Luis Fernando Hernández Magallón
Expediente 2679/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2023
Partes del expediente
- Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
- Luis Fernando Hernández Magallón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha obran la totalidad de las constancias de notificación a las partes respecto del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, se ordena remitir el original de escrito de agravios, así como el sumario constitucional en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que por su conducto sean turnados al Tribunal en turno, para la substanciación del recurso de mérito.
- Principal
SENTENCIA CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; le reclama: i. La emisión del proveído autorizado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se señaló fecha lejana para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesional admitida a la parte actora aquí quejosa marcado con el número "4" a cargo de Francisco Javier Lagunez López, así como la diversa confesional admitida a las demandadas marcada con el número "1" a cargo de Luis Fernando Hernández Magallón. ii. La omisión de dictar proveído en el que se señale fecha para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas admitidas a las partes que identifica como: La omisión de librar oficios a efecto de desahogar las pruebas documentales de informes admitidas a las partes. Todo lo anterior en el proceso laboral de origen identificado con el número de expediente 2031/2021-F. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. La Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello y haber transcurrido el plazo que se le otorgó, como se advierte del acuse de sello de recibo del oficio 55026/2022 agregado en el expediente, por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso; esta resolutora considera que, en relación al acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que la quejosa no acreditó su interés jurídico necesario para acudir a esta vía, al no demostrar su calidad de parte en el juicio natural, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de nuestra carta magna que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. ." Atento a lo previamente transcrito el agravio que resienta el gobernado debe ser personal y directo y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. En tal tesitura, el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, entre otros, sólo lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de la autoridad judicial de que se trate, por grave que éste pudiere parecer. Entonces, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado, y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho únicamente comprende los bienes jurídicos reales y objetivos, razón por la cual las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir algún perjuicio, de manera que la naturaleza intrínseca de dicho acto reclamado es la que determina el perjuicio o la afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE." Importa destacar que para efectos del juicio de amparo el interés jurídico debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, porque encierra una declaración de restitución de los derechos afectados, o bien, violados por el acto de la autoridad judicial respectiva. De igual forma, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia doscientos ochenta y nueve, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, puede decirse que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, o sea, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe demostrar de manera fehaciente ser el titular del derecho que se considera vulnerado por el acto de la autoridad judicial; esto es, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el propio juicio constitucional, de ahí que, como derecho jurídicamente tutelado, es lógico señalar que para promover el juicio de amparo debe estarse a la naturaleza del acto que se reclame. En el caso, cabe recordar, que el acto atacado por la parte quejosa, es: i. La emisión del proveído autorizado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se señaló fecha lejana para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesional admitida a la parte actora aquí quejosa marcado con el número "4" a cargo de Francisco Javier Lagunez López, así como la diversa confesional admitida a las demandadas marcada con el número "1" a cargo de Luis Fernando Hernández Magallón. ii. La omisión de dictar proveído en el que se señale fecha para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas admitidas a las partes que identifica como: La omisión de librar oficios a efecto de desahogar las pruebas documentales de informes admitidas a las partes. Todo lo anterior en el proceso laboral de origen identificado con el número de expediente 2031/2021-F. Para lo cual la propia parte inconforme sustenta su pretensión en el hecho de que es parte en el juicio de origen y que se ha retardo indebidamente el juicio. No obstante lo anterior, la parte inconforme omite acreditar que, por lo menos, le asiste el carácter de parte en el juicio de origen, precisamente, porque no propuso elemento dirigido a acreditar el extremo de que se trata, lo que, desde luego, es un requisito sine qua non para el interés jurídico en la vía que nos ocupa. En ese sentido, la parte quejosa, no exhibió pruebas, para demostrar el carácter de parte en el juicio de origen, y controvertir la omisión que reclama. Ahora, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, las documentales exhibidas por la parte quejosa, consistentes en las copias simples de una actuación celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte una posible resolución de admisión de pruebas; sin embargo, estos documentos no tienen valor probatorio, porque no cuentan con los elementos necesarios que le permitan concluir a la presente juzgadora que se generaron en el juicio laboral en comento. Dicho de otra forma, esos documentos no cuentan con certificación alguna, por parte de la responsable, además que no se encuentran compulsadas con el expediente laboral de origen, con el que se pudiera constatar su validez. En efecto, conforme el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones; además que, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes; extremos jurídicos de los que carecen las constancias allegadas por el quejoso, es por ello que, se insiste, con estos no se demuestra su interés jurídico, esto es, que es parte en el juicio laboral 2031/2021-F. De ahí que, si tratándose de procedimientos jurisdiccionales, como en este caso ocurre con el juicio génesis del acto atacado que nos ocupa, el interés jurídico para impugnar algún acto deriva del carácter de parte de la relación jurídico-procesal correspondiente. Cierto, como parte en un juicio la actividad que se lleva a cabo consiste en someter una pretensión ante la autoridad judicial, siendo el juzgador el que debe resolver lo conducente de acuerdo con los elementos de prueba desahogados en el proceso, de modo que cuando alguna parte ve desestimada su pretensión o existe alguna actuación contraria a sus intereses en el juicio, sufre una afectación en su calidad de parte en la relación procesal, respecto de lo cual, sin duda, está en condiciones de reclamar transgresión al derecho al debido proceso que se ejerce para evitar la autotutela prohibida por el artículo 17 constitucional. En tal virtud, tratándose de actos meramente jurisdiccionales basta con que una persona intervenga como parte en el juicio de que se trate, para así considerar que cuenta con el interés jurídico necesario para controvertir las actuaciones vinculadas al propio juicio, ya sea desde una óptica jurídica como fáctica. Esto no sucede en el caso que nos ocupa. Cierto, basta imponerse de las constancias existentes en este juicio de amparo, para claramente advertir que la parte quejosa no demostró que, en realidad, formar parte de la relación jurídico-procesal del juicio de donde deriva el acto reclamado en esta vía, tal como inexactamente lo quiere hacer ver. Incluso, ya en el mejor de los casos la parte impetrante no demostró el estado procesal en que está el juicio natural, esto es, que el juicio se halla en el estado procesal idóneo para el dictado del fallo respectivo, y mucho menos que la junta ha incurrido en una dilación y tardanza tal, que repercute en el derecho de tutela jurisdiccional y acceso a la justicia. Por lo demás, es evidente que los actos reclamados en el juicio de amparo que nos ocupa, no son inconstitucionales en sí mismos, lo cual también es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se tiene presente que un acto es en sí mismo violatorio de la constitución federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar, con ningún medio de convicción, que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto en la ley fundamental, lo que, se insiste, no sucede en el caso. Sobre ese particular, cabe citar las tesis sustentadas por la entonces integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación rubro y texto, son los siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL." Siendo así, no hay duda que el acto reclamado en este juicio, por sí, no causa a la parte impetrante un perjuicio actual y directo en su esfera jurídica, por no estar demostrado que irrumpe en su individualidad al grado de generarle un agravio en su esfera de derechos, de manera actual y directa, lo cual, como se dijo, es un requisito para efecto de la procedencia del juicio de amparo, que, por cierto, no se satisface en la especie, de ahí que, desde luego, opera la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE." Tampoco se desatiende que aun cuando en la actualidad, el tercer párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el tribunal deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; esta obligación solamente surge cuando el juez constitucional, previo examen de los actos reclamados, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dichos actos, o bien, cuando en el expediente de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, tanto la citada autoridad responsable y la parte quejosa, omitieron exhibir constancia alguna que acredite la existencia de la omisión reclamada, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, y asumir un criterio contrario equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia, es decir, que ante la falta del informe justificado de las autoridades responsables, queda a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Consiguientemente, dado que la parte quejosa no exhibió prueba fehaciente que acredite su interés jurídico se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en este juicio. Finalmente, se debe precisar que, similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 69/2021, originado con motivo del recurso interpuesto en contra de la sentencia pronunciada en el juicio 1265/2020, del índice de este juzgado, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto analizado en párrafos anteriores, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por -------, contra el acto reclamado a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedo en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Colegiado admite recurso de revisión. Téngase por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, informa que admitió los recursos de revisión incidental interpuestos en autos, por la parte quejosa, asignándole el número 35/2023, de lo que se toma nota. Por lo que respecta a la solicitud de la superioridad, en el sentido de que, en el supuesto de que obren probanzas por separado probanzas exhibidas por las partes y que no se encuentren en el expediente electrónico, se le indica que en los autos de los cuadernos incidentales vienen glosados todas las constancias allegadas por las partes al cuaderno incidental, no obstante, se informa que al cuaderno principal fueron allegadas vía electrónica diversas constancias por la responsable, mismas que no obran en el expediente electrónico, toda vez que fueron calificadas como información confidencial, por tanto de ser necesarias, se enviarían en dispositivo de memoria "USB", por así obrar en este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Citatorio Incidental.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el quince de diciembre del dos mil veintidós, mediante el cual, Téngase por recibido el oficio 395/2022/C2, signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Tercer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión incidental 175/2022, derivado del juicio de amparo indirecto 268/2022. Hágase del conocimiento a las partes que dicho recurso fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida, en lo ateniente al monto de la garantía. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Gerardo Negrete Mengibar, contra el embargo que reclama de las autoridades señaladas como responsables, y que se describen en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Se agrega cuaderno de antecedentes. En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; en el entendido que únicamente deberán conservarse las actuaciones originales posteriores a la interposición del medio de impugnación; esto para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. Requisitos de efectividad de la medida suspensional. Atendiendo lo ordenado por el órgano colegiado revisor, la medida suspensiva otorgada por este juzgado de distrito en la interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se modificó para el siguiente efecto: ".resulta un total de $131,369.74 (ciento treinta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional, cantidad que constituye la garantía que debe otorgar la parte quejosa para que surta efectos la suspensión que le fue concedida." Por lo que surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte agraviada no otorga garantía ante este juzgado de distrito, dentro del plazo de cinco días, por la cantidad de $131,369.74 (ciento treinta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 74/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que con tal medida se puedan ocasionar a los terceros interesados. Ahora bien, dicha garantía podrá ser exhibida en cualquiera de las formas permitidas por la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia administrativa del propio Consejo, entre ellas, póliza de fianza o billete de depósito. En el entendido de que si opta por exhibir el billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Bienestar, en éste deberá incluirse la autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito, en atención a lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil siete. Con el apercibimiento de que no cumplir con dicho requerimiento dentro del término que le fue precisado, dicho incumplimiento dará lugar a que se deje expedita la jurisdicción de las autoridades responsables; lo anterior, de conformidad con el numeral 136 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la persona jurídica quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional.
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