Luis Eugenio González Rojas

Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Eugenio González Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo III-286/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de abril de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste.Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-286/2023 promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 4813, para su acuerdo, por la que la autoridad responsable rinde su informe justificado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede, respecto a la promoción de cuenta, en la etapa correspondiente de la presente diligencia se proveerá lo conducente. Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente ********************. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-286/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en línea a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 14° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente III-286/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por razón de materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello porque la parte quejosa reclama un acto -omisivo- a una autoridad en materia laboral con ejecución en el lugar en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción mixta. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro del juicio laboral ********************. Lo que constituye dilación procesal en que ha incurrido la Junta responsable. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la Presidenta adscrita a la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, negó el acto que la parte quejosa le atribuyó. Sin embargo, tal omisión se desvirtúa en el sentido de que a la presentación de la demanda de amparo no se había emitido el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro del juicio laboral de origen. Lo cual se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles por tratarse, en la especie, de constancias originales que contiene sello y firmas, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por lo anterior, se corrobora la existencia del acto reclamado, en virtud que al momento de la presentación de la demanda de amparo, aún se encontraba existente la omisión por parte de la responsable. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Atento a lo anterior, se descarta el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada por la parte quejosa; ello en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del asunto, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir en la omisión de emitir el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro del juicio ordinario laboral ********************, ha cesado sus efectos atendiendo a las siguientes consideraciones. De la constancia que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dicha junta responsable emitió el acuerdo correspondiente a proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes en tal proceso laboral de origen número ********************, las que se observa admitió y señaló fecha el desahogo de las que así lo requerían. De ahí que se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal..". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal virtud, es inconcuso que respecto a la omisión reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el presente proceso constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, este Juzgado Federal se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. SE PRESCRIBE BILLETE DE DEPÓSITO A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se desprende el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que los terceros interesados Juan Medina Moreno, Cristina Medina Flores, Ana Cecilia Medina Flores y Luis Miguel Mercado Ruiz, acudieran ante este tribunal federal a promover INCIDENTE sobre daños y perjuicios con el objeto de hacer efectivo en su favor el billete de depósito número N-641290, valioso por la suma de diez mil pesos, moneda nacional, el cual sirvió para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionárseles con la suspensión definitiva del acto reclamado, concedida en autos, le empezó a correr el tres de diciembre de dos mil diecinueve y le feneció el diecinueve de octubre de dos mil veinte, para los primeros tres de los nombrados y del nueve de diciembre de dos mil diecinueve al veinticinco de octubre de dos mil veinte, al último de los mencionados terceros; asimismo, que el lapso de dos años de que disponía el quejoso JUAN GUILLERMO MEDINA FLORES, para que compareciera, ante este juzgado a recoger el mencionado billete de depósito comenzó a correr, el día veintiséis de octubre de dos mil veinte y feneció el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, tomando en consideración a la suspensión de plazos y términos procesales que prevaleció del dieciocho de marzo al tres de agosto de dos mil veinte (cuatro meses dieciséis días), y del veintiuno de diciembre del año en cita al once de enero de dos mil veintiuno (veintidós días), de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, así como a lo informado a través de la Circular CAP/4/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por lo tanto, a la fecha ha transcurrido, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declara que el citado documento bancario ha prescrito a favor del Erario Federal, por tanto, efectúese la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación en la Ciudad de México; en el concepto de que la citada autoridad deberá informar a este juzgado dentro de los diez días siguientes a partir de su recibo, el destino que le haya dado al billete de depósito aludido, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá en su contra alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rgl

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