Luis Enrique López Arenas

Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique López Arenas

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas documentales que la autoridad señalada como responsable exhibe junto con su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie como lo establecen la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61, XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, de la demanda de amparo y demás constancias de autos, acorde a la etapa procesal en que se encontraba el juicio natural a la data de presentación de este biinstancial, podemos obtener que lo que esencialmente reclama la parte quejosa es la omisión, de proveer lo conducente en torno a la demanda presentada ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, bajo número ********************. Ahora, de las documentales que envió la autoridad responsable con su informe justificado, se advierte que el seis de julio de dos mil veintitrés, proveyó respecto la demanda la parte trabajadora quejosa, en el sentido de radicarla y declinar competencia para conocer de la misma, al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Baja California en esta ciudad, por las razones que ahí precisó. Constancias a la que se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debido a que se trata de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y acredita que ante dicha autoridad se realizaron tales manifestaciones. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de dictar el auto de radicación en torno a la demanda laboral que presentó, así como de proveer lo conducente sobre la misma, y esto ya aconteció, en tanto fue dictado el acuerdo relativo a la radicación, declarándose incompetente para conocer de la demanda de que se trata; es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. De ahí que no sea jurídicamente factible el análisis de dicho acto, tomando en consideración la data de presentación de la demanda de amparo, según se razonó en líneas superiores. Sin que la suplencia de la queja a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en favor de la parte trabajadora, tenga el alcance de cambiar la litis del juicio de amparo, y señalar actos o autoridades que la quejosa no señaló; como lo es la determinación de incompetencia como acto reclamado, o bien, del Tribunal Laboral del Estado al que se declinó competencia, como autoridad responsable, puesto que dicha suplencia aplica únicamente, en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o agravios. Máxime, no debemos perder de vista que el acto de incompetencia consabido, acaeció a la postre de presentada la demanda de amparo; lo que es trascedente, pues la impetrante no pudo haber señalado ese acto, ya que la fijación de la litis se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural a la presentación de la demanda, por lo que no es posible analizar actos posteriores; por ende, en todo caso, el auto de incompetencia o aceptación de la misma, bien podría ser materia de diverso juicio de amparo, desde luego, siempre que no se actualice alguna causal de improcedencia al respecto. *****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se recibió la ejecutoria del Tribunal Colegiado en la que confirmó la sentencia dictada en autos y se sobreseyó dentro del presente juicio, y se ordenó el archivo en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano