Luis Fernando Hernández Magallón

Expediente 2378/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2378/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Hernández Magallón

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2378/2021, promovido por Luis Fernando Hernández Magallón, por propio derecho, contra actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Luis Fernando Hernández Magallón, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El trece de diciembre de dos mil veintiuno; previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de referencia, se registró con el número 2378/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se estimó innecesaria la designación de terceros interesados por las razones plasmadas en dicho acuerdo; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y de su escrito aclaratorio, se advierte que lo es: A la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Al Actuario notificador adscrito a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: - La omisión de dictar el auto de avocamiento en el proceso laboral 2031/2021-F. TERCERO. Inexistencia de la materia de reclamo. Es inexistente el acto reclamado al Actuario notificador adscrito a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; ello, en mérito de las siguientes consideraciones, toda vez que no se está ante una omisión, sino de una imposibilidad, pues la autoridad encargada de dictar el auto de avocamiento es la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y no el actuario adscrito a dicha autoridad. En efecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. De lo anterior se colige que, es función de la Junta y no del actuario adscrito a dicha autoridad pronunciar el acuerdo de avocamiento en un juicio laboral. En ese tenor, resulta inconcuso que no existe la omisión reclamada al actuario adscrito Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Es aplicable la jurisprudencia 99/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". Así, ante la inexistencia de dicha omisión, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de la materia de reclamo. El Presidente de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, manifestó que era cierto el acto reprochado; sin embargo, ya había realizado las gestiones conducentes para subsanar dicha cuestión. Certeza que se corrobora con la copia certificada del auto de trece de enero del dos mil veintidós, del procedimiento de origen que obra agregada en autos; documental pública que merece valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, el suscrito advierte que se actualiza una causa de improcedencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de la junta responsable de dictar el auto de avocamiento en el proceso laboral 2031/2021-F; la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión de la junta responsable de dictar el auto de avocamiento en el proceso laboral 2031/2021-F, del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Sin embargo, de las constancias que se acompañaron al informe de ley, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se acreditó que mediante auto de trece de enero del dos mil veintidós, se emitió el auto de avocamiento al asunto laboral de génesis, admitiéndose a trámite, y a su vez, se fijó data y hora para la celebración de la multicitada audiencia para el once de febrero de dos mil veintidós, así como ordenándose emplazar a la demandada. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, los actos de los que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías ya cesaron; tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo dicha tesitura, al surtirse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer en el sumario en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juico de amparo promovido por Luis Fernando Hernández Magallón, contra la omisión que reclamó de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario notificador adscrito, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que no obran las constancias de notificación siguientes: - Oficios 30609/2021 y 30612/2021 de auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (auto por el cual se recibió la resolución celebrada en sesión ordinaria virtual de dos de septiembre de dos mil veintiuno, relativa a la queja 164/2021). - Oficio 41590/2021 de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la Subadministradora en suplencia por ausencia de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nuevo León "1", con sede en Nuevo León (auto relativo a solicitud de información para realizar el cobro de la multa ordenada en proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno). - Oficios 638/2022, 639/2022 y 640/2022, dirigidos al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, relativos al proveído de diez de enero del año en curso (auto por el cual se recibió la ejecutoria pronunciada en la queja 249/2021, se admitió la prueba testimonial a cargo de Javier Alejandro Quirarte Jazo y Elizabeth Barbosa Torres; y, se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que rinda informe de autoridad). Se reexpiden oficios. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reexpídanse los oficios relativos; asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que tan pronto estén disponibles los acuses respectivos, los incorpore al expediente electrónico de este asunto. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Finalmente, resta señalar que en proveído de diez de enero de dos mil veintidós, se admitió la prueba testimonial a cargo de Javier Alejandro Quirarte Jazo y Elizabeth Barbosa Torres; asimismo, se reservó a realizar la notificación respectiva, hasta en tanto se integre la diversa prueba de informe de autoridad requerida en dicho auto; en consecuencia, continúa la reserva de mérito, hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rinda el informe de autoridad a su cargo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal, se pudo advertir que en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró incompetente este órgano jurisdiccional federal para conocer del asunto en que se actúa; a su vez, se ordenó remitir las actuaciones y los tomos de pruebas al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, para que informase si aceptaba o no la competencia declinada. Atento a lo anterior, mediante actuación de dos de diciembre pasado, se tuvo al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, informando que previo aceptar la competencia se le remitieran en físico los autos del presente juicio de amparo; sin embargo, aún no se cuente con resultado correspondiente. Instrucción al actuario judicial. En otro orden de ideas, se pudo destacar que no obran incorporadas las constancias de notificación personal de María Elisa Pérez de Silva Arreola como asesora jurídica federal de las menores A.S.M.Z. y C.C.M.Z del proveído de once de octubre de la anualidad en curso, así como de la parte quejosa de la actuación de dieciséis de noviembre pasado; no obstante que ésta última se comisionó en realizar de nueva cuenta en auto de veinticuatro del citado mes y año. Bajo dicho tenor, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se instruye de al funcionario judicial de la adscripción para que de manera inmediata proceda a realizar las notificaciones de referencia. En la inteligencia que al momento de contar con las constancias físicas encomendadas, las deberá incorporar al expediente electrónico de este asunto para su consulta. Fijación de la nueva audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a que acontezca lo anterior, y así, se esté en aptitud de emitir el proveído que por derecho corresponda, se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese; y, cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se apersona parte tercera interesada. Téngase por recibido el escrito signado por el tercero interesado Cesar Ricardo López González, mediante el cual, se apersona al presente juicio de amparo. II. Designación de domicilio y autorizados. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y acorde a la certificación secretarial como sus autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Roberto Barragán Isaac, Lidia Rosales Islas y Humberto Raziel Cervantes Fuentes, ya que sí cuentan con registro de cédula profesional dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en los términos restringidos del citado numeral a Mercedes Angelina Aviña Arreola, por así haber sido designado expresamente. III. Solicitud de consulta de expediente electrónico. En otro contexto, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, bajo el nombre de usuario "lopezri", siempre y cuando correspondan a la parte legitimada para ello. IV. Causas de improcedencia. Se le tiene haciendo valer causales de improcedencia, respecto del presente controvertido constitucional, las cuales, de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución respectiva. V. Respuesta a las solicitudes del quejoso. En un apartado de su escrito, el tercero interesado solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se sobresea fuera de audiencia el presente juicio, ello afirma, en virtud de la existencia de diverso sumario constitucional, a saber, 1549/2019 del índice de este órgano jurisdiccional en el que, sostiene, fueron analizadas cuestiones derivadas del mismo juicio de origen, cuya ejecutoria causo ejecutoria y se declaró cumplida sin que la aquí quejosa hiciera valer el medio de impugnación respectivo, cuestiones que, sostiene han sido omitidas por la impetrante. Al respecto, dígasele que, en este momento procesal, no es viable acordar de manera favorable sus solicitud en ese sentido, en virtud de que, si bien es cierto, de la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que, mediante sentencia dictada el veinte de enero de dos mil veinte, en el juicio que refiere se concedió el amparo para los siguientes efectos: "V. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para efectos de que el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: 1. Deje insubsistente la resolución de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio familiar 1661/2015 de su índice; 2. Dicte una nueva determinación con LIBERTAD JURISDICCIONAL, en la que: a) Tome en consideración los razonamientos aquí señalados; esto es, con el objeto de privilegiar el interés superior del menor, ante las condiciones del caso, establezca que las convivencias decretadas, ante su eventualidad, podrán llevarse, por teléfono, mensajes electrónicos, videollamada, correo u otros, que considere; sin que con ello, deba de excluirse el contacto físico con su progenitor, ya autorizado; y decrete las medidas de apremio que estime pertinentes para hacer cumplir dicha determinación. b) En la misma resolución, gire exhorto al Juez con residencia en Navojoa, Sonora; para que el fedatario judicial adscrito a dicho órgano jurisdiccional, de manera personal le notifique dicha determinación a la actora, aquí tercera interesada, debiéndose constituir las veces que sean necesarias al domicilio señalado o cualquier otro que tenga conocimiento, para entender de dicha forma la diligencia, facultándolo ampliamente para cumplir su determinación y encomienda, debiéndole establecer la continuidad de dicha comunicación, para que se dé cabal cumplimiento al artículo 17 Constitucional." También lo es que, dicho juicio de amparo tiene relación con diverso juicio natural; aunado a que, en dicha ejecutoria se dejó en libertad de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que emitiera la resolución correspondiente; por lo que, el acto que en esta vía se reclama es autónomo e independiente a los efectos que en su momento se otorgaron en la concesión referida; y, por ende, es susceptible de analizarse en el presente juicio. Ello sin perjuicio de las consideraciones que al respecto pudieran emitirse al dictar la sentencia definitiva en el presente juicio de amparo. Por otra parte, el promovente realiza alegaciones en torno a la convivencia con su menor hijo y solicita se "tomen LAS MEDIDAS PRECUATORIAS EN FAVOR DE MI MENOR HIJO, ASEGURAMIENTO Y/O CAMBIO DE CUSTODIA ante las constantes evasiones, mentiras y pretextos, pero sobretodo, LA FLAGRANCIA DEL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EL GRAVE DAÑO PSICOLOGICO". Al respecto cabe precisar que, si bien, el acto reclamado en esta instancia lo es, el "auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual decreta un régimen de convivencia virtual entre Cesar Ricardo López González y su menor hijo P.S.L.G. en autos del juicio 1210/2020, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.", lo cierto es que, el rector del procedimiento en torno a dichas cuestiones, es el juez natural, pues es este, quien cuenta con los elementos para proveer al respecto, atendiendo al interés superior del menor. Ello aunado a que, el suscrito no cuenta con mayores medios probatorios que acrediten que al efectuarse las convivencias de la forma en que se ordenó por la autoridad responsable, se exponga la integridad psíquica y física del citado infante, ni los conocimientos técnicos para arribar a tal convicción, de ahí que, se dejen a salvo los derechos del promovente para que haga valer dichas inconformidades ante el juez natural. Sin que ello implique una actitud pasiva por parte del suscrito respecto a dicho tópico, pues, en esta instancia se designó asesor jurídico a fin de que represente los intereses del menor y, en el cuaderno incidental, al resolverse sobre la suspensión definitiva, se atendió a los criterios del alto tribunal del país aplicables al caso, en observancia a la obligación de velar por el interés superior del menor. Finalmente, por cuanto a que se de vista al Agente del Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de delitos, indíquesele que se encuentra expedito su derecho para que promueva lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, sin perjuicio de que el suscrito conforme a sus facultades, de estimarlo pertinente de vista al representante social. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud la jurisprudencia por contradicción emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe.Zulema Sánchez Ibarra, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio de amparo indirecto 982/2021. Doy fe. .

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