Luis Gonzalez Lozano
Expediente 86/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Gonzalez Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el ocho de marzo de dos mil dieciocho, se decretó fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; determinación que causó estado el día de la fecha, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, tomando en consideración que de fojas tres a nueve de autos, obra una documental con sello original que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger la documental aludida, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el ocho de marzo de dos mil dieciocho, se decretó fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; determinación que causó estado el día de la fecha, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, tomando en consideración que de fojas tres a nueve de autos, obra una documental con sello original que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger la documental aludida, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Luis González Lozano; mediante el cual informa que en el caso se actualiza causal de improcedencia, en virtud de que la autoridad responsable le notificó la determinación por la que da contestación a la omisión reclamada. Por tanto, visto el estado de los presentes autos se advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La citada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de que se trate. En la especie, el peticionario del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable: ".la omisión de dar respuesta a un escrito que de manera respetuosa y pacifica le dirigí, el 11 de enero de 2018." Se afirma lo anterior, pues del anexo que la responsable acompañó al informe justificado, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante escrito de veintitrés de febrero del año que transcurre, se produjo respuesta a la citada petición; asimismo, a través del escrito de cuenta el quejoso Luis González Lozano, informó que dicha determinación le fue notificada el uno de marzo de dos mil dieciocho. De lo expuesto, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que, según lo expuesto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la autoridad responsable. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, al haber sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo del año en curso, quedando sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Luis González Lozano; mediante el cual informa que en el caso se actualiza causal de improcedencia, en virtud de que la autoridad responsable le notificó la determinación por la que da contestación a la omisión reclamada. Por tanto, visto el estado de los presentes autos se advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La citada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de que se trate. En la especie, el peticionario del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable: ".la omisión de dar respuesta a un escrito que de manera respetuosa y pacifica le dirigí, el 11 de enero de 2018." Se afirma lo anterior, pues del anexo que la responsable acompañó al informe justificado, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante escrito de veintitrés de febrero del año que transcurre, se produjo respuesta a la citada petición; asimismo, a través del escrito de cuenta el quejoso Luis González Lozano, informó que dicha determinación le fue notificada el uno de marzo de dos mil dieciocho. De lo expuesto, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que, según lo expuesto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la autoridad responsable. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, al haber sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo del año en curso, quedando sin efectos la misma.
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