Luis Enrique Hernández Correa
Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- H. Congreso del Estado de Michoacán y Otros.
- Luis Enrique Hernández Correa
Actuaciones
- Principal
Morelia********************Michoacán********************diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo********************sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de catorce de enero del año en curso********************mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Hernández Correa********************en tal virtud********************con apoyo en los artículos 355 y 356********************fracción II********************del Código Federal de Procedimientos Civiles********************de aplicación supletoria a la Ley de Amparo********************por disposición expresa de su artículo 2°********************se declara que ha causado estado dicho proveído********************para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior********************con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************que establece las disposiciones en materia de valoración********************depuración********************destrucción********************digitalización********************transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales********************se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido********************el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años********************contado a partir de esta propia fecha********************ya que no resulta de relevancia documental********************pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General********************dentro de los treinta días siguientes********************destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes********************Juez Tercero de Distrito en el Estado********************actuando con Marbella Juárez García********************Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Enrique Hernández Correa, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Del análisis integral de la demanda se considera que la misma deviene improcedente, por cuanto que el acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo 541 mediante el cual realizó la primera convocatoria pública abierta exclusivamente a mujeres para la elección de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que se leen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En tanto que el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución o se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Lo anterior a fin de evitar que se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso reclama la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en la cual en lo que aquí interesa, establece: ".SEGUNDO. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo emite la primera Convocatoria abierta exclusivamente a mujeres para la elección de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, por un periodo de cinco años, con la finalidad de recibir solicitudes de aspirantes al cargo, en los términos siguientes: La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de las Comisiones de Justicia y de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: CONVOCA A las profesionistas en el área de derecho a participar para ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, de acuerdo con las siguientes."" En efecto, como se advierte de la referida convocatoria, existe un procedimiento que se realiza a través de una serie de actos que tienen su inicial orientación en la propuesta de una terna que posteriormente es sometida a la aprobación y designación de manera definitiva y autónoma por parte del Congreso del Estado, cuya decisión constituye la resolución definitiva en dicho procedimiento. Lo cual pone de manifiesto que en tanto no se haga la designación definitiva de ese titular, no puede considerarse que el procedimiento ha concluido -pues se trata de actos intermedios, actos meramente procesales-, ya que el Congreso del Estado se encuentra en aptitud de designar a quien deba ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, puesto que se trata de una decisión soberana y discrecional en la designación de funcionarios o servidores públicos, de ahí que, en efecto, la sola designación de la terna reclamada al no es un acto definitivo de ese procedimiento, sino intermedio. En ese contexto, como lo establece la fracción III del artículo 107 de la ley de Amparo, tratándose de actos dentro del procedimiento, el juicio de amparo sólo procede hasta que se emita la resolución definitiva, pudiéndose reclamar válidamente en tal oportunidad las violaciones cometidas en dicho procedimiento, puesto que de permitirse la interposición del juicio de garantías contra cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, reclamándolos en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia del procedimiento. De esta manera, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Máxime que a la fecha, como el propio quejoso lo refiere, bajo protesta de decir verdad, a la fecha de presentación de su demanda de amparo, no existe designación de quien deba ocupar el cargo por parte del Congreso del Estado, de ahí que, no se ha dictado la resolución con la que culmina el procedimiento de la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que, hasta en tanto no ocurra lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 22/2003, Segunda Sala, visible a foja 196, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, Pleno y Salas, Novena Época, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con las garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Máxime, existe criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, en los que se confiere al Congreso de la entidad la facultad para nombrar o elegir la designación de un titular de un órgano, en los cuales ha reiterado que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 18/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época, visible en la página 1168, con número de registro 2003230, de rubro y texto siguiente: "AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE ESE ÓRGANO TÉCNICO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (ESTADOS DE JALISCO Y OAXACA). La facultad exclusiva que la Constitución, leyes y reglamentos de los Estados de Jalisco y Oaxaca, en concordancia con el artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confieren al Congreso de la entidad para nombrar o elegir al auditor superior estatal, debe ejercerla con estricto apego a las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, que imponen a las Comisiones competentes la obligación de expedir la convocatoria respectiva, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (relacionados con la ciudadanía, residencia, edad, profesión, experiencia profesional, no antecedentes penales, etcétera), evaluar a cada uno de los aspirantes y emitir un dictamen que contenga las ternas de candidatos, de las cuales el Congreso local elegirá al auditor superior del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes; decisiones éstas que deben ceñirse a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación para dar certeza a la sociedad de la legalidad del procedimiento sustanciado y de que la persona designada reúne el mejor perfil y es idóneo para desempeñar la función de fiscalización. Por tanto, al tratarse de una atribución reglada, es inconcuso que el reclamo de dichos actos en el juicio de amparo no actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, incluyendo la de su fracción VIII, esto es, contra resoluciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; con la salvedad de que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Enrique Hernández Correa, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Del análisis integral de la demanda se considera que la misma deviene improcedente, por cuanto que el acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo 541 mediante el cual realizó la primera convocatoria pública abierta exclusivamente a mujeres para la elección de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que se leen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En tanto que el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución o se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Lo anterior a fin de evitar que se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso reclama la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en la cual en lo que aquí interesa, establece: ".SEGUNDO. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo emite la primera Convocatoria abierta exclusivamente a mujeres para la elección de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, por un periodo de cinco años, con la finalidad de recibir solicitudes de aspirantes al cargo, en los términos siguientes: La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de las Comisiones de Justicia y de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: CONVOCA A las profesionistas en el área de derecho a participar para ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, de acuerdo con las siguientes."" En efecto, como se advierte de la referida convocatoria, existe un procedimiento que se realiza a través de una serie de actos que tienen su inicial orientación en la propuesta de una terna que posteriormente es sometida a la aprobación y designación de manera definitiva y autónoma por parte del Congreso del Estado, cuya decisión constituye la resolución definitiva en dicho procedimiento. Lo cual pone de manifiesto que en tanto no se haga la designación definitiva de ese titular, no puede considerarse que el procedimiento ha concluido -pues se trata de actos intermedios, actos meramente procesales-, ya que el Congreso del Estado se encuentra en aptitud de designar a quien deba ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, puesto que se trata de una decisión soberana y discrecional en la designación de funcionarios o servidores públicos, de ahí que, en efecto, la sola designación de la terna reclamada al no es un acto definitivo de ese procedimiento, sino intermedio. En ese contexto, como lo establece la fracción III del artículo 107 de la ley de Amparo, tratándose de actos dentro del procedimiento, el juicio de amparo sólo procede hasta que se emita la resolución definitiva, pudiéndose reclamar válidamente en tal oportunidad las violaciones cometidas en dicho procedimiento, puesto que de permitirse la interposición del juicio de garantías contra cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, reclamándolos en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia del procedimiento. De esta manera, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Máxime que a la fecha, como el propio quejoso lo refiere, bajo protesta de decir verdad, a la fecha de presentación de su demanda de amparo, no existe designación de quien deba ocupar el cargo por parte del Congreso del Estado, de ahí que, no se ha dictado la resolución con la que culmina el procedimiento de la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que, hasta en tanto no ocurra lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 22/2003, Segunda Sala, visible a foja 196, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, Pleno y Salas, Novena Época, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con las garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Máxime, existe criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, en los que se confiere al Congreso de la entidad la facultad para nombrar o elegir la designación de un titular de un órgano, en los cuales ha reiterado que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 18/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época, visible en la página 1168, con número de registro 2003230, de rubro y texto siguiente: "AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE ESE ÓRGANO TÉCNICO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (ESTADOS DE JALISCO Y OAXACA). La facultad exclusiva que la Constitución, leyes y reglamentos de los Estados de Jalisco y Oaxaca, en concordancia con el artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confieren al Congreso de la entidad para nombrar o elegir al auditor superior estatal, debe ejercerla con estricto apego a las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, que imponen a las Comisiones competentes la obligación de expedir la convocatoria respectiva, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (relacionados con la ciudadanía, residencia, edad, profesión, experiencia profesional, no antecedentes penales, etcétera), evaluar a cada uno de los aspirantes y emitir un dictamen que contenga las ternas de candidatos, de las cuales el Congreso local elegirá al auditor superior del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes; decisiones éstas que deben ceñirse a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación para dar certeza a la sociedad de la legalidad del procedimiento sustanciado y de que la persona designada reúne el mejor perfil y es idóneo para desempeñar la función de fiscalización. Por tanto, al tratarse de una atribución reglada, es inconcuso que el reclamo de dichos actos en el juicio de amparo no actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, incluyendo la de su fracción VIII, esto es, contra resoluciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; con la salvedad de que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también las violaciones formales realizadas en la propia resolución." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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