Luis Gonzalez Lozano

Expediente 580/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
580/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Luis Gonzalez Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintinueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además. atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado; con su contenido y anexos de cuenta, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, que adjuntó como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto reclamado, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en análisis se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Secretaria Titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis potosí, el acto que hizo consistir en: ".Se reclama de la responsable la omisión de dar respuesta a un escrito que de manera respetuosa y pacifica le dirigí, el 10 de abril de 2018." Ahora bien, de las constancias que remitió la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, a su informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que la omisión reclamada fue subsanada, pues la responsable con fecha veintidós de junio de la presente anualidad, dictó la determinación correspondiente, esto es, posterior a la presentación de la demanda; determinación que le fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de junio del año en curso, como se advierte de las constancias remitidas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que el veintidós de junio de la presente anualidad, dio contestación al escrito que la parte quejosa, le dirigió el diez de abril del año actual, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal situación constituye una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la autoridad responsable, y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo que presentó vía electrónica Luis González Lozano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo y el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General conjunto 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; contra actos de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 108, 110, 115, 116 y 117, y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; conforme lo prevén el artículo 3, párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emitieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, que entró en vigor el cuatro de enero del dos mil dieciséis. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 55, 87 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emitieron los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena a la responsable del Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 580/2018-IV; y al Secretario vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integraran el presente juicio de amparo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, remitiéndole al efecto copia simple de la demanda de amparo, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al Secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos originales que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas la documental de la parte quejosa, la que acompaña a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 8° Constitucional y 3° de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al quejoso la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio de amparo por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el nombre de usuario Iglozano, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a él por dicho medio. Lo anterior sin perjuicio de que también haya señalado domicilio procesal, toda vez que cuenta con la firma electrónica aludida y es expreso en solicitar la consulta por esa vía. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.

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