Luis González Lozano

Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1127/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Luis González Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable Jueza Especializada en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, las constancias consistentes en el expediente 658/2021 y un disco compacto que se acompañaron a este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el primero de los escritos de cuenta signado por el quejoso Luis González Lozano, con cinco copias que acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y en su caso, el aclaratorio de la misma; y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; en consecuencia, en el presente caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que la aleguen las partes o se advierta en forma oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de la Materia. En el caso concreto, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de San Luis Potosí y del Secretario de Acuerdos de su adscripción, lo siguiente: El auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 658/2021, de su índice, mediante el cual le fue otorgada a una institución bancaria, una prórroga de diez días a efecto de rendir el informe que le fue ordenado en relación con la prueba documental vía informe ofrecida por la parte demandada en el citado juicio. Ello, al sostener que en el oficio que contiene la solicitud de prórroga, no se precisa la persona de quién firma en representación de la institución de crédito. Tal determinación, tiene como alcance, lo relativo al ofrecimiento de ciertas cuestiones de prueba dentro del procedimiento natural. De lo anterior relatado, se pone de manifiesto que dicho reclamado no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en los derechos fundamentales, pues no es una determinación constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos. En esa virtud, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción V, pues la resolución reclamada en el juicio natural, es de las consideradas como una violación de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, ya que dicho acto se ubica en la etapa del trámite, por lo que es inconcuso que el acto combatido no afecta derechos sustantivos sino intraprocesales, y será en la resolución definitiva que emita el juez primario, donde podrá determinarse si se causa perjuicio a sus intereses, o en su caso, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que llegue a pronunciarse en el juicio natural, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso que en su caso sea procedente, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se emita en segunda instancia, en el caso de que éste también le sea desfavorable. Asimismo, debe precisarse que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional, sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo que, previo a exponer los motivos que sustentan tal determinación, cabe precisar que el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte;..." Cómo se ve, a partir del tres de abril de dos mil trece, la Ley de Amparo proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. De la literalidad de dicho artículo se obtiene, que el legislador determinó que por regla general el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto solo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado de manera destacada, no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, es que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por la aludida razón de que con la vigencia de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio, solo debe presentarse cuando estos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado; es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal o adjetiva. En estas condiciones, y al no ser los actos reclamados de aquellos previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser estos de aquellos que no afectan de manera inmediata los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el libro 6, de mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Apoya a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J.37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es que se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Por otra parte, agréguese el segundo de los escritos de cuenta, y en atención a su contenido se provee: Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana Zugey Hernández Ibarra y Luis Armando Peña Almendárez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y; en términos restringidos del aludido numeral a Claudia Alejandra Lardizábal Velázquez, en virtud de que no cuenta con su cédula profesional registrada en el referido sistema computarizado y en los mismos términos a Manuel Yair Castro Valenzuela, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral.???? Asimismo, téngasele por señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala. Se toma nota de los números telefónicos proporcionados, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al promovente la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de los usuarios armandopeal y yaircastro. En cuanto al diverso usuario Iglozano, dígasele que se esté a lo acorado en proveído dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el primero de los escritos de cuenta signado por el quejoso Luis González Lozano, con cinco copias que acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y en su caso, el aclaratorio de la misma; y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; en consecuencia, en el presente caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que la aleguen las partes o se advierta en forma oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de la Materia. En el caso concreto, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de San Luis Potosí y del Secretario de Acuerdos de su adscripción, lo siguiente: El auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 658/2021, de su índice, mediante el cual le fue otorgada a una institución bancaria, una prórroga de diez días a efecto de rendir el informe que le fue ordenado en relación con la prueba documental vía informe ofrecida por la parte demandada en el citado juicio. Ello, al sostener que en el oficio que contiene la solicitud de prórroga, no se precisa la persona de quién firma en representación de la institución de crédito. Tal determinación, tiene como alcance, lo relativo al ofrecimiento de ciertas cuestiones de prueba dentro del procedimiento natural. De lo anterior relatado, se pone de manifiesto que dicho reclamado no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en los derechos fundamentales, pues no es una determinación constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos. En esa virtud, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción V, pues la resolución reclamada en el juicio natural, es de las consideradas como una violación de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, ya que dicho acto se ubica en la etapa del trámite, por lo que es inconcuso que el acto combatido no afecta derechos sustantivos sino intraprocesales, y será en la resolución definitiva que emita el juez primario, donde podrá determinarse si se causa perjuicio a sus intereses, o en su caso, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que llegue a pronunciarse en el juicio natural, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso que en su caso sea procedente, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se emita en segunda instancia, en el caso de que éste también le sea desfavorable. Asimismo, debe precisarse que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional, sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo que, previo a exponer los motivos que sustentan tal determinación, cabe precisar que el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte;..." Cómo se ve, a partir del tres de abril de dos mil trece, la Ley de Amparo proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. De la literalidad de dicho artículo se obtiene, que el legislador determinó que por regla general el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto solo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado de manera destacada, no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, es que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por la aludida razón de que con la vigencia de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio, solo debe presentarse cuando estos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado; es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal o adjetiva. En estas condiciones, y al no ser los actos reclamados de aquellos previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser estos de aquellos que no afectan de manera inmediata los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el libro 6, de mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Apoya a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J.37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es que se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Por otra parte, agréguese el segundo de los escritos de cuenta, y en atención a su contenido se provee: Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana Zugey Hernández Ibarra y Luis Armando Peña Almendárez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y; en términos restringidos del aludido numeral a Claudia Alejandra Lardizábal Velázquez, en virtud de que no cuenta con su cédula profesional registrada en el referido sistema computarizado y en los mismos términos a Manuel Yair Castro Valenzuela, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral.???? Asimismo, téngasele por señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala. Se toma nota de los números telefónicos proporcionados, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al promovente la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de los usuarios armandopeal y yaircastro. En cuanto al diverso usuario Iglozano, dígasele que se esté a lo acorado en proveído dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término legal concedido a la parte quejosa para que compareciera a recoger el billete de depósito N 813294, expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, ahora Banco del Bienestar, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n.), sin que a la fecha lo hubiese hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte y por ende, se prescribe a favor del erario federal en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, por lo cual se ordena el endoso del mencionado billete a favor de dicha dependencia. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y comuníquese lo anterior al Tesorero de la Federación, remitiéndole el referido documento debidamente endosado. Hecho lo anterior, devuélvanse estos autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.

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