Luis Felipe Torres Ponce de León y Otros.
Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Felipe Torres Ponce de León y Otros.
- J. Juvenal Calvillo Cruz
- Mariano Montiel Márquez
- Luis Felipe Torres Ponce de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.svm
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ el amparo solicitado por Luis Felipe Torres Ponce de León, Mariano Montiel Márquez, J. Juvenal Calvillo Cruz, Carlos Francisco Ramírez Delgado y Luis Ascander Saucedo González; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA AGREGAR Por otro lado, agréguese a los autos el oficio que vía telegráfica remite el delegado de la autoridad señalada como responsable Secretaria de la Defensa Nacional, a través del cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, atento a ello dígasele que se deberá de estar a lo acordado en los párrafos que preceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. SE ORDENA REMITIR EL OFICIO Visto el oficio de cuenta signado por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, a través del cual devuelve el oficio 9296 dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Defensa Nacional, virtud a que no cuenta con la representación del titular del Poder Ejecutivo en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, como de la certificación de cuenta se advierte que mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Consultora Jurídica General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informando que se le otorgó la representación presidencial en el juicio en que se actúa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, reimprímase el oficio 9296 y gírese el mismo al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Principal
...V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número VII-349/2020, promovido por Luis Felipe Torres Ponce de León, Marciano Montiel Marquez, J. Juvenal Calvillo Cruz, Carlos Francisco Ramírez Delgado y Luis Ascander Saucedo González, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. ..; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: El acuerdo publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina, Secretario de Gobernación, se advierte que negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Las referidas negativas se corroboran, pues de la norma impugnada no se observa que dichas autoridades hayan tenido intervención en la creación de la misma, ni en su aplicación. En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto de los actos atribuidos a dichas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Director del Diario Oficial de la Federación, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en el proceso legislativo que culminó con el acuerdo tildado de inconstitucional. Además, se determina la anterior certeza en el actuar de las autoridades responsables, pues se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil." QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes, puesto que para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En ese sentido, este juzgador advierte que respecto del acuerdo reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, pues como se demostrará a continuación, la parte quejosa no demostró que se hubiere aplicado el misma en perjuicio de la parte quejosa. Para una mejor comprensión de la causal de la causal de mérito, se transcriben los numerales antes citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De dichos preceptos legales se obtiene que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). La autoaplicación de las leyes, se actualiza cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna y, en tal virtud, el juicio podrá ser promovido desde ese instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer, no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso de aplicación que la condicione, por lo que será hasta ese momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Época: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete". En estrecha relación con lo anterior, cabe señalar que en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla (por regla general) con las condiciones siguientes: 1. La existencia del acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Congruente con ello, si no existe el acto de aplicación, el quejoso estará imposibilitado para combatir la ley con ese motivo, por ser requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto es lo que le otorga la posibilidad para combatirla en el juicio. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Aérea Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias de autos, no se advierte que se haya aplicado el acuerdo que la parte quejosa reclama de inconstitucional, ni del contenido integral de su libelo constitucional se observa que haya manifestado a través de qué acto se aplicó dicha norma, ni en qué consistió la afectación que con ello se hubiere ocasionado a la esfera jurídica del peticionario del amparo. En ese orden, al no desprenderse claramente la aplicación material de la norma en cita, se concluye que la parte quejosa no está legitimada para combatir la misma, pues para ello era necesario que se demostrara, fehacientemente, la aplicación de los artículos contenidos en dicho acuerdo en su perjuicio, lo cual no puede derivar de presunciones o afirmaciones contenidas en la demanda, sino del contenido del supuesto acto de aplicación. Época: Novena Época Registro: 196641 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 12/98 Página: 323 "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Amparo en revisión 2412/96. José María Samper y Porta y otro. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 291/96. Estela Aguilar Peña. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 481/97. Eréndira López López. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 853/97. Ricardo Margain Berlanga. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 12/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano". Entonces, de todo lo expuesto con anterioridad, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Luis Felipe Torres Ponce de León, Marciano Montiel Marquez, J. Juvenal Calvillo Cruz, Carlos Francisco Ramírez Delgado y Luis Ascander Saucedo González, por las razones y motivos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza, hasta hoy uno de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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