Luis Fernando Migueles Ayala

Expediente 1278/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1278/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Migueles Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó y, por otro lado, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase al Juez responsable el disco óptico que remitió como sustento de su informe justificado. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación y escrito con los que se da cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. Tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, al encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo, en razón de que por una parte se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Incidente de suspensión. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que, por una parte, se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese tanto el juicio como el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a trece de junio de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo V-1278/2021, promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, por propio derecho, contra los actos de: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad. 2. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 3. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, 4. Director de Mandamientos Judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintiuno,1 ante la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Luis Fernando Migueles Ayala, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que precisó en los siguientes términos:2 "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como Ordenadoras a: 1. C. Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con domicilio oficial en Calzada La Huerta número 400, de la Colonia Nueva Valladolid de esta Ciudad de Morelia. 2. C. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio en esta ciudad. Señalo como Ejecutoras a: 1. C. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. 2. C. Director de mandamiento (sic) judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. IV.- ACTO (s) RECLAMADO (s). De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo: 1. La orden de investigación, localización, presentación, aprehensión y detención librada en mi contra, sin que hasta la fecha haya cometido delito alguno y sin que dichas autoridades tenga facultades para ello. 2. Actos de incomunicación y tortura de que puedo ser objeto al momento de la detención arbitraria. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo: 1 Fojas 8 a 12 del juicio principal. 2 Foja 9 del juicio principal. a. La cumplimentación de la orden de investigación, localización, presentación, aprehensión y detención; girada en mi contra por las autoridades responsables. b. Actos de incomunicación y tortura de que puedo ser objeto al momento de la detención arbitraria. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,3 el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, radicó la demanda de garantías señalada y la registró con el número 587/2021-I-A. Además, desvirtuó la urgencia en relación con los actos de incomunicación y tortura, pues de la lectura de la demanda de garantías advirtió que tales actos fueron señalados como una posible consecuencia de la ejecución de alguna de las órdenes tendientes a privarlo de la libertad, por lo que dijo, no constituyen un hecho real por lo que estimó que no inciden en la esfera jurídica del quejoso al no tener certeza de que las responsables lleven a cabo tales actos. Asimismo, desechó de plano la demanda de garantías promovida por el quejoso Luis Fernando Migueles Ayala, únicamente respecto el acto consistente en la orden de investigación con motivo de una carpeta de investigación, reclamado a las autoridades: 1. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de 3 Fojas 13 a 18 del juicio principal. Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio en esta ciudad. 2. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. 3. Director de mandamiento (sic) judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Requirió a las autoridades responsables su informe justificado; en relación con el resto de los actos reclamados dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; se ordenó la notificación del señalado proveído a los terceros interesados; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Así en diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno,4 el señalado Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ordenó la separación de juicios, dado que de los informes justificados rendidos por los tres Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, manifestaron que es cierto el acto reclamado por el quejoso de que se trata, dado que dictaron orden de aprehensión dentro de cuatro diferentes causa penales de los índices respectivos. Por lo anterior, ordenó la remisión de copia certificada de las constancias del expediente radicado 4 Fojas 60 a 63 del juicio principal. en ese órgano jurisdiccional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo que tuvo cumplimiento a través del oficio número 27964/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno,5 que por turno fue remitido a este órgano jurisdiccional el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para el conocimiento de los actos reclamados en la demanda de garantías promovida por Luis Fernando Migueles Ayala, con relación a la causa penal 2068/2020. En proveído dictado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno,6 este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibidas las constancias remitidas y ordenó continuar con el trámite del juicio; dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, quien presentó el pedimento respectivo;7 emplazar a terceros interesados; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Dicha audiencia previos diferimientos,8 se celebró el cinco de abril de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede.9 C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, 5 Fojas 3 a 5 del juicio principal. 6 Fojas 71 a 74 del juicio principal. 7 Fojas 110 y 111 del juicio principal. 8 Fojas 98; 112 del juicio principal. 9 Fojas 119 y 120 del juicio principal. fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 7/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,11 que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la 10 Visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, Registro 19207. 11 Visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 181810. demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: ? La orden de aprehensión librada en su contra. ? Derivadas de la posible ejecución de tal orden, la parte quejosa reclamó los actos de incomunicación y tortura de los que podría ser objeto al ser detenido. TERCERO. Inexistencia del acto. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables: 1. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, 2. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, Negaron la existencia de las órdenes de localización, presentación, aprehensión y detención les fueron atribuidas. En el mismo sentido, no existe evidencia de que tales mandamientos de captura hubieran sido cumplimentados, por ende tampoco la existencia de los actos de tortura e incomunicación que se hicieron depender de aquellos. A pesar de ello, el quejoso no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones. De modo que al no haber sido desvirtuadas las negativas de las autoridades responsables, ni la inexistencia de los actos referidos, en la especie, tal y como lo aduce el fiscal de esta adscripción,12 se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 6313 de la Ley de Amparo por lo que corresponde a éstas autoridades. En consecuencia, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados señalados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,14 que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,15 que dispone: 12 Fojas 110 y 111 del juicio principal. 13 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.].". 14 Visible en la página 305 Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Sexta Época, registro 1002350. 15 Visible en la página 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, registro 214593. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia; y Director de Mandamientos Judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad aceptaron la existencia de la orden de aprehensión que les fue atribuida, por lo que su existencia se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,16 del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en un disco compacto de audio y video relativo a la causa penal 2068/2020, que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con 16 Visible en la página 830, del Apéndice 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815. residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,17 de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,18 del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,19 que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME 17 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". 18 Visible en la página 153 del Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Registro 394182. 19 Visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, Décima Época, Registro digital 2004362. JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías con base en tales requisitos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,20 que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 20 Visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618. a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como una cuestión previa conviene señalar que, este órgano jurisdiccional no inadvierte la obligación que impone la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo,21 en el sentido de que cuando el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor. Sin embargo, del estudio de las constancias que integran el juicio en que se actúa, no se desprende motivo alguno por el cual deba suplirse la deficiencia en su favor, por lo que se atenderá únicamente a los conceptos de violación propuestos. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el quejoso, serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce medularmente que la orden de aprehensión librada en 21 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: {.} III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y {.}" su contra por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, en esta ciudad, dentro de la causa penal número 2068/2020, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza; LESIONES CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 125. Fracción II, 131 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de Yazmín Fabiola Flores Corona; y CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de la especie canina, raza tipo Shiba Inú, macho de una edad aproximada de cinco años, es contrario a derecho por los siguientes motivos: I. Se le pretende privar de la libertad sin haber sido oído en juicio en el que se sigan las formalidades del procedimiento. II. El mandamiento de captura fue librado por una autoridad que no está facultada para ello. III. La orden de aprehensión es carente de fundamentación y motivación. IV. Que no existe delito alguno que merezca la pena privativa de la libertad. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Tales asertos resultan infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Lo anterior es así, pues lo infundado del primero de los conceptos de violación atinente a que se le pretende privar de la libertad sin haber sido oído en juicio en el que se sigan las formalidades del procedimiento, radica en lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales. 22 Es así que tales preceptos facultan a la autoridad judicial para emitir un acto de molestia, por ejemplo, librar una orden de aprehensión cuando preceda denuncia de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De tal suerte que si bien es verdad que con ese acto se afecta temporalmente el derecho de la libertad de una persona, también lo es que sólo es un medio de conducción al proceso, en el que será en la audiencia inicial a partir de la formulación de la imputación en que tendrá la oportunidad de controvertir los datos de prueba que fueron suficientes 22 "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." "Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." para acreditar que hubo un hecho con apariencia de delito y que existe la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del mismo. Por tanto, atento a que la naturaleza del acto combatido es de carácter provisional, así como la de los delitos que se atribuyeron al quejoso (HOMICIDIO CALIFICADO y LESIONES CALIFICADAS), resultaba innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa, en virtud de la accesoriedad de la medida, pues precisamente tiene como finalidad poner a disposición del Juez de Control al imputado para que en audiencia inicial se le informen los motivos por los que se le privó de su libertad transitoria y, se resuelva su situación jurídica, otorgándosele la oportunidad de defenderse de los ilícitos que se le imputen. En el caso, la fiscal tuvo conocimiento de los hechos que nos ocupan, por las dos constancias de aviso de noticia criminal de once y diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Con apoyo en ello inició la investigación correspondiente. Luego, al mandamiento de captura precedió la solicitud de audiencia formulada por la fiscalía, a lo cual se señalaron las diecisiete horas con treinta minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia relativa. En la fecha indicada, el juez responsable consideró que los datos de prueba son suficientes para dejar evidenciados los hechos cuyas circunstancias de ejecución precisó, con apariencia de los delitos señalados; y, la presunta participación del quejoso en su comisión. De ahí que libró la orden de aprehensión con respecto a las formalidades esenciales para su emisión. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,23 que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se 23 Visible en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Penal, Novena Época, Registro digital 193892. contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna." En ese mismo orden también resulta infundado el segundo de los conceptos de violación, atinente a que la autoridad emisora no se encuentra facultada para librar un acto como el que se reclama en esta vía constitucional. Lo anterior en virtud a que como el propio Juez de Control señaló al inicio de la audiencia privada de orden de aprehensión, la competencia para conocer y resolver sobre la petición de orden de aprehensión planteada, lo que le resulta porque le corresponde ejercer la función de Juez de Control, que es el órgano jurisdiccional autorizado para emitir un pronunciamiento sobre ese medio de conducción al proceso en la etapa en que se encuentra la causa penal en la que resultó cierto el acto reclamado. Por otro lado, los hechos que constituyen la materia de investigación, sucedieron en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en donde reside el Juez de Control responsable y además ejerce jurisdicción, de ahí que se actualice su competencia material y territorial. Por lo tanto, la competencia de la responsable se satisface acorde con las exigencias de los artículos 16 Constitucional,24 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales,25 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.26 Por otra parte, también resultan infundados los argumentos expresados por el quejoso en el sentido de que la orden de aprehensión reclamada en esta vía constitucional carece de fundamentación y motivación; y, que no existen datos sobre la comisión de un hecho delictivo que amerite pena privativa de la libertad. Para evidenciarlo es necesario precisar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ." 24 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." 25 "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." 26 "Artículo 46. En el sistema penal acusatorio y oral, habrá: (.) II. Juez de Control; (.)." "Artículo 47. Son atribuciones del Juez de Control: I. Resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; II. Presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso; (.) XI. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos." El precepto constitucional citado establece la garantía de legalidad consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, que deberá encontrarse fundado y motivado, a efecto de colmar los extremos ahí consignados. Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida y falta de fundamentación y motivación; la indebida fundamentación y motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la ausencia total de expresión de razonamientos y fundamentos del caso en particular. Asimismo, cabe destacar que la garantía de legalidad, en lo relativo a la fundamentación, impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos concretos de que se trate, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho; de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión que se plasma en los actos que se emiten, lo que debe exteriorizarse en una argumentación o juicio de hecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad, dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen. En ese mismo sentido, conviene precisar que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. En lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que necesariamente se invoquen de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustente, esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,27 se cita a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su 27 Visible en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Común, Novena Época, Registro 191358. cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." (Lo subrayado es propio). De manera que bastaba con que la autoridad expresara con claridad las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo, para que pudiera hacer del conocimiento de las partes los preceptos legales que sirvieron de sustento para la resolución combatida. En la especie, la autoridad responsable sí fundó y motivó su resolución porque tomó conocimiento de la constancia de aviso de noticia criminal de once de diciembre de dos mil veinte, en la que se hace del conocimiento de la autoridad investigadora de los delitos, la existencia de dos cuerpos sin vida que en vida respondían a los nombres de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, en la calle Girasol frente al número 343 de la colonia Ampliación del Porvenir, de esta ciudad de Morelia. También la diversa constancia levantada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se hace del conocimiento de la fiscalía de manera concreta y puntual que una persona del sexo femenino había sido lesionada con motivo de disparos de arma de fuego en el interior del domicilio ubicado en la calle Girasol número 303 A de la colonia Ampliación del Porvenir. Que al constituirse en ese lugar, con el elemento de la Policía Antonio Lemus Raya, se percató además de la presencia de un ejemplar de la especie canina que se encontraba lesionado. Elementos o medios a través de los cuales la responsable estimó se podía iniciar válidamente una investigación, debido a que constituyen en lo esencial equivalentes a denuncia de hecho con apariencia de delito. Otro requisito con el que el juez responsable estimó cumplidas las exigencias del artículo 16 Constitucional, consiste en que el hecho con apariencia de delito de que se trate tenga señalada una sanción privativa de libertad, a lo que señaló que en el caso del homicidio del que se ha precisado como víctima Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, acorde a la clasificación jurídica preliminar que realizó el Ministerio Público y conforme al artículo 122, ese hecho estaría siendo sancionado con una pena de prisión que va desde veinte a cincuenta años. Por otro lado atendiendo a la calificación jurídica originaria que proporcionó la fiscalía respecto del hecho cometido en agravio de Yazmín Fabiola Flores Corona, tendría que atender a lo que hablan los artículos 71 y 117 del Código Penal del Estado de Michoacán, que establece para el caso concreto la sanción privativa de libertad a imponer es de seis meses a veinte años de prisión. Finalmente, por lo que se refiere al delito de crueldad contra los animales, atendiendo a lo que señala el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán, se encuentra sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión. En igual forma el Juez responsable indicó que la propia norma también establece con claridad que para emitir una orden de aprehensión, el Ministerio Público debe contar con datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que la persona imputada o imputadas lo cometieron o participaron en su realización. Por lo que en esa audiencia privada de orden de aprehensión analizó si los actos de investigación que se habían efectuado en la carpeta de investigación, para poder determinar si se reunían los parámetros a los que se refieren los artículos 141, párrafo primero, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales,28 porque si bien para emitir 28 "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.)." "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. una orden de aprehensión se habla de un estándar probatorio mínimo, esto debe ser interpretado en el sentido de que los datos de prueba deben ser pertinentes, idóneos y suficientes para poder establecer que el hecho está acreditado razonablemente y en grado de probabilidad, que los investigados lo cometieron. Señaló que en el particular el hecho denunciado por el Agente del Ministerio Público está corroborado con los datos de prueba que fueron allegados en la carpeta de investigación, los cuales consideró válidos porque no se advierte de las constancias señaladas que se hubieran recabado vulnerando derechos fundamentales de víctimas, ofendidos o investigados, sin perder de vista que prevalece el principio de buena fe en las actuaciones realizadas por los investigadores. La validez formal los actos de investigación fueron llevados ante y por personas facultadas para llevar a cabo actos de investigación y los registraron. Así, para el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán,29 los elementos que Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. 29 "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: lo integran son: a) Que el sujeto activo prive de la vida a otro. b)Que esa acción la ejecute en un grado superior a la que se encuentre la víctima. c) Que esa superioridad sobre la víctima se despliegue por utilizar alguna arma con la que el sujeto activo tenga mayor destreza que la víctima, pero además que supere a la víctima en el hecho, por el número de personas. En el delito de LESIONES CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 131 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán,30 los elementos que lo integran son: a)Que el sujeto activo cause un daño o una alteración en la salud de otro. b)Que ese daño o alteración en la salud le (.) b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; (.)." 30 "Artículo 125. Lesiones simples A quien cause a otra persona un daño o alteración en su salud se le impondrá: (.) II. De seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, cuando las lesiones impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o la enfermedad dure un lapso mayor de ese tiempo, siempre que esas circunstancias sean temporales; (.)." "Artículo 131. Lesiones calificadas Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente a las lesiones simples se incrementará hasta en dos terceras partes." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: (.) b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; (.)." impida a la víctima dedicarse a sus actividades habituales por más de quince días. c) Que esa acción la ejecute el sujeto activo en grado superior a la que se encuentre la víctima. d)Que esa superioridad sobre la víctima se despliegue por utilizar alguna arma con la que el sujeto activo tenga mayor destreza que la víctima, pero además que supere a la víctima en el hecho por el número de personas. En tanto que para el diverso ilícito de CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán,31 los elementos que lo integran son: a)Que el sujeto activo cause un daño físico a un animal, que no constituya plaga ni peligro para la salud o para la vida humana, en el particular de la especie canina. b)Que ese daño físico se realice con el fin de lastimarlo o privarlo de la vida. Luego, para tener evidencia que efectivamente los hechos con apariencia de delito inferidos fueron realizados, la responsable ponderó el dato de prueba que aporta el testimonio de la víctima Yazmín Fabiola Flores Corona, porque adujo que estuvo en condiciones de presenciar de forma 31 "Artículo 309. Crueldad contra los animales Comete el delito de crueldad quien inflige daño físico a un animal, que no constituya plaga ni peligro para la salud o vida humana, con el único fin de lastimarlo o privarlo de la vida, y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización." periférica el hecho relacionado con la muerte de los señores Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, y además puede ser considerada testigo presencial de ese hecho porque escuchó los disparos; observó el vehículo en que huyeron los agresores y refirió que era color blanco; y, el lugar y la forma cómo fueron dejados los cadáveres de las víctimas, así como las lesiones que presentaron. Aunado a lo anterior, dicha ateste y víctima, se dio cuenta que su hijo pudo presenciar parte de esos acontecimientos. Por su parte, el adolescente de iniciales B.A.F.C. estuvo en condiciones de presenciar mayor parte del hecho, pues al escuchar las detonaciones, observó desde media calle que cuatro personas estaban disparándole a Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, incluso refirió sus características, vestimentas, cómo subieron a una camioneta y se fueron del lugar rumbo a las vías del tren, lo que posibilitó al agente investigador de hechos con apariencia de delito, la realización de retratos hablados y, por eso, el juez responsable estimó que el testimonio del adolescente era confirmable. Estimó como elementos de corroboración del hecho, todas las actuaciones llevadas a cabo con motivo del suceso que se ejecuta el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que resultó lesionada la ateste Yazmín Fabiola Flores Corona, que si bien no pudo ubicar a las personas que le dispararon a Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, sí estuvo en condiciones de observar al sujeto que ingresó a su domicilio y la agredió, lo tuvo de frente y de su deposado claramente se puede apreciar cómo fue que aquella se resistió a ser lesionada, pues se defendió con una escoba, le arrojó la estufa, instante en que el sujeto le causó una lesión en un pie para posteriormente huir del domicilio de la víctima realizándole un disparo al canino de la raza shiba inu de cinco años macho al que la víctima le llamaba "bobi". El Juez responsable estimó que existía relación entre los acontecimientos narrados hechos porque Yazmín Fabiola Flores Corona, tiene la calidad de testigo respecto de los hechos en los que perdieron la vida Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, pues dijo concurría coetaneidad en tales hechos; una cercanía temporal entre un momento y otro. Elementos que se robustecen con el acta de levantamiento de cadáver de once de diciembre de dos mil veinte, por perito criminalista realizada a las doce horas con veintidós minutos, en la que se asentó que en el lugar de los hechos se había realizado la debida preservación de indicios; que se encontraba un cadáver del sexo femenino no identificado y a ochenta centímetros se encontraba uno diverso del sexo masculino. Que ambos cadáveres se encontraban vestidos y calzados. Que entre otros indicios fueron localizados en el lugar diversos casquillos percutidos calibre Luger 9 milímetros y 40 SIW. Que ambos cadáveres presentaban múltiples lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, pero no presentaron huella de violencia física en sus prendas y que por las características físicas y morfológicas que presentaron ambos cuerpos, se podía determinar que los disparos fueron realizados a una distancia aproximada mayor a ochenta centímetros por lo que consideró que fue a larga distancia. También existe una necropsia médico-legal realizada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil veinte, que suscribe el perito médico Geovanny Jacob Orozco Pérez, en la que anotó que el cadáver del sexo femenino presentaba doce heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Que internamente en cavidad torácica presentaba pulmones contundidos y lacerados; aorta torácica lacerada; pericardio y corazón lacerados. En sus conclusiones anotó que la causa de muerte fue hemorragia profusa secundaria a laceración de corazón y pulmones por heridas causadas por proyectil de arma de fuego; que las heridas se clasifican como mortales por sí mismas. En diversa necropsia médico-legal practicada a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veinte, también realizada por el experto Geovanny Jacob Orozco Pérez, respecto al cadáver del sexo masculino no identificado, señaló que el cadáver analizado presentaba quince heridas por proyectil de arma de fuego; que internamente a nivel del cráneo presentaba infiltrado hemático en región parietal del lado derecho; encéfalo con infiltrado hemático y desorganizado por paso de proyectil de arma de fuego, de donde recolectó un elemento balístico y apreció fractura en la base del cráneo; la cavidad torácica presentaba infiltrado hemático y ahí recolectó un elemento balístico más. Que los pulmones y corazón estaban contundidos y lacerados y en la cavidad abdominal observó que el hígado estaba lacerado y en ese sitio recolectó un elemento balístico. Concluyó que la causa de muerte fue por hemorragia intraparitimatosa secundaria a laceraciones de cerebro y fractura a la base del cráneo por heridas de proyectil de arma de fuego. Lesiones que se clasifican como mortales por sí mismas. También fueron practicados los dictámenes en materia de química y balística forense; en el primero de ellos se concluyó que el líquido hemático localizado en el sitio del hecho era de origen humano. Uno diverso en materia de química forense practicados a cada uno de los cadáveres; en los que se concluyó que tanto en el hombre como en la mujer se localizó la presencia de metabolitos y anfetaminas. En diverso dictamen practicado a las manos del cadáver del sexo masculino se concluyó que se localizó la presencia de plomo y bario en la zona más frecuente de maculación en la mano derecha del cadáver referido, pero no en la mano izquierda. El quinto dictamen que concluye que en las manos del cadáver femenino no fueron localizadas en la zona más frecuente de maculación, la presencia de plomo y bario en ninguna de las manos de la mujer. Existe también el acta de reconocimiento de cadáver masculino, realizada el once de diciembre de dos mil veinte, por María de los Ángeles Almanza Rico y Arturo Calderón Paniagua, quienes una vez que tuvieron a la vista el cadáver del sexo masculino, manifestaron que lo identificaron como Héctor Calderón Almanza, porque era su hijo y que consumía droga de la conocida como "cristal". En la diversa acta de reconocimiento de cadáver femenino, realizada el doce de diciembre de dos mil veinte, por Juan Carlos Santillán Escobedo y Alejandra Martínez Barrios, manifestaron identificar al cuerpo yacente como Karla Santillán Martínez porque hija de ambos comparecientes y señalaron que Karla era pareja de Héctor Calderón Almanza. También obra un dictamen médico veterinario de lesiones de animal canino, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por la perito médico veterinaria Sara Patricia Chagoya Morales, en el que señaló que la especie canina se encontraba hospitalizada en el Hospital "Centro de Especialidades de especies caninas" de esta ciudad; que se trataba de un canino de raza shiba inu, macho de cinco años de edad aproximada. Que a la exploración física, señaló que dicha especie presentó una herida producida por la penetración de proyectil de arma de fuego en región dorsal con salida en posición ventral en cuello y además presentaba un hemotorax. Que se encontraba estable pero requería de cirugía para la corrección del hemotorax y que se encontraba en riesgo la vida del animal. Concluyó que el animal canino presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida, producidas por penetración de proyectil de arma de fuego. Aunque se encontraba estable el pronóstico de vida era reservado. Referente a la localización de diversos casquillos en el lugar donde fueron privados de la vida Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, y los que fueron localizados en el interior del domicilio Yazmín Fabiola Flores Corona, fueron sometidos al estudio pericial correspondiente, del que resultó que tanto las víctimas mortales como Yazmín Fabiola Flores Corona, fueron lesionados con la misma arma de fuego. Señaló que lo anterior a su vez encuentra relación con los distintos elementos balísticos de diferentes investigaciones lo que fue aportado por el elemento de investigación Alejandro Meza Marroquín de los que se desprende que existe correspondencia desde el punto de vista técnico pericial de los casquillos nueve milímetros accionados por la misma arma de fuego. CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN. Con lo anterior, razonadamente señaló la responsable que los datos de prueba relacionados conducen a establecer que el once de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente entre las once y las once cuarenta y cinco horas, Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza se encontraban frente al número 343, de la calle Girasol de la colonia Ampliación El Porvenir, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Que en ese momento arribaron al lugar diversos sujetos a bordo de un vehículo color blanco, entre los cuales se encontraba el ahora quejoso, del que descendió en compañía de otros sujetos, llevando consigo armas de fuego, las que accionaron en contra de las víctimas Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, provocándoles diversas lesiones en su corporeidad que les ocasionaron la muerte. Que derivado de los hechos relatados, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente entre las trece horas con treinta minutos y quince horas, la ateste Yazmín Fabiola Flores Corona se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en el número 303-A, de la calle Girasol, de la colonia Ampliación del Porvenir, de esta ciudad de Morelia Michoacán. Que a ese inmueble ingresó el ahora quejoso en compañía de otro sujeto, portando un arma de fuego. Que al momento de que el quejoso agredió a la víctima Yazmín Fabiola Flores Corona ésta se defendió momento en que el quejoso accionó el arma de fuego provocándole una lesión en el pie izquierdo con orificio de entrada en dorso del pie y salida en planta del pie, instante en que también disparó contra el animal canino de raza tipo Shiba Inú, macho de cinco años de edad, que se encontraba en el domicilio de la víctima, generándole una lesión en región dorsal con salida en posición ventral del cuello, la que puso en riesgo su vida y enseguida el ahora quejoso LUIS FERNANDO MIGUELES AYALA y diverso sujeto que lo acompañaba y que también había ingresado al inmueble, se retiraron del lugar. Que los hechos cometidos el once de diciembre de dos mil veinte tienen la apariencia de delito de HOMICIDIO CALIFICADO, porque ha quedado demostrado que dos personas de nombres Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, fueron privados de la vida y que su muerte fue producida por la realización de un número importante de disparos de arma de fuego cuyos proyectiles impactaron en su cuerpo y provocaron lesiones tanto internas como externas y que hasta el momento quedó evidenciado que ese hecho está revestido de circunstancias calificativas agravantes, no solo por el instrumento empleado, sino por el número de personas que intervinieron (tres) y dispararon en contra de las víctimas, lo que los colocó en una situación de superioridad tanto numérica como por los instrumentos usados porque al menos Karla Santillán Martínez no se encontraba armada. En lo que corresponde a la ateste y víctima Yazmín Fabiola Flores Corona, la responsable reclasificó el hecho a LESIONES CALIFICADAS pues consideró que también hubo ventaja en relación con el número de agresores y el arma de fuego. Que también ese hecho tiene la apariencia de delito de CRUELDAD ANIMAL, porque se infringió un daño físico en un animal y ese daño consistió en la realización de un disparo a un animal que se encontraba en el domicilio en el que fue agredida Yazmín Fabiola Flores Corona; disparo que el sujeto realizó sin motivo alguno y que puso en peligro la vida del animal. En cuanto a la probable intervención del ahora quejoso y otros sujetos, el Juez de Control estimó también que los datos de prueba relatados son suficientes para ese efecto, partiendo de la base que lo señalado por el adolescente de iniciales B.A.F.C., pues estuvo en condiciones de percibir a dos de las personas que participan en el hecho y de esas personas existen datos en la carpeta que permiten identificarlos, entre los que se encuentra el ahora quejoso. A lo anterior, sumó la información balística suficiente para poder relacionar las armas empleadas en el homicidio de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, con la agresión de Yazmín Fabiola Flores Corona, con lo que la responsable concatenó con distintos datos de prueba relacionados a diferentes investigaciones llegó a la conclusión de que el ahora quejoso intervino en los hechos con apariencia de los delitos antes señalados, y que será materia de la investigación complementaria o la que se lleve a cabo, determinar cómo precisamente intervinieron en ese hecho los distintos sujetos que participaron en compañía del aquí quejoso. Sin que ello le impidiera determinar que hasta el momento procesal en que se encontraba (audiencia privada de orden de aprehensión), existían datos de prueba que permitían establecer que el aquí quejoso Luis Fernando Migueles Ayala y otros sujetos, intervinieron en los hechos con apariencia de delito ya mencionados. Por lo que contra lo afirmado por el quejoso en los conceptos de violación precitados como III y IV, la responsable correctamente estimó satisfechos los supuestos establecidos 16 de la Constitución General de la República y 141 párrafo primero, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y en esas condiciones libró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de: 1. HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado, en perjuicio de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza. 2. LESIONES CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 131 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de Yazmín Fabiola Flores Corona. 3.CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, previsto y sancionado por el artículo 309, del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de la especie canina, raza tipo Shiba Inú, macho de cinco años de edad aproximadamente. Con lo que válidamente puede afirmarse, que la responsable cumplió con la garantía de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime, que la quejosa no manifestó algo en torno a que los preceptos legales invocados y las razones expresadas por la responsable fueran incorrectos. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,32 que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que 32 Visible en la página 452 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época, Materias Constitucional, Penal, Registro digital 173237. se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." Resta decir que la determinación que ahora se adopta no contraviene el principio pro persona a favor de la quejosa, pues ello no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,33 cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su 33 Visible en la página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2004748. aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En tal virtud, ante lo ineficaz de los conceptos de violación analizados, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO, respecto de la orden de aprehensión reclamada. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en esta ciudad; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable en ese sentido la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,34 que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que 34 Visible en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 55, Julio de 1992, Materia Común, Octava Época, registro digital 218867. entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados por el quejoso Luis Fernando Migueles Ayala, a las autoridades preciadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Fernando Migueles Ayala, contra el acto del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy trece de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUAN CARLOS SANTILLAN ESCOBEDO Y ALEJANDRA MARTINEZ BARRIOS, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, a trece de junio de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo V-1278/2021, promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, por propio derecho, contra los actos de: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad. 2. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 3. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, 4. Director de Mandamientos Judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintiuno,1 ante la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Luis Fernando Migueles Ayala, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que precisó en los siguientes términos:2 "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como Ordenadoras a: 1. C. Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con domicilio oficial en Calzada La Huerta número 400, de la Colonia Nueva Valladolid de esta Ciudad de Morelia. 2. C. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio en esta ciudad. Señalo como Ejecutoras a: 1. C. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. 2. C. Director de mandamiento (sic) judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. IV.- ACTO (s) RECLAMADO (s). De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo: 1. La orden de investigación, localización, presentación, aprehensión y detención librada en mi contra, sin que hasta la fecha haya cometido delito alguno y sin que dichas autoridades tenga facultades para ello. 2. Actos de incomunicación y tortura de que puedo ser objeto al momento de la detención arbitraria. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo: 1 Fojas 8 a 12 del juicio principal. 2 Foja 9 del juicio principal. a. La cumplimentación de la orden de investigación, localización, presentación, aprehensión y detención; girada en mi contra por las autoridades responsables. b. Actos de incomunicación y tortura de que puedo ser objeto al momento de la detención arbitraria. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno,3 el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, radicó la demanda de garantías señalada y la registró con el número 587/2021-I-A. Además, desvirtuó la urgencia en relación con los actos de incomunicación y tortura, pues de la lectura de la demanda de garantías advirtió que tales actos fueron señalados como una posible consecuencia de la ejecución de alguna de las órdenes tendientes a privarlo de la libertad, por lo que dijo, no constituyen un hecho real por lo que estimó que no inciden en la esfera jurídica del quejoso al no tener certeza de que las responsables lleven a cabo tales actos. Asimismo, desechó de plano la demanda de garantías promovida por el quejoso Luis Fernando Migueles Ayala, únicamente respecto el acto consistente en la orden de investigación con motivo de una carpeta de investigación, reclamado a las autoridades: 1. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de 3 Fojas 13 a 18 del juicio principal. Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio en esta ciudad. 2. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. 3. Director de mandamiento (sic) judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en Colegio de Bachilleres número 90, de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Requirió a las autoridades responsables su informe justificado; en relación con el resto de los actos reclamados dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; se ordenó la notificación del señalado proveído a los terceros interesados; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Así en diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno,4 el señalado Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ordenó la separación de juicios, dado que de los informes justificados rendidos por los tres Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, manifestaron que es cierto el acto reclamado por el quejoso de que se trata, dado que dictaron orden de aprehensión dentro de cuatro diferentes causa penales de los índices respectivos. Por lo anterior, ordenó la remisión de copia certificada de las constancias del expediente radicado 4 Fojas 60 a 63 del juicio principal. en ese órgano jurisdiccional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo que tuvo cumplimiento a través del oficio número 27964/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno,5 que por turno fue remitido a este órgano jurisdiccional el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para el conocimiento de los actos reclamados en la demanda de garantías promovida por Luis Fernando Migueles Ayala, con relación a la causa penal 2068/2020. En proveído dictado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno,6 este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibidas las constancias remitidas y ordenó continuar con el trámite del juicio; dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, quien presentó el pedimento respectivo;7 emplazar a terceros interesados; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Dicha audiencia previos diferimientos,8 se celebró el cinco de abril de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede.9 C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, 5 Fojas 3 a 5 del juicio principal. 6 Fojas 71 a 74 del juicio principal. 7 Fojas 110 y 111 del juicio principal. 8 Fojas 98; 112 del juicio principal. 9 Fojas 119 y 120 del juicio principal. fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 7/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,11 que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la 10 Visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, Registro 19207. 11 Visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 181810. demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: ? La orden de aprehensión librada en su contra. ? Derivadas de la posible ejecución de tal orden, la parte quejosa reclamó los actos de incomunicación y tortura de los que podría ser objeto al ser detenido. TERCERO. Inexistencia del acto. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables: 1. Titular de la Unidad Especializada en Investigación y persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, 2. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, Negaron la existencia de las órdenes de localización, presentación, aprehensión y detención les fueron atribuidas. En el mismo sentido, no existe evidencia de que tales mandamientos de captura hubieran sido cumplimentados, por ende tampoco la existencia de los actos de tortura e incomunicación que se hicieron depender de aquellos. A pesar de ello, el quejoso no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones. De modo que al no haber sido desvirtuadas las negativas de las autoridades responsables, ni la inexistencia de los actos referidos, en la especie, tal y como lo aduce el fiscal de esta adscripción,12 se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 6313 de la Ley de Amparo por lo que corresponde a éstas autoridades. En consecuencia, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados señalados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,14 que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,15 que dispone: 12 Fojas 110 y 111 del juicio principal. 13 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.].". 14 Visible en la página 305 Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Sexta Época, registro 1002350. 15 Visible en la página 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, registro 214593. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia; y Director de Mandamientos Judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad aceptaron la existencia de la orden de aprehensión que les fue atribuida, por lo que su existencia se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,16 del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en un disco compacto de audio y video relativo a la causa penal 2068/2020, que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con 16 Visible en la página 830, del Apéndice 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815. residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,17 de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,18 del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,19 que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME 17 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". 18 Visible en la página 153 del Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Registro 394182. 19 Visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, Décima Época, Registro digital 2004362. JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías con base en tales requisitos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,20 que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 20 Visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618. a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como una cuestión previa conviene señalar que, este órgano jurisdiccional no inadvierte la obligación que impone la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo,21 en el sentido de que cuando el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor. Sin embargo, del estudio de las constancias que integran el juicio en que se actúa, no se desprende motivo alguno por el cual deba suplirse la deficiencia en su favor, por lo que se atenderá únicamente a los conceptos de violación propuestos. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el quejoso, serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce medularmente que la orden de aprehensión librada en 21 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: {.} III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y {.}" su contra por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, en esta ciudad, dentro de la causa penal número 2068/2020, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza; LESIONES CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 125. Fracción II, 131 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de Yazmín Fabiola Flores Corona; y CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de la especie canina, raza tipo Shiba Inú, macho de una edad aproximada de cinco años, es contrario a derecho por los siguientes motivos: I. Se le pretende privar de la libertad sin haber sido oído en juicio en el que se sigan las formalidades del procedimiento. II. El mandamiento de captura fue librado por una autoridad que no está facultada para ello. III. La orden de aprehensión es carente de fundamentación y motivación. IV. Que no existe delito alguno que merezca la pena privativa de la libertad. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Tales asertos resultan infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Lo anterior es así, pues lo infundado del primero de los conceptos de violación atinente a que se le pretende privar de la libertad sin haber sido oído en juicio en el que se sigan las formalidades del procedimiento, radica en lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales. 22 Es así que tales preceptos facultan a la autoridad judicial para emitir un acto de molestia, por ejemplo, librar una orden de aprehensión cuando preceda denuncia de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De tal suerte que si bien es verdad que con ese acto se afecta temporalmente el derecho de la libertad de una persona, también lo es que sólo es un medio de conducción al proceso, en el que será en la audiencia inicial a partir de la formulación de la imputación en que tendrá la oportunidad de controvertir los datos de prueba que fueron suficientes 22 "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." "Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." para acreditar que hubo un hecho con apariencia de delito y que existe la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del mismo. Por tanto, atento a que la naturaleza del acto combatido es de carácter provisional, así como la de los delitos que se atribuyeron al quejoso (HOMICIDIO CALIFICADO y LESIONES CALIFICADAS), resultaba innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa, en virtud de la accesoriedad de la medida, pues precisamente tiene como finalidad poner a disposición del Juez de Control al imputado para que en audiencia inicial se le informen los motivos por los que se le privó de su libertad transitoria y, se resuelva su situación jurídica, otorgándosele la oportunidad de defenderse de los ilícitos que se le imputen. En el caso, la fiscal tuvo conocimiento de los hechos que nos ocupan, por las dos constancias de aviso de noticia criminal de once y diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Con apoyo en ello inició la investigación correspondiente. Luego, al mandamiento de captura precedió la solicitud de audiencia formulada por la fiscalía, a lo cual se señalaron las diecisiete horas con treinta minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia relativa. En la fecha indicada, el juez responsable consideró que los datos de prueba son suficientes para dejar evidenciados los hechos cuyas circunstancias de ejecución precisó, con apariencia de los delitos señalados; y, la presunta participación del quejoso en su comisión. De ahí que libró la orden de aprehensión con respecto a las formalidades esenciales para su emisión. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,23 que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se 23 Visible en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Penal, Novena Época, Registro digital 193892. contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna." En ese mismo orden también resulta infundado el segundo de los conceptos de violación, atinente a que la autoridad emisora no se encuentra facultada para librar un acto como el que se reclama en esta vía constitucional. Lo anterior en virtud a que como el propio Juez de Control señaló al inicio de la audiencia privada de orden de aprehensión, la competencia para conocer y resolver sobre la petición de orden de aprehensión planteada, lo que le resulta porque le corresponde ejercer la función de Juez de Control, que es el órgano jurisdiccional autorizado para emitir un pronunciamiento sobre ese medio de conducción al proceso en la etapa en que se encuentra la causa penal en la que resultó cierto el acto reclamado. Por otro lado, los hechos que constituyen la materia de investigación, sucedieron en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en donde reside el Juez de Control responsable y además ejerce jurisdicción, de ahí que se actualice su competencia material y territorial. Por lo tanto, la competencia de la responsable se satisface acorde con las exigencias de los artículos 16 Constitucional,24 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales,25 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.26 Por otra parte, también resultan infundados los argumentos expresados por el quejoso en el sentido de que la orden de aprehensión reclamada en esta vía constitucional carece de fundamentación y motivación; y, que no existen datos sobre la comisión de un hecho delictivo que amerite pena privativa de la libertad. Para evidenciarlo es necesario precisar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ." 24 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." 25 "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." 26 "Artículo 46. En el sistema penal acusatorio y oral, habrá: (.) II. Juez de Control; (.)." "Artículo 47. Son atribuciones del Juez de Control: I. Resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; II. Presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso; (.) XI. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos." El precepto constitucional citado establece la garantía de legalidad consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, que deberá encontrarse fundado y motivado, a efecto de colmar los extremos ahí consignados. Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida y falta de fundamentación y motivación; la indebida fundamentación y motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la ausencia total de expresión de razonamientos y fundamentos del caso en particular. Asimismo, cabe destacar que la garantía de legalidad, en lo relativo a la fundamentación, impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos concretos de que se trate, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho; de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión que se plasma en los actos que se emiten, lo que debe exteriorizarse en una argumentación o juicio de hecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad, dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen. En ese mismo sentido, conviene precisar que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. En lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que necesariamente se invoquen de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustente, esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,27 se cita a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su 27 Visible en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Común, Novena Época, Registro 191358. cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." (Lo subrayado es propio). De manera que bastaba con que la autoridad expresara con claridad las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo, para que pudiera hacer del conocimiento de las partes los preceptos legales que sirvieron de sustento para la resolución combatida. En la especie, la autoridad responsable sí fundó y motivó su resolución porque tomó conocimiento de la constancia de aviso de noticia criminal de once de diciembre de dos mil veinte, en la que se hace del conocimiento de la autoridad investigadora de los delitos, la existencia de dos cuerpos sin vida que en vida respondían a los nombres de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, en la calle Girasol frente al número 343 de la colonia Ampliación del Porvenir, de esta ciudad de Morelia. También la diversa constancia levantada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se hace del conocimiento de la fiscalía de manera concreta y puntual que una persona del sexo femenino había sido lesionada con motivo de disparos de arma de fuego en el interior del domicilio ubicado en la calle Girasol número 303 A de la colonia Ampliación del Porvenir. Que al constituirse en ese lugar, con el elemento de la Policía Antonio Lemus Raya, se percató además de la presencia de un ejemplar de la especie canina que se encontraba lesionado. Elementos o medios a través de los cuales la responsable estimó se podía iniciar válidamente una investigación, debido a que constituyen en lo esencial equivalentes a denuncia de hecho con apariencia de delito. Otro requisito con el que el juez responsable estimó cumplidas las exigencias del artículo 16 Constitucional, consiste en que el hecho con apariencia de delito de que se trate tenga señalada una sanción privativa de libertad, a lo que señaló que en el caso del homicidio del que se ha precisado como víctima Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, acorde a la clasificación jurídica preliminar que realizó el Ministerio Público y conforme al artículo 122, ese hecho estaría siendo sancionado con una pena de prisión que va desde veinte a cincuenta años. Por otro lado atendiendo a la calificación jurídica originaria que proporcionó la fiscalía respecto del hecho cometido en agravio de Yazmín Fabiola Flores Corona, tendría que atender a lo que hablan los artículos 71 y 117 del Código Penal del Estado de Michoacán, que establece para el caso concreto la sanción privativa de libertad a imponer es de seis meses a veinte años de prisión. Finalmente, por lo que se refiere al delito de crueldad contra los animales, atendiendo a lo que señala el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán, se encuentra sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión. En igual forma el Juez responsable indicó que la propia norma también establece con claridad que para emitir una orden de aprehensión, el Ministerio Público debe contar con datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que la persona imputada o imputadas lo cometieron o participaron en su realización. Por lo que en esa audiencia privada de orden de aprehensión analizó si los actos de investigación que se habían efectuado en la carpeta de investigación, para poder determinar si se reunían los parámetros a los que se refieren los artículos 141, párrafo primero, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales,28 porque si bien para emitir 28 "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.)." "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. una orden de aprehensión se habla de un estándar probatorio mínimo, esto debe ser interpretado en el sentido de que los datos de prueba deben ser pertinentes, idóneos y suficientes para poder establecer que el hecho está acreditado razonablemente y en grado de probabilidad, que los investigados lo cometieron. Señaló que en el particular el hecho denunciado por el Agente del Ministerio Público está corroborado con los datos de prueba que fueron allegados en la carpeta de investigación, los cuales consideró válidos porque no se advierte de las constancias señaladas que se hubieran recabado vulnerando derechos fundamentales de víctimas, ofendidos o investigados, sin perder de vista que prevalece el principio de buena fe en las actuaciones realizadas por los investigadores. La validez formal los actos de investigación fueron llevados ante y por personas facultadas para llevar a cabo actos de investigación y los registraron. Así, para el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán,29 los elementos que Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. 29 "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: lo integran son: a) Que el sujeto activo prive de la vida a otro. b)Que esa acción la ejecute en un grado superior a la que se encuentre la víctima. c) Que esa superioridad sobre la víctima se despliegue por utilizar alguna arma con la que el sujeto activo tenga mayor destreza que la víctima, pero además que supere a la víctima en el hecho, por el número de personas. En el delito de LESIONES CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 131 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán,30 los elementos que lo integran son: a)Que el sujeto activo cause un daño o una alteración en la salud de otro. b)Que ese daño o alteración en la salud le (.) b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; (.)." 30 "Artículo 125. Lesiones simples A quien cause a otra persona un daño o alteración en su salud se le impondrá: (.) II. De seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, cuando las lesiones impidan al ofendido dedicarse a sus actividades habituales más de quince días, o la enfermedad dure un lapso mayor de ese tiempo, siempre que esas circunstancias sean temporales; (.)." "Artículo 131. Lesiones calificadas Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente a las lesiones simples se incrementará hasta en dos terceras partes." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: (.) b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; (.)." impida a la víctima dedicarse a sus actividades habituales por más de quince días. c) Que esa acción la ejecute el sujeto activo en grado superior a la que se encuentre la víctima. d)Que esa superioridad sobre la víctima se despliegue por utilizar alguna arma con la que el sujeto activo tenga mayor destreza que la víctima, pero además que supere a la víctima en el hecho por el número de personas. En tanto que para el diverso ilícito de CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal del Estado de Michoacán,31 los elementos que lo integran son: a)Que el sujeto activo cause un daño físico a un animal, que no constituya plaga ni peligro para la salud o para la vida humana, en el particular de la especie canina. b)Que ese daño físico se realice con el fin de lastimarlo o privarlo de la vida. Luego, para tener evidencia que efectivamente los hechos con apariencia de delito inferidos fueron realizados, la responsable ponderó el dato de prueba que aporta el testimonio de la víctima Yazmín Fabiola Flores Corona, porque adujo que estuvo en condiciones de presenciar de forma 31 "Artículo 309. Crueldad contra los animales Comete el delito de crueldad quien inflige daño físico a un animal, que no constituya plaga ni peligro para la salud o vida humana, con el único fin de lastimarlo o privarlo de la vida, y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización." periférica el hecho relacionado con la muerte de los señores Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, y además puede ser considerada testigo presencial de ese hecho porque escuchó los disparos; observó el vehículo en que huyeron los agresores y refirió que era color blanco; y, el lugar y la forma cómo fueron dejados los cadáveres de las víctimas, así como las lesiones que presentaron. Aunado a lo anterior, dicha ateste y víctima, se dio cuenta que su hijo pudo presenciar parte de esos acontecimientos. Por su parte, el adolescente de iniciales B.A.F.C. estuvo en condiciones de presenciar mayor parte del hecho, pues al escuchar las detonaciones, observó desde media calle que cuatro personas estaban disparándole a Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, incluso refirió sus características, vestimentas, cómo subieron a una camioneta y se fueron del lugar rumbo a las vías del tren, lo que posibilitó al agente investigador de hechos con apariencia de delito, la realización de retratos hablados y, por eso, el juez responsable estimó que el testimonio del adolescente era confirmable. Estimó como elementos de corroboración del hecho, todas las actuaciones llevadas a cabo con motivo del suceso que se ejecuta el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que resultó lesionada la ateste Yazmín Fabiola Flores Corona, que si bien no pudo ubicar a las personas que le dispararon a Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, sí estuvo en condiciones de observar al sujeto que ingresó a su domicilio y la agredió, lo tuvo de frente y de su deposado claramente se puede apreciar cómo fue que aquella se resistió a ser lesionada, pues se defendió con una escoba, le arrojó la estufa, instante en que el sujeto le causó una lesión en un pie para posteriormente huir del domicilio de la víctima realizándole un disparo al canino de la raza shiba inu de cinco años macho al que la víctima le llamaba "bobi". El Juez responsable estimó que existía relación entre los acontecimientos narrados hechos porque Yazmín Fabiola Flores Corona, tiene la calidad de testigo respecto de los hechos en los que perdieron la vida Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, pues dijo concurría coetaneidad en tales hechos; una cercanía temporal entre un momento y otro. Elementos que se robustecen con el acta de levantamiento de cadáver de once de diciembre de dos mil veinte, por perito criminalista realizada a las doce horas con veintidós minutos, en la que se asentó que en el lugar de los hechos se había realizado la debida preservación de indicios; que se encontraba un cadáver del sexo femenino no identificado y a ochenta centímetros se encontraba uno diverso del sexo masculino. Que ambos cadáveres se encontraban vestidos y calzados. Que entre otros indicios fueron localizados en el lugar diversos casquillos percutidos calibre Luger 9 milímetros y 40 SIW. Que ambos cadáveres presentaban múltiples lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, pero no presentaron huella de violencia física en sus prendas y que por las características físicas y morfológicas que presentaron ambos cuerpos, se podía determinar que los disparos fueron realizados a una distancia aproximada mayor a ochenta centímetros por lo que consideró que fue a larga distancia. También existe una necropsia médico-legal realizada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil veinte, que suscribe el perito médico Geovanny Jacob Orozco Pérez, en la que anotó que el cadáver del sexo femenino presentaba doce heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Que internamente en cavidad torácica presentaba pulmones contundidos y lacerados; aorta torácica lacerada; pericardio y corazón lacerados. En sus conclusiones anotó que la causa de muerte fue hemorragia profusa secundaria a laceración de corazón y pulmones por heridas causadas por proyectil de arma de fuego; que las heridas se clasifican como mortales por sí mismas. En diversa necropsia médico-legal practicada a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veinte, también realizada por el experto Geovanny Jacob Orozco Pérez, respecto al cadáver del sexo masculino no identificado, señaló que el cadáver analizado presentaba quince heridas por proyectil de arma de fuego; que internamente a nivel del cráneo presentaba infiltrado hemático en región parietal del lado derecho; encéfalo con infiltrado hemático y desorganizado por paso de proyectil de arma de fuego, de donde recolectó un elemento balístico y apreció fractura en la base del cráneo; la cavidad torácica presentaba infiltrado hemático y ahí recolectó un elemento balístico más. Que los pulmones y corazón estaban contundidos y lacerados y en la cavidad abdominal observó que el hígado estaba lacerado y en ese sitio recolectó un elemento balístico. Concluyó que la causa de muerte fue por hemorragia intraparitimatosa secundaria a laceraciones de cerebro y fractura a la base del cráneo por heridas de proyectil de arma de fuego. Lesiones que se clasifican como mortales por sí mismas. También fueron practicados los dictámenes en materia de química y balística forense; en el primero de ellos se concluyó que el líquido hemático localizado en el sitio del hecho era de origen humano. Uno diverso en materia de química forense practicados a cada uno de los cadáveres; en los que se concluyó que tanto en el hombre como en la mujer se localizó la presencia de metabolitos y anfetaminas. En diverso dictamen practicado a las manos del cadáver del sexo masculino se concluyó que se localizó la presencia de plomo y bario en la zona más frecuente de maculación en la mano derecha del cadáver referido, pero no en la mano izquierda. El quinto dictamen que concluye que en las manos del cadáver femenino no fueron localizadas en la zona más frecuente de maculación, la presencia de plomo y bario en ninguna de las manos de la mujer. Existe también el acta de reconocimiento de cadáver masculino, realizada el once de diciembre de dos mil veinte, por María de los Ángeles Almanza Rico y Arturo Calderón Paniagua, quienes una vez que tuvieron a la vista el cadáver del sexo masculino, manifestaron que lo identificaron como Héctor Calderón Almanza, porque era su hijo y que consumía droga de la conocida como "cristal". En la diversa acta de reconocimiento de cadáver femenino, realizada el doce de diciembre de dos mil veinte, por Juan Carlos Santillán Escobedo y Alejandra Martínez Barrios, manifestaron identificar al cuerpo yacente como Karla Santillán Martínez porque hija de ambos comparecientes y señalaron que Karla era pareja de Héctor Calderón Almanza. También obra un dictamen médico veterinario de lesiones de animal canino, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por la perito médico veterinaria Sara Patricia Chagoya Morales, en el que señaló que la especie canina se encontraba hospitalizada en el Hospital "Centro de Especialidades de especies caninas" de esta ciudad; que se trataba de un canino de raza shiba inu, macho de cinco años de edad aproximada. Que a la exploración física, señaló que dicha especie presentó una herida producida por la penetración de proyectil de arma de fuego en región dorsal con salida en posición ventral en cuello y además presentaba un hemotorax. Que se encontraba estable pero requería de cirugía para la corrección del hemotorax y que se encontraba en riesgo la vida del animal. Concluyó que el animal canino presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida, producidas por penetración de proyectil de arma de fuego. Aunque se encontraba estable el pronóstico de vida era reservado. Referente a la localización de diversos casquillos en el lugar donde fueron privados de la vida Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, y los que fueron localizados en el interior del domicilio Yazmín Fabiola Flores Corona, fueron sometidos al estudio pericial correspondiente, del que resultó que tanto las víctimas mortales como Yazmín Fabiola Flores Corona, fueron lesionados con la misma arma de fuego. Señaló que lo anterior a su vez encuentra relación con los distintos elementos balísticos de diferentes investigaciones lo que fue aportado por el elemento de investigación Alejandro Meza Marroquín de los que se desprende que existe correspondencia desde el punto de vista técnico pericial de los casquillos nueve milímetros accionados por la misma arma de fuego. CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN. Con lo anterior, razonadamente señaló la responsable que los datos de prueba relacionados conducen a establecer que el once de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente entre las once y las once cuarenta y cinco horas, Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza se encontraban frente al número 343, de la calle Girasol de la colonia Ampliación El Porvenir, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Que en ese momento arribaron al lugar diversos sujetos a bordo de un vehículo color blanco, entre los cuales se encontraba el ahora quejoso, del que descendió en compañía de otros sujetos, llevando consigo armas de fuego, las que accionaron en contra de las víctimas Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, provocándoles diversas lesiones en su corporeidad que les ocasionaron la muerte. Que derivado de los hechos relatados, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente entre las trece horas con treinta minutos y quince horas, la ateste Yazmín Fabiola Flores Corona se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en el número 303-A, de la calle Girasol, de la colonia Ampliación del Porvenir, de esta ciudad de Morelia Michoacán. Que a ese inmueble ingresó el ahora quejoso en compañía de otro sujeto, portando un arma de fuego. Que al momento de que el quejoso agredió a la víctima Yazmín Fabiola Flores Corona ésta se defendió momento en que el quejoso accionó el arma de fuego provocándole una lesión en el pie izquierdo con orificio de entrada en dorso del pie y salida en planta del pie, instante en que también disparó contra el animal canino de raza tipo Shiba Inú, macho de cinco años de edad, que se encontraba en el domicilio de la víctima, generándole una lesión en región dorsal con salida en posición ventral del cuello, la que puso en riesgo su vida y enseguida el ahora quejoso LUIS FERNANDO MIGUELES AYALA y diverso sujeto que lo acompañaba y que también había ingresado al inmueble, se retiraron del lugar. Que los hechos cometidos el once de diciembre de dos mil veinte tienen la apariencia de delito de HOMICIDIO CALIFICADO, porque ha quedado demostrado que dos personas de nombres Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, fueron privados de la vida y que su muerte fue producida por la realización de un número importante de disparos de arma de fuego cuyos proyectiles impactaron en su cuerpo y provocaron lesiones tanto internas como externas y que hasta el momento quedó evidenciado que ese hecho está revestido de circunstancias calificativas agravantes, no solo por el instrumento empleado, sino por el número de personas que intervinieron (tres) y dispararon en contra de las víctimas, lo que los colocó en una situación de superioridad tanto numérica como por los instrumentos usados porque al menos Karla Santillán Martínez no se encontraba armada. En lo que corresponde a la ateste y víctima Yazmín Fabiola Flores Corona, la responsable reclasificó el hecho a LESIONES CALIFICADAS pues consideró que también hubo ventaja en relación con el número de agresores y el arma de fuego. Que también ese hecho tiene la apariencia de delito de CRUELDAD ANIMAL, porque se infringió un daño físico en un animal y ese daño consistió en la realización de un disparo a un animal que se encontraba en el domicilio en el que fue agredida Yazmín Fabiola Flores Corona; disparo que el sujeto realizó sin motivo alguno y que puso en peligro la vida del animal. En cuanto a la probable intervención del ahora quejoso y otros sujetos, el Juez de Control estimó también que los datos de prueba relatados son suficientes para ese efecto, partiendo de la base que lo señalado por el adolescente de iniciales B.A.F.C., pues estuvo en condiciones de percibir a dos de las personas que participan en el hecho y de esas personas existen datos en la carpeta que permiten identificarlos, entre los que se encuentra el ahora quejoso. A lo anterior, sumó la información balística suficiente para poder relacionar las armas empleadas en el homicidio de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza, con la agresión de Yazmín Fabiola Flores Corona, con lo que la responsable concatenó con distintos datos de prueba relacionados a diferentes investigaciones llegó a la conclusión de que el ahora quejoso intervino en los hechos con apariencia de los delitos antes señalados, y que será materia de la investigación complementaria o la que se lleve a cabo, determinar cómo precisamente intervinieron en ese hecho los distintos sujetos que participaron en compañía del aquí quejoso. Sin que ello le impidiera determinar que hasta el momento procesal en que se encontraba (audiencia privada de orden de aprehensión), existían datos de prueba que permitían establecer que el aquí quejoso Luis Fernando Migueles Ayala y otros sujetos, intervinieron en los hechos con apariencia de delito ya mencionados. Por lo que contra lo afirmado por el quejoso en los conceptos de violación precitados como III y IV, la responsable correctamente estimó satisfechos los supuestos establecidos 16 de la Constitución General de la República y 141 párrafo primero, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y en esas condiciones libró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de: 1. HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado, en perjuicio de Karla Santillán Martínez y Héctor Calderón Almanza. 2. LESIONES CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 131 y 135, fracción I, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de Yazmín Fabiola Flores Corona. 3.CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES, previsto y sancionado por el artículo 309, del Código Penal del Estado de Michoacán, en perjuicio de la especie canina, raza tipo Shiba Inú, macho de cinco años de edad aproximadamente. Con lo que válidamente puede afirmarse, que la responsable cumplió con la garantía de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime, que la quejosa no manifestó algo en torno a que los preceptos legales invocados y las razones expresadas por la responsable fueran incorrectos. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,32 que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que 32 Visible en la página 452 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época, Materias Constitucional, Penal, Registro digital 173237. se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa." Resta decir que la determinación que ahora se adopta no contraviene el principio pro persona a favor de la quejosa, pues ello no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,33 cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su 33 Visible en la página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2004748. aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En tal virtud, ante lo ineficaz de los conceptos de violación analizados, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO, respecto de la orden de aprehensión reclamada. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en esta ciudad; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable en ese sentido la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,34 que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que 34 Visible en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 55, Julio de 1992, Materia Común, Octava Época, registro digital 218867. entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados por el quejoso Luis Fernando Migueles Ayala, a las autoridades preciadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Fernando Migueles Ayala, contra el acto del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy trece de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-1278/2021 promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente asunto tienen reconocido el carácter de terceros interesados I. María de Los Ángeles Almanza Rico; II. Arturo Calderón Paniagua; III. Juan Carlos Santillán Escobedo; IV. Alejandra Martínez Barrios; V. Yazmín Fabiola Flores Corona; VI. Julio César Mendoza Arévalo, asesor jurídico de las víctimas, adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y, VII. Jesús Alejandro Rivera Vázquez, agente del Ministerio Público que ha intervenido en la causa penal de origen. En la inteligencia que todos los anteriores se encuentran emplazados, a excepción de Yazmín Fabiola Flores Corona; sin embargo, como se ordenó en proveído de diez de febrero pasado, se llamó a juicio al referido asesor jurídico victimal, quien representa a tal parte en el proceso natural. Además, se certifica: que los términos de tres días concedido a Arturo Calderón Paniagua, así como a Julio César Mendoza Arévalo, asesor jurídico de las víctimas, en proveídos de treinta de diciembre de dos mil veintiuno y diez de febrero del año en curso, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del once al quince de febrero y del diecisiete al veintidós de marzo, ambos del año en curso, respectivamente, sin que lo hubieren hecho. El Juez: Téngase hecha la relación que antecede; por lo que ve a la certificación de cuenta; se hace efectivo el apercibimiento formulado en los autos de referencia y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a dichas partes las resoluciones subsecuentes, hasta en tanto comparezcan ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Por otro lado, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto a la falta de emplazamiento de la tercera interesada Yazmín Fabiola Flores Corona -víctima-, en atención a que, como se hizo mención, se llamó a juicio al asesor jurídico victimal que interviene en la causa penal de origen. Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. El Secretario: Se da cuenta con los siguientes informes justificados: a) Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán. b) Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa V de la Unidad Especializada en Investigación del Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. c) Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio. d) Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse rendidos tales informes. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. El Secretario: Se hace constar que obra en autos la documental que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, consistente el copia de diversas constancias relativas a la causa penal ********************, así como un disco que contiene la audiencia en que se emitió el acto reclamado, así como de la carpeta digital correspondiente. El Juez: Ténganse desahogadas dichas documentales; al no existir más pruebas que verificar, se pasa al período de alegatos. El Secretario: Se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló los alegatos que a su parte corresponden. El Juez: Se tienen reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.El Juez Tercero de Distrito en el Estado Omar Alejandro Elizalde Herrera. El Secretario Luis Felipe Sánchez Luna

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