Luis Héctor Márquez Guevara

Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
476/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Héctor Márquez Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, inciso I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-476/2023, promovido por el quejoso Luis Héctor Márquez Guevara, por propio derecho, contra de una omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el día diecinueve de abril de dos mil veintitrés recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno el siguiente día, el quejoso Luis Héctor Márquez Guevara, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra una omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de veintiuno de abril del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente III-476/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, debido a que la parte quejosa reclama una omisión de una autoridad laboral con ejecución en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia mixta este Juzgado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La omisión de dictar el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, el cual se reservó proveer mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 71/2021 del índice de la responsable. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuyó. Sin embargo, de las constancias remitidas por la citada autoridad se advierte la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, la cual se reservó proveer mediante proveído de uno de marzo del año pasado, dentro del juicio laboral 71/2021 del índice de la responsable advirtiéndose que a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda existía la omisión de la responsable dictar el referido proveído. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, el cual se reservó proveer desde el uno de marzo del año pasado, dentro del juicio laboral 71/2021 del índice de la responsable. Así, no obstante que dicha autoridad al momento de la presentación de la demanda de amparo había sido omisa en proveer respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas; sin embargo, de las constancias que integran el expediente laboral de origen, se observa que por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, realizó pronunciamiento en cuanto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y, al mismo tiempo, señaló fecha para el desahogo de éstas. Por ende, es evidente que el acto reclamado -omisivo- quedó insubsistente con motivo del acuerdo de ocho de mayo de este año, precisado en el párrafo anterior, en la cual, se reitera, proveyó respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Esto es, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de dictar el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral 71/2021, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Héctor Márquez Guevara, por propio derecho, contra la omisión precisada en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado. Sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpRazón. En esta fecha se pasaron los presentes autos a la actuaría de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número III-476/2023. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Admítase la demanda de amparo promovida por Luis Héctor Márquez Guevara, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a la autoridad responsable para que informen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los actos reclamados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario que corresponda; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que no encuadran en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la Ley de la Materia, virtud a que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se tenga un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio solo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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