Luis Hernández Simón

Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
416/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Luis Hernández Simón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintiuno. Estado de los autos Del estado de los autos se desprende que en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido; por tanto, devuélvase un tomo de pruebas que en copias certificadas remitió como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 416/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Luis Hernández Simón por su propio derecho, mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación dependiente de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, que hizo consistir en: la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 451/2016, y su ejecución; que estima violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, bajo el número 416/2019, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, este juzgado ordenó emplazar a los terceros interesados Gabriel Pérez Albuerne, y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado al Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, y la audiencia de fondo, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. El Secretario Encargado por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación dependiente de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con las copias certificadas que envió la citada autoridad judicial, deducidas de la causa penal 451/2016. TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado Federal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del normativo transcrito se advierte, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos que no se promueven dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Ahora, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento a una sentencia que concedió la protección constitucional, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del nuevo acto o resolución que se reclame, y no hasta que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del auto en el que se declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que dicho supuesto no se encuentra contemplado en la ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se invoca la Jurisprudencia por contradicción de tesis dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede localizar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." En el caso, se acredita la invocada causal de improcedencia, pues como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 703/2018. > Cierto, ante este Juzgado se tramitó el juicio de amparo 703/2018, promovido por el aquí quejoso Luis Hernández Simón y otros contra actos del Juez Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, y otra autoridad en el que reclamó la orden de aprehensión librada en su contra en el expediente penal 451/2016, y su ejecución. > El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el titular de este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el citado juicio de amparo, en la que determinó otorgar la protección federal, para el efecto de que el Juez responsable dejara sin efecto la orden de aprehensión reclamada y en su lugar, con plenitud de jurisdicción emitiera otra en la que subsanara los vicios formales advertidos. Sentencia que causó ejecutoria el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. > En cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, el seis de enero de dos mil diecinueve, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, determinó librar nuevamente en contra del inconforme, orden de aprehensión por el delito de abigeato de ganado mayor, cometido en perjuicio patrimonial de Gabriel Pérez Albuerne. Mandamiento de captura que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. > En proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a la parte quejosa con la nueva resolución dictada por el juez responsable en cumplimiento al fallo protector, a fin de que expresara lo que a sus intereses conviniera, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, se procedería al estudio del cumplimiento dado con base en las constancias que obraban en esos en autos. > Dicho auto fue notificado personalmente al inconforme Luis Hernández Simón, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, por conducto del representante común de la parte quejosa Ricardo Andrés Pérez; y el quince de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. De ahí que, de la orden de aprehensión que aquí se reclama de seis de enero de dos mil diecinueve, pronunciada en la causa penal 451/2016, por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el diverso juicio de amparo 703/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso Luis Hernández Simón, tuvo conocimiento el cinco de marzo de dos mil diecinueve, fecha en el que le fue notificado el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó darle vista con esa nueva resolución dictada por la autoridad responsable. Por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo, inició a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de dicho proveído de dieciocho de febrero del presente año (en que se dio vista con la nueva orden de captura emitida por el juez responsable en acato a esa ejecutoria de amparo); esto es, el siete de marzo de dos mil diecinueve y concluyó el veintinueve de marzo siguiente, con excepción de los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés y veinticuatro del citado mes de marzo por ser inhábiles. En ese sentido, si la demanda de amparo promovida por Luis Hernández Simón, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recepción que aparece en la demanda de amparo, es evidente que el presente juicio constitucional resulta improcedente, al haber sido instaurado fuera del plazo previsto en el ordinal 17 de la ley de la materia -quince días-. Lo anterior, pues como quedó asentado en líneas precedentes, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo, contra el acto reclamado dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del nuevo acto o resolución que se reclame, como lo es en el caso, y no así hasta que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del auto en el que se declara cumplida la ejecutoria de amparo, ya que dicho supuesto no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Junio de 1992, Materia Común, página 364, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En ese contexto, al concretarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la misma ley. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y 124 de la Ley de Amparo, se,

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