Luis Felipe Guzmán González
Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2021
Partes del expediente
- Luis Felipe Guzmán González
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a primero de julio de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por 1) Luis Felipe Guzmán González; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Devolución de documentos. No se recibieron documentos originales anexos a su demanda de amparo. Constancias o actuaciones. No obran dentro del expediente. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. En el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acordó y firman electrónicamente Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.JJCM/RAQO/Alfredo
- Principal
EN ATENCION AL PRESENTE PROVEIDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE AUTO POR MEDIO DE LISTA: Mexicali, Baja California, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Oficio y anexos. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el despacho con número orden 202/2021 (número de origen 44/2021), del índice de este órgano jurisdiccional, remitido debidamente diligenciado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal y de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora. Acuse de recibo. Acuse de recibo correspondiente. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Escrito aclaratorio. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el escrito de la parte quejosa, así como los anexos del mismo; atento a su contenido, téngase por cumplida la prevención formulada en proveído de dos de junio del año en curso. Improcedencia. Vista la demanda de amparo promovida por 1) ******** contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo penal y de lo Familiar, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, así como su escrito aclaratorio y anexos, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda así como escrito aclaratorio y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto antes transcrito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto cabe puntualizar que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala esencialmente como acto reclamado el acuerdo de treinta de marzo del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario civil de divorcio incausado 243/2021, del índice Juez Primero de Primera Instancia del Ramo penal y de lo Familiar, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, en la parte relativa en que se establecieron las medidas de protección prevista por el numeral 140, del Código de Familia para el Estado de Sonora, como lo es la separación de los cónyuges, por lo que se otorgó un término de tres días al hoy quejoso para acatar dicha medida, a quien se le debía hacer entrega de su ropa, objetos personales y bienes necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio a que se dedique; asimismo, se conminó a las parte de abstenerse de molestarse, y se decretó como domicilio de la parte actora 2) Nadia Iveth Robles Encinas, el ubicado en avenida Hidalgo, número tres mil doscientos tres, colonia Burócrata, en San Luis Río Colorado, Sonora, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica de las partes. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Lo anterior es así, virtud que contra el acuerdo reclamado en el presente juicio de amparo en revisión, procede el recurso de revocación, en términos de los artículos 367 y 368, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, que disponen: "Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. Artículo 368.- Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II.- La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III.- No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla, y IV.- La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándolo substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano." De lo anterior se desprende que contra los autos y decretos que no admitan otro recurso, conforme a las hipótesis previstas en el transcrito numeral 367, pueden ser revocados por el Juez que los dicte, salvo que la ley expresamente disponga que sean irrecurribles. De ahí que como no existe precepto que prevea expresamente otro recurso en contra del auto reclamado; por tanto, en su contra procede el recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.3o.C.T.5 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la página 3362, del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza lo siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. SU FALTA DE PREVISIÓN Y DE REGULACIÓN ESPECIAL EN LA LEY LOCAL NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA DEJAR DE INTERPONER EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES, COMO MEDIDA PROVISIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La falta de previsión y regulación del juicio de divorcio sin expresión de causa, en cuanto al procedimiento y recursos, en la legislación del Estado de Sonora, queda suplida con los respectivos Códigos de Familia y de Procedimientos Civiles, ordenamientos que prevén el dictado de medidas provisionales al inicio del juicio de divorcio, como es la separación de los cónyuges. Conforme a las reglas generales para la procedencia de los recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, los autos serán apelables sólo cuando la ley lo disponga expresamente y, además, lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten, atento al artículo 374 del código procesal citado, lo que conlleva determinar que, al no existir disposición expresa en la ley que establezca la procedencia de la apelación ni una de carácter especial que prohíba la interposición de algún recurso contra el auto que decretó la separación de los cónyuges dentro del juicio de divorcio incausado, medida de protección prevista por el numeral 140, fracción I, del Código de Familia para el Estado de Sonora, deviene improcedente aquel recurso (apelación), por lo cual en aplicación del artículo 367 de aquella legislación procesal civil, dicha determinación es impugnable mediante el recurso de revocación en cuanto dispone que los autos y proveídos pueden ser revocados cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. Derivado de lo anterior, no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la procedencia del recurso no requiere interpretación adicional ni puede estimarse que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, toda vez que su interpretación es literal y sistemática, de forma clara y concreta. Además de que la norma especial que regula la separación de los cónyuges es el artículo 140 señalado que se ubica en las disposiciones generales del divorcio, lo que de ninguna manera contraviene la naturaleza del juicio de divorcio incausado, pues se trata de una medida acorde con la petición de la actora en el sentido de que el demandado abandone el domicilio conyugal con motivo de haberse iniciado el juicio de divorcio; de ahí que la falta de regulación del divorcio incausado en la legislación del Estado de Sonora no constituye una excepción al principio de definitividad para dejar de interponer el recurso procedente contra el auto que ordena la separación de los cónyuges, como medida provisional." En tal virtud, no se está en el supuesto de dejar en libertad del promovente el interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, conforme lo indica el citado numeral 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Sobre todo que atendiendo a que el citado medio de impugnación, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación del citado acuerdo, ya que mediante ese medio de impugnación, la quejosa podrá hacer valer los argumentos que considere pertinentes para obtener resolución favorable a sus intereses. Asimismo, no se está en los supuestos de excepción que se indican en el referido numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Menos aún la parte quejosa comparece en carácter de persona extraña al procedimiento donde se dictó el auto reclamado, en virtud de que es parte demandada en el mismo, aunado a que no alega la violación a su derecho de audiencia. No es obstáculo a lo anterior, que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, aun cuando se trate de un juicio del orden civil o familiar. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Tal criterio, es de aplicación analógica, porque los referidos numerales 73, fracción XIII y 114, fracción IV, de la abrogada Ley de Amparo, que se analizan en dicha jurisprudencia, son de contenido similar a los diversos 73, fracción XVIII y 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo, pues, en el orden de su cita disponen que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, en los citados numerales 114, fracción IV, y 107, fracción V, antes referidos, se indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. De igual forma, en la especie, no se actualiza la excepción al referido principio de definitividad, por tratarse de una controversia que afecta el orden y estabilidad de la familia, ya que esa hipótesis únicamente puede surtirse cuando la vía intentada es el amparo directo, pues ello se desprende del contenido textual y de la interpretación literal de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 171 de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 101, del Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto rezan lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." Se afirma que el referido criterio es de aplicación analógica, porque el referido numeral 161 de la abrogada Ley de Amparo, es de redacción similar al diverso 171 de la Ley de Amparo vigente, pues, en ambos se indica sustancialmente que no es exigible en amparos directos el requisito de agotar el medio ordinario de defensa cuando los actos afectan derechos de menores e incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, visible en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que con rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notificación por lista. Vistas las constancias relativas al despacho con número orden 202/2021 (número de origen 44/2021), se desprende que la parte quejosa fue notificada del acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, el diez de ese mismo mes y año, por lo que el término de tres días concedido en el auto en cuestión, trascurrió del catorce al dieciséis de junio de la presente anualidad, a fin de que señalara domicilio en la ciudad de Mexicali, Baja California, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado el dos de junio del presente año; en consecuencia, instrúyase al actuario de la adscripción a efecto de que notifique a la quejosa el presente auto, por medio de lista, ello en términos de la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte promovente por lista. Así lo acordó y firma, el licenciado Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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