Luis Fernando Martínez Reséndiz

Expediente 1590/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1590/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Fernando Martínez Reséndiz

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- Por este conducto se le notifica a la quejosa, el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, que indica: CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Al Pleno del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de Jalisco: 2 Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco Sentencia amparo 164/2020 ? La determinación de cumplimiento o incumplimiento a la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de revisión 1577/2019, en la que se impuso una amonestación pública con copia al expediente laboral del quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del expediente formado con motivo del recurso de revisión 1577/2019, en las que obra la resolución emitida el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; copias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones de derecho público. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no1. La Titular de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia Información Pública y Protección de Derechos Personales del Estado de Jalisco, indica que se debe 1 'Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.' 3 sobreseer en el juicio, puesto que el acto reclamado versa sobre la resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída al recurso de revisión 1577/2019. Lo anterior lo estima así, puesto que esa determinación le fue notificada desde el seis de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que conoció de la misma y consintió tal acto. No se concreta tal propuesta, por lo siguiente: En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama del Pleno del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de Jalisco, la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, recaída al recurso de revisión 1577/2019, en la que se impuso una amonestación pública con copia al expediente laboral del quejoso, no así a la determinación a que alude la responsable. En ese sentido, es claro advertir, que contario a lo argumentado por la responsable, en la especie, no existe el consentimiento tácito del acto reclamado, porque como ya se vio, la resolución reclamada en sede constitucional lo constituye la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, recaída al recurso de revisión 1577/2019. Luego, si esa decisión se emitió con posterioridad a la data que refiere la responsable que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado (seis de septiembre de dos mil diecinueve), es inconcuso que no pudo saber de su existencia al no haber sido pronunciada la resolución reclamada en el presente juicio de protección de derechos 4 Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco Sentencia amparo 164/2020 fundamentales; de ahí que no se concreta la causal de improcedencia aludida. Luego, al no existir diversas causales de improcedencia que analizar o que este resolutor advierta de oficio, se procede al estudio del fondo del presente asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso aduce en los motivos de disenso que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución 5 Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable emitió una resolución, basada en el criterio 19/13 del Instituto Nacional de Transparencia, que no es aplicable, sino de manera parcial, porque realizó una valoración inadecuada a lo dispuesto por el artículo 17 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del que se aprecia que hasta en tanto no causen estado los expedientes, en cuanto a su información, se consideran de carácter reservados, por lo que derivado de la información respecto de las demandas laborales del municipio, la información solicitada, en su totalidad forma parte de un expediente y esa información que en su conjunto son la esencia del propio expediente, y el precepto legal invocado, no distingue en lo particular respecto de una parte del expediente, es decir, la ley no establece que podrá otorgarse dicha información si esta es en partes o fracciones, lo cual vulnera sus derechos humanos. Lo anterior lo estima así, toda vez que la responsable está interpretando y distinguiendo donde la ley no distingue, por lo que no interpretó en forma debida el precepto 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se le impuso una sanción administrativa en el ejercicio de sus funciones como servidor público de manera improcedente, ya que se aplicó violando sus derechos fundamentales, toda vez que, la sanción impuesta, fue consecuencia, refiere el quejoso, del cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades como servidor público, en apego a la legalidad y a lo señalado por la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los conceptos de violación sintetizados previamente son inoperantes. Se otorga a los disensos el calificativo indicado, ya que no controvierten las consideraciones vertidas en el acto reclamado (determinación de cumplimiento o incumplimiento a la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de revisión 1577/2019, en la que se impuso una amonestación pública con copia al expediente laboral del quejoso), puesto que constituyen afirmaciones que no controvierten las consideraciones que sustentan esa determinación. Es pertinente destacar que, en el caso, el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado es de estricto derecho, en virtud de que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en los que opera la suplencia de la queja. En los conceptos de violación el accionante refiere, en esencia, que la responsable no interpretó en forma debida el contenido del artículo 17 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, puesto que la información solicitada se consideraba de carácter reservado, por lo que al imponerle la sanción de amonestación con copia a su expediente, es ilegal, ya que su actuación fue realizada en cumplimiento a sus funciones y en ejercicio a sus facultades como servidor público. Empero, como se vio, si bien el acto reclamado es la determinación de cumplimiento o incumplimiento a la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de revisión 1577/2019, en la que se impuso una amonestación pública con copia al expediente laboral del quejoso y éste únicamente arguye que se violentan sus derechos fundamentales porque actuó conforme a sus atribuciones, pero no controvierte los argumentos torales que sustentan esa resolución, esto es, que al no cumplir con lo ordenado en la resolución definitiva de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que modificó la respuesta del sujeto obligado y se le apercibió para que acreditara ante el Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días hábiles, haber cumplido con dicha resolución, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se haría acreedor a la amonestación pública correspondiente. Luego, al no proporcionar la información solicitada, se emitió la resolución reclamada, en la que se impuso la amonestación pública. En esa guisa, la labor argumentativa del quejoso debió encontrarse dirigida a controvertir las referidas consideraciones del acto reclamado que condujeron a hacer efectivo el apercibimiento previamente decretado y ordenar hacer efectiva la sanción administrativa de que s se habla, esto es, que no cumplió con el requerimiento de proporcionar la información solicitada por Alonso Gutiérrez Carranza, dentro del plazo que para tal efecto le fue otorgado. Entonces, si la parte quejosa únicamente se limita a señalar que se violan sus derechos fundamentales porque la sanción impuesta, fue consecuencia del cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades como servidor público, en apego a la legalidad y a lo señalado por la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; es claro, que tales, razonamientos encuentran dirigidos a sustentar su actuación en torno a la información que le fue solicitada, no así, las consideraciones que pronunció la autoridad responsable para estimar que no cumplió con la entrega de la información solicitada, de ahí su inoperancia. Es aplicable la jurisprudencia IV.3º.A.J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXI, abril de 2005, página 1138, que prevé: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Así como la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXV, Enero de 2007, Página: 2121, que prevé: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." En los términos apuntados, al haber resultado inoperantes los argumentos vertidos por la parte quejosa y, al no haber deficiencia en la queja que suplir, toda vez que el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis del 79 de la Ley de Amparo; lo procedente es negar el amparo solicitado por Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra el acto reclamado atribuido al Pleno del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de Jalisco, por los motivos expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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