Luis Guillermo Cruz García
Expediente 677/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Guillermo Cruz García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Guillermo Cruz García, contra actos del juez Segundo en materia Familiar de Distrito Judicial del Centro, con sede en la Ciudad de Oaxaca, fórmese expediente y regístrese bajo el número 677/2018. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del contenido integral del escrito de demanda de amparo, se desprende, el promovente, en esencia reclama del juez Segundo Familiar de Distrito Judicial del Centro, con sede en la Ciudad de Oaxaca, la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por su progenitor, dentro del expediente familiar 174/2002 de su índice, en la que no se acepta su solicitud de trámite del incidente de falsedad de documentos presentados por su contraparte, en razón de que no observó las disposiciones relativas a su presentación conforme al procedimiento previsto en el artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Conforme a lo anterior, se arriba al conocimiento que los actos reclamados encuadran en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del citado numeral, pues la no admisión del incidente de falsedad de documentos repercute en su caso, en la validez o ilegalidad de una prueba documental ofrecida por su contraparte; lo que sólo afecta derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si el valor probatorio que se de al documento sobre el que incide la falsedad que propone el quejoso, trascenderá al resultado de la resolución que llegue a dictar el juez familiar responsable, pues esa circunstancia dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte la misma. De ahí, que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107. El amparo se pedirá ante juez de distrito: . V.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación." Por su parte, los artículos 172, fracciones III y XII, y 174, primer párrafo, del ordenamiento de la materia, disponen: "ARTÍCULO 172. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales llevan a considerar que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que sean de imposible reparación; y la infracción intraprocesal de la que se duele el impetrante del amparo, no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; pues no presenta, desde luego y por sí, un menoscabo directo en los derechos sustantivos del promovente del amparo; de ahí que el acto reclamado no sea impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página trece de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En esa tesitura, al reclamarse en la especie un acto que constituye, en su caso, una violación cometida durante el procedimiento, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los diversos preceptos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo. Así también, la jurisprudencia 3a.43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y textos siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, Materia Común, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sirve de apoyo también, la tesis VI.2°.J/258, visible en la página cincuenta y tres, del tomo II, mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento comprendida en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio." En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, respectivamente; lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para esos efectos a las personas que señala. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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