Luis Fernando Castro Castro
Expediente 148/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Fernando Castro Castro
- Agente del Ministerio Publico de la Federacion Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio SAF-PF-4416/2022 el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, hizo del conocimiento de este juzgado que fue entregado al quejoso el cheque número 394 del Banco Mercantil del Norte (BANORTE), por la cantidad de $3,248.00 (Tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.). Por tanto, resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. En primer lugar debe indicarse que ********************, en esta vía constitucional, reclamó: Decreto número 30, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que establece los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Angostura. Decreto número 30, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que establece los Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones del Municipio de Angostura. Integrada la Litis, este juzgado de distrito el nueve de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************, para los siguientes efectos: "QUINTO. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, lo procedente en el caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos que se expresan a continuación: 1. Se deje sin efectos la aplicación a la parte quejosa del artículo 35, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 2. Calcular el pago del impuesto predial, desincorporando de la esfera jurídica del quejoso la hipótesis normativa declarada inconstitucional, esto es, sin que se tome en cuenta el elemento de producción, con base en si su predio está destinado a la acuicultura, y se le realice el cobro del tributo correspondiente conforme a derecho proceda (esto es, calculando si en el caso hay o no construcciones adheridas al terreno en comento).". Al haber quedado debidamente notificadas las partes en este asunto, por auto de siete de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió a la Secretaría de Administración y Fianzas del Gobierno del Estado de Sinaloa como autoridad vinculada al cumplimiento. Ante dicho requerimiento, el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, allegó el oficio SAF-PF-3646/2022, en representación de Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa -autoridad vinculada al cumplimiento- a través del cual informó los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, además del contenido del mismo se desprendió que la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, es la dependencia que lleva a cabo el trámite de devoluciones de las cantidades pagadas indebidamente a la Hacienda Pública Estatal. Consecuentemente, se vinculó a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al cumplimiento de la ejecutoria. Por consiguiente, el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, a través de oficio SAF-PF-4416/2022, informó a este órgano jurisdiccional que había sido entregado al quejoso el cheque número 394 del Banco Mercantil del Norte (BANORTE), por la cantidad de $3,248.00 (Tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), el quince de diciembre de dos mil veintidós, tal y como se aprecia de la constancia en copia certificada que acompaño. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, de lo cual quedo debidamente notificada, sin que a la fecha del presente auto, haya hecho manifestación alguna. Por lo tanto, al haber constancia de que el quejoso ********************, recibió cheque por la cantidad de 3,248.00 (Tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), por concepto de devolución de ingresos de recibo 0065620396 de tres de marzo de dos mil veintidós, por el pago de impuesto predial rústico municipal, como consecuencia de haber calculado tal impuesto, desincorporando de la esfera jurídica del quejoso la hipótesis normativa declarada inconstitucional, esto es el artículo 35, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, es dable precisar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos del que se advierte que se encuentra pendiente dar vista a la parte quejosa con el oficio SAF-PF-4416/2022 suscrito por el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que fue entregado al quejoso el cheque número 394 del Banco Mercantil del Norte (BANORTE), por la cantidad de $3,248********************(********************), anexando copia de recibo de mismo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio SAF-PF-4416/2022 de cuenta, suscrito por el Procurador Fiscal del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa los trámites realizados para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en el sentido que le fue entregado al quejoso, el cheque número 394 de Banco Mercantil del Norte (BANORTE) por la cantidad de $*******(******************* 00/100 m.n.), (anexa copia certificada del citado título de crédito y de la entrega del mismo( como devolución de pago según lo ordenado en el punto 3 de los efectos concesorios del amparo. En consecuencia, téngase a la autoridad en cita informando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria del presente asunto en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades vinculadas al cumplimiento Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, no han otorgado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades en comento, a fin de que, en el término de cuarenta y ocho horas, otorguen el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: "QUINTO. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, lo procedente en el caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos que se expresan a continuación: 1. Se deje sin efectos la aplicación a la parte quejosa del artículo 35, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 2. Calcular el pago del impuesto predial, desincorporando de la esfera jurídica del quejoso la hipótesis normativa declarada inconstitucional, esto es, sin que se tome en cuenta el elemento de producción, con base en si su predio está destinado a la acuicultura, y se le realice el cobro del tributo correspondiente conforme a derecho proceda (esto es, calculando si en el caso hay o no construcciones adheridas al terreno en comento). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXXXVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 321, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de enero de dos mil diez, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS ESTÁN RELACIONADOS CON LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE HAYAN RESULTADO VIOLADAS. Los efectos del amparo contra una ley declarada inconstitucional consisten en desincorporarla de la esfera jurídica del quejoso para el caso concreto y para futuras posibles aplicaciones en su perjuicio, lo que opera cuando el legislador ha incumplido con las obligaciones negativas (de no hacer) derivadas de las garantías individuales violadas. En el supuesto contrario, cuando el legislador ha transgredido las obligaciones positivas (de hacer) derivadas de una determinada garantía individual, el Juez constitucional está autorizado, no sólo para desincorporar las normas declaradas inconstitucionales de la esfera jurídica del quejoso, sino para incorporar derechos en su beneficio a través de la sentencia de amparo, siempre que ello tienda a cumplir de manera completa con las exigencias derivadas de las garantías constitucionales que hayan sido violadas en su perjuicio, lo cual es acorde al deber de reparación adecuada reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80 de la Ley de Amparo." 3. Devolver el pago proporcional hecho por la quejosa, debidamente actualizado, relativo al pago del impuesto predial. Sobre este último punto jurídico, sirve de apoyo la tesis 2ª.XXV/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 725, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación.". De igual forma, conviene señalar que la parte quejosa enteró el tributo en estudio, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en consecuencia, es procedente requerir a ésta y a las demás autoridades que se encuentren vinculadas con la devolución correspondiente; sin que obste a lo anterior, la eventual circunstancia de que las unidades administrativas requeridas para ello, no hubiesen figurado con el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de garantías, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, debe intervenir en su ejecución. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". 4. Respecto de la aplicación de las disposiciones reclamadas, la protección abarca los actos presentes -y que le dieron origen a la demanda de amparo indirecto-, y futuros, lo cual implica que a la agraviada no se le aplicará la hipótesis normativa prevista en el artículo 35, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, hasta en tanto no se reforme la ley. Sirve de apoyo a la última afirmación, la jurisprudencia P./J.112/99, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 19, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.". Por último, se apercibe a las citadas autoridades, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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