Luis García Melchor
Expediente 1263/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis García Melchor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1263/2023-X, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, y recibido, finalmente, en este órgano jurisdiccional el veintiséis de septiembre del mismo año, virtud de la incompetencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, para conocer del asunto, a favor de este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, así como del acto que precisó en el propio ocurso, en los términos siguientes: "(.) IV. ACTO RECLAMADO: El auto emitido por la autoridad señalada como responsable, dentro del expediente laboral número 218/2023. (.) HECHOS O ABSTENCIONES QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME CONSTAN SER CIERTOS Y QUE SE DESPRENDEN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: (.) VI. Siendo el 9 de agosto de 2023, la autoridad responsable resolvió que se encuentra cumplido a cabalidad el convenio celebrado el 20 de abril de 2023, entre el tercero interesado y el ahora quejoso ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en el Estado de Michoacán, en específico la cláusula quinta de dicho convenio, al haberse cubierto la totalidad del pago principal y pena convencional correspondientes. (.)." En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Juicio de amparo directo 215/2022. Del escrito inicial tocó conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, declaró su incompetencia legal para conocer del amparo directo laboral 457/2023; debido a que el acto reclamado no encuadraba en alguno de los supuestos en los que resultaba procedente la vía de amparo directo para su impugnación. En consecuencia, ordenó la remisión de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. Determinación que declaró firme mediante diverso de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. TERCERO. Trámite del presente juicio de amparo indirecto. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, le asignó el número de expediente 1263/2023-X, la admitió a trámite y solicitó su informe con justificación a la autoridad responsable. En ese auto, dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; reconoció con el carácter de tercera interesada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso a), a la moral Kansas City Southern de México, sociedad anónima de capital variable, de la que ordenó su emplazamiento; y, se señaló día y hora para la verificación de la audiencia constitucional. A las diez horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia laboral con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional consiste en: El acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución 218/2023, en el que la responsable determinó que se encontraba cumplido a cabalidad el convenio celebrado el veinte de abril de dos mil veintitrés entre Kansas City Southern de México, sociedad anónima de capital variable (parte patronal), y el aquí quejoso (trabajador), ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Michoacán, en específico la cláusula quinta de tal pacto de voluntades, al haberse cubierto la totalidad del pago principal y la penal convencional correspondientes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Contrario a lo referido por la agente del Ministerio Público de la adscripción, en su pedimento, es cierto el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable al rendir su informe con justificación aceptó su existencia, lo que acredita la certeza de la actuación impugnada en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla, se corrobora con las constancias originales que integran el procedimiento de ejecución 218/2023 del índice de la responsable, las que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, conviene traer a glosa los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, Kansas City Southern de México, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado Martín González Gamboa, solicitó la ejecución del convenio celebrado el veinte de abril de dos mil veintitrés, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Michoacán. Anexó a tal escrito el citado pacto de voluntades, del que se observa lo siguiente: "(.) QUINTA. La TRABAJADORA recibirá por parte de la EMPLEADORA la cantidad de $******************** . conforme a los siguientes conceptos: Vacaciones proporcionales 11 días $19,716.85 Prima vacacional exenta $2,593.05 Prima vacacional grabable $2,336.16 Compensación por incapacidad (artículo 54 Ley Federal del Trabajo) $46,947.00 Prima de antigüedad 305 días $105,450.70 RETENCIONES Cuota sindical $938.94 ISR $3,042.53 Total de percepciones $******************** (.) SEXTA. La EMPLEADORA manifiesta que pagará en 1 exhibiciones (sic), hasta culminar la cantidad de $******************** . tal como se muestra. CIENTO SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. $******************** 04/05/2023 09:00 horas En caso de que la parte EMPLEADORA no cubra el pago de la cantidad estipulada y dentro del plazo determinado en esta cláusula, deberá pagar a la parte TRABAJADORA el equivalente a un día de salario diario, el cual se fijará en razón del salario que percibía dicha parte antes de finalizar la relación de trabajo. Esa cantidad se sumará a la previamente pactada, por cada día que transcurra, sin que se dé cabal cumplimiento al convenio, con fundamento en el artículo 684-E, fracción XIV, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. (.)." De igual manera, exhibió los cheques números 002271 de cinco de junio de dos mil veintitrés, por la cantidad de $******************** pesos y 0002277 de ocho del mismo mes y año, por la cantidad de $43,040.00 pesos, expedidos por la citada moral, así como la constancia de incumplimiento de convenio de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Michoacán. 2. De tal asunto tocó conocer al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, el que por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, admitió a trámite el referido escrito en ejecución del convenio antes precisado. En ese proveído, se pusieron a disposición del trabajador, aquí quejoso, los títulos de crédito que exhibió la referida persona moral con el objeto de que se cumpliera en su totalidad el convenio celebrado. En consecuencia, requirió al aquí quejoso para que en el día y hora ahí precisados, acudiera a las instalaciones de dicho órgano jurisdiccional y se realizara la entrega de los cheques referidos, en su caso, manifestara lo que a su derecho conviniera. 3. El cinco de julio de dos mil veintitrés, ********************, parte trabajadora, compareció ante el Tribunal responsable, quien le hizo entrega de los originales de los cheques precisados en el numeral 1 de los presentes antecedentes, y manifestó que quedaba pendiente de pago del monto restante correspondiente a la pena convencional pactada en el convenio celebrado entre las partes. 4. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al apoderado de Kansas City Southern de México, sociedad anónima de capital variable, exhibiendo el original del cheque número 0002320 de ocho de julio de dos mil veintitrés, por la cantidad de $24,250.70 pesos a nombre del trabajador, aquí quejoso, para su entrega a efecto de dar cumplimiento a la diferencia de la pena convencional. En consecuencia, requirió al referido trabajador para que en el día y hora ahí señalados acudiera a las instalaciones de la responsable para la entrega del referido título de crédito, sin embargo, éste no compareció, tal como se advierte del acta de ocho de agosto de dos mil veintitrés. 5. En proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, determinó que se encontraba cumplido a cabalidad el convenio celebrado el veinte de abril de dos mil veintitrés entre Kansas City Southern de México, sociedad anónima de capital variable (patronal), y el aquí quejoso (trabajador), ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Michoacán, en específico la cláusula quinta de tal pacto de voluntades, al haberse cubierto la totalidad del pago principal y la pena convencional correspondientes. Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional no advierte causal de improcedencia invocada por las partes ni de oficio se observa alguna, por ende, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo con el concepto de violación hecho valer. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló un concepto de violación -al que denominó como primero- que se encuentra en el apartado relativo de la demanda de amparo, el que se da por reproducido en este considerando como si a la letra se transcribiera, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio. El motivo de disenso vertido para controvertir el acto reclamado es infundado, como más adelante se explicará. Suplencia de la queja Es importante señalar que en el presente caso es aplicable la figura prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que las autoridades que conozcan del juicio de amparo, deberán suplir la deficiencia cuando se trate de los intereses de los trabajadores; al respecto, en el caso que se examina, opera dicha figura jurídica, en virtud de que el quejoso les reviste el carácter de trabajador en el procedimiento de origen. En cuanto a este punto es aplicable la jurisprudencia 39/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS." Empero, de la revisión oficiosa de lo actuado y del acto reclamado no se aprecia que sea menester aplicar tal figura a favor del quejoso. Síntesis del concepto de violación En su único concepto de violación, la parte quejosa refiere que la resolución impugnada le causa agravio porque la responsable da por cubierta la totalidad del pago principal y la pena convencional correspondiente del convenio celebrado aten el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en el Estado de Michoacán número MICH/CI/2023/000498, sin tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 684-E, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Ello porque, indica, la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada por la falta de aplicación del artículo antes citado, porque ésta es claro en establecer que se fijará una pena convencional para el caso de incumplimiento por cada día que transcurra mientras no se efectúe a cabalidad. Por lo que debió tomar en cuenta que la fuente de trabajo, ahora tercera interesada, jamás cumplió de con el convenio citado, en virtud de que esta se comprometió a pagar la cantidad de $******************** pesos el cuatro de mayo de dos mil veintitrés a las 09:00 horas y, en caso de incumplimiento, pagaría al trabajador un día de salario diario por cada día que transcurriera y dicha cantidad se sumaría a la previamente pactada. No obstante, la moral tercera interesada realizó los pagos de manera diferenciada, lo que nunca se estableció en el convenio. En ese sentido, refiere que si la antes citada hubiese pagado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, un total de $240,352.99 pesos, en virtud de que la suerte principal correspondía a $******************** pesos y la pena convencional, hasta ese momento, era por $67,290.70, hubiere cumplido cabalmente con el convenio, sin embargo, realizó dicha erogación en dos exhibiciones en la primera el correspondiente a la suerte principal antes citada -por $******************** pesos- y otra por una parte de la pena convencional por la cantidad de $43,040.00, mientras que la segunda, la realizó hasta el ocho de julio de ese año, por $24,250.70 pesos -para completar los $67,290.70 pesos antes mencionados-. De esta manera, refiere, en la última data debió realizar el correspondiente a $57,113.60 pesos, por haber transcurrido veintiún días del dieciséis de junio al ocho de julio de dos mil veintitrés, los que no se tomaron en cuenta porque la responsable determinó detener la pena convencional en la primera fecha citada, aún y cuando nunca se cumplió cabalmente con el convenio referido, de que se realizaría en un solo pago y no en dos. También refiere que de acuerdo a la cláusula sexta del convenio, se fijaría un salario diario a razón del que percibía el trabajador, aquí quejoso, antes de finalizar la relación de trabajo, y esa cantidad se sumaría a la previamente pactada por cada día que transcurriera sin que se diera cabal cumplimiento al convenio, lo que no atendió la responsable. Argumentos que, como se adelantó, resultan infundados. Veamos. I. Marco constitucional y legal Cabe precisar que con fundamento en los artículos 6° y 17 de la Ley Federal del Trabajo, en las relaciones laborales son aplicables las leyes aprobadas en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, entre las que se encuentra el Código Civil Federal, el que se considera de aplicación supletoria. Precisado lo anterior, debe decirse que la pena convencional o cláusula penal es "la disposición que las partes pueden añadir al contrato, en virtud de la cual establecen el pago de cierta prestación como condena para el caso de que la obligación no resulte satisfecha de la manera convenida." En el caso, cuando las partes deciden celebrar convenio para dar por terminada la controversia que sometieron ante la responsable en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, es válido que se pacte una pena convencional a cargo del demandado, para el caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 684-E de la citada legislación laboral, aunque esta última disposición debe interpretarse acorde a la naturaleza de la pena convencional y el tipo de prestaciones cuyo pago oportuno se pretende garantizar. Así, dicho numeral únicamente establece que en caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento, ésta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. Precisado lo anterior, cabe señalar que aunque la pena convencional sí es una prerrogativa prevista en la legislación en materia de trabajo, que favorece al trabajador para garantizar el cumplimiento de la obligación principal pactada a su favor dentro del convenio celebrado. No obstante, la Ley Federal del Trabajo no abunda en cuanto a la forma de regulación de dicha figura jurídica, menos hasta cuándo es factible su pago. Ante ello, a fin de fijar sus alcances y restricciones, resulta necesario trasladarse a las disposiciones consignadas en el derecho civil, materia que es la que regula originalmente dicha figura. Al efecto, conviene decir que las disciplinas del derecho se encuentran interrelacionadas, tanto en el ámbito abstracto como en el pragmático. Por lo que es frecuente y viable que una institución del orden civil, penal, laboral o administrativo tenga incidencia en un problema jurídico perteneciente a otra área del derecho. A fin de ilustrar lo anterior, pueden señalarse como ejemplos: El artículo 1924 del Código Civil Federal, dispone que los patrones están obligados a responder de los daños causados por sus obreros. Si se suscitara un conflicto de responsabilidad vinculado con esta disposición, sería necesario que el juzgador civil acudiera a las normas laborales para determinar si existe una relación de trabajo entre el causante de los daños y el obligado a pagarlos. El artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que las partes pueden comparecer al juicio por medio de apoderado. Si se requiriera dilucidar cuáles son las facultades para las que ese apoderado requiere de cláusula especial, sería necesario que el juzgador laboral acudiera a las normas del Código Civil Federal, en el que se regula el mandato. Por lo que, al igual que en los citados casos, cuando en un convenio laboral se estipula la cláusula penal (pena convencional) a cargo de la patronal, de conformidad con el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que el juzgador acuda a las normas de índole civil que regulan dicha institución, ante la falta de regulación específica en materia laboral sobre la forma en que habrá de pagarse la pena convencional y hasta qué momento es el válido que se cubra, en atención a su naturaleza. En efecto, aunque tal estipulación está permitida en el derecho obrero, lo cierto es que se encuentra regulada inicialmente por la legislación común, al no fijarse sus alcances y restricciones en la del trabajo. Se cita como apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis siguiente: "Registro digital: 2002347 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 13 L (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1451 Tipo: Aislada PENA CONVENCIONAL EN MATERIA LABORAL. DEBE CESAR CUANDO SE SATISFAGA COMPLETAMENTE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, AUNQUE EXISTAN ADEUDOS INSOLUTOS DERIVADOS DE AQUÉLLA. La pena convencional consiste en el pago de cierta prestación pactada para el caso de que la obligación principal no se cumpla de la manera convenida. Esa estipulación accesoria puede incorporarse a un convenio de trabajo, ya que no contraviene normas laborales taxativas; sin embargo, para fijar sus alcances y restricciones debe acudirse al derecho común, pues la Ley Federal del Trabajo no la regula expresamente. Ahora bien, el artículo 1844 del Código Civil Federal establece que si la obligación principal fuere cumplida en parte, la pena convencional se modificará en la misma proporción. En consecuencia, la sanción pactada a cargo del patrón por retardo en el cumplimiento contractual dejará de generarse cuando se satisfaga completamente la obligación principal. No obsta a lo anterior que existan adeudos insolutos derivados de la propia cláusula penal, ya que éstos no forman parte de la obligación garantizada. Una interpretación distinta haría nugatoria la prohibición contenida en el artículo 1843 del citado ordenamiento civil, el cual establece que: "La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal.". En efecto, si cada nuevo adeudo generado por la sanción accesoria engrosara el monto de la obligación principal, la primera jamás podría superar a la segunda." [Énfasis añadido]. Ahora, en los artículos 1840 a 1847 del Código Civil Federal, se regula la multicitada cláusula penal (pena convencional), cuando las partes estipulan cierta prestación como pena a cargo del deudor que incumpla la obligación original, no la cumpla de la forma convenida o incurra en retardo. Conforme al marco legal referido, la obligación principal es la prestación por cuyo posible incumplimiento se pacta la pena. En cambio, la obligación accesoria es la pena convencional estipulada como garantía de cumplimiento de aquélla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 209385 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/61 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 85, Enero de 1995, página 61 Tipo: Jurisprudencia PENA CONVENCIONAL. CUAL ES LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL EN LA. La interpretación auténtica, lógica y sistemática de las disposiciones legales rectoras de la cláusula penal, en relación con su objeto y naturaleza jurídica, conduce a determinar necesariamente que el concepto "obligación principal", utilizado en el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal, se refiere a cada obligación concreta por cuyo posible incumplimiento se pacta la pena convencional, y en modo alguno a la obligación que se estime de mayor importancia, económica o de cualquier otra índole, entre todas las contraídas en un contrato. Las razones específicas que conducen a dicho criterio son las siguientes: 1. De lo dispuesto en el artículo 1840 del citado ordenamiento sustantivo, se advierte que la pena convencional es una prestación pactada para el caso de que cierta obligación no se cumpla, o no se cumpla de la manera convenida. Su objeto esencial, según lo explican magistralmente los autores del Código Civil para el Distrito Federal de 1870, en la parte expositiva, consiste en indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan con la falta de cumplimiento de la obligación, y por esto se fija como límite máximo el valor de la obligación principal, porque si pudiera exceder de éste, se halagaría con un incentivo poderoso al acreedor, para obstaculizar el cumplimiento o ser moroso al exigirlo, por lo menos, con el ánimo de obtener el importe de la pena, que implicaría no sólo una justa indemnización, sino también una considerable ganancia, o bien resultaría un pacto estéril, si no se cumple, o un gravamen realmente insoportable. En dicha parte expositiva se ve que invariablemente se identificó a la obligación principal con la obligación incumplida. Por otra parte, el objeto descrito de la cláusula penal ha continuado hasta nuestros días, sin variación en la legislación vigente, y esto lleva a la situación siguiente: si no se identificara a la obligación principal con la que por incumplimiento da lugar a la pena convencional, se desvirtuaría absolutamente la finalidad de ésta, porque admitiría la posibilidad de que una pena convencional excediera en valor o cuantía a la obligación cuyo incumplimiento la generó, contrariando así el fin perseguido con la institución. Verbigracia, si un arrendatario incumpliera con el deber adquirido de sustituir el calentador de agua por uno nuevo, cuyo precio no excediera de mil nuevos pesos, y por eso estuviera fijada una pena de tres mil nuevos pesos, siendo la prestación contractual de mayor importancia, el pago de la renta mensual de cuatro mil nuevos pesos, con el criterio que no se admite por este tribunal, sería válida esa estipulación y, consecuentemente, contravendría el objeto explicado, al proporcionar al acreedor, no sólo lo máximo que pudiera obtener con el cumplimiento de la obligación, sino una jugosa ganancia, ajena totalmente a los propósitos de la institución; en cambio, si como obligación principal se entiende la sustitución del calentador, lo convenido al respecto sería nulo, en lo que excediera al valor de este mueble más la mano de obra y materiales para su instalación, logrando así inobjetablemente que el arrendador fuera compensado por lo que perdió con el incumplimiento, sin propiciar una injusta ganancia. 2. Del contenido del artículo 1841 del Código Civil, se desprende el carácter accesorio de la pena convencional, y por tanto, que su existencia, validez y subsistencia siguen la suerte de la obligación con la que se le vincula. Por esto, el precepto dice que la nulidad del contrato importa "la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de aquél", con la sola aclaración de que en este texto, la palabra contrato está usada como sinónimo de la obligación que sirve de base a la cláusula penal, siguiendo con esto una antigua costumbre de los legisladores y los autores. Este carácter accesorio acogido en la ley, permite explicar con claridad que en una disposición inmediata posterior se use el concepto "obligación principal", entendiéndose éste en oposición al de "obligación accesoria" dado a la pena, en seguimiento de una de las clasificaciones tradicionales de las obligaciones, que distingue entre principal y accesoria. 3. En todos los artículos relativos a la cláusula en comento, se regula únicamente la relación existente entre la obligación incumplida y la de pagar la prestación convencional por el incumplimiento, sin involucrar para nada alguna situación distinta. Por ejemplo, en el artículo 1840, donde se establece la posibilidad de pactar esa modalidad; en los artículo 1844 y 1845, referentes a la modificación de la pena por incumplimiento parcial de la obligación; o en el 1846, donde se dispone que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación (incumplida) y el pago de la pena, sino una sola de estas prestaciones, por regla general. Esta constante haría ilógico que cuando a la palabra "obligación" se le agrega la voz "principal", se le diera un significado diferente al de la obligación incumplida, porque con ello se rompería la uniformidad, sin ninguna explicación ni necesidad, e inclusive se alteraría la armonía de las normas y el objeto de la institución regulada, como ya se vio." [Énfasis no es de origen]. En ese contexto, cuando se pacta una prestación periódica como pena convencional por retardo en el cumplimiento, dicha obligación deberá cesar una vez que se satisfaga la principal. En efecto, como se ha visto, la finalidad de la cláusula penal (pena convencional), estriba en sancionar al demandado (deudor), por el incumplimiento de la obligación principal. Por tanto, una vez que esta obligación es satisfecha, concluye la omisión sancionable, de modo que no se justifica que la pena convencional periódica siga generándose. Al respecto, el artículo 1843 del Código Civil Federal, establece que: "La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal". Lo que se traduce en que la pena convencional no puede ser mayor en cuantía a la surte principal. Por su parte, el artículo 1844 del mismo ordenamiento, dispone que "si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción." Este principio de mutabilidad de la pena convencional implica que debe reducirse en proporción al pago de la obligación principal. Por lo que si ésta se cubre íntegramente, aquélla deberá interrumpirse. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 242196 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 28, Cuarta Parte, página 41 Tipo: Aislada CLAUSULA PENAL. Para la cláusula penal, no requiere la ley una redacción especial si la redacción del pacto es lo suficientemente clara en cuanto a la intención de las partes, que no requiera de mayores explicaciones, sin que importe que lo que se convenga haya sido el pago de un porcentaje sobre la suerte principal en lugar de una suma determinada, porque en el artículo 1843 del Código Civil no hay mas limitación al respecto, que la de que la cláusula penal no exceda en valor ni en cuantía a la obligación principal." Incluso, lo establecido en la citada legislación civil federal, antes explicada, es acorde de manera sustancial con una diversa figura jurídica regulada en la Ley Federal del Trabajo, como lo es la cuantificación de los salarios caídos, pues estos, al igual que la pena convencional (que la legislación laboral no regula sus alcances y restricciones), se llevarán a cabo hasta en tanto se pague la indemnización constitucional (obligación principal) y no hasta que se cumplimente el laudo (con el pago de las obligaciones accesorias). En efecto, en esos casos, es improcedente el pago de salarios caídos posteriores a los que ya se hayan cubierto al momento de liquidar la correspondiente indemnización constitucional por despido injustificado; con independencia de que no se hayan satisfecho otras prestaciones secundarias y diversas de la indemnización constitucional. Sobre este punto, nuestro máximo tribunal ha determinado que el derecho a percibir los salarios caídos supone la existencia de una relación de trabajo cuya disolución fue impugnada por el trabajador y resultó imputable al patrón. Luego, si el acto unilateral del patrón mediante el cual rescinde la relación de trabajo, entiéndase despido, no puede ser justificado, podrá ser impugnado ante las instancias jurisdiccionales solicitando al patrón el cumplimiento de sus obligaciones, lo que genéricamente hablando supone en este caso, el pago de una indemnización más el pago de los salarios caídos. Por tanto, los salarios caídos suponen que durante el lapso transcurrido entre el despido y la cumplimentación de la resolución que ordene la indemnización correspondiente, el trabajador ha estado en condiciones de prestar sus servicios personales al patrón y que ha sido por causas imputables a éste que el trabajo no se ha desempeñado. Como corolario, se llega al convencimiento de que la intención del legislador respecto de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo antes señalados, fue la de establecer las bases con arreglo a las cuales debe resarcirse a los trabajadores que hayan sido separados injustificadamente de su empleo. Por ello, esos salarios caídos al tener por objeto compensar al trabajador por los daños causados por la indebida separación de su trabajo, traducidos en la retención de sus salarios por la suspensión del servicio que prestaba y que no le fue imputable a él, se generan desde el momento del despido hasta que la parte patronal cubra la indemnización correspondiente, entendida ésta como el pago de tres meses de salario y no respecto de otras prestaciones secundarias surgidas por supuestos distintos a la separación injustificada, dado que los salarios caídos únicamente son una consecuencia directa e inmediata de la acción principal. Dicho de otro modo, la indemnización exigida (tres meses de salario), es el presupuesto que da origen al derecho a reclamar el pago del concepto accesorio (salarios vencidos); o bien, los salarios caídos son una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido, mas no de diversas prestaciones independientes a la separación ilegal. De tal suerte que cuando la parte patronal, en cumplimiento a un laudo, ha cubierto la indemnización constitucional correspondiente (tres meses de salario), resulta improcedente pretender que dichos salarios se sigan generando hasta que se cumplimente totalmente el laudo y por cuanto hace a prestaciones de carácter secundario surgidas en forma independiente al despido propio, porque al liquidarse las condenas que deben cubrirse a un obrero por separación injustificada, lo cual motivó la instauración del conflicto, se colma lo ya previsto en ley de la materia. En lo conducente, se cita la tesis 132/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro: "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN. La determinación del periodo que debe comprender el cálculo del importe relativo a los salarios caídos tratándose del cumplimiento de un laudo condenatorio, cuando se eximió al patrón de la reinstalación respecto de un trabajador de confianza, ha sido establecida por el legislador en el artículo 50, fracción III, en relación con el 947, ambos de la Ley Federal del Trabajo, al disponer que en ese supuesto el patrón debe pagar las indemnizaciones legalmente previstas, así como los salarios vencidos "desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones", lo que constituye un criterio expreso y claro, derivado de la lógica y especial naturaleza de las relaciones laborales en el caso de trabajadores de confianza, cuya reinstalación no es obligatoria para la parte patronal, lo que tiende a promover, además, el derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, pues a partir de esa fórmula legislativa el patrón debe cumplir lo más pronto posible con el laudo respectivo otorgando directamente o poniendo oportunamente a disposición del trabajador la indemnización legal para la satisfacción de sus necesidades." Asimismo, se cita el criterio de la Cuarta Sala, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102, Quinta Parte, página 47. "SALARIOS CAÍDOS. PERIODO EN QUE SE GENERAN. El derecho al pago de los salarios caídos corre únicamente desde la fecha de la separación del trabajador, hasta aquella en que el patrón, si se allana al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos reclamados, pone a disposición del demandante el importe de esas prestaciones." [Subrayado añadido] De igual forma, el criterio contenido en la tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, Octava Época visible en Semanario Judicial de la Federación X, Septiembre de 1992, Página: 366, de rubro y texto: "SALARIOS CAÍDOS, DERECHO AL PAGO DE LOS. Es correcto el proceder de la responsable, al limitar los salarios caídos de la fecha en que ocurrió el despido a aquella en que se pague la indemnización constitucional, con independencia de que no se hayan cubierto prestaciones no accesorias de la acción principal ejercitadas, pues si bien es cierto que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en su segundo párrafo establece que en caso de despido injustificado se tendrá derecho al pago de salarios vencidos desde la fecha de la rescisión hasta el cumplimiento del laudo, también lo es que, tal disposición debe entenderse referida al cumplimiento de los conceptos de la acción principal intentadas; dado que en su primer párrafo alude a la facultad del trabajador rescindido de elegir entre la reinstalación y la indemnización constitucional, debiendo interpretarse en forma conjunta ambos párrafos.". Por lo que en ese sentido, por las razones que justifican que los salarios caídos se cubran hasta en tanto se pague la indemnización principal, sería dable aparejarlo con la pena convencional en materia laboral, para fijar sus alcances y restricciones, pues en ambos casos, tales figuras jurídicas son una consecuencia directa e inmediata de la acción principal, y su finalidad es resarcir al trabajador por causas que no son imputables a él, ante la falta de pago de la prestación principal a que tiene derecho. II. Caso concreto En el caso concreto, en específico, de la resolución impugnada dictada el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el procedimiento de ejecución 218/2023, se observa que el Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, determinó que se encontraba cumplido a cabalidad el convenio celebrado el veinte de abril de dos mil veintitrés entre Kansas City Southern de México, sociedad anónima de capital variable (patronal), y el aquí quejoso (trabajador), ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Michoacán, respecto de la cláusula quinta de tal pacto de voluntades, al haberse cubierto la totalidad del pago principal y penal convencional correspondientes. Lo que justificó en los términos siguientes: a) Que el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el promovente consignó ante esa autoridad laboral dos cheques por las cantidades de $******************** pesos y $43,040.00 pesos, respectivamente, girados a nombre del aquí quejoso, los cuales, dijo, fueron entregados el cinco de julio anterior. De esta manera, precisó que el primer cheque referido en el párrafo anterior, correspondía al pago pactado en la cláusula quinta del convenio de veinte de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, estimó que a partir de dicha fecha de consignación (dieciséis de junio de dos mil veintitrés), dejó de correr la pena convencional establecida en el mencionado convenio, generada a partir del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, cuando se expidió la constancia de incumplimiento de convenio, dado que se puso a disposición del actor por conducto de dicho órgano jurisdiccional efectivamente la cantidad pactada en el acuerdo de voluntades. Señalo que dado que la pena convencional del convenio de veinte de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 684-E, fracción XIV, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se estableció únicamente en caso de incumplimiento de éste, pena consistente en el pago de la cantidad de un salario diario del trabajador por día que transcurriera sin que se diera cumplimiento a lo pactado. Por ello, estimó que la pena convencional se equiparaba a los salarios caídos, los cuales conforme a la teoría general de la responsabilidad civil podía explicarse que los generados en la ejecución de una resolución tenía una doble naturaleza, por un lado, la de ser resarcitorios del daño ocasionado por la mora en la que incurría el patrón por no pagar a tiempo las indemnizaciones principales y, por otro, la de ser sancionatorio e inhibitorios, en la medida en que tendían a procurar el pronto cumplimiento de las obligaciones principales establecidas en una resolución. Así, precisó que de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos salarios tenían su génesis, única y exclusivamente en el cumplimiento tardío de las indemnizaciones principales, en razón de que la mora, como hecho generador de estos, atendía necesariamente a la falta de pago de una diversa prestación preestablecida, respecto de la cual se buscaba su cumplimiento de forma coaccionada con la sanción de más salarios, por lo que señaló el Alto Tribunal que los salarios vencidos se cubrirían desde la fecha del despido hasta que se pagaran las indemnizaciones, lo que lógicamente implicaba que estaban supeditados al cumplimiento de lo primero y no de sí mismos. De esa manera, refirió, al precisar que la pena convencional debía pagarse hasta que se diera cabal cumplimiento al convenio, lógicamente implicaba que estaban supeditados al cumplimiento del pago pactado en el convenio y no al de la propia pena convencional. Señaló que pagadas las indemnizaciones principales cesaba la generación de más salarios vencidos. Por lo anterior, señaló que en concordancia con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la especie si el pago principal del convenio de veinte de abril de dos mil veintitrés, fue consignado ante esa autoridad laboral el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, entonces a partir de dicha fecha se dejó de generar la pena convencional ahí pactada, ya que había sido cubierta la cantidad determinada en dicho convenio por lo que se entendía reparado el daño principal, con independencia de que en dicha data se encontrara pendiente el pago total de la pena convencional generada. Citó en su apoyo la tesis de rubro: "SALARIOS CAÍDOS DERIVADOS DE LA INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SE GENERAN HASTA QUE SE PAGAN LAS INDEMNIZACIONES PRINCIPALES, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN DICHO PAGO NO SE INCLUYAN OTROS CONCEPTOS ACCESORIOS QUE SE GENERAN CON MOTIVO DE LA MORA EN QUE INCURRA EL DEUDOR (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)." b) Abundó al referir que en los casos en los que el patrón se allanaba a los reclamos del trabajador mediante la consignación de la cantidad que comprendiera las prestaciones demandadas, desde ese momento procesal dejaban de vencerse los salarios, puesto que al haberse cubierto la indemnización exigida, que había sido el presupuesto que dio origen al derecho de reclamar el pago del concepto accesorio, adolecía de soporte jurídico el cómputo de salarios causados hasta que diera cumplimiento al fallo, ya que con el asentamiento del empleador de liquidar las prestaciones que debían cubrirse a un trabajador por despido y que motivó la instauración del conflicto, se colmaba lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la materia. En su apoyó citó el criterio de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. CUANDO EL PATRÓN SE ALLANA A LAS CONSECUENCIAS DEL DESPIDO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS MEDIANTE SU PAGO, DEJAN DE CAUSARSE." c) También dijo que considerar lo contrario, implicaría reconocer la existencia de una especie de "anatocismo" no previsto por la legislación laboral y prohibido por regla general en el sistema jurídico mexicano, provocando la generación de deudas interminables para el patrón, al generarse en este caso pena convencional sobre la falta del pago de la pena convencional, lo que está prohibido. III. Decisión Consideraciones que, contra lo afirmado por el quejoso, se estiman ajustadas a derecho, porque del análisis que se realiza de las cláusulas quinta y sexta del convenio celebrado por las partes, se advierte que el pago de la obligación principal se pactó por la cantidad de $********************, es decir, se trata de la prestación por cuyo posible incumplimiento se pactó la sanción, la que se dijo se pagaría en una sola exhibición. Asimismo, se convino que en caso de incumplimiento, por cada día que transcurriera, se pagaría por concepto de pena convencional, la cantidad equivalente a un día de salario diario, la que se traduce en la prestación accesoria. Ahora, la aplicación de las disposiciones legales que rigen a las cláusulas del convenio antes citadas, requiere que se distinga entre los siguientes conceptos: a) La prestación principal por cuyo posible incumplimiento se pacta la sanción, y, b) La pena convencional accesoria estipulada como garantía de cumplimiento. Tal distinción es necesaria, para aplicar correctamente las siguientes reglas: 1. La nulidad de la obligación principal implica la de la pena convencional, pero no a la inversa. 2. La pena convencional debe reducirse en proporción al pago de la pena principal. 3. La pena convencional no puede exceder el valor de la obligación principal. Conforme a todo lo expuesto, tal como lo afirmó la autoridad responsable en la resolución impugnada, no es aceptable que la pena convencional deba seguirse generando por el tiempo que subsista el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, incluyendo la falta de pago de la propia pena. Es así, ya que resultaría contraria a la naturaleza de ésta, pues se pretendería fusionar la obligación accesoria con la principal; es decir, se incorporarían adeudos generados por la pena convencional a la obligación por cuyo posible incumplimiento se pactó. Por lo que, bajo esa perspectiva la pena convencional no se puede seguir generando por las prestaciones accesorias no cubiertas, pues atentaría contra su naturaleza en el sentido de que se realice el pago de la prestación principal, incluso, de aceptar tal circunstancia la multicitada pena convencional rebasaría el límite máximo de la cuestión principal. Es decir, si se admitiera que las obligaciones garantizadas comprenden tanto los adeudos originales como los generados por la propia pena convencional, dicha sanción no tendría límite; porque cada nuevo adeudo generado por la pena engrosaría las obligaciones garantizadas, de modo que éstas nunca serían superadas por aquella sanción. A más de que el pago de penas convencionales por no cubrir cuestiones accesorias (como lo es las penas convencionales adeudadas) no se encuentra prevista como una prerrogativa laboral en la Ley Federal del Trabajo, ni en el artículo 123 de la Constitución Federal, pues se trata de una figura contractual regida originalmente por el derecho común y adoptada con posterioridad por la materia laboral, que solo indica que ésta debe de cubrirse hasta que se pague la suerte principal. Es por todo ello que no resulta aplicable al caso, bajo su sola interpretación literal, el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo; sino que debe interpretarse sistemáticamente acorde a la finalidad de la pena convencional, en los términos ya referidos. Derivado de lo anterior, se estima correcta la determinación emitida por la responsable al resolver lo relativo al pago de la pena convencional, al precisar a la quejosa que al momento en que se pagó la suerte principal ($******************** pesos), dejó de generarse la pena convencional pactada (accesoria). Sin que obste a lo anterior lo que pretende la quejosa, de que la pena convencional deba seguirse generando hasta en tanto no se cumplimente la totalidad de las prestaciones accesorias que afirma se deben de sumar a la principal. Lo que no es factible jurídicamente, porque no existe regulación alguna que precise que las cuestiones accesorias se conviertan en principales, en virtud de que existe una clara diferenciación entre estas para el cumplimiento de lo pactado, a más de que atentaría con la finalidad de dicha figura antes explicada. Ello sumado a que tal circunstancia no se pactó por las partes en el convenio, por tanto, debe respetarse la forma en cómo convinieron la pena convencional. Lo anterior porque si bien del contenido de la cláusula sexta, se estipuló que como pena convencional se pagaría la cantidad equivalente a un día de salario diario por cada día que transcurriera en caso de incumplimiento, también es verdad que en el propio convenio se pactó: "La EMPLEADORA manifiesta que pagará en 1 exhibiciones (sic), hasta culminar la cantidad de $******************** ., tal como se muestra: CIENTO SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. $******************** 04/05/2023 09:00 horas En caso de que la parte EMPLEADORA no cubra el pago de la cantidad estipulada y dentro del plazo determinado en esta cláusula, deberá pagar a la parte TRABAJADORA el equivalente a un día de salario diario, el cual se fijará en razón del salario que percibía dicha parte antes de finalizar la relación de trabajo. Esa cantidad se sumará a la previamente pactada, por cada día que transcurra, sin que se dé cabal cumplimiento al convenio, con fundamento en el artículo 684-E, fracción XIV, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. (.)." [Énfasis añadido]. Esto es, contrario a lo afirmado por el quejoso, en tal pacto de voluntades se dijo que se realizaría el pago de la obligación principal en una sola exhibición, lo que así realizó la parte patronal el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, esto es, en momento alguno se estableció que también las cuestiones accesorias adeudadas como lo es la pena convencional, se cubrirían en un solo pago o de manera diferida, o que sobre éstas también se generaría una pena convencional. A más que del propio convenio se aprecia que el pago de la pena convencional se fijó por el incumplimiento de "la cantidad estipulada", redactada en una línea anterior de esta parte del referido pacto de voluntades, que corresponde a la principal por $******************** pesos, no así de las accesorias que, evidentemente, se sumarían a dicho adeudo, en caso de que no se pagase la obligación principal en el plazo ahí establecido, pero de ninguna forma podrán considerarse como principales. También porque tal circunstancia no se estableció de manera expresa en el convenio, por el contrario, son claros los términos pactados por las partes en el sentido de que la pena convencional se generaría hasta en tanto se realizara el pago de la obligación principal; en ese sentido, la autoridad responsable no tenía por qué distinguir donde las partes no lo hicieron. Así, conforme a lo narrado y expuesto, la multicitada pena convencional cesa al momento en que se cumplió la obligación principal, lo cual ocurrió el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, cuando la moral patronal exhibió la cantidad de $******************** pesos. Entonces, con base en lo antes referido y del estudio que se hace de la resolución que constituye el acto reclamado, se determina que ésta se emitió conforme a los principios esenciales de fundamentación y motivación, porque en ésta se expusieron los fundamentos de hecho y de derecho que la motivaron, los cuales conforme a lo determinado en la presente resolución, se estiman ajustados a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Precisado lo anterior, al resultar infundados los argumentos vertidos en los conceptos de violación, y al no advertir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas tanto por el agente del Ministerio Público de la adscripción, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna causa de improcedencia invocada, ni cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo antes expuesto, fundado, y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.GABK
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 1263/2023 promovido por Luis García Melchor contra actos del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentra emplazada como tercera interesada la moral KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO, S.A. DE C.V. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que no se encuentran presentes las partes de este juicio. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable anuncio la prueba documental consistente los autos del juicio 218/2023, misma que también fue ofrecida por el peticionario de amparo. Prueba que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo y que obra en cuaderno de pruebas en la secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado EL JUEZ: Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE RclCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A RAFAELA ISELA HERNÁNDEZ BARRERA, QUIEN SE OSTENTA ADMINISTRADORA ÚNICA DE LA MORAL "MULTISERVICIOS Y GRUAS HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V." PARTE QUEJOSA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO IX-392/2023, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 180/2023 y sus acumulados 255/2023 y 392/2023, promovidos por (1) ********************, (2) ********************, por su propio derecho, y (3) ********************, por conducto de su administradora única Rafaela Isela Hernández Barrera, contra actos de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y... Por lo antes expuesto, fundado, y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (1) ********************, (2) ******************** y (3) ********************, en relación con los actos atribuidos a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el octavo y para los efectos precisados en el último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.gabk
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1263/2023, promovido por Luis García Melchor, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ:...R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito turnado a este juzgado de distrito el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, LUIS GARCÍA MELCHOR, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO... SEGUNDO. ...TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, no obstante que la parte quejosa no indica los efectos para los cuales solicita la medida cautelar, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.), y XXVII.3o. J/2 (10a.) de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado Se tiene certeza de la existencia del acto reclamado atendiendo a que se tienen a la vista las constancias que integran el asunto laboral de origen, así como en lo manifestado por la autoridad responsable en su informe previo. (iii) Posibilidad de suspensión En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, la cual en consideración de quien suscribe la misma es susceptible por lo que ve a sus efectos y consecuencias, ya que como consecuencia de la decisión contenida en el acuerdo reclamado consistente en tener por cumplido el convenio materia del juicio de origen, se podría ordenar el archivo definitivo de ese asunto, lo que podría causar un perjuicio al quejoso de difícil reparación. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que la promovente de este juicio acude en defensa de un interés jurídico al pretender defender los derechos humanos que pudieran afectarse derivado de la declaratoria de cumplimiento del convenio celebrado en el asunto natural, de ahí que el acto reclamado puede causar una afectación directa a su esfera jurídica, de continuarse con dicho procedimiento laboral hasta su archivo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 204/20095 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si no se ejecutare el auto reclamado, hasta este momento, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. Se estima así porque la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada y continuarse con el trámite en el juicio de origen y ordenar su archivo, se podría causar al quejoso un perjuicio de difícil reparación, al continuarse el procedimiento natural hasta el punto de ordenar su archivo definitivo, con lo que es posible que se le ocasione una afectación de sus derechos sustantivos. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que en relación con los efectos del acto reclamado, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Luis García Melchor, la medida cautelar que solicita, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que si a la fecha no se ha decretado el archivo definitivo del expediente 218/2023, no se realice tal acto. Lo anterior hasta en tanto la responsable reciba notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia y tesis que dicen: "Época: Décima Época Registro: 2011840 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Página: 956 INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA.- El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, en atención a que, de momento no se advierte que exista un perjuicio con la presente determinación a la parte tercera interesada, sin perjuicio de que posteriormente de advertirse algún daño, se fije garantía determinada. La suspensión que se concede no surte efecto alguno si a la fecha ya se encuentra en el archivo el expediente de origen. Determinación anterior, que habrá de notificarse a la parte tercera interesada una vez que sea emplazada al juicio de amparo del que derivan estos cuadernos incidentales. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a LUIS GARCÍA MELCHOR, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Luis Fernando Migueles Ayala1278/2021
- Luis Fernando Torres Beltrán918/2022
- Luis Fernándo Villaseñor Bejar237/2022
- Luis Francisco Ambriz Vázquez449/2020
- Luis Gaona Mendoza207/2021
- Luis García García560/2023
- Luis García Ramírez83/2023
- Luis Gerardo Argueta González1534/2023
- Luis Gerardo Silva Murillo472/2023
- Luis Germán Varela Escobedo1018/2023
- Luis Giocondo Zarco Salgado643/2020
- Luis Gutiérrez Gutiérrez706/2018