Luis José Santiago Aragón

Expediente 945/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
945/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Luis José Santiago Aragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, remitido vía correo electrónico por el director general y apoderado legal del Consejo Directivo, de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes al que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal establecido, en su oportunidad se procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el jefe del departamento de Asuntos Relativos a Controversias y encargado del departamento de Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, y este último en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; mediante el cual informa que en calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, le solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte, ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa LUIS JOSÉ SANTIAGO ARAGÓN, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la citada ley, requiérase a las autoridades responsables Consejo Directivo y Director General, ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria protectora; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional ($8,449.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100), de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, para que les ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá multa similar a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. Por otra parte, en lo que atañe a las autoridades responsables Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, ambos con residencia en la Ciudad de Oaxaca, no ha lugar a requerir cumplimiento alguno, porque resultaría ocioso pretender el mismo por parte de dichas autoridades; cuenta habida que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a tales autoridades a dejar insubsistentes sus actos, pues el efecto de la sentencia es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa, sin que sea factible hacer una declaración general en relación a la ley o, en este caso, al decreto que motivó el juicio; por tanto, únicamente notifíqueseles el presente, para su conocimiento. En apoyo a lo anterior, es de invocarse la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculartoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistente sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Finalmente, y en atención a lo acordado con anterioridad, resulta innecesaria la permanencia del disco DVD, que remitió la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, en apoyo a su informe justificado; por tanto, se ordena devolver dicho disco DVD a la citada autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 945/2019; R E S U L T A N D O: PRIMERO. LUIS JOSÉ SANTIAGO ARAGÓN, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, gobernador Constitucional, secretario general de Gobierno, Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones y director general de la Oficina de Pensiones, todos del Gobierno del Estado de Oaxaca; que hizo consistir en: "NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: a).- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la discusión, aprobación y expedición del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la promulgación del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y OCTAVO TRANSITORIO, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el refrendo que otorgó a la Ley que estimó inconstitucional en la parte de que me duelo. d).- Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, la orden verbal o escrita que han dado para el efecto de que se apliquen en mi perjuicio, los artículos 6°, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y OCTAVO TRANSITORIO, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente. e).- Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca: El primer acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, que han sido declarados inconstitucionales por Jurisprudencia, que disponen que quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo respectivo, actualizado en el pago de la pensión por jubilación del mes de OCTUBRE DE 2019, por el concepto "202 FDO. D PENSIONES", que me acaba de entregar. El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, en los pago de mi pensión por jubilación que efectuará con posterioridad; y La devolución de todos y cada uno de los descuentos que se me han aplicado a partir del primer acto de aplicación y los que inminentemente se sigan aplicando después de la formulación de la presente demanda, sustentada en las leyes de que me duelo y que han sido declaradas inconstitucionales." La parte quejosa estimó que los actos referidos son violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 12), este Juzgado de Distrito, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde; y la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 5, fracción I, 37, 107, 108, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y refrendo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, en específico los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio. El segundo o ulterior actos de aplicación de la ley reclamada. La devolución de los descuentos aplicados con base en los preceptos reclamados. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, gobernador Constitucional y secretario General de Gobierno, todos del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Decreto número 885, por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor el veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y octavo transitorio, ya que así lo manifestaron dichas autoridades al momento de rendir su informe justificado (fojas 18 a 24). Certeza que además se corrobora con la propia expedición del ordenamiento legal tildado de inconstitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., así como en la tesis jurisprudencial visible en la página 337, del informe de labores correspondiente al año de 1974, cuyo rubro y texto establecen: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, deben tomarse en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba". Por su parte, el apoderado legal del Consejo Directivo y director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que se les atribuye a dichas autoridades (fojas 25 y 27); por tanto, el acto reclamado se tiene plenamente probado, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, resultan ciertos los actos reclamados al Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, habida cuenta que de la documental que anexó la quejosa, se evidencia, que mediante oficio OP/DG/1835/2019, de diez de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, por el que comunicó al quejoso el contenido del dictamen emitido por el Consejo Directivo, en sesión ordinaria celebrada el nueve de julio de dos mil diecinueve, en que se le autoriza la pensión por jubilación, en el que además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordenó a la Oficina de Pensiones, que del importe de su pensión por jubilación se le descontara el 9% por concepto de cuota al Fondo de Pensiones; de ahí la existencia de los actos que se le atribuyen. CUARTO. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 814, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, este resolutor estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado al secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual se hizo consistir en el refrendo del Decreto número 885, por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor el veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y octavo transitorio, toda vez que no se reclamó por vicios propios. Ello es así, atendiendo que, de conformidad con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten normas generales la parte quejosa deberá señalar al titular del órgano del Estado al que la ley encomiende su promulgación; sin embargo, en el caso de la autoridad que hubiere intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley, el promovente sólo podrá señalarlo con el carácter de responsable, cuando se impugne su acto por vicios propios, lo que en la especie no aconteció. A fin de corroborar lo expuesto, conviene citar el contenido del artículo mencionado en el párrafo que antecede, el cual dispone textualmente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." En esa medida, si en el caso particular, el peticionario de amparo no controvirtió el refrendo de la norma general que aquí se estudia, por vicios propios, se concluye que se actualiza la improcedencia del presente asunto en relación con la autoridad en comento, por lo que procede sobreseer en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la legislación en consulta. Consecuentemente, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia cuyo estudio debiera emprenderse de oficio, procede el examen del fondo del asunto. QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Previo al análisis de fondo, este juzgador precisa que si bien resulta extemporánea la presentación de la demanda de amparo, respecto del primer acto de aplicación de la norma reclamada, al no haberse controvertido la inconstitucionalidad dentro del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin embargo, al tratarse de la aplicación de una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia emitida por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, es específico los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce; ello conduce a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción I, de la ley de la materia para otorgar la protección constitucional, excluyendo los rigorismos propios del juicio de amparo de estricto derecho, como el consentimiento tácito inferido de la falta de impugnación del acto de aplicación, buscando así el alcance protector más amplio y eficiente posible, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben observarse en relación con la preservación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a favor del individuo. En apoyo al anterior razonamiento, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia IV.2o.A. J/3 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, visible en la página 1029, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ALCANCE DE LA ACTUALIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONCEDE EL AMPARO POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR SU PROPIA JURISPRUDENCIA. Conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las autoridades del Estado Mexicano están obligadas a garantizar a los individuos la protección más amplia de sus derechos fundamentales, asegurando la primacía de la Constitución ante cualquier otra disposición que la contraríe. Dicha obligación, desde la perspectiva del juicio de amparo, permite sostener que una vez probada la afectación a esos derechos fundamentales, su restauración resulta ineludible, sin que sea válido soslayarla invocando impedimentos de rigor técnico que permitan la subsistencia del acto inconstitucional y sus efectos perjudiciales para los derechos fundamentales reconocidos. En ese sentido, cuando para un Tribunal Colegiado de Circuito resulta notoria y manifiesta la contravención a los derechos de un individuo por la aplicación de una norma declarada inconstitucional por su propia jurisprudencia, y se actualiza la suplencia de la queja deficiente en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para otorgar la protección constitucional, aquélla tiene el alcance de priorizar el estudio y restauración de dicha violación, excluyendo los rigorismos propios del amparo de estricto derecho, como la ausencia de impugnación de la norma, la formulación deficiente de conceptos de violación, así como los derivados del consentimiento tácito inferidos de la falta de impugnación de un acto anterior que también aparezca probado, dando a la mencionada figura el alcance protector más amplio y eficiente posible, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben observarse en relación con la preservación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a favor del individuo, a fin de evitar que a la restauración de una violación a derechos fundamentales objetivamente probada, se oponga su prevalencia por meros obstáculos de rigor técnico, sino por el contrario despejarlos para que la autoridad cumpla con el mandato de velar por el respeto a los derechos fundamentales ministrando justicia donde se sabe requerida sin buscar impedimentos para realizarla". El quejoso en su conceptos de violación alega que los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, son violatorios de sus derechos fundamentales, pues fueron declarados inconstitucionales. Ahora bien, el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos, Mexicanos, dice: "Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los territorios federales y sus trabajadores: (...) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." En el citado numeral se establecieron las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado sus servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana. La citada garantía, tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el sentido que éstas pueden ampliarse pero nunca restringirse. Así, la garantía de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso. Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." El precepto antes transcrito, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae. Es decir, los jueces están obligados a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Luego los jueces se encuentran obligados a ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), aportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 27 de junio de 2014, a las nueve horas con treinta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito." Ahora bien, en atención a lo anterior, resulta aplicable el Convenio Internacional del Trabajo 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, adoptado en Ginebra el veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y dos, pues así lo concluyó el máximo tribunal del país. En efecto, la jurisprudencia P./J. 22/2013 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Décima Época, que aparece publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice: "CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA NORMA MÍNIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO. Una vez abierto el convenio referido a la ratificación de los países miembros del organismo internacional señalado, en México se desarrolló el procedimiento respectivo a través del cual el Presidente de la República propuso a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la expedición del decreto por el cual se aprueba el Convenio número 102, el cual, una vez agotados los trámites conducentes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1959; posteriormente, el Ejecutivo Federal emitió el instrumento de ratificación y giró instrucciones para depositarlo ante la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo -destacando las partes que se comprometía a cumplir el Gobierno mexicano-, quedando registrada dicha ratificación ante la oficina aludida el 12 de octubre de 1961, por lo que, en términos de su artículo 79, entró en vigor para México doce meses después, esto es, el 12 de octubre de 1962. Ahora bien, en la comunicación de la ratificación relativa se especificó cuáles de las partes II a la X aceptaba México, de ahí que, observándose las reglas contenidas en el artículo 2, nuestro país debe aplicar las siguientes partes: I. Disposiciones generales, artículos 1 al 6; II. Asistencia médica, artículos 7 al 12; III. Prestaciones monetarias de enfermedad, artículos 13 al 18; V. Prestaciones de vejez, artículos 25 a 30; VI. Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, artículos 31 a 38; VIII. Prestaciones de maternidad, artículos 46 a 52; IX. Prestaciones de invalidez, artículos 53 a 58; X. Prestaciones de sobrevivientes, artículos 59 a 64; XI. Cálculo de pagos periódicos, artículos 65 a 67 (las disposiciones correspondientes); XII. Igualdad de trato a los residentes no nacionales, artículo 68 (las disposiciones correspondientes); XIII. Disposiciones comunes, artículos 69 a 72 (las disposiciones correspondientes); y, XIV. Disposiciones diversas, artículos 73 a 77 (las disposiciones correspondientes). Lo anterior, lleva a corroborar que el Convenio número 102 satisface los requisitos de forma para incorporarse al sistema jurídico mexicano y, de sus partes sustantivas (I a XIV), nuestro país debe acatar todas ellas (en el caso de las partes XI a XIV, las disposiciones correspondientes), con excepción de las partes IV. Prestaciones de desempleo, artículos 19 a 24, y VII. Prestaciones familiares, artículos 39 a 45; lo cual significa que México debe observar, en particular, los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), en tanto contienen disposiciones sobre el pago periódico de prestaciones aplicables para las de vejez, esto es, normas relacionadas con el pago de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro." Luego, en relación al asunto que nos ocupa, los artículos 25, 26 y 67 del Convenio Internacional del Trabajo Convenio Internacional del Trabajo 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, adoptado en Ginebra el veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y dos, dicen: "PARTE V. PRESTACIONES DE VEJEZ. "Artículo 25.- Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte." "Artículo 26. 1. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad prescrita. 2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate. 3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito." "Artículo 67. Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el presente artículo: a) el monto de la prestación deberá determinarse de acuerdo con una escala prescrita o según una regla fijada por las autoridades públicas competentes, de conformidad con reglas prescritas; b) el monto de la prestación no podrá reducirse sino en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables prescritas o fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas; c) el total de la prestación y de los demás recursos de la familia, previa deducción de las sumas apreciables a que se refiere el apartado b) anterior, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes, y no deberá ser inferior al monto de la prestación calculada de conformidad con las disposiciones del artículo 66; d) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el monto total de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión, excede, por lo menos, del 30 por ciento del monto total de las prestaciones que se obtendrían aplicando las disposiciones del artículo 66 y las disposiciones siguientes: I) apartado b) del artículo 15, para la parte III; II) apartado b) del artículo 27, para la parte V; III) apartado b) del artículo 55, para la parte IX; IV) apartado b) del artículo 61, para la parte X. ." Los preceptos antes referidos, contemplan dos casos de reducción, que son los siguientes: 1. Tratándose de prestaciones de vejez, podrá suspenderse ésta si se ejercen actividades remuneradas o podrán reducirse las contributivas cuando las ganancias del beneficio exceda de un valor prescrito. 2. Tocante a los pagos periódicos, en la medida que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con las reglas prescritas. Por su parte, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, señalados como inconstitucionales, dicen lo siguiente: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: . III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión"; "Artículo 18. . Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "TRANSITORIO: [.] Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales. ." De dichos preceptos se advierte, que los trabajadores jubilados bajo la vigencia de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, deberán de aportar una cuota equivalente al 9% de su pensión para constituir el fondo de pensiones, mismo que la oficina correspondiente retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18. Como se dijo, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, resultan inconvencionales y transgreden los principios de igualdad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 1 y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal. En efecto, los preceptos reclamados resultan inconvencionales, pues si bien la norma internacional, autoriza la fijación de determinados topes, lo cierto es que la aportación regulada por el legislador local, esto es, el descuento del 9% a la pensión, no encuadra en ninguna de las hipótesis permitidas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, que servirá para constituir el fondo monetario con el que se cubrirá la misma, por lo que los artículos reclamados resultan inconvencionales. Además, del contenido del artículo 30, fracción II, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se advierte que la pensión por vejez es una prestación que sólo se otorga previa satisfacción de determinados requisitos, o de forma proporcional aquélla en que éstos se hayan satisfecho, supuesto en el cual resulta evidente que no se trata de una concesión gratuita, ya que su derecho se gesta durante su vida laboral, con las aportaciones periódicamente efectuadas a fin de garantizar aunque sea en parte, una subsistencia para cuando ya no esté en posibilidad de contribuir activamente al desempeño laboral. Así se determinó en la jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), aportada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, que aparece publicada en la página 2512 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." Luego, al haber quedado evidenciada la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante decreto 885, el veintiocho de enero de dos mil doce, aplicados al quejoso, que prevén el descuento del 9% por ciento sobre el monto de su pensión, se declara la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los mismos, y se impone otorgar al quejoso LUIS JOSÉ SANTIAGO ARAGÓN, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: 1. Para que el Consejo Directivo y Director General ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, no le apliquen en el presente y en lo futuro, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el 28 de enero de dos mil doce. 2. Reintegren al quejoso, en una sola exhibición, los descuentos que en su caso, se hubieren realizado por ese concepto, a partir del primer descuento que se le haya realizado con motivo de dichos preceptos En apoyo de lo anterior se estima aplicable la jurisprudencia P.J.112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19 que es del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia que la concesión de amparo no alcanza a vincular en el cumplimiento al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, autoridades que concurrieron en el estudio, dictaminación, discusión, aprobación, expedición y promulgación de las normas declaradas inconvencionales e inconstitucionales, por lo que no las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Como sustento de lo anterior, se cita la tesis CXXXVII/96 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 1996, Tomo IV, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 945/2019, promovido por LUIS JOSÉ SANTIAGO ARAGÓN, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a LUIS JOSÉ SANTIAGO ARAGÓN, contra los actos que reclama del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, consistentes en el estudio, dictaminación, discusión, aprobación, expedición y promulgación, del Decreto número 885, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, que aprobó la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de dicha ley, cada uno en su esfera de competencia; así como los actos que reclama del Consejo Directivo y del director general, ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez; consistentes en la aplicación en su perjuicio de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la citada Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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