Luis Fernando Ochoa Bermúdez

Expediente 809/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
809/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Ochoa Bermúdez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho y como miembro colectivo del grupo "FRENA Frente Nacional México, Somos Frena, López se va"; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN AUTO DE 9 DE JUNIO DE 2022, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ******, LOS AUTOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Mexicali, Baja California, a nueve de junio de dos mil veintidós. Razón actuarial. Glósese a los propios autos para que surta sus efectos legales conducentes la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte los motivos por los cuales no fue posible notificar el auto de desechamiento dictado en autos, a la parte quejosa. Notificación por lista. Notifíquese. ************** Mexicali, Baja California, a siete de junio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho y como miembro colectivo del grupo **** contra actos del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 809/2022. Improcedencia. Del análisis integral de la demanda se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Conforme al numeral 62, de la propia ley de la materia se advierte la diversa obligación del Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo, debe examinar de modo preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser un cuestión de orden público.En ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. **** Acorde con lo anterior, este juzgador federal considera se actualiza la causal de improcedencia que de manera oficiosa advierte, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, que disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Debe precisarse que el interés jurídico a que aluden los preceptos transcritos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema contenido en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al demandante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece laley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. ***Por otra parte, a través de la reforma del artículo 107 constitucional contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y el cual también se adoptó en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano publicada en el citado medio de comunicación oficial el dos de abril de dos mil trece, introdujo la institución jurídica del interés legítimo, pues la redacción actualde dicho precepto constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Sobre el particular, debe precisarse que el interés legítimo se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. ****Por lo anterior, el legislador ordinario estableció que el interés legítimo no puede ser planteado tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, respecto de actos jurisdiccionales, pues como en estos casos, debe aducirse ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa tal como se desprende del transcrito artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, por lo que el interés legítimo, se encuentra acotado a los actos administrativos. Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. En efecto, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, para demostrar el interés legítimo colectivo - derechos difusos-, para impugnar actos de autoridad, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tanto que, para demostrar interés legítimo individual para impugnar actos de autoridad, deberán cumplirse los supuestos siguientes: 1) Que se aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ****Con base en lo expuesto, para corroborar la improcedencia del juicio de amparo debe ponderarse el interés legítimo individual esto es, que: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; y 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, pues implica que se ha ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo debido a que han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación -a cargo del quejoso- de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: I. Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. II. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. III. Que la potencial anulación del acto de autoridad produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión de interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior se sigue que para considerar que el demandante del amparo cuenta con interés legítimo, debe demostrarse que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa aduce tener interés legítimo para promover este juicio de amparo, en contra de actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México, en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermeras(os), y de todo personal médico, a quien refriere se le dejó en estado de indefensión. La parte demandante reclama de las autoridades administrativas que señala como responsables: 1) Actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermeras(os), y de todo personal médico. 2) Las normas y actos que redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los contratos o convenios celebrados por el Presidente de la República, para realizar donaciones del pueblo de México a gobiernos extranjeros y así como con el gobierno de Cuba, para contratar profesionistas de esa nacionalidad, en calidad de médicos, así como enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera (cubanos), para que trabajen en toda la república mexicana. 3) Actos tendentes a violentar el artículo 32 de la Carta Magna al preferir a extranjeros en condiciones laborales sobre los connacionales. 4) La asignación de partidas presupuestales para pagar a los profesionistas extranjeros que se contraten para trabajar en nuestro país. 5) La autorización migratoria para médicos cubanos extranjeros y demás personal médico para permitirles ingresar al país, por cualquier vía, aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, esto porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues aun cuando demostrara ejercer alguna profesión relacionada con la salud o prestar sus servicios en el sector público, los actos que se reclaman (la contratación de médicos extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, esto es, de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales, dado que existen diferentes sectores públicos o áreas de la salud en que se puede ejercer la mencionada actividad profesional. Es así, pues en ningún momento se podría afirmar que por el hecho de contratar gente extranjera los mexicanos quedarían excluidos de prestar sus servicios en el sector público o de toda convocatoria para acceder a trabajar en el área de la salud que depende del gobierno federal. En otras palabras, lo que se pretende evidenciar, es que la contratación de médicos cubanos no coarta ni coartará el derecho de los profesionistas de la salud a ejercer su profesión, ya sea de manera particular o como miembro del sistema público.Además, el último de los puntos tampoco se encuentra justificado, ya que la eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados no produciría ningún un beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa.Luego, es notorio, indudable y manifiesto que la parte demandante carece de interés legítimo para reclamar los actos de que se trata, por lo cual es improcedente el juicio de amparo indirecto al actualizarse lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia. ****Inclusive debe destacarse que la contratación que se pretende impugnar y sus consecuencias jurídicas, son actos en los que el Gobierno de México participa en su carácter de empleador, esto es, no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sobre los cuales igualmente es improcedente el juicio constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Hecho notorio. En términos similares se pronunciaron los Juzgados de Distrito al resolver los juicios de amparo siguientes: **Amparo. Domicilio. *** Autorizados. *** Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se exhorta a las partes, con excepción de la parte quejosa, a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Medios electrónicos. **** Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

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