Luis Germán Varela Escobedo

Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1018/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Germán Varela Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte del estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, último párrafo, del aludido acuerdo, en razón de haberse concedido de plano la medida suspensiva dentro del presente juicio; por lo que el presente juicio de amparo es susceptible de conservarse; haciendo constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NO EXISTEN CUADERNOS DE SUSPENSIÓN. No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo V-1018/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante el licenciado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V 1018/2023 promovido por Luis Germán Varela Escobedo, contra actos de la Jueza Cívico Municipal de Morelia y de otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. En este momento, se da cuenta con la promoción registrada con el número de folio 13609, misma que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponde, a través del cual realiza diversas manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta en vía de alegatos, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que esta sea relacionada en la presente audiencia. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Sin que constituya un obstáculo para la celebración de la presente audiencia constitucional, el que se encuentre corriendo la vista hacia la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puesto que el diferimiento de la audiencia por tal cuestión sólo debe hacerse en su beneficio cuando deba aportar pruebas para desvirtuar lo aseverado por la responsable, situación que en el caso no es necesaria atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, de ahí que no requiere de prueba adicional, por lo que en vez de diferir la audiencia constitucional y retardar la solución del asunto, se privilegie el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con impartir justicia de manera pronta y expedita. Sin que con ello se desentiendan las jurisprudencias P./J54/2000 y 1ª/J.112/2006, pues del estudio analítico de las ejecutorias de las que derivaron se colige que su espíritu no es diferir la audiencia constitucional en todos los casos de manera indiscriminada, pues ello atentaría contra el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita, sino antes bien sólo cuando las partes puedan ofrecer pruebas para desvirtuar lo plasmado en el informe justificado lo que en el caso no es necesario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Jueza Cívico Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, con residencia en esta ciudad. b) Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexaron a su informe de ley las autoridades responsables; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 1018/2023 recibido por este juzgado el siete de agosto del año en curso y parte quejosa, presentados en esta fecha. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-1018/2023, promovido por Blanca Anita Concepción Escobedo Páez y José Manuel Varela Escobedo, a favor de Luis Germán Varela Escobedo, contra actos de la Jueza Cívico Municipal de Morelia y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, Blanca Anita Concepción Escobedo Páez y José Manuel Varela Escobedo, a favor de Luis Germán Varela Escobedo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Cívico Municipal de Morelia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Recepción de la demanda y suspensión de plano. En auto de la misma fecha, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda, ordenó su registró con el número 1018/2023, decretó la suspensión de plano en los términos siguientes: "Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Luis Germán Varela Escobedo, para los siguientes efectos: I. No se aplique al quejoso directo incomunicación, palos, azotes, violencia física, torturas; así como cualquiera otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; II. De encontrase o habérseles encontrado a su disposición, informen la situación jurídica y lugar físico en el cual se encuentre, así como toda información que pueda resultar conducente para la localización del aquí quejoso directo; en el concepto de que, se deberán observar en favor del impetrante su derecho de adecuada defensa y permitirle que sea asistido por defensor de oficio o particular que designe; y, III. Ahora bien, como de la literalidad de la demanda que se provee, se advierte que el quejoso directo Luis Germán Varela Escobedo, se encuentra cumpliendo una orden de arresto, la suspensión de plano se concede a efecto de que cese de inmediato, sin perjuicio de concluir el mismo, de no tener sentencia favorable en el fondo del juicio en que se actúa. Sin que se haga necesario fijar medidas de aseguramiento al quejoso para que surta efectos la suspensión de plano que se le concede, habida cuenta que el arresto, como medida de apremio, tiene origen y fines distintos de los perseguidos por las órdenes de aprehensión, detención o retención y por ello no le son aplicables analógicamente las medidas de aseguramiento que prevén los artículos 132 y 139, de la Ley de Amparo, ya que aquellas ordenes derivan de un hecho delictivo y el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente y el arresto sólo se exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento. IV. Lo anterior es así, salvo que la privación de la libertad de que es objeto Luis Germán Varela Escobedo, obedezcan a una orden librada por autoridad judicial, o se trate del cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una autoridad de esa misma índole, caso este último en que deberá ponerse de inmediato a disposición de tal autoridad correspondiente." De la misma forma, en dicho auto se ordenó al actuario adscrito la localización del directo quejoso y hecho lo propio, requerirlo para que al momento de encontrarlo o bien dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, bajo el apercibimiento que de no realizarlo, se tendría por no presentada. TERCERO. Admisión de la demanda. Ratificada que fue el libelo, en auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas que residen en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso Luis Germán Varela Escobedo consisten en:  El arresto y detención de que fue objeto el treinta y uno de julio del año en curso; y,  La incomunicación que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad. Actos que atribuyó a las siguientes autoridades: I. Juez Cívico Municipal de Morelia, con sede en esta ciudad; y, II. Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del Municipio de Morelia, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistente en la incomunicación que infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad, ya que a pesar que las responsables aceptaron la existencia del diverso acto reclamado consistente en el arresto y detención administrativa que se verificó en el quejoso el treinta y julio del año en curso, negó la materialización del referido acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. Al respecto, señalaron en su informe justificado que el quejoso fue sujeto a un arresto y detención administrativa, porque se atendió un hecho de tránsito en el que se vio involucrado el quejoso, el cual se tornó agresivo por encontrarse bajo los influjos de intoxicación etílica, motivo por el cual se lo llevaron arrestado. Situación que se acreditó con el certificado médico que anexaron a su informe. Asimismo, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, informó que en ningún se le mantuvo incomunicado ya que los oficiales que participaron en su detención actuaron conforme a sus facultades y atención a un protocolo para la revisión y vigilancia del delito por encontrarse el quejoso circulando un vehículo automotor bajo los influjos del alcohol y verse involucrado en un hecho de tránsito. Por su parte, la Jueza Cívico Municipal de esta ciudad, también negó los actos de incomunicación del quejoso, pues al efecto adjuntó a su informe la bitácora relativa de la que se advierte que el treinta y uno de julio del año en curso, a las veintitrés horas con veinticinco minutos realizó una llamada al número telefónico 4433888185; también, que a las veintitrés horas con veintinueve minutos de esa fecha se comunicó con su hermano José Manuel; de igual forma, que el uno de agosto del año en curso, a las ocho horas con treinta y ocho minutos y diez horas con cuarenta y seis minutos, se comunicó con su madre. Bajo el anterior contexto, en el caso debe considerarse como inexistente el acto reclamado a las responsables, consistente en la incomunicación que manifestó le infirieron en su contra al ejecutar dicha privación de su libertad, ya que a pesar de todas las manifestaciones vertidas por el quejoso, lo cierto es que no aportó una sola prueba para desvirtuar la negativa y para demostrar que los hechos acontecieron tal y como él lo menciona, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendido por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto del acto reclamado precisado en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el diverso acto atribuido al Juez Cívico Municipal de Morelia, con sede en esta ciudad y Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana del Municipio de Morelia, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta, consistente en la detención y consecuente arresto de que fue objeto el peticionario del amparo el treinta y uno de julio del presente año, pues así lo manifestaron en su informe justificado, la cual ocurrió en los términos narrados en la consideración que antecede y a los cuales se remite en aplicación del principio procesal para evitar repeticiones innecesarias. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron las responsables, como soporte de su informe justificado; probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En relación con el acto reclamado consistente en la detención y consecuente arresto de que fue objeto el quejoso Luis Germán Varela Escobedo el treinta y uno de julio del presente año, este juzgado de Distrito considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Al respecto, resulta pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, la cual se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, que se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria. En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso a); ello es así, toda vez que en la especie el acto reclamado en estudio en este apartado, se hizo consistir en la detención y consecuente arresto de que fue objeto el peticionario del amparo el treinta y uno de julio del año en curso; sin embargo, de las constancias que remitieron las autoridades responsables se desprende que el quejoso fue puesto en libertad del arresto administrativo al que se le sujetó, a las diecinueve horas con treinta y siete minutos del uno de agosto de dos mil veintitrés. Lo anterior, trae como consecuencia que ese acto reclamado cese en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, toda vez que el acto que les causaba agravio era su detención y consecuente arresto administrativo al que estaba sujeto en la fecha de presentación de la demanda. De ahí, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a las autoridades responsables a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que la misma garantía exija, cuando como en el caso, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado materia de estudio en este apartado. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 1002461 , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por otro lado, se hace la precisión de que no es obligación del que suscribe manifestarse en relación con los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la adscripción y quejoso en su escrito de cuenta, dado que éstos no forman parte de la litis en el juicio de amparo, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia número P./J. 27/94, Registro digital: 205449, Instancia: Pleno, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 27/94, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, que es del rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." De conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Germán Varela Escobedo, por los actos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Cívico Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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