Luis Ernesto Gomez Meza
Expediente 223/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Ernesto Gomez Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Luis Ernesto Gómez Meza; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales, Director de Recursos Humanos y Delegado Administrativo Zona Norte, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto del Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales de la Procuraduría Fiscal del Estado, con sede en Culiacán, remitieron el oficio número SAF-PF-0720/2021, recibido el pasado dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, comunicaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el treinta de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso Luis Ernesto Gómez Meza, para el efecto de que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales, Director de Recursos Humanos y Delegado Administrativo Zona Norte, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notificara la ejecutoria que se dictara en este asunto, dentro del término legal de cinco días, proveyeran lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata, fundada y motivadamente lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso contenida en el escrito de tres de marzo de dos mil veinte y, que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto. Al respecto, las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales, Director de Recursos Humanos y Delegado Administrativo Zona Norte, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto del Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales de la Procuraduría Fiscal del Estado, con sede en Culiacán, remitieron el oficio número SAF-PF-0720/2021, recibido el pasado dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, comunicaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando copia certificada del oficio número DRH/0100/21, donde el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dio contestación a las peticiones realizadas por el quejoso en su escrito de tres de marzo de dos mil veinte. Respuesta que le fue notificada a la parte quejosa el veinte de enero de dos mil veintiuno; por tanto, al ser precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión solicitado; se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales de la Procuraduría Fiscal del Estado, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación legal del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales, Director de Recursos Humanos y Delegado Administrativo Zona Norte, todos dependientes de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales y Director de Recursos Humanos, estos dos últimos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, todas con residencia en Culiacán, no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la citadas autoridades, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo justificar su actuación con las constancias pertinentes, o bien, manifieste los actos que haya realizado para ese efecto, o en su caso indique el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo en el lapso indicado, sin causa justificada, se impondrá una multa que se determinará desde luego y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, con independencia de lo anterior, en primer lugar, debe indicarse que por sentencia pronunciada el treinta de octubre de dos mil veinte, en lo que interesa se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Ernesto Gómez Meza, para el efecto de que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales y Director de Recursos Humanos, estos dos últimos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, todas con residencia en Culiacán, realicen las siguientes acciones: ? En el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata, fundada y motivadamente lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto. Bajo ese panorama, de nueva cuenta con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Servicios Generales y Director de Recursos Humanos, estos dos últimos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, todas con residencia en Culiacán, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo debidamente, en los términos que han sido precisados en el presente acuerdo, o en su caso, los actos que esté realizando para tal efecto, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se les requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. De igual manera, requiérase a las nombradas autoridades responsables, para que acusen recibo del oficio en que contenga este proveído, vía telegráfica, vía fax al teléfono 01 66-88-15 32-08 o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, visto el escrito presentado por el licenciado Jesús Eliud Moreno Valenzuela, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades responsables por el cumplimiento a la ejecutoria; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y dígasele que se éste a lo acordado en los párrafos que anteceden.
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