Luis Jacobo Moreno

Expediente 41/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 13 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
41/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
13/01/2017

Partes del expediente

  • Luis Jacobo Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    de doEl trece de enero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con la demanda de amparo promovida por Luis Jacobo Moreno; registrada con el folio 503; con seis copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Jacobo Moreno, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, que estima violatorios de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28 y 31, fracción IV, constitucionales; fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 41/2017-6; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: La competencia se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juzgador puede conocer de ciertos conflictos o solicitudes. Por tanto, es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. En particular, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate, lo que permite que se pondere en forma expedita y más actualizada las distintas soluciones en los casos concretos buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. De los criterios transcritos, se advierte que la naturaleza del acto es el factor fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia. Los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia por materia de los juzgados de distrito. De lo expuesto se colige que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Así las cosas, tomando en consideración que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido, es por lo que se estima que la competencia para conocer del presente juicio le asiste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. En el caso, la quejosa reclama toralmente la inequidad y desproporcionalidad de las tarifas establecidas sobre el costo de la gasolina. En particular, el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2017. De lo expuesto se obtiene que la materia de la norma general combatida se integra por la regulación de los precios de la gasolina y combustibles, en particular, los valores máximos de venta. Lo anterior, se precisó, contando con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) respecto del efecto que tendría en el proceso de libre concurrencia y competencia económica el otorgamiento de permisos de importación de gasolinas y diésel a particulares a partir del año 2016. De lo anterior, se desprende que las normas que aquí se reclaman establecen que se determinarán los precios de dichos productos por la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Así, el objeto del acuerdo impugnado, es esencialmente de competencia económica, pues pretenden que con base en la información u opinión por la Comisión Federal de Competencia Económica, se determine el precio de los bienes señalados y la comisión reguladora de energía determine los precios máximos de los mismos, de acuerdo a las condiciones del mercado. Por tanto, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia: competencia económica. Por ende, el reclamo de la parte quejosa respecto de las normas generales no puede desvincularse del diverso relativo al estudio materia de la competencia económica, pues constituyen un sistema normativo reclamado en forma autoaplicativa, es decir, que se individualiza incondicionalmente en la esfera jurídica de la promovente del amparo desde su entrada en vigor, por lo que, se insiste, los actos reclamados constituyen un verdadero vínculo legal que hace imposible su análisis de manera independiente a las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica. En suma, debe indicarse que el derecho de la competencia económica se encuentra comprendido por un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. Así, el mercado relativo al sector energético exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujeta a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.", pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De igual modo, no se opone a esa conclusión el hecho de que en el presente juicio de amparo no se reclamen actos específicos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que se reclaman normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto dicha Comisión como la diversa Comisión Reguladora de Energía; pues, como se vio, la naturaleza material de las normas impugnadas se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Fórmese cuaderno de antecedentes. No procede suspender los actos reclamados por la incompetencia. En efecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en la especie, se declina la competencia, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el ubicado en Avenida González Ortega 178, primer piso, interior "H", en esta ciudad y, como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, al licenciado José Pablo Mercado Solís, en virtud de que su cédula profesional (5047096) se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditar esta circunstancia, solo para oír y recibir notificaciones a Marisela Artega Solís. Para mejor proveer en el presente juicio de amparo, quedan facultados los actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y el diverso 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se procesa a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. María del Carmen*

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