emitido por el Ayuntamiento de Chapab, Yucatán en el que se dio contestación a una solicitud hecha por los promoventes del presente juicio, el cual es un acto administrativo; por lo que procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, que lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, cuenta habida que éste procede contra los actos administrativos atribuidos a autoridades pertenecientes al Gobierno del Estado de Yucatán. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio constitucional, es evidente que la parte promovente debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo atribuido a la aludida autoridad responsable. Como una consideración adicional, cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se explicará a continuación: En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales ********************3, ********************4, ********************5 y ********************6 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1********************8, 13********************, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: 1. Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; ********************. Tanto el artículo ********************4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; 3. Conforme al artículo ********************3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 1********************5 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; 4. Tanto el artículo ********************4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 1********************8, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 5. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; 6. El artículo ********************5 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. 7. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). Ahora, en términos de lo dispuesto por los artículos 11******************** y 139 de la Ley de Amparo, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la suspensión de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo ********************3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 16******************** de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, ya que refiere "tan luego como sea presentada". Así las cosas, de los numerales trascritos en párrafos precedentes, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dispone: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del ********************3 al ********************8 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad, reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo. Es así, pues en la demanda de referencia no fue impugnada alguna norma general; así como tampoco, se advierte que se trate de un acto que carezca de fundamentación, pues de las constancias adjuntadas por la quejosa, se advierte una impresión fotográfica de la contestación a la solicitud hecha por los quejosos, en el cual se citan las disposiciones normativas aplicables. Asimismo, el demandante no se duele sólo de violaciones directas a la Carta Magna, sino de violaciones del acto administrativo. En consecuencia, la amparista estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, al ser el acto reclamado al Ayuntamiento de Chapab, Yucatán, consistente en el oficio de once de julio de dos mil veintitrés, un actos administrativos en su agravio, éste debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo. Sin embargo, al acudirse al juicio de amparo indirecto, sin agotar el medio de defensa que la ley establece provoca que la demanda sea improcedente, porque la quejosa no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no observó el principio de definitividad. En consecuencia, debe desecharse la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de ********************003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo ********************08-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." Desechamiento respecto el acto reclamado a la Directora de Administración del Agua del Organismo de cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, consistente en el oficio ********************.********************.********************.********************.********************, de veintisiete de junio de dos mi veintitrés emitido por la Directora de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual se da respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa presentada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Respecto dicho acto reclamado, también se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Como se estableció anteriormente para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, II. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Expuesto lo anterior, se estima que, previamente a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra el acto que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo federal, por las razones que a continuación se exponen. En el caso concreto, en el artículo 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Federal de Justicia Administrativa se dispone lo siguiente: "Artículo 3º. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)". En la porción normativa reproducida se establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por cuanto se reclama un acto emitido por una autoridad perteneciente a la administración pública centralizada, respecto del cual procede el juicio contencioso administrativo. Para determinar que la responsable forma parte de la administración pública, se impone citar algunos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. La Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: . [.] XII. 'Comisión Nacional del Agua': Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere; [.]'. 'Artículo. 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes Públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la Comisión"'. 'Artículo. 9. 'La Comisión' es un órgano administrativo desconcentrado de 'la Secretaría', que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior. La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico". En ese contexto, la Comisión Nacional del Agua, al ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pertenece a la administración pública centralizada, y, por ende, la Ley de Procedimiento Administrativo aplica a los actos, procedimientos y resoluciones que emiten las autoridades del agua, entre las que se encuentra la Directora señalada como responsable. Sin que pase inadvertido que el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo prevé lo siguiente: "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." Ello, ya que la legislación contempla que la parte afectada puede de manera optativa impugnar el acto a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y como ya se estableció anteriormente, previo a la promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió impugnar el oficio BOO.********************.********************.********************-******************** a través del juicio contencioso administrativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia ********************a./J. 109/********************008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de ********************008, página ********************3********************, con número de registro digital 168807, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados que se rijan por ese ordenamiento, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden de manera optativa impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso de revisión en mención previamente a la promoción del juicio constitucional, pues dada la optatividad de dicho medio de impugnación, no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, máxime si como en la especie, se actualiza una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo ********************8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (ordenamiento legal que derogó las disposiciones del Código Fiscal de la Federación relativas al juicio contencioso administrativo) mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, los que consisten en: 1) circunscribir la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; ********************) obligar al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obligar a ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constreñir a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales considera se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condicionar el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establecer que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. Por tanto, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados pueden acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así como la diversa jurisprudencia ********************a./J. ********************7/********************016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro ********************8, Marzo de ********************016, Tomo II, página 1194, con número de registro digital: ********************011********************89, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Desde esta perspectiva, este juzgado federal estima que en el caso particular se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la resolución reclamada que resolvió la petición que se realizó respecto de la consulta indígena para concesiones de uso de agua, le aplica lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así, como ya se precisó, en contra de la resolución aquí reclamada resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del citado Tribunal. Consecuentemente, para estar en aptitud de promover el juicio de amparo, era obligatorio el agotamiento del juicio contencioso administrativo, en tanto que este juicio se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Adicionalmente, tampoco se advierte la actualización de alguna otra excepción al principio de definitividad, que son aquellas excepciones reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada para cada uno de los acto reclamados, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******************** ********************,********************, ********************,******************** y ********************, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo CONSULTA ELECTRÓNICA. Como solicita la parte promovente, y toda vez que los usuarios "********************" y "********************" se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo ********************1 del Acuerdo General 1********************/****************************************0, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios para consultar el presente expediente en línea y recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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